Los 3 mil kilómetros de frontera que compartimos con la superpotencia que en estos días querría tenernos en vilo suele hacernos olvidar la frontera sur, aunque casi todos los días en las páginas de La Jornada aparecen notas sobre las tragedias humanitarias que se producen allá y que, aparentemente en menor escala, comparten causalidades similares a las de la frontera norte: las guerras entre cárteles por control territorial y la migración causada por la pobreza, a la que se añaden otras. Por eso, hace muy bien José Carlos Melesio Nolasco al pedir que volvamos los ojos al sur y estudiemos nuestra otra frontera, aunque sus características “fronterizas” sean mucho más recientes (Melesio Nolasco argumenta que su aspecto como tal aparece a fines de los años 70) “por algo nunca antes visto, la migración masiva de refugiados guatemaltecos, combinada con movimientos políticos y sociales en toda Centroamérica”. El gobierno de México creó entonces organismos regionales para diversos proyectos. Se volvió a hacer conciencia de que el sureste mexicano está vinculado milenariamente a Centroamérica por “el mundo maya”.
Centroamérica era importante para México antes del arribo masivo de refugiados guatemaltecos (al menos 46 mil entre 1982 y 1984, como mostramos con base en Jan de Vos (bit.ly/45XESTe). Desde 1964 en Chiapas se instalaron células de apoyo a las guerrillas guatemaltecas, y ya entonces fue creciendo en sectores de la izquierda mexicana la simpatía por los movimientos revolucionarios contra las dictaduras militares de nuestros vecinos del Sur, impuestas por Estados Unidos en el marco de la guerra fría.
La clave, nos muestra Melesio Nolasco, fueron los cambios culturales creados por las revoluciones, victoriosas (Nicaragua) o derrotadas (Guatemala y El Salvador). La revolución nicaragüense (1979), última que triunfó por la vía armada, fue atacada casi frontalmente por Estados Unidos durante los siguientes 10 años (hasta provocar su caída de la que se deriva, añado por mi cuenta, la corrupción –en su sentido original del término, como putrefacción– del sector a la postre dominante en el Frente Sandinista de Liberación Nacional), años en los que el papel de México fue necesariamente ambiguo, aunque como con la revolución cubana, no desconoció al gobierno sandinista.
En El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional tuvo la posibilidad de tomar el poder por la vía armada, pero optó “por obligar al gobierno a negociar” la democratización del país.
También la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional negociaron con los gobiernos de sus respectivos países.
Las revoluciones obligaron a la sociedad y al Estado mexicanos a voltear hacia Centroamérica, y fueron también las revoluciones las que causaron el primer gran impacto sociocultural (contemporáneo) en la frontera sur: la migración a Chiapas de refugiados guatemaltecos que huían de la inaudita brutalidad de la represión gubernamental, migración que inició hacia 1978 y que en 1982-84 se volvió masiva. “En un principio, el gobierno mexicano los trata como usualmente lo hace con los indios de la región: con violencia, sin oírlos y, finalmente, deportándolos”, pero parte de la sociedad mexicana responde de manera diametralmente opuesta, creando ONG de defensa de los derechos humanos, que primero se concentraron en los recién llegados y después “en los mexicanos habitantes de la región, cuya situación ostensiblemente también lo amerita”. Con sus acciones, atrajeron la atención de la “opinión pública mundial” y del Acnur, y el gobierno mexicano tuvo que cambiar de política, más de palabra que de hecho, como lo demostró la aparición pública, una década después, del EZLN.
“El EZLN responde a intereses populares indígenas regionales y nacionales. Su formación se remonta a principios de los años 80 y el levantamiento del 1º de enero de 1994 se presenta por una acumulación de agravios de signo mayor”. Además, se entiende como resultante de la formación de una región fronteriza como tal, “conformándose como zona de seguridad nacional; por la presencia de organismos internacionales, humanitarios”, por la llegada de refugiados y migrantes. La situación creada “pone de relieve la tradicional impunidad gubernamental”. Sin embargo, el carácter de la frontera y la presencia de la sociedad civil organizada en la región (el país y el mundo) contribuyó a frenar esa impunidad, y el Estado no pudo actuar contra el EZLN como lo hizo contra las guerrillas urbanas y rurales (1965- 1980): con una violencia impune que a nadie rendía cuentas.
Una frontera de guerrilleros, refugiados, braceros (trabajadores agrícolas guatemaltecos, salvadoreños, hondureños en las fincas cafetaleras e ingenios de Chiapas en la época de la pizca o la zafra), caciques y pistoleros, ejércitos represores, migrantes que cruzan para llegar mucho más al norte, y más recientemente (fuera de este libro) narcotraficantes y otros criminales. Échale, lectora amiga, una mirada a las 150 páginas en las que José Carlos Melesio nos da apenas una probada de La frontera sur de México, novedad editorial del FCE. (Pedro Salmerón Sanginés, La Jornada, Opinión, p. 14)
Andar por peluquerías siempre es una buena manera de conocer las ciudades, sus partes más populares y profundas. Si escuchas y no hablas demasiado, puedes oír historias increíbles, música de moda y el vientre blando de quienes las habitan. Fui a una peluquería en Cancún, en una franja ubicada entre el centro y la periferia. Ahí tenía mi hotel, donde la limpieza la hacía una pareja de Honduras, que lleva 10 años en el puerto y dice haberse quedado por “elección”.
En la peluquería hay un poco de todo: un cliente se subió al Tren Maya –“nomás para probarlo”, dice– y cuenta de estaciones medio vacías, con turistas mexicanos y extranjeros, trenes modernos, algunos retrasos y la incomodidad de haber tenido que tomar un taxi para ir y regresar de la estación de Cancún. También hay quien defiende a Morena. Luego está un chavo, el que me corta el cabello, que en un momento me suelta: “¿pero cómo se puede defender a quien te deporta?” Entonces pregunto y me cuenta: Se llama Miguel, tiene 32 años, una pareja estadunidense y una hija de dos años. Lo deportaron de Estados Unidos, de Chicago, donde apenas un año antes había abierto una barbería. Lo expulsaron el 7 de julio, después de pasar dos meses en prisión.
Entró a Estados Unidos en 2022, entregándose en la frontera y pidiendo asilo procedente de Venezuela. Estaba la ventana abierta por Joe Biden, y así aprovechó “la oportunidad” que daba el entonces gobierno estadunidense a quienes llegaban de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Me enseña su tarjeta de seguridad social renovada en abril de 2024, me muestra la foto de su EAD (Employment Authorization Document), o sea, su permiso de trabajo, también fechado en 2024. Me enseña sus dos registros ASAP: uno ligado al gobierno, que permite pagar impuestos, y otro de una asociación que acompaña a personas migrantes en sus trámites de regularización.
En pocas palabras: vive, trabaja, ama en Estados Unidos al 100 por ciento. En mayo fue a la oficina migratoria para un trámite relacionado con su situación, y de ahí salió rumbo a la cárcel como “migrante irregular”. Varios abogados tomaron el caso, considerándolo ilegal; intentaron conseguirle asilo político u otras formas de nueva regularización. Después de dos meses lo llevaron a la frontera. Cuando me dijo “¿cómo se puede defender a quien te deporta?”, pensé que hablaba sólo del gobierno estadunidense, pero no. También se refería a las políticas mexicanas. Porque al llegar a El Paso lo recogió la migra. Lo trasladaron a Villahermosa, Tabasco.
Ahí le dieron un papel que le permitió llegar a Cancún, pero no más allá. Ahora está atrapado en la ciudad. Está haciendo sus papeles para ir a Canadá, le falta un paso: el reconocimiento biométrico que sólo puede hacer en la embajada canadiense en Ciudad de México. Pero no puede ir. Me dice: “Donad Trump es racista. Mi historia es una locura, pero no es la única. Está sacando a todos, nos trata como criminales, pero no somos criminales. A los criminales los deja allá”. Y agrega: “El gobierno de México, sin embargo, me deportó al sur, me abandonó, me confinó en Cancún, donde estoy en un limbo. Aquí tampoco existen mis derechos como migrante”.
En la peluquería todos los barberos son migrantes; las chicas que coordinan las citas y los pagos son guatemaltecas, los demás de Nicaragua y Colombia. Lo miran y lo abrazan. Uno dice: “Nosotros en Cancún no elegimos quedarnos, se nos impuso”. Salgo del local y me detengo a desayunar. La muchacha que me atiende es cubana, lleva aquí tres años. Desde que llegué he conocido y hablado sólo con personas que no son locales. Dos con quienes platiqué y que manejaban combis son del norte del país.
Dentro de restaurantes, taxis, hoteles y hostales he encontrado a medio continente sur. Mientras hacía la despensa en Soriana, llegó una camioneta con obreros; hablé con algunos mientras se quitaban los cascos y compraban lo que necesitaban para el almuerzo. Ninguno es de Quintana Roo. El conductor de Uber que me lleva al aeropuerto también es venezolano, expulsado dos veces de Estados Unidos, la última en febrero.
Está haciendo sus trámites para quedarse a vivir en México; dice que se quedará en Cancún porque, a pesar de la baja del turismo también por la mucílago, “hay trabajo y se está más seguro que en otros lados, aunque también aquí se sabe que el cobro de piso y el narco son mercados que generan codicia y hay pleitos por controlarlos”.
La sensación es que quienes sostienen Cancún, sus flujos turísticos y su riqueza, son las personas migrantes, y parece que algunas leyes y decisiones están hechas justamente para traer aquí a indocumentados y garantizar al capitalismo local mano de obra chantajeable, precaria y, cuando conviene, invisible. “¿Cómo se puede defender a quien deporta?” es una gran pregunta con muchas respuestas que cambian según las geografías, pero que en el fondo nos recuerdan cómo el capitalismo se basa en la explotación del trabajo y que quien es migrante es cada día más explotable por decisión del sistema. (Andrea Cegna, L aJornada, Opinión, p. 15)
El centro de detención migratorio conocido como “Alcatraz de los Caimanes” en Florida ha sido calificado por defensores de derechos humanos, personal médico y medios estadounidenses como un campo de concentración, un gulag o un agujero negro en ciernes.
Para el cónsul de México en Miami, sin embargo, los temores de los connacionales son infundados, resultado de la “mala fama” de este lugar, donde “el trato es cada vez mejor”. Ante semejantes declaraciones, no queda sino preguntarse qué clase de representante ha enviado el gobierno mexicano al Estados Unidos de Trump y, más allá del personaje, qué permite normalizar el horror como situación “tolerable” (Lucía Melgar, El Economista, Artes, Ideas y Gente, p. 44)
El miércoles 13 de agosto, el Inegi difundió un dato que marca un punto de inflexión: 13.4 millones de mexicanas y mexicanos dejaron atrás la pobreza entre 2018 y 2024. Hoy son 38.5 millones quienes permanecen en esta condición, frente a los 51.9 millones que se contabilizaban hace seis años. Este cambio no es sólo estadístico; representa un logro histórico para millones de hogares con nuevas oportunidades y con una esperanza renovada en el porvenir.
México decidió hace tiempo que la pobreza debía evaluarse bajo un enfoque multidimensional. Esto significa que ya no basta con calcular cuánto dinero tiene una familia, sino si esa familia puede acceder de manera efectiva a salud, educación, vivienda, alimentación y seguridad social. Este método ofrece una radiografía más fiel de las desigualdades y permite diseñar políticas públicas con justicia social.
Los avances en esta medición son evidentes. En seguridad social, por ejemplo, la carencia se redujo de 50.2 a 48.2%, lo que equivale a 2 millones de personas que hoy cuentan con un empleo formal o con derechos laborales antes inaccesibles. Aunque ésta sigue siendo la principal deuda pendiente, el retroceso de la cifra muestra que la formalización del trabajo avanza y que los esfuerzos por ampliar la cobertura comienzan a dar frutos.
Otro dato relevante se encuentra en el acceso a alimentación nutritiva y suficiente. Entre 2022 y 2024, la carencia pasó de 18.2 a 14.4 por ciento. En la práctica, esto significa que casi 5 millones de personas tienen hoy una dieta más adecuada, lo que impacta directamente en la salud, el desarrollo infantil y el rendimiento escolar. Son transformaciones que no sólo mejoran la calidad de vida, sino que previenen desigualdades a futuro.
Los números se traducen en hechos concretos: familias que ahora tienen un mejor ingreso, hogares que reciben apoyos sociales que les permiten salir adelante y localidades donde los programas sociales han marcado una diferencia palpable. Todo esto no es producto de la casualidad, sino el resultado de una política social de los gobiernos de la Cuarta Transformación enfocada en reducir brechas y fortalecer el bienestar desde las bases.
No obstante, tenemos aún retos por delante. La tarea inmediata es consolidar un sistema de bienestar integral que no sólo conserve estos logros, sino que los expanda y los haga sostenibles. Esto requiere seguir incentivando el mercado interno, garantizar empleos mejor remunerados, ampliar la universalidad de los derechos y reducir desigualdades regionales y sectoriales.
Será igualmente prioritario invertir en infraestructura social, extender los servicios básicos a las comunidades marginadas y diseñar políticas específicas para atender a quienes históricamente han quedado rezagados: mujeres jefas de familia, jóvenes sin oportunidades, personas con discapacidad, de pueblos indígenas y migrantes en retorno. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el Plan México son las rutas de acción que marcarán este camino.
Reducir la pobreza nunca ha sido una tarea fácil ni de resultados inmediatos. Requiere continuidad transexenal, planeación y compromiso. Pero lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, las cifras nos indican que vamos por la senda correcta: menos pobreza, menos carencias y más esperanza.
La lección que dejan los datos del Inegi es contundente: cuando el Estado se asume como garante de derechos y actúa con decisión, los resultados se reflejan en la vida de quienes más lo necesitan. Ése es el espíritu que nos anima y la convicción con la que seguiremos trabajando desde el Senado de la República. Porque cada familia que deja la pobreza atrás fortalece la dignidad y la justicia social de toda la nación. (Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Excélsior, Nacional, p. 7)
No importa que los Everglades de Florida, por su diversidad biológica única, hayan sido clasificados como Patrimonio de la Humanidad, Reserva Internacional de la Biosfera y Tierras Pantanosas de Importancia Internacional, lo verdaderamente relevante es la decisión de levantar ahí un centro de detención para contener a migrantes: Alcatraz de los Caimanes (Alligator Alcatraz).
No se trata de un pantano más, es un sistema de humedales que no existe en ninguna otra parte del planeta, porque es una red interconectada de hábitats, como pantanos de cipreses, praderas húmedas y manglares.
Este ecosistema es hogar de 360 especies de aves, 40 de mamíferos, varios tipos de reptiles y peces, además de plantas y árboles.
La construcción y operación de Alcatraz de los Caimanes, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), representa una amenaza directa para animales que ya caminan por la cuerda floja de la supervivencia.
Son 36 especies amenazadas o en peligro de extinción, como el caimán americano, la pantera de Florida, la tortuga verde y la tortuga carey, el manatí, el gavilán caracolero de los Everglades, la cigüeña americana, el gorrión costero de Cabo Sable y el pájaro carpintero de cresta roja, entre otros, además de algunas mariposas y plantas, de acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales de EU.
Especialistas en conservación y grupos ambientalistas señalan los múltiples vectores del impacto ambiental en los Everglades, como son degradación del hábitat por el aumento de la actividad humana, contaminación lumínica y acústica que afectan los ciclos naturales de la vida silvestre, interrumpen los comportamientos reproductivos y de alimentación; tala para pavimentación, descarga de desechos orgánicos humanos —en el centro de detención hay baños portátiles— y aguas grises que podrían contaminar el delicado sistema hidrológico, derrames de combustibles y los mismos vuelos con personas migrantes hacia y desde el sitio.
El aumento del tráfico vehicular también representa una amenaza particular para la pantera de Florida, debido a que los atropellamientos son una de las principales causas de mortalidad de la especie. Cada vehículo adicional que transite por las carreteras cercanas a la instalación incrementa el riesgo de colisiones fatales.
La pantera de Florida es, quizás, el símbolo más emblemático de la región y ahora enfrenta un obstáculo adicional para su recuperación. Sólo quedan entre 120 y 230 ejemplares en estado silvestre. El centro de detención no sólo ocupa territorio crítico, sino que el incremento en el tráfico vehicular y la actividad humana fragmenta aún más los corredores de movimiento que necesita para encontrar pareja, territorio y alimento. Cada hectárea de hábitat cuenta para su supervivencia.
Alcatraz de los Caimanes puede verse como una decisión que combina simbolismo y fuerza políticos, pero con consecuencias ecológicas devastadoras. No existen estudios de impacto ambiental y se le dio vuelta a las leyes, a pesar de que ahí, a finales de los años sesenta, se pretendió construir lo que sería el aeropuerto más grande del mundo, el Everglades Jetport, con seis pistas para aviones supersónicos, una autopista interestatal y un sistema de transporte público de alta velocidad para conectar las ciudades vecinas.
Gracias a un informe ambiental de 1969, dirigido por Luna B. Leopold, del Servicio Geológico de EU, se frenó por completo el proyecto, pues determinó que se “destruiría inexorablemente el ecosistema del sur de Florida y, por tanto, el Parque Nacional Everglades”, ya que la instalación podría contaminar la zona, amenazar especies en peligro de extinción y contradecir los esfuerzos de preservación de los Everglades.
Hubo respaldo de residentes y activistas, lo cual derivó en un pacto, que en 1970 detuvo la construcción por completo, aunque ya se había terminado una pista.
Este caso marcó un precedente en la legislación ambiental estadunidenses al demostrar que los intereses ecológicos podían detener proyectos de infraestructura cuando la ciencia evidenciaba riesgos irreversibles para ecosistemas únicos.
Ahora, el centro de detención se ha erigido justo en esa pista construida a finales de los sesenta, lo que es el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier.
Puede albergar hasta cinco mil personas migrantes en tiendas de campaña y remolques temporalmente en el corazón de la Reserva Nacional Big Cypress.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, le resta importancia al impacto ambiental, a mediados de julio declaró que “es de cero”.
La organización ecologista Amigos de los Everglades, el Centro para la Diversidad Biológica y la tribu Miccosukee presentaron el 27 de junio una demanda federal para que se detengan las operaciones hasta que se complete una revisión exhaustiva y un periodo de análisis público, bajo el argumento de que el estado ignoró normas federales para evaluar el daño ambiental.
El 13 de agosto pasado, la jueza federal Kathleen Williams ordenó pausar por dos semanas las construcciones en el sitio, sin afectar las actividades de las fuerzas del orden o de migración.
Y si la idea de este centro de detención era infundir miedo para no tratar de escapar debido a los caimanes y cocodrilos, el verdadero terror para las personas detenidas es la vulnerabilidad frente a los peligros del cambio climático, porque ha exacerbado la amenaza de tormentas, inundaciones, calor extremo y enfermedades infecciosas.
Las condiciones son inhumanas y más peligrosas que caimanes y pitones. (Lorena Rivera, Excélsior Nacional, p. 11)
Daniel Enrique Pintor Caballero tiene apenas 20 años y la vida se le escurre en una cama de terapia intensiva en Praga. Lo que iba a ser un curso intensivo de inglés, parte del programa de movilidad estudiantil del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM), se convirtió en una pesadilla que ha puesto a prueba no sólo a él, sino a toda su familia.
El 1 de julio salió de Morelia lleno de ilusiones. A los pocos días, un dolor de cabeza, fiebre y vómitos lo obligaron a ingresar de urgencia a un hospital. El diagnóstico fue fulminante: meningococo. Una bacteria agresiva que, al no ser detectada a tiempo, se propagó hasta causarle meningitis y sepsis. Para salvarle la vida tuvieron que amputarle una pierna. Hoy, además, enfrenta una neumonía intrahospitalaria.
El costo humano y económico es brutal. La póliza del seguro médico, que apenas cubrió los primeros días, se agotó el 31 de julio.
Desde entonces, son sus padres quienes han tenido que enfrentar las cuentas que ya superan los cien mil dólares. Comida, hospedaje, traslados… todo sale de su bolsillo o de donaciones. Ni la escuela que organizó el programa, encabezada por su directora general, Mariana Sosa Olmeda, ni el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se han pronunciado al respecto.
La tragedia se agrava con la presión para que regrese a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del consulado en Praga, ha mantenido comunicación directa con los familiares; sin embargo, el secretario del Migrante michoacano, Antonio Soto Sánchez, insiste en repatriar al joven. Pero los médicos advierten que sería una sentencia de muerte. En esas condiciones -intubado, con soporte vital, oxígeno y en terapia intensiva-, un traslado aéreo equivaldría a desconectarlo. Por eso sus padres se negaron a firmar el alta hospitalaria: no van a sacrificar a su hijo por una decisión administrativa.
La vida de Daniel no puede depender de colectas ni de la buena voluntad. Fue enviado por un programa oficial y es responsabilidad del estado que gobierna Alfredo Ramírez Bedolla y de la directora del IEMSySEM, Mariana Sosa Olmeda, acompañar y costear el tratamiento en el que se encuentra Daniel, quien hasta el momento ha sido abandonado en su lucha por sobrevivir.
No puede ser que el gobierno de Michoacán envíe a sus estudiantes al extranjero sin garantías de seguridad ni respaldo médico. Programas diseñados al vapor, pensados más en el discurso mediático que en desarrollar proyectos que impulsen y arropen a las y los jóvenes en cualquier circunstancia. Daniel no está solo por azar, está solo porque las autoridades lo abandonaron a su suerte. (Sofía García, El Heraldo de México, País, p. 5)
A la entrada de la bahía de Nueva York, una gigantesca estatua, la que representa una mujer con la cabeza coronada que sostiene una antorcha en un brazo en alto, da la cara al este y ofrece la bienvenida a quienes llegan por mar. En la base, un poema de Emma Lazarus, una estadounidense de origen judío sefardita, dice al mundo que los Estados Unidos dan la bienvenida a refugiados y pobres, a las masas explotadas.
Ha sido por décadas el símbolo de Estados Unidos. El rostro de un país hecho y enriquecido por la migración.
Cuando la estatua hecha por el francés Frederick Auguste Bartholdi fue colocada en la isla de Ellis en 1886, el poema de Lazarus había contribuido a financiar su pedestal, donde fue consagrado en 1903 con su llamado a las masas de desposeídos y perseguidos a encontrar un nuevo hogar en Estados Unidos. Pero en los hechos, esas hermosas palabras se dirigían a personas de origen europeo.
Podría subrayarse que al mismo tiempo que había recelo y hasta violencia contra los migrantes, existía también una cierta simpatía hacia ellos. El que muchos de los recién llegados, sean alemanes o noruegos, buscaran los que parecían grandes espacios vacíos del oeste para incrementar el territorio nacional, provocaba simpatías y es ahora una parte relevante del mito nacional. Pero muchos otros, especialmente irlandeses o italianos pobres, se quedaron en las ciudades del este para formar parte de una nueva y creciente subclase.
Entre 1876, cuando la obra fue encargada y 1886, cuando fue entregada para conmemorar los cien años de amistad entre Estados Unidos y Francia, hubo literalmente “pogroms” y matanzas contra chinos en California, mexicanos en el suroeste y negros en el sur de Estados Unidos. Durante la II Guerra Mundial, el encierro de ciudadanos de origen japonés subrayó los límites a la bienvenida.
Y a decir verdad los irlandeses y los italianos, protagonistas a su vez de vejaciones contra personas “de color”, eran a su vez objetos de discriminación por parte “estadounidenses nativos”.
Esas épocas parecían idas, pero al parecer van de regreso.
Según reportes de prensa, el gobierno estadounidense busca ahora restringir la llegada de migrantes de un tipo y alentar la de otros.
Estaría, por un lado, la “tarjeta dorada” propuesta por el presidente Donald Trump, que a cambio de cinco millones de dólares ofrecería la residencia sin restricciones y facilitaría un camino a la ciudadanía estadounidense. Los posibles beneficiarios serían personajes adinerados, como los oligarcas rusos.
O quienes como los boers sudafricanos, que por más de cien años fueron protagonistas de la sociedad del “apartheid” y aún son un grupo económicamente privilegiado, gracias al gobierno Trump saben ahora que son parte de una minoría perseguida por la mayoría negra y víctimas de genocidio, y reciben trato prioritario para llegar a Estados Unidos.
Pero miles de refugiados “de color” son rechazados. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p.37)
Se celebró en la Ciudad de México el Segundo Congreso Panamericano CdMx 2025 que reunió a 14 delegaciones de países de todo el hemisferio, con una agenda de temas relativos a la democracia, la paz y la protección de los recursos naturales, abordados desde una perspectiva de unidad continental frente a los desafíos comunes que enfrentan las naciones de América.
Se trata de la continuación de un encuentro legislativo regional impulsado, primero, por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y ahora auspiciado por las y los legisladores mexicanos de Morena. Sus delegados son integrantes de los Poderes Legislativos en sus respectivos países, legisladores progresistas que se esfuerzan por transformar las distintas realidades de nuestro continente marcado por la desigualdad social y económica.
Este esfuerzo político está orientado a la articulación de legisladoras y legisladores progresistas de todo el continente para actuar de manera conjunta para el fortalecimiento de nuestras democracias y la soberanía de nuestros pueblos. Debemos entender a la soberanía de cada país no sólo como el resguardo del territorio, sino como la defensa activa de los derechos, las culturas y las aspiraciones de los pueblos que conforman las naciones de América Latina y el Caribe.
Un ejemplo de una problemática conjunta de los países de la región lo constituye la migración. Desde hace décadas, pero ahora con mayor intensidad, se criminaliza a las y los migrantes, quienes dejan atrás sus lugares de origen para buscar una mejor vida, pero en esa búsqueda se exponen a riesgos no sólo persecutorios de las autoridades legales sino también de organizaciones criminales, por ello, desde los países donde operan las y los legisladores progresistas, se debe garantizar su protección durante su tránsito y, eventualmente, generar condiciones humanitarias, económicas y sociales de integración en otros países. En el Congreso Panamericano alzamos la voz frente a los embates que sufren miles de familias migrantes principalmente en Estados Unidos, quienes requieren una defensa jurídica y protección a su integridad física.
En el marco del Congreso Panamericano y antes del evento de clausura realizado en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México, nos reunimos legisladoras y legisladores afrodescendientes para conversar respecto a las problemáticas específicas derivadas de nuestro origen y reconocimiento al interior de nuestras sociedades, así como los pasos a seguir en materia legislativa para impulsar el reconocimiento explícito del racismo sistémico prevaleciente aún en las políticas públicas regionales; dar visibilidad a nuestros pueblos y comunidades y obtener el pleno reconocimiento jurídico para conducirnos política y socialmente en condiciones de igualdad plena. Esta realidad que apenas comienza a cambiar afecta a más de 250 millones de personas afrodescendientes en todo el continente americano.
En México, con el apoyo decidido de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha dado un gran paso en favor de los pueblos afromexicanos y los pueblos indígenas, aprobando una reforma constitucional para garantizar que los pueblos y comunidades afromexicanos sean sujetos plenos de derecho público, y próximamente se conocerá, previa consulta a los pueblos y comunidades involucrados, la iniciativa para expedir la primera Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Enhorabuena por haber concretado los trabajos de este Segundo Congreso Panamericano que espera convertirse en un espacio permanente de encuentro, deliberación y acción conjunta para la transformación real de nuestro pueblos, sociedades y países. (Beatriz Mojica Morga, El Sol de México, Análisis, p. 22)