La guerra intestina en el Cártel de Sinaloa que se libra desde hace 11 días, que comenzó en Culiacán y se ha extendido a prácticamente todo el estado, metió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mayor contradicción de su estrategia de seguridad, no sólo porque está estallando en pedazos en los últimos días de su sexenio, sino porque la descomposición en esa organización criminal, que detonó la captura de su jefe máximo, Ismael el Mayo Zambada, lo dejó en medio del conflicto del grupo criminal con el cual fue tolerante, además de beneficiario del combate contra sus rivales del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El Presidente y los altos jefes militares están enredados. El general Jesús Leana Ojeda, comandante de la 3ª Región Militar en Sinaloa, dijo el lunes que la paz en el estado estaba en manos de las facciones del cártel, lo que el Presidente no quiso desmentir ayer cuando le preguntaron sobare los dichos, y se limitó a señalar que su gobierno estaba trabajando en la protección de la población. Qué significa y qué alcance tiene esa protección, no precisó.
La economista Cristina Ibarra analizó en Ríodoce el impacto económico de lo que está provocando la guerra: en 2020, un día de actividad económica equivalía a mil 800 millones de pesos, pero al pararse en seco por esta guerra, las pérdidas diarias podrían llegar a cuando menos 900 millones de pesos, al dejar de trabajar con normalidad más de 700 mil personas, la mitad de la fuerza laboral. El Debate reportó que el sector más afectado ha sido el transporte público porque los grupos en conflicto secuestran las unidades y las incendian. El transporte de carga y turístico han sufrido al evitar la circulación por la carretera federal 15, una de las vías más importantes de comunicación, pero bañada por el conflicto.
El secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, dijo que el gobierno desconocía qué información tenían los grupos leales a Zambada y a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán sobre las circunstancias de la detención del Mayo, y sugirió que podrían estar especulando sobre lo que sucedió. El general desmintió en su cara al Presidente. López Obrador ha explicado la violencia en Sinaloa a partir de la captura de Zambada y su posterior carta acusando a los hijos del Chapo de traición, a la cual él y la Fiscalía General de la República, que inició carpetas de investigación sobre sus dichos, le han dado total credibilidad.
El choque de declaraciones esconde la información que tienen sobre la captura de Zambada, que proviene de fuentes del cártel, que no pueden revelar ni actuar en consecuencia. Datos nuevos sobre la extracción del Mayo señalan a un grupo de oficiales y soldados que participaron en la seguridad perimetral del comando que lo detuvo, y que en un aeródromo que tienen bajo control clonaron la matrícula del avión en que lo transportaron ilegalmente a Estados Unidos desde otro aeródromo que también tienen bajo su cuidado.
La información apunta a que esos militares actuaron a espaldas de sus superiores, pero el gobierno está atrapado en sus propias contradicciones. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que inició una carpeta de investigación contra Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo a quien Zambada acusa de haberle puesto una trampa, por el presunto delito de traición a la patria, no puede abrir otra contra los militares involucrados en su captura por la misma razón. Tampoco puede hacerlo contra funcionarios de Migración en Sinaloa y Tamaulipas, un estado que fue parte de la ruta que siguió el avión que trasladó a Zambada. Admitirlo sería reconocer que un comando estadounidense operó sin autorización en territorio mexicano, lo que obligaría a López Obrador a tomar medidas diplomáticas extremas, lo que no quiere y prefiere tragarse la realidad de lo que sucedió.
Tampoco puede el gobierno ir contra el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien involucró Zambada con el Cártel de Sinaloa, y que, de acuerdo con la información que dieron varios de sus miembros al gobierno, traicionó a su jefe al entregarlo a Estados Unidos –no está claro si hizo lo mismo con Guzmán López–. El gobernador, según fuentes de primer nivel, sí tenía relación con el Cártel de Sinaloa y era el enlace político-electoral de la Ciudad de México con el Mayo. Rocha Moya ha negado cualquier vinculación con los narcotraficantes, pero su vida, por la imputación de Zambada, está en peligro.
Rocha Moya, según la información confirmada en la carta de Zambada, tenía nexos con las dos facciones del cártel, al que varias políticas del gobierno benefició. Una carretera que comunica a Badiraguato, donde nacieron varios de los más importantes narcotraficantes, a Parral, Chihuahua, cruzando la sierra, que con territorios controlados por las milicias del Mayo, ha facilitado el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. A Los Chapitos se les advirtió desde el gobierno que había fuertes presiones de Washington para acabar con el fentanilo y les pidieron que dejaran de producirlo. Lo hicieron por breve tiempo, y luego de que regresaron a lo mismo, altos funcionarios de ese país concluyeron que el gobierno de López Obrador los estaba engañando y dejaron de hablar con él.
La guerra que estalló en Culiacán los dejó descolocados y profundamente desinformados, o intentando encubrir y controlar daños. El general Sandoval dijo el miércoles que hasta la sexta semana tras la captura de Zambada tuvieron señales de que se preparaban enfrentamientos, aunque el 12 de agosto, a casi tres semanas de la detención, The Wall Street Journal reveló que las dos facciones del cártel estaban comprando armas y reclutando sicarios para los enfrentamientos que venían.
A esta historia, definitivamente, le faltan muchos episodios. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 40)
Cuando Brayan Mauricio González, El Pozoles, uno de los líderes de la Unión Tepito, fue detenido en febrero de 2019, la joven escort venezolana que lo acompañaba le rogó a los agentes de la fiscalía del Estado de México que la entregaran de inmediato al personal de Migración. “Lucía totalmente aterrorizada”, relató uno de ellos. “Quería que la apartaran cuanto antes de este tipo; quería volver a su país para quedar lo más lejos posible de su alcance”.
El terror que El Pozoles despertaba entre jóvenes extranjeras que anunciaban sus servicios en la página Zona Divas, quedó expuesto por primera vez en un reportaje publicado en marzo de 2018 en EL UNIVERSAL. Una periodista que investigaba la trata de mujeres en México, a raíz del asesinato de al menos seis escorts extranjeras, logró contactar a una chica que le confesó que tenía en su poder audios, fotografías y videos que implicaban a El Pozoles en el asesinato de al menos dos mujeres: Kenni Finol y Karen Aylen Grodzinski.
Dichos materiales habían sido enviados por Kenni Finol a una amiga de confianza cuatro meses antes de su asesinato. Mostraban a la muchacha brutalmente golpeada y con el rostro desfigurado. “Él mata por hobby… Viví con él y varias veces mató por nada en mi cara”, relataba Kenni.
Había conocido a Brayan Mauricio en una fiesta, hacia abril de 2017. En septiembre de ese año la relación era un infierno. Ella decidió terminar y arreciaron las golpizas, los vituperios, las amenazas. “Quiere que me vaya de México y que ya no putee más”, reveló ella.
Más tarde se supo que El Pozoles le había pedido a Kenni que como prueba de amor le entregara uno de sus miembros. Así que le voló un dedo del pie con un disparo. De acuerdo con la joven, el integrante de la Unión obligó a la escort Karen Aylen Grodzinski a que vigilara sus pasos para informarle si continuaba trabajando.
A Karen Aylen la mató El Pozoles en diciembre de 2017 en el Hotel Pasadena de la Avenida Revolución. Luego le llamó a Kenni para mostrarle una imagen del cuerpo y decirle: “Mira, maté a Karen”. Ella advirtió: “¡Ese hombre acaba de matar a Karen y me va a matar a mí!”.
En febrero de 2018 la encontraron en Ecatepec, con la cara encintada. La habían destrozado a golpes. Le deshicieron el rostro con ácido.
Un año más tarde, El Pozoles seguía de fiesta. Según el periodista Antonio Nieto, le entregó a la Unión Tepito 250 mil pesos y una camioneta para que lo perdonaran, no por lo que había hecho, sino por haber “calentado” la plaza. Cada domingo, escoltado por un ejército de sicarios, acudía a un bar de Aragón. Quienes lo aprehendieron advirtieron que iba maltratando, a bordo del auto, a la joven que lo acompañaba. Al ser detenido se puso a llorar y pidió a los agentes que no lo golpearan.
Lo sentenciaron a solo cinco años por narcomenudeo. Se dijo que el ministerio público no había aportado pruebas suficientes para vincularlo a proceso por homicidio. En noviembre de 2022, una madrugada de sábado, fue liberado.
La fiesta continuó durante otro año. En octubre de 2023, agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad capitalina volvieron a aprehenderlo… lo acompañaba un joven de origen venezolano y se paseaba, tranquilamente, por calles de la Roma.
Aquellos días fueron rápidamente olvidados. Una serie de Netflix, “El Portal: la historia oculta de Zona Divas”, dirigida por Astrid Romero y Fernanda Valadez, ha traído de vuelta, con toda su crudeza, no solo las historias que rodearon aquellos días siniestros; no solo la intrincada telaraña de ineptitudes y complicidades que han dejado sin justicia a las víctimas (el fundador de Zona Divas, por ejemplo, condenado a 29 años de prisión, fue liberado el mismo año de su detención), sino también —y este es su mejor hallazgo— la vida misma de mujeres que llegaron a México engañadas, huyendo de la pobreza, solo para chocar de frente con el rostro más oscuro de un país. Un país capaz de triturar vidas enteras, y dejarlas tiradas en una habitación de hotel o un callejón, sin que la mayor parte de las veces ocurra absolutamente nada.
“El Portal…” permite mirar de frente a ese país, a través de un río de desolación que, sin embargo, hacía falta que alguien contara. (Héctor De Mauleón, El Universal, Online)
Donald Trump y JD Vance han hecho de la retórica inflamatoria y divisiva una piedra angular de sus campañas y discursos políticos, promoviendo un discurso cargado de insultos, polarización y miedo. Trump, desde su candidatura en 2016, ha demonizado a los migrantes, especialmente a los latinos, acusándolos de traer crimen, drogas y violencia a Estados Unidos. Por su parte, JD Vance, su candidato a vicepresidente, ha seguido una línea similar, atacando a los llamados liberales de izquierda y perpetuando teorías conspirativas sobre el control del país por élites globalistas y radicales. Los migrantes se comen a las mascotas, ha dicho y su jefe lo ha repetido provocando hilaridad, pero también odio.
Este discurso divisivo no solo fomenta el miedo hacia los migrantes y las minorías, sino que también encierra una peligrosa paradoja: mientras Trump y Vance dirigen sus ataques a los “enemigos internos”, los intentos de violencia política más graves de los últimos años han sido perpetrados por individuos que, paradójicamente, representan la demografía que ellos defienden: hombres blancos, estadounidenses y republicanos.
El segundo intento de asesinato —cometido, otra vez, por un hombre blanco armado— pone de relieve una verdad que muchos dentro del partido prefieren ignorar: los verdaderos actos de violencia política en Estados Unidos no han venido de los migrantes, ni de los radicales de izquierda, sino de los extremistas de derecha.
Esto subraya cómo la polarización y la retórica del odio impulsada por figuras como Trump y Vance no sólo fracasan en proteger al país de una supuesta amenaza externa, sino que exacerban la violencia interna. Los ataques a figuras políticas, como los intentos de asesinato recientes, no provienen de aquellos demonizados por la derecha, sino de aquellos que, en muchos casos, se identifican con su retórica incendiaria. Así como ocurrió con el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, perpetrado por partidarios de Trump, el patrón de violencia y terrorismo domésticos siguen siendo un desafío crítico para la seguridad nacional.
La ironía es evidente: mientras Trump y Vance pintan a los migrantes y a los grupos de izquierda como los principales responsables de la decadencia de Estados Unidos, son los extremistas dentro de su propia base quienes han cometido algunos de los crímenes más notorios. Esta desconexión entre la narrativa y la realidad ha servido para alimentar un ciclo de violencia. Al proyectar el miedo hacia “el otro”, evitan enfrentarse a los problemas más profundos que aquejan al país: la creciente radicalización de ciertos sectores de la población blanca, masculina y republicana, muchos de los cuales han sido adoctrinados por años de desinformación, teorías de conspiración y odio racial.
El impacto de la retórica xenófoba y racista de Trump y Vance no puede subestimarse. Su constante demonización de inmigrantes y minorías ha normalizado el discurso del odio en el ámbito público, deshumanizando a comunidades enteras. Primero mexicanos en 2016, luego asiáticos en 2020 y ahora haitianos y venezolanos. El discurso no refleja los datos ni la realidad. A pesar de los esfuerzos por culpar a migrantes o activistas de izquierda de la violencia en el país, los hechos demuestran lo contrario. En el reciente intento de asesinato, fue nuevamente un republicano blanco quien llevaba el arma, no un migrante, no un miembro de “Antifa”, ni ninguna de las figuras demonizadas por el discurso republicano.
Es evidente que el discurso de Trump y Vance ha fallado en identificar las verdaderas amenazas a la seguridad del país. En lugar de enfocarse en problemas reales, como la supremacía blanca o la creciente violencia armada, continúan utilizando la xenofobia y el miedo para movilizar a sus bases. Es claro que este enfoque tiene consecuencias desastrosas para la cohesión social y la seguridad nacional.
La retórica inflamante no sólo divide a la sociedad, sino que también pone en peligro a todos los estadounidenses. Al desviar la atención de los problemas reales, Trump y Vance contribuyen a un ciclo interminable de violencia y polarización que deja al país más fragmentado y vulnerable. Mientras no se aborde la raíz de la radicalización y el extremismo doméstico, Estados Unidos seguirá enfrentando amenazas de aquellos que, irónicamente, dicen defender los valores de la nación. Hoy los habitantes de Springfield, Ohio, saben lo que el llamado constante al odio provoca en tu vida cotidiana. (Pedro Ángel Palou, El Heraldo de México, Editorial, p. 19)
JD Vance, el extraño (sí, weird) compañero de fórmula de Donald Trump, lo dijo en una entrevista para CNN: “Si tengo que crear historias para que los medios presten atención al sufrimiento de los americanos, entonces lo haré”. El problema, más allá de su lapsus, donde admitió que miente por convencer, es que lo dijo en el contexto de defender la ya desmentida teoría que él y Trump han promulgado sobre los migrantes haitianos en Springfield, Ohio, secuestrando y comiéndose mascotas de vecinos.
Pobres comediantes. Sobre todo aquellos que tienen horarios fijos en sus programas y tienen que ver al internet hacer maravillas de memes, remixes y ediciones sobre lo que, a pesar de tener una enorme competencia, se han vuelto las elecciones más absurdas de todos los tiempos.
Entre que Trump “odia a Taylor Swift”, declaraciones de que regresará a todos los migrantes haitianos a Venezuela, la señalización de que hay mujeres abortando bebés después de los nueve meses de embarazo y los números de encuestas inexistentes que dicen que el debate lo ganó Donald, queda claro que ya no estamos lidiando con datos, sino percepciones de un puñado de lunáticos. Y ante eso es muy difícil competir para hacer comedia; casi todos los chistes se cuentan solos y ya se contaron para la hora de salir al aire.
No olvidemos que hay una enorme cantidad de personas que no ven las cosas de la misma manera que uno. Que esos chistes y memes solo son ataques o, como dice Vance, inventos, y que no importa lo que vean o escuchen, no cambiarán de opinión. A pesar de los éxitos de Kamala Harris, las elecciones están apretadas; faltan 50 días y no me imagino qué otro chiste, involuntario o no, haga que alguien cambie de opinión.
Así que, a reír, pero sin olvidar las consecuencias reales de lo que está pasando y la imposibilidad de los absurdos para hacer a nadie entrar en razón. (Susana Moscatel, Milenio, M2, p. 25)
América Latina, que ya lucha por salir de su crisis económica más profunda en 120 años, ahora debe prepararse para la posibilidad de otra Presidencia de Donald Trump. A juzgar por las promesas de campaña del candidato republicano y sus posiciones de larga data sobre la política comercial y de inmigración, las implicaciones serían nefastas.
BOSTON. Tras la eufórica convención nacional demócrata en Chicago, está comprobado que la candidatura de Kamala Harris ha cambiado la dinámica de la competencia presidencial estadounidense en 2024. Ahora los demócratas tienen una chance, que es más de lo que hubieran podido decir hace unos meses. Pero las encuestas todavía muestran una contienda muy pareja en los siete estados bisagra que en definitiva importan, de modo que el resto del mundo tiene que estar preparado para las posibles consecuencias de un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Para empezar, Trump ha dado indicios de que piensa abandonar una vez más el Acuerdo de París sobre el clima y maltratar a los aliados europeos de Estados Unidos (podría incluso abandonar la OTAN). Por su parte, los surcoreanos y los japoneses no saben muy bien qué esperar, ya que Trump no deja de acusarlos de que no pagan la parte que les corresponde del costo de mantener bases militares estadounidenses en sus territorios.
Pero la región más afectada por otra Presidencia de Trump sería América Latina. No hay que olvidar que los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos son el chivo expiatorio favorito de la política de Trump, el “otro” perfecto para sus “estadounidenses verdaderos”. Nueve años después de un discurso inaugural de candidatura en el que insultó a los mexicanos tratándolos de “narcotraficantes, delincuentes, violadores”, a Trump todavía le encanta usar esos términos para describir a los migrantes de la región.
En su discurso ante la convención nacional republicana en Milwaukee, no sólo despotricó contra Venezuela (lo que era predecible), sino también contra El Salvador, gobernado por un caudillo de derecha, Nayib Bukele, quien tiene en prisión al 2% de la población adulta y se considera amigo de Trump. Pero, en opinión de Trump, la merma de asesinatos en El Salvador se debe a que está enviando a sus criminales a Estados Unidos.
Además, muchos republicanos han comenzado a avalar la propuesta de bombardear instalaciones de los cárteles mexicanos para cortar el flujo de fentanilo en dirección norte. Según el compañero de fórmula elegido por Trump (J. D. Vance), el presidente de los Estados Unidos debe tener autoridad para ordenar el despliegue de militares estadounidenses contra cárteles de la droga en territorio mexicano. A esto hay que sumar la obsesión central de Trump, que estuvo muy visible en la convención republicana en la forma de carteles que rezaban: “DEPORTACIÓN EN MASA YA”. Trump prometió que si gana, una de sus primeras medidas será ordenar una redada contra migrantes indocumentados, a los que se detendría en campos de internación en la frontera con México para su posterior expulsión del país.
Las estimaciones varían, pero el Instituto de Política Migratoria calcula que en Estados Unidos hay unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, entre ellos 5 millones de mexicanos, 2 millones de centroamericanos y otro millón procedente de varios países sudamericanos. Las dificultades legales, logísticas y organizativas de semejante medida serían monumentales; pero eso no impedirá que Trump lo intente, sobre todo ahora que la Corte Suprema ha dictaminado que el presidente goza de inmunidad por casi cualquier cosa que haga en ejercicio del cargo.
Una deportación de cientos de miles de personas tendría profundos efectos en los países de origen. Se acabarían las remesas de las que dependen muchas familias de la región, con lo que empeorarían las condiciones económicas que, para empezar, llevan a muchos migrantes a emprender viaje al norte. Irónicamente, uno de los países más afectados sería El Salvador (ese presunto bastión de la ley y el orden).
También habría grandes repercusiones en el área del comercio internacional, en vista de las inclinaciones proteccionistas de Trump. La unidad de inteligencia de The Economist mantiene un Índice de Riesgo Trump, que identifica a los países con vínculos comerciales, de seguridad y migratorios más estrechos con los Estados Unidos; el primer país de la lista es México, con un puntaje de 71 sobre 100. Trump juró imponer un arancel del 10% a todas las importaciones (y del 60% en el caso de las procedentes de China), y no está claro si esto valdrá incluso para países con los que Estados Unidos tiene tratados de libre comercio: Chile, Colombia, Perú, la República Dominicana y México, además de varios países centroamericanos.
En este tema tampoco es probable que Trump enfrente muchas restricciones, en vista del menguante apoyo bipartidario a los tratados de libre comercio y de la poca importancia que dio Estados Unidos a diversos reclamos de la Organización Mundial del Comercio en años recientes. Además, el favorito para la secretaría del Tesoro si gana Trump es Robert Lighthizer, representante comercial de los Estados Unidos durante el primer gobierno de Trump y partidario de los aranceles.
La imposición de nuevos aranceles puede perjudicar ante todo a los países de la cuenca del Caribe, muy dependientes del comercio con Estados Unidos. Pero Sudamérica tampoco se libraría de las repercusiones. De hecho, enfrenta el riesgo de una maldición doble: que a la par de una reducción del comercio con Estados Unidos, disminuya la demanda china de materias primas sudamericanas. Hoy China es el principal socio comercial de América Latina y el Caribe, (con un volumen de intercambios de nada menos que 485,000 millones de dólares en 2023) y la imposición de altos aranceles estadounidenses a sus bienes la obligaría a recortar la producción.
En el nivel bilateral, podemos esperar nuevas sanciones económicas (si todavía queda alguna sin aplicar) a lo que John Bolton (uno de los exasesores de seguridad nacional de Trump) identificó como la “troika de la tiranía”: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por otra parte, dirigentes a los que se considera aliados ideológicos de Trump, por ejemplo, el presidente argentino Javier Milei, pueden esperar invitaciones a la Casa Blanca y otras expresiones de buena voluntad, aunque eso no implique necesariamente acceso preferencial a los mercados.
América Latina todavía sufre los efectos de su peor desaceleración económica en 120 años. El PIB regional se redujo 6.6% al estallar la pandemia en 2020, y la región todavía no se recuperó. Diversos pronósticos indican que el crecimiento de este año será el menor de cualquier región del mundo (con excepción de Europa): 1.8 por ciento. Y, ahora, los latinoamericanos tienen que prepararse para el terremoto político que puede avecinarse en 2025. (Jorge Heine, El Economista, Finanzas Globales, p. 32)