Tramitan asilo 40 bolivianos.- Comentan legisladores próximos a asuntos diplomáticos que otros 40 bolivianos que reciben protección en la embajada de México en La Paz podrían también ser asilados aquí, pues las autoridades mexicanas ya están por terminar las gestiones para ese fin. Dicen que desde hace más de una semana los legisladores hicieron su solicitud y, aunque aún no está la respuesta definitiva, es probable que pueda haber una aceptación por la tradición de asilo que benefició al expresidente Evo Morales, de quien por cierto hay rumores de que estaría alistando su salida del país… Ya se verá. (La Razón, La Dos, p. 2)
De acuerdo con cifras del Estudio global sobre niños privados de la libertad, dado a conocer por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un total de 103 mil menores extranjeros se encuentran detenidos en Estados Unidos, solos o con sus padres, por causas relacionadas con la migración hacia ese país.
Tales declaraciones, formuladas en la sede de la ONU en Ginebra, ponen de manifiesto una doble atrocidad: la que significa por sí misma la criminalización de la migración, con o sin documentos, y la falta de sentido común y de humanidad que conlleva el dar trato de delincuentes a menores que no tienen responsabilidad legal posible y no han cometido más delito que vivir en territorio estadunidense sin documentos de residencia, el de acompañar a sus padres en el viaje o el de intentar reunirse con ellos en el país vecino.
Finalmente, si la clase política estadunidense es incapaz –por ideología, por hipocresía o por mera conveniencia económica– de emprender de una vez por todas una reforma migratoria que reconozca legalmente los enormes beneficios económicos y culturales que la migración ha aportado y seguirá aportando a Estados Unidos, es exigible que al menos sean suprimidas prácticas inhumanas, atroces y por demás injustificadas como el encarcelamiento de menores en razón de su condición migratoria. (Editorial, La Jornada, Política, p. 2)
Volvamos a revisar el pasado; ese que mañana —20 de noviembre— cumple 13 años. Investido por Rosario Ibarra de Piedra con la banda presidencial que lo acreditaba como “Presidente Legítimo”, Andrés Manuel López Obrador anunciaría esa airosa tarde del 2006 “las primeras 20 medidas de este gobierno del pueblo”.
Y valga adelantarlo, son prácticamente las mismas que ha echado a andar en este inicio de sexenio. De las 20 anunciadas, muy pocas faltan de implementarse, como la elaboración de un nuevo marco constitucional, o la creación de una comisión de la verdad para investigar el fraude del Fobaproa.
Otra se tambalea, o de plano se aleja de su visión hace 13 años: la relacionada con el tema migratorio, cuyo programa de “brazos abiertos” naufragó antes de tomar posesión y terminó por hundirse en los primeros meses de su gobierno.
Sobre la seguridad prácticamente nada anotó en aquella lista. Tan sólo que no permitiría “la utilización del Ejército o de las policías paramilitares para reprimir la inconformidad del pueblo que lucha por la justicia y la libertad”.
Pero lo que es en el tema económico, el de la austeridad y el de la lucha contra la corrupción —la mitad de su programa— sí que le ha entrado de lleno. (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 6)
Se extraña la figura del padre Alejandro Solalinde recorriendo el país para defender a los migrantes y darle voz a las víctimas de la violencia. En otro momento estaría en Chiapas, viendo por los más de 500 africanos varados en el estado del sur, después del viacrucis vivido en estos meses y desde su llegada a México.
O estaría haciendo énfasis sobre el papel de la Guardia Nacional en contra de los migrantes centroamericanos que son detenidos en el país para cortar su paso hacia Estados Unidos. O estaría dando voz a otras víctimas.
Sin embargo, el padre Solalinde ahora se pasó al otro lado: defiende al Presidente y cada una de sus acciones. ¿Se imagina al padre concediendo a Peña Nieto la designación de un consejero del PRI al frente de la CNDH?
Se trata del poeta Javier Sicilia. El sacerdote reprobó que éste se oponga al régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que no participará en la nueva marcha a la que convocó el poeta. (Alejandro Sánchez, EL Heraldo de México, País, p. 8)
El desaseado proceso con el que la mayoría de Morena en el Senado impuso en ese cargo a la hija de la recién galardonada con la medalla Belisario Domínguez, Rosario Ibarra, generó disgusto en respetados activistas y organizaciones dedicadas a los derechos humanos.
Por ejemplo, Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Diana Iris García, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México; Amnistía Internacional; Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante, y Alberto Athié, quien renunció al Consejo Consultivo de la CNDH, tras la llegada de Piedra.
Por eso, la nueva ombudsperson necesita enfrentar con hechos, no palabras, las críticas en su contra. No la tiene fácil. Tiene tela de dónde cortar: la falta de medicamentos para niñas y niños con cáncer, las estancias infantiles y el trato a los migrantes, entre otros. Pero nos dicen que, igual que el Presidente, ella está en la línea de mirar sólo al pasado, es decir, documentar violaciones a derechos humanos de gobiernos anteriores, antes que tocar a la cuatroté con el pétalo de una recomendación.
Pero, advierten, esa política de dejar pasar, dejar hacer al actual gobierno, se convertirá, más pronto que tarde, en una piedra en el zapato de su amigo López Obrador. (Raymundo Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 10)
Desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, su plan migratorio ha tenido en medio del debate el futuro de los jóvenes migrantes mexicanos que Barack Obama hizo visibles incorporándolos en el Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
Desde su creación en 2012, este programa ha mejorado la vida de sus beneficiarios. Son más de 800 mil jóvenes indocumentados que llegaron de siete años y han vivido, estudiado y trabajado en el vecino país de norte. El acceso a la educación superior en instituciones públicas y privadas les permitió tener trabajos mejor remunerados que el de sus padres. Actualmente la edad promedio de los dreamers está entre 25 y 31 años.
La Suprema Corte de Estados Unidos está escuchando los testimonios orales de varios casos. Y los jueces -en su mayoría del ala dura- determinarán si el Presidente Trump actuó conforme a Derecho en septiembre de 2017 al poner fin al Programa DACA mediante un memorando básico de anulación. Defensores de inmigrantes, lo han mantenido parcialmente vigente a través de acciones en tribunales menores hasta que se emita el fallo final. (Dolores Colín, 24 Horas, México, p. 6)
El presidente López Obrador no se deja presionar tan fácilmente como sus predecesores, lo cual puede ser un problema en muchos casos, pero no en este. Hemos visto, sin embargo, que cuando las presiones son muy fuertes, puede echarse para atrás. Ahí está el uso de la Guardia Nacional como policía migratoria, a pesar de la promesa de que abriría las puertas a los inmigrantes centroamericanos, debido a las exigencias del presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Recordemos también la liberación de Ovidio Guzmán tras su captura en Culiacán por las presiones del cártel de Sinaloa. Esperemos que en este caso no ceda.
Por lo pronto, una vez más se está negociando con extorsionadores. Hay quien quiere seguir usando el dinero público para beneficio privado. (Sergio Sarmiento, Jaque Mate, Reforma, Opinión, p. 12)
Niños migrantes.- La cifra que da a conocer la ONU es preocupante: más de 100 mil niños, solos o acompañados, están detenidos en la actualidad en Estados Unidos, por razones vinculadas con la migración. A nivel mundial, al menos 330 mil menores están privados de su libertad en 80 países. (Juan M. de Anda, 24 Horas, Estados, p. 11)
Es plausible la participación del Estado mexicano al otorgarle el asilo político a Evo Morales. Decisión congruente, inspirada en los viejos principios de una de las más puras tradiciones de nuestra diplomacia, autónoma, activa y subordinada al pueblo. Este acto se basa en la historia y compromiso pactado desde las luchas de independencia de las repúblicas hispanoamericanas, que soñaban con una unión “anfictiónicas” o liga perpetua de naciones para su defensa común, inspirada en valores democráticos, condenando y repudiando a dictadores sumisos que acatan consignas de potencias extranjeras.
La tradición del asilo político practicado por México, le ha dado un gran prestigio ante el mundo, se inspira en varios ordenamientos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), los Derechos Humanos Indígenas o Huehuetlahtolli (1600), los Sentimientos de la Nación de Morelos (1814), Tratado de No Extradición por Delitos Políticos (Colombia 1823), la Convención sobre el Asilo (La Habana 1928), Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948), Convención sobre Asilo Diplomático suscrito en Venezuela (1954), Convención de Ginebra sobre el Refugiado (Ginebra 1951).
El “asilo político” garantiza la protección de los derechos esenciales de toda persona, motivada por Estados que toleran o fomentan persecuciones en contra de individuos por razones ideológicas, políticas o racistas, poniendo en peligro inminente su integridad física, moral, y los bienes más preciados: la vida y la libertad. (Jorge Nuño Jiménez, El Universal, Opinión, p. 14)
Las reacciones en México al asilo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador otorgó a Evo Morales tienen más que ver con un debate interno que con la situación en Bolivia. Evo Morales desvela los temores del régimen y la oposición, que lo usan para reiterar sus narrativas y alimentar sus argumentos sobre el porvenir de México.
El asilo a Evo Morales es de las pocas decisiones de política exterior que AMLO asume como suya. En otros casos, como las acciones contra la migración para evitar aranceles a exportaciones mexicanas, aprobó propuestas de su gabinete. Pero en este caso, López Obrador parece estar convencido que Movimiento al Socialismo de Bolivia y la Cuarta Transformación están en la misma frecuencia. (Antonio Ocaranza, El Heraldo de México, Orbe, p. 25)
En México, dos ordenamientos internacionales sustentan el otorgamiento de asilo: la Convención sobre Asilo de La Habana (1928) y la Convención sobre Asilo Diplomático (Caracas, 1954). La legislación lo reconoce en su Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de 2011. El primer ordenamiento es de 1853 cuando México y Colombia firmaron un tratado de no extradición por delitos políticos. Nuestra tradición ha sido siempre protección a los perseguidos políticos.
La tradición también tiene como base el artículo 15 de la Constitución. México ha dado protección a personajes como José Martí, Trotsky, Rigoberta Menchú, Héctor Cámpora y el exilio republicano español y ahora a Evo Morales. Este último muy activo en redes sociales. México es parte del Tratado sobre Asilo y Refugio Político Montevideo 1939 que en su artículo 5, sobre la obligación de asilados, reza: Mientras dure el asilo no se permitirá a los asilados practicar actos que alteren la tranquilidad pública o que tiendan a participar o influir en actividades políticas. (José Óscar Valdés Ramírez, El Heraldo de México, Opinión, p. 21)
El golpe de Estado perpetrado en Bolivia nos hace reafirmar las palabras de Boaventura de Sousa Santos: esto es un acto más de colonialismo en la continuidad de una larga y dolorosa historia de opresión, violencia y supremacía racial y religiosa.
Por eso mismo se debe destacar y celebrar la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador y del Canciller Marcelo Ebrard Casaubón al brindarle asilo político a Evo Morales Ayma. México, históricamente, ha actuado bajo este noble parámetro.
El asilo es un derecho humano inquebrantable que México siempre ha sabido disponer en tiempos difíciles; es una de las tradiciones más humanas de la diplomacia mexicana. (Geovanna Bañuelos de la Torre, El Sol de México, Análisis, p. 19)