Luego de la reunión de los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la APEC, el gobierno de México recibió el agradecimiento de la Casa Blanca por las “efectivas operaciones de contención” migratoria que realizan autoridades de nuestro país, con el despliegue de 32 mil 150 elementos federales, según el último informe oficial de México.
Sin embargo, siempre hay un lado B de la historia…
El colectivo de Monitoreo–Frontera Sur, en colaboración con la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), Alianza Americas, Ayuda en Acción de México y HIAS México, realizaron una misión de observación de Derechos Humanos en Tenosique, Tabasco, con el objetivo de documentar y visibilizar la situación de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional en el corredor migratorio selva en Guatemala, Tabasco y Chiapas. A partir de ello identificaron lo siguiente:
“La militarización de esta región del país tiene una estrecha relación no sólo con la contención de la migración, sino también con la instalación y operación de megaproyectos, como el llamado Tren Maya.
“En la ruta migratoria El Ceibo-Tenosique-Villahermosa existen nueve retenes. En éstos hay presencia de elementos del Ejército, Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración. Se anuncian como ‘espacios de rescate humanitario’, eufemismo que busca ocultar las acciones de detención, intimidación, criminalización y violencia que se cometen de manera constante en contra de las personas migrantes en estos puntos de control migratorio. Asimismo, las autoridades impiden que las personas utilicen transporte público o privado para trasladarse por las rutas migratorias, obligándoles a caminar hasta Villahermosa”.
En el informe, este colectivo denuncia que se utilizan estereotipos étnicos o raciales para detener a las personas y eso obliga a los migrantes a utilizar rutas controladas por grupos criminales, donde son víctimas de delitos como robos, extorsiones, secuestros y agresiones físicas.
“Los procedimientos de acceso al derecho a la protección internacional están deliberadamente burocratizados por las autoridades para dilatarlos al máximo y orillar a las personas a desistir de ellos. El INM se niega recurrentemente a recibir las solicitudes de refugio de las personas que se presentan en el puesto fronterizo de El Ceibo; cuando las personas son acompañadas por organizaciones, hacen más lentos los procesos, los amenazan con llevarlos por largos periodos a detención; e incluso, una vez que las solicitudes son admitidas y las personas llevadas al Centro de Asistencia Social (CAS), les aconsejan no recibir la asesoría legal de las organizaciones”, denuncian los observadores.
Otra realidad de la estrategia de contención, tan aplaudida por Estados Unidos, es la separación familiar, una práctica constante que lleva a las mujeres y niños al CAS de Tenosique, mientras que a los hombres los trasladan a la Estación Migratoria de Villahermosa.
“Aunado a ello, y a pesar de lo establecido en la Ley de Migración sobre la prohibición para detener a niñas, niños, adolescentes y sus familias, se identificó que el CAS de Tenosique opera como un centro de detención”.
Las personas que son detenidas en diferentes puntos del centro y norte de México, son trasladadas a la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, y puestas en libertad con un oficio de salida para que abandonen el territorio mexicano por la frontera sur. Estrategia que tiene muy contento a Biden, porque las acciones de repatriación de personas que entran de manera ilegal a ambos países, “son fundamentales para disuadir la migración irregular hacia nuestra frontera compartida”, según el comunicado del viernes de la Casa Blanca.
Son las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, en especial los albergues, quienes están proveyendo atención humanitaria, médica, asesoría y acompañamiento jurídico y psicosocial.
Mientras el gobierno de la 4T recibe el aplauso estadunidense por contener migrantes, son las organizaciones las que cubren las obligaciones del Estado omiso. (Fabiola Guarneros Saavedra, Excélsior, Nacional, p. 4)
Sales de tu departamento y en el pasillo encuentras dos desconocidos. Te llaman la atención, pero les consideras visitas de algún vecino. En los días siguientes les vuelves a ver, y después a otras personas diferentes.
En otra parte de la colonia, algunos inquilinos han dejado los sitios donde habitaban ante el incremento en las rentas; en su lugar llegaron otros dispuestos a pagar nuevos precios.
Ambos son ejemplos de un proceso de gentrificación consistente en la renovación de una zona urbana que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de mayor poder adquisitivo.
En la Ciudad de México ha tenido su expresión en los llamados “nómadas digitales”, extranjeros que llegaron a trabajar de forma remota y rentaron viviendas, así como en el arrendamiento a turistas que buscan opciones más económicas en lugares céntricos o cercanos a puntos de interés.
Tan solo el año pasado se expidieron más de 9 mil 500 permisos a estadounidenses para residir temporalmente en la capital nacional, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, en contraste con los cerca de 5 mil 500 de 2019.
La afluencia ha sido aprovechada por propietarios de inmuebles en plataformas como Airbnb.
Hace unos días, el Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, propuso regular las aplicaciones digitales de alojamiento, con lo que se prevé crear un Padrón de Anfitriones, al que deberán registrarse quienes renten inmuebles por esos medios e inscribir hasta tres casas, departamentos o habitaciones con el correspondiente pago de derechos.
El proyecto busca la tranquilidad de vecinos —particularmente en colonias como Roma, Condesa o Juárez— ante posibles situaciones de desplazamiento, además de evitar la competencia desigual con la industria hotelera.
La gentrificación se ha documentado desde hace más de 60 años como un proceso urbano con la llegada de nuevos pobladores y la consecuente salida de los habitantes antiguos de menores ingresos. El término surgió en el Reino Unido en la década de 1960 para referirse al aburguesamiento de algunos barrios donde los obreros fueron desplazados por personas de clase media alta.
La vivienda representa no solo el espacio donde habitamos, sino el entorno y ambiente donde nos desarrollamos, desde el cual construimos ciudadanía a partir de la identificación con quienes nos rodean.
Por idiosincrasia, las y los mexicanos somos hospitalarios, abrimos la puerta de la casa y la compartimos en expresiones como “mi casa, su casa”, cuyo alcance debe ser redefinido en una dinámica donde “casa” no es necesariamente sinónimo de “hotel”. (Salvador Guerrero Chiprés, La Prensa, Editorial, p. 6)
Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Venezuela, Nicolás Maduro, plantearon en Caracas un acuerdo con Washington por la crisis del Darién, la peligrosa selva en la frontera colombo-panameña que cruzan cientos de miles de migrantes rumbo a Estados Unidos. Petro informó que se propuso a la superpotencia un programa de humanización del éxodo mediante bonos de estabilización económica que permitan a cada familia volver a su lugar de origen, y aseguró que Colombia quiere ayudar a construir el retorno libre y voluntario de quienes han partido, pero que ello sólo será posible con el apoyo de Estados Unidos.
El líder colombiano tiene razón al señalar que la responsabilidad de atender los flujos humanos recae principalmente en Washington. Además de que su territorio es el destino de la práctica totalidad de quienes emprenden el recorrido hacia el norte, sus recursos logísticos y financieros son incomparablemente superiores a los de todos los países de la región. Tampoco puede soslayarse que el gobierno de Estados Unidos ha sido el promotor del modelo económico y de buena parte de la inestabilidad política que desde hace décadas han debilitado la capacidad de los Estados latinoamericanos y caribeños para proveer a sus habitantes de condiciones dignas de vida. El bloqueo económico contra Cuba, sus nefastas intervenciones en Haití, la imposición de la guerra contra las drogas, el respaldo a gobiernos pro paramilitares en Colombia y los incesantes intentos de derrocar a las autoridades venezolanas son sólo algunos ejemplos de cómo la Casa Blanca y las agencias de espionaje estadounidenses han provocado los éxodos que tanto alarman a su clase política y a grandes sectores de su sociedad.
Las declaraciones del político progresista se encuentran en consonancia con la postura mexicana, que ha insistido a Washington en que la crisis migratoria no puede resolverse mediante muros, barricadas, encarcelamientos masivos ni políticas de estigmatización y verdaderas cacerías humanas de personas sin documentos. En cambio, la única solución real y humanitaria a esta problemática pasa por atender a sus causas profundas, es decir, a la pobreza, la inseguridad, la exclusión, la falta de oportunidades y la precarización laboral que empujan a las personas a emprender un viaje lleno de riesgos y sin ninguna garantía de éxito. Si la administración del presidente Joe Biden desea una salida al acoso de la ultraderecha que ha tomado la migración como bandera para atizar los temores del electorado, debe respaldar iniciativas como la implementación de programas sociales estratégicos del gobierno mexicano en El Salvador, Guatemala y Honduras, los mayores expulsores de migrantes de Centroamérica.
El estrepitoso fracaso del modelo represivo de contención de los flujos humanos queda demostrado con el hecho de que sólo en los primeros lO meses de este año medio millón de personas se adentró en el Darién, una jungla tan inhóspita que la carretera Panamericana que recorre el continente de sus extremos norte a sur se corta al llegar allí. Una nueva visión que lleve a regularizar y ordenar un éxodo que “está extirpando los derechos humanos de centenares de miles de personas” es una buena idea para despresurizar la situación interna del gobierno demócrata y representa, ante todo, un imperativo ético ineludible. (Redacción, La Jornada, Editorial, p. 2)
Visados, consulados y denegados
Recuerdo haber estado en la sala de espera del consulado de Guadalajara esperando para la entrevista con algún cónsul de Estados Unidos. Cerca de cien personas nerviosas esperaban su turno, revisaban sus papeles y esperaban que no les tocara el güero del casillero tres, que siempre negaba la visa.
Los cónsules tienen poder absoluto para otorgar o denegar una visa, no hay posibilidad de réplica o reclamo. Por eso uno se juega la vida más bien el viaje, no es para tanto- en una entrevista corta en la que hay que argumentar y presentar pruebas. La contraparte consular tiene que dilucidar en unos minutos una cuestión fundamental: si el solicitante es un turista o un empresario que viaja por negocios, o si en realidad pretende quedarse más allá del tiempo de la visa.
En el caso de Estados Unidos y algunos otros países, como México, no se checa la salida, por lo que es prácticamente imposible saber quién se queda más allá del tiempo estipulado. En otros tiempos había una tarjetita que uno tenía que entregar a la aerolínea cuando salía de regreso, pero en realidad no servía para nada; luego se pusieron unas máquinas en los aeropuertos donde se tenía que escanear el pasaporte, pero tuvieron corta vida. Los funcionarios no tienen modo de controlar este asunto.
De ahí la preocupación de los cónsules por adivinar si el solicitante de la visa tiene las malas intenciones de quedarse a vivir el sueño o la pesadilla americana sin el permiso correspondiente. No obstante, los que abusan de la visa, “visa abusers”, tienen una penalidad administrativa menor que los que se aventuran a cruzar la frontera por el río o el desierto.
En el caso de la frontera mexicana, la cosa es peor, porque México no controla, ni la entrada ni la salida. Luego al interior del país hay controles, pero propiamente son aduaneros. Se dice que, a lo largo de la frontera de más de 3 mil kilómetros, los cruces en ambos sentidos son de aproximadamente un millón diarios. Entrar a México desde Estados Unidos es como cruzar de España a Portugal, es un cruce expedito. No así cruzar a Estados Unidos, donde la cola es larga y con un control estricto.
En décadas pasadas había un sistema especial para los residentes fronterizos, que tenían una “mica” o salvoconducto que no requería de pasaporte y que tenía un rango de movimiento limitado a ciertos kilómetros de la frontera. Por eso, en otras épocas a los migrantes legales que tenían mica, les decían los “micaelos”. Pero ahora ya no existe. El problema no es sólo el cruce peatonal, sino el cruce de vehículos, por los que algunos tienen un permiso especial y hacen una fila exclusiva, que se supone es expedita.
Contar con un récord de entradas y salidas es fundamental para poder saber y controlar a la población que está en tránsito y tiene una visa por tiempo limitado. Si se registra la salida de manera rigurosa, como en muchos países del mundo, se sabe inmediatamente que ese pasaporte, esa persona y esa visa están en situación de irregularidad. Lo que fue el caso de algunos de los talibanes que atacaron las torres gemelas.
Esta falta de control en la salida es también un problema para muchos migrantes legales a los que se les acusa de haberse quedado más tiempo del debido, sin tener realmente pruebas. Muchos de los turistas o viajeros que los meten al “cuartito” a esperar a que se aclare alguna duda por parte de las autoridades son simplemente sospechas del agente de que esa persona quiere quedarse definitivamente.
Para los que salen de Estados Unidos por la frontera terrestre e ingresan a México o Canadá no tienen ninguna posibilidad de demostrar que salieron en tiempo y forma. Tampoco lo pueden demostrar con el sellado de pasaporte, porque en la frontera a México hay libre tránsito. Para México esto no supone un problema, porque son muy raros los casos de que algunos quieran ingresar a México y permanecer de manera ilegal o adentrarse en el territorio.
Son raros los casos, pero muchos considerados delincuentes en Estados Unidos se refugian en México sin problema y no hay registros de nada, ni la entrada en México ni la salida de Estados Unidos. Igualmente muchos delincuentes en México no pueden ser detectados cuando salen del país, lo que es el caso de muchos políticos corruptos.
Pasa igual con los coches robados en Estados Unidos, que pueden circular libremente en la frontera mexicana. De igual modo, con los coches robados en México que pueden circular en el otro lado.
¿Qué impacto y consecuencias tendría controlar las salidas y entradas en la frontera mexicana? ¿Qué consecuencias o ventajas tendría controlar las salidas en Estados Unidos? (Jorge Durand, La Jornada, Opinión, p. 14)
Con motivo de sus 75 años, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha organizado una serie de eventos y conferencias actuales además de interesantes. El martes pasado le tocó el turno a la reconocida filósofa española Adela Cortina, quien abordó un tema central de nuestro atribulado tiempo, el nuestro y el de todos: “Migraciones, aporofobia y los retos éticos para la humanidad: Reacciones ante la migración en América Latina y el Caribe”. Abogó por una “democratización” de todos los países que lleve a la progresiva construcción de una sociedad y una justicia globales. Apuntó que “la meta es que en el siglo XXI acabemos no sólo con la pobreza, sino también con lacras como la migración forzosa”.
Si bien ahora la migración es tema político presente en encuentros y debates, los migrantes padecen todas las restricciones posibles y los abusos más inimaginables. Esto sucede en buena parte del mundo, países que expulsan, de tránsito o de destino, cuya característica sea, quizá, el tufo xenófobo y racista. Reto y desafío mayúsculo que atañe a todos los países, ejemplo claro de nuestra interdependencia, por lo que sólo “con la colaboración de todos los países se podrá resolver”, señaló enfática la filósofa.
Es cierto que los desplazamientos humanos obedecen a circunstancias diversas, lo que no niega que entre sus causas fundamentales se encuentran los rezagos económicos y sociales, así como las contradicciones políticas que propician contextos de inconformidad y deterioro social; vulnerabilidades y violencias que hacen las veces de expulsores humanos. Entre nosotros, el tema migratorio cada vez cobra mayor presencia, y no lo es debido a un correcto manejo; de hecho, ha llegado a tomar la forma de tragedia; ahí está el doloroso infierno registrado en la estación migratoria de Juárez, trágica y descarnada evidencia de nuestros desastres nacionales: incapacidades políticas e institucionales para ofrecer mínimas condiciones de bienestar y respeto a los derechos humanos. En los hechos, insensibilidad ante el dolor y el sufrimiento del otro.
Poco a poco, ya no sólo son nuestras ciudades y pueblos fronterizos los cotidianos testigos del flujo incesante y caótico, de una masa humana vulnerable y vulnerada por la presencia ominosa de una suerte de doble poder: la creciente presencia y control de los grupos de violencia criminal, así como la ineptitud y corrupción de las instituciones policiales y de justicia, en buena medida derivada de años de nulidad de los gobernantes y falta de visión para comprender el abigarrado fenómeno migratorio.
Nuestra época es testigo de una movilidad humana sin precedente. El mundo no había experimentado tal volumen y velocidad en el intercambio de bienes, capitales, ideas y personas, virus y amenazas dinámicas que, a querer o no, nos reclaman forjar visiones interdependientes, globales. Por un lado, algunas regiones avanzan hacia diferentes maneras de integración; por otro lado, asistimos al “(re)brote” de guerras y conflictos, exclusiones y militarización de fronteras, a la construcción de nuevos muros y claraboyas, al despliegue de sofisticados, y no tanto, dispositivos de vigilancia en aras de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas y la inmigración ilegal. Es por todo esto que las reflexiones a las que nos convoca Adela Cortina convergen hacia un punto crucial, definitorio: que ninguna persona se vea obligada a emigrar porque no haya condiciones en su país para llevar una vida digna.
En tanto, como menciona en su más reciente libro (Etica cosmopolita, Paidós, 2021), por primera vez en la historia el género humano se ve confrontado con retos universales: no bastan, entonces, aunque sean necesarias, las normas y costumbres morales de los niveles micro de las sociedades; es necesaria, por primera vez en la historia, una ética para el macronivel, que se haga cargo de los fines comunes de la humanidad: una ética cosmopolita. “Marchar hacia una sociedad cosmopolita”, como afirma la filósofa, para que “nadie se viera obligado a marchar de su país”. Buena conseja que deberíamos tomar en cuenta al pensar en remiendos y reformas de nuestra República. Lo mismo tendremos que hacer al desplegar nuestros principios de política exterior que, de época en época, han hecho a nuestro país merecedor del aprecio y reconocimiento de propios y extraños por su hospitalidad.
Si de reconstruir la República se trata, poner por delante a esta ética cosmopolita es compromiso obligado. Pero para hacerlo, es indispensable hacernos cargo ya de nuestros déficit éticos, que irrumpen cuando la migración se implanta a todo lo largo y ancho de nuestra geografía. Su centralidad no requiere de hipérbole alguna; tan sólo de abrir los ojos y con ellos el alma. Si es que algo de eso nos queda. (Rolando Cordera Campos, La Jornada, Opinión, p. 12)

(De La Torre, Excélsior, Nacional, p. 10)