La aparición de 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas nos recuerda lastimosamente los riesgos y la desprotección a la que se enfrentan los migrantes centroamericanos al transitar por México en su camino hacia Estados Unidos. Al momento de escribir este artículo sólo se han identificado cuatro cadáveres y se ha confirmado que dos de ellos eran guatemaltecos. Más allá de que se identifique plenamente y hasta donde el estado de sus cuerpos lo permita, no me queda ninguna duda de que esta masacre está vinculada al paso de migrantes centroamericanos por territorio mexicano, cuyo control se ha cedido al crimen organizado.
El tema no es nuevo ni desconocido, basta recordar la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. Vaya que se ha escrito al respecto, de hecho, además de trágico es relativamente simple.
En algunas naciones de Centroamérica, principalmente en El Salvador, Honduras y Guatemala, una parte importante de su población está dispuesta a todo para llegar a Estados Unidos. No se trata únicamente de buscar mejores condiciones de vida, es mucho mas grave, es para sobrevivir o reunirse con los padres o hermanos. Si usted o yo estuviéramos en las mismas condiciones, haríamos lo mismo.
Ni siquiera el argumento de los riesgos al transitar por México; de que les robarán todas sus pertenencias o la certeza de que las mujeres serán violadas, desanima a los migrantes. Por una sencilla razón, porque todo eso ya lo tienen en sus lugares de origen. Irse, por lo menos alimenta la esperanza de que al llegar a Estados Unidos terminará la pesadilla que ha sido sus vidas, empeoradas por el tránsito por México.
Desde hace mas de 25 años se ha demostrado que las políticas de control rígido del tránsito de migrantes no resuelven nada, al contrario, dan lugar a que busquen alternativas para llegar a su destino. Una de esas, la más inmediata y utilizada, es la de recurrir a coyotes, pateros, guías o polleros que los guiarán en su paso por la frontera o por donde tengan que transitar.
El problema en México es que se ha demostrado ampliamente que esos personajes tienen relación directa con autoridades locales y de migración a quienes corrompen y con quienes en la práctica son dueños de esos territorios, el crimen organizado vinculado al narcotráfico.
El proceso tiene un componente adicional. Todos estos actores negativos saben que alguien está financiando a los migrantes, ya sea familiares en sus lugares de origen o en Estados Unidos o ambos, quienes están dispuestos a pagar grandes cantidades de dólares por ellos, para que los liberen o los dejen pasar. Si el dinero no llega, a manera de recuperación de inversión, a las mujeres se les prostituye y a los hombres se les incorpora a las actividades del crimen organizado, donde son presa fácil de grupos enemigos. Todo eso se sabe desde hace mucho tiempo.
Tan se sabe, que en la práctica hay negocios formales que aprovechan este mercado. Líneas aéreas y de autobuses con rutas expresamente pensadas en los migrantes centroamericanos, restaurantes, hoteles y negocios que reciben envíos de dinero.
Nada de eso empezó con el actual gobierno mexicano, pero si empeoró. Primero porque se recurrió a leales, oportunistas e inexpertos funcionarios como responsables del Instituto Nacional de Migración que tiene mucho que ver con el estado actual de las cosas, segundo porque derivado de esa inexperiencia, primero se abrió la puerta para el paso de centroamericanos sin predecir la reacción de Estados Unidos, particularmente en la etapa Trump.
Después, y atendiendo a las instrucciones del presidente estadunidense, al cerrar la puerta abruptamente y controlar de manera rígida el paso de centroamericanos, los empujaron hacia las organizaciones criminales. Y si a los migrantes no se les deja pasar, un alto porcentaje de ellos busca cómo y por dónde. Para muchos, el regreso a sus lugares de origen no es opción.
Por si esto fuera poco, las organizaciones civiles que por lo menos ayudan a paliar la gravedad del tema proporcionando ayuda a los migrantes en su paso por México y presionando a las autoridades locales y federales, hoy son satanizadas por el gobierno o bien se han convertido, como el padre Solalinde, en un aplaudidor más.
Nadie dice que la solución sea fácil, pero la salida de Donald Trump del escenario representa una oportunidad. (Jorge Santibáñez, La Jornada, Opinión, p.16)
El mes pasado, fueron hallados 19 cuerpos calcinados de migrantes en la frontera norte, en Camargo, Tamaulipas. Hasta ahora, se han identificado 16 víctimas, 14 de ellas de origen guatemalteco, y dos de origen mexicano. De acuerdo con los gobiernos, federal y locales, se sigue investigando este hecho, con al menos 12 policías estatales detenidos y ocho funcionarios migratorios separados de sus cargos. Sin embargo, esta atrocidad no es un caso aislado. Durante la presente administración, la política migratoria se alejó aún más de la protección y defensa de los derechos de los migrantes, militarizando las fronteras y generando una crisis humanitaria.
Antes del inicio de la actual administración federal, el equipo del presidente López Obrador planteó una política migratoria enfocada en el respeto de los derechos humanos y en el desarrollo socioeconómico de la región sur del país y de Centroamérica, para reducir el desplazamiento de personas en las fronteras. Incluso, se ofreció recibir a los migrantes “con los brazos abiertos”. Fue mentira. Las presiones de Donald Trump convirtieron a nuestras Fuerzas Armadas, disfrazadas o no de Guardia Nacional, en policía migratoria de Estados Unidos y a la frontera con Centroamérica, en su anhelado muro fronterizo.
Además, en los hechos, México aceptó ser “tercer país seguro”, lo que ha significado que los miles de migrantes que son deportados y quieren esperar una audiencia migratoria, se quedan en México en condiciones deplorables.
Ante estos sucesos, el gobierno mexicano decidió no hacer nada más, dejando que los coyotes y los traficantes de personas sigan impunemente operando y encareciendo “el servicio”. Hace poco se dieron a conocer, en Animal Político (1° de febrero), algunas entrevistas sobre la realidad de los migrantes durante estos dos años, dando cuenta del infierno que muchos de ellos tuvieron que vivir en su tránsito migratorio, maltratados e incluso secuestrados por organizaciones delictivas; ahí señalan también casos de asesinatos. Esta crisis humanitaria se agravó con la pandemia. Estados Unidos decidió cerrar su frontera, y los albergues y estaciones migratorias en México han permanecido saturados, convirtiéndose en centros de infección.
A más de dos años de la actual administración, hay una deuda pendiente con los migrantes. No sólo no se les recibió con los brazos abiertos, sino que se agravaron y llevaron al extremo los peores rasgos de una política migratoria que oscila entre la indolencia y la represión. Un país de migración, como es México, se ha convertido en un ejemplo internacional de hipocresía en materia migratoria. Incluso en el discurso presidencial se sigue escuchando que este gobierno es el que “más protege los derechos humanos”. Y lo dice después de haber desaparecido del mapa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y después de haber dejado sin presupuesto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Lo dice mientras continúa militarizando al país, sin pausa ni recato. Del Instituto Nacional de Migración, poco hay que comentar; depende formalmente de Gobernación, una Secretaría fantasma, y en los hechos es manejada… sí, adivinó usted, por militares.
La llegada de Joe Biden abre la oportunidad de un cambio. No, desde luego, por iniciativa de un gobierno mexicano al que no le importan los migrantes, y al que no le gustan las instituciones civiles, de seguridad o de lo que sea. Sin embargo, si bien sabemos que nuestro gobierno no escucha a las víctimas, también sabemos que sí atiende a los más fuertes. Por ello, hay esperanza de que desde el norte se planteen formas más constructivas y humanas de atender un drama humano que a nadie debería dejar indiferente, y que al gobierno mexicano no le quede más remedio que escuchar.
(Colaboró Raúl Rosales)
Presidenta de Causa en Común. (María Elena Morera, El Universal, Opinión, p.10)
El martes, el gobierno de Estados Unidos anunció que a partir del jueves 19 reanudaría el trámite de solicitudes de asilo de las personas registradas en el programa eufemísticamente denominado Protocolos de Protección Migratoria (MPP, por sus siglas en inglés), más conocido como Quédate en México. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de ese país, cerca de 25 mil personas tienen casos abiertos bajo dicho esquema, creado por el ex presidente Donald Trump para obligar a todos los refugiados a permanecer al sur del Río Bravo en espera de que sus solicitudes fueran procesadas.
Las autoridades estadunidenses y las organizaciones que ofrecen albergue y apoyo legal a los migrantes han sido enfáticas en que únicamente los inscritos en el MPP podrán calificar para el asilo. Sin embargo, la noticia de que la tolerancia cero impuesta por Trump llegaba a su fin, bastó para que centenares de personas se presentaran en los pasos fronterizos o en instalaciones del Instituto Nacional de Migración con la esperanza de beneficiarse de las nuevas políticas migratorias y así culminar el largo peregrinaje hacia territorio estadunidense. Según sus propios testimonios, algunas de ellas esperan cruzar desde 2019.
En Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros y otras localidades limítrofes, se sucedieron escenas de personas que enfrentaron el frío glacial que azota a la región con tal de externar su desesperación y buscar un resquicio en las todavía herméticas disposiciones migratorias estadunidenses que les permita reunirse con sus seres queridos, aliviar su acuciante situación económica o ponerse a salvo de la violencia que amenaza su integridad física y patrimonial. Así ocurre en casos como el de Alexa, una mujer de Guerrero que llegó a Mexicali hace seis meses, después de que a su marido lo sacaran de su casa y lo asesinaran. Historias como ésta se repiten entre migrantes provenientes de Honduras o El Salvador, naciones que enfrentan los índices de violencia más altos a escala mundial; pero también se hace presente la desazón de quienes abandonaron sus regiones de origen por la falta casi total de medios de subsistencia. (La Jornada, Editorial, p.2)
Por la atracción que ejerce la economía de Estados Unidos y el espejismo de sus oportunidades de progreso, prácticamente personas de todo el continente americano, e incluso de otras regiones del planeta, se movilizan por su geografía con destino a la potencia norteamericana.
Sin embargo, la pandemia de Covid-19 que enfrenta el mundo y los esfuerzos de cada país para inmunizar a sus ciudadanos ahora que ya hay vacunas disponibles, ha hecho que los migrantes caigan en una especie de limbo en el que no están considerados para ser inoculados pero que, no obstante, serían por su naturaleza uno de los grupos de mayor riesgo de propagación de la enfermedad y quienes, sin proponérselo, podrían hacer fracasar los planes de cada gobierno para atajar la expansión y permanencia del virus en sus territorios.
Es la advertencia que en la edición de hoy de este diario hace un epidemiólogo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quien alerta sobre la necesidad y vital importancia de incluir en las campañas de vacunación a los millones de migrantes que se desplazan por el territorio americano, y de colocarlos en un estatus especial en el que no se les exija documentación alguna, ya que muchos de ellos carecen de ella. (El Universal, Editorial, p.10)
Compartiendo una frontera de más de 3,200 kilómetros con los Estados Unidos, nuestro vecino país del norte no sólo es nuestro socio comercial más importante, sino también el principal destino de los migrantes mexicanos y del resto del continente. México ocupa el segundo lugar mundial en emigración, con 11.8 millones de personas, sólo detrás de India.
A poco más de un mes de haber asumido la presidencia del país más poderoso del mundo, Joe Biden enfrenta grandes retos. El fenómeno de la migración irregular de miles de personas de origen latinoamericano que buscan llegar a suelo estadunidense en busca de mejores oportunidades de vida, es uno de los más importantes.
Durante su campaña presidencial, Biden prometió revertir muchas de las medidas migratorias impuestas por Trump e impulsar una nueva reforma migratoria al llegar a la Casa Blanca y ya envió la iniciativa al Senado, donde se pronostica que enfrentará una férrea resistencia por parte de los republicanos.
La reforma pretende beneficiar a 11 millones de migrantes indocumentados y regularizar su situación en ocho años. De igual forma, busca extender el programa de acogida de los refugiados, así como facilitar el acceso de los jóvenes llamados dreamers —que suman cerca de 700 mil en toda la Unión Americana— a una residencia permanente y de manera eventual, la obtención de la ciudadanía.
El tema de los migrantes es muy relevante para los mexicanos y su gobierno. Las remesas enviadas por nuestros paisanos son vitales para la viabilidad de nuestra economía, ya que en el año 2020 fueron la segunda fuente de ingresos más importante —con más de 40 mil millones de dólares— superando a la venta de petróleo, la inversión extranjera y el turismo. Y para este año se estima que habrá un incremento de 8.4 por ciento.
Para analizar el complejo panorama migratorio en los Estados Unidos, la Facultad de Derecho y la Dirección de la UNAM en Chicago organizaron esta semana un conversatorio con Kalman Resnick, reconocido abogado experto en temas de migración de gran reconocimiento internacional. (Raúl Contreras Madrigal, Excélsior, Opinión, p.14)