México es un país de tránsito para miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos. Aunque el tema migratorio ya es añejo en la agenda bilateral, el inicio de la actual administración de Donald Trump plantea nuevos retos y escenarios. Uno es la exigencia en torno a la vigilancia y la detención-contención de los migrantes, pues conlleva efectos directos en los riesgos de ese tránsito.
Investigaciones periodísticas han documentado que el ingreso que representan los migrantes para los grupos criminales es de entre 70 y 100 millones de dólares tan sólo en el estado de Chihuahua. La migrante es una población en disputa para criminales que operan en la entidad, pero que también están presentes en otros puntos del territorio nacional. La vulnerabilidad de adultos y niños es más profunda cuando se encuentran en situación de calle, sin espacios que garanticen seguridad mínima.
En este escenario, una dimensión clave del proceso migratorio es la de las redes de solidaridad que se articulan para acompañarlos. La empatía que empuja esa solidaridad se forja dentro de las mismas comunidades en movilidad o entre quienes permanecen en los espacios por los que transitan los migrantes y constituyen piezas claves en esa migración. Ejemplos de solidaridad con quienes migran, que dignifican y visibilizan la movilidad, son parte de nuestra historia reciente, como es el caso de Las Patronas, cuyo apoyo ha resultado vital en el paso de los migrantes por el sur del país, proporcionando agua, alimentos y revitalizando su esperanza. Otro ejemplo es el de la Pastoral de la Movilidad, de la Iglesia católica, que acoge, protege e integra a migrantes y los acompaña en sus desplazamientos en ciudades de México a través de Casas del Migrante.
La Casa del Migrante San Agustín es parte de la Pastoral de la Movilidad. Abrió sus puertas en 2019 y desde entonces ha atendido a 30 mil 835 personas. En estas 30 mil 835 historias se cuentan las de familias desplazadas tanto nacionales como extranjeras, personas en busca de asilo y refugio, deportados, migrantes internos y trabajadores temporales.
Casa San Agustín, como le decimos con cariño quienes de alguna forma estamos involucrados con su funcionamiento, se sostiene desde su apertura con trabajo voluntario, donaciones en especie y efectivo, que pueden ser deducibles de impuestos. Ocasionalmente, ha recibido apoyos de organismos internacionales, como el de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que permitió habilitar ocho duchas. Apoyos claves, como éste, se encuentran cancelados debido a la crisis generada por la suspensión de la ayuda humanitaria estadunidense a pocos días del inicio de la gestión de Trump. Pese a estos reveses, Casa San Agustín es un espacio de hospitalidad y acompañamiento para migrantes, que se estableció, ha crecido y opera con la solidaridad de sus redes de apoyo.
La empatía hacia adultos y niños migrantes tiene detrás una enorme red de recursos invisibles que se consolidan a partir del trabajo voluntario, el tiempo, los cuidados y autocuidados, pero también recursos económicos y el interés de quienes desde la sociedad civil suman para albergar a quienes se encuentran en movilidad, sin importar origen étnico, nacionalidad o creencias. Ya sea la ayuda monetaria para la repatriación; el otorgar un lugar seguro para dormir o tomar un baño; una muda de ropa y un par de zapatos para continuar el trayecto; atención médica; pero, también, una red de empleo para que la vida sea viable cuando se ha tomado la decisión de hacer de algún sitio de México algo más que un lugar de tránsito.
En la historia reciente de la migración en el corredor Ciudad Juárez-Chihuahua pesa la memoria del lamentable e indignante deceso de 40 personas en mayo de 2023, dentro de la sede del Instituto Nacional de Migración. No desestimamos el papel del gobierno mexicano para reducir los impactos de la agudización de la crisis migratoria y las sanciones que siguieron a ese terrible acontecimiento, pero deseamos visibilizar la importancia de los espacios que se han posicionado como sitios seguros para los migrantes, sirviéndoles para construir estrategias de tránsito menos riesgosas. Así y como contrapunto a tan lamentable hecho, en ese corredor, Casa del Migrante San Agustín construye esperanza y confirma la noción de que la solidaridad trasciende fronteras.
Los interesados en conocer más sobre la labor de la Casa y el proyecto de la Pastoral de la Movilidad pueden comunicarse al teléfono 61-4688-4712, con Linda Flores o Rocío de las Casas.
Irina Córdoba Ramírez, del Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, y Ariel Mojica Madrigal, del Centro de Estudios Rurales, El Colegio de Michoacán, forman parte del consejo de la Casa del Migrante San Agustín. (Felipe Ávila, La Jornada, Opinión, p.14)
El 16 de febrero de 2023 la prensa de Guerrero informó de la salida de un grupo de 50 ciudadanos guerrerenses que habían iniciado un viaje de capacitación agrícola al estado de Jalisco, y que fueron reclutados por la empresa Big Force Academy como parte del programa “Raíces Mexicanas Floreciendo en Estados Unidos”.
Esas 50 personas procedían de diversos municipios del estado: Chilpancingo, Pungarabato, Leonardo Bravo, Ayutla, Eduardo Neri, Ometepec, Ajuchitlán del Progreso, Zihuatanejo, Tecoanapa, Iguala, Huamuxtitlán, Heliodoro Castillo y Alpoyeca. Según la información, habían cumplido con todos los requisitos para trabajar en los campos de Orlando Florida.
Esos ciudadanos habían sido convocados por las autoridades municipales de Chilpancingo, Cocula, Huitzuco, Teloloapan y Acapulco. Les habían ofrecido un aprendizaje de medio año “en materia de producción del campo”, “estancia pagada” en el sitio de su aprendizaje, un sueldo de entre mil 650 y ocho mil pesos durante los meses de la capacitación, y finalmente una visa temporal de trabajo H2A.
Los despidieron en el comedor de la Universidad Autónoma de Guerrero, en presencia de autoridades municipales y funcionarios universitarios, entre otros, José Betancourt Villa, coordinador de Cooperación Internacional de la UAGro, a través de cuya oficina se realizó el convenio con Big Force Academy.
La autora de la relación entre autoridades de Guerrero y Big Force Academy fue la controvertida alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López (involucrada, por cierto, en la desaparición hace tres años de dos marinos que indebidamente fueron enviados como escoltas del entonces senador morenista José Narro).
Según declaró Betancourt Villa tiempo después, durante una gira de trabajo por Florida, Abelina López constató “las buenas condiciones de trabajo que tenían jornaleros agrícolas en Plant City” y decidió poner en marcha un programa para llevar a aquel lugar a jornaleros agrícolas de Guerrero.
La UAGro “coadyuvó” a que el convenio “de migración segura, humana, regulada y humana” se llevara a cabo con la participación, para empezar, de los ayuntamientos de Cocula, Tecoanapa, Chilpancingo y Acapulco.
En esos días, al menos 100 trabajadores fueron reclutados en oficinas municipales de Guerrero, durante un proceso en el que tomaron parte la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y el consulado de México en Orlando.
Tengo en mi poder la lista con los nombres de los jornaleros. La mitad saldría rumbo a Lagos de Moreno, a cargo de la empresa agrícola Sun Berries, S.A. de C.V., y la otra mitad viajaría a Medio Sitio, Guanajuato, a cargo de la empresa Agrisar.
De acuerdo con un testimonio dado a conocer ayer por la periodista Azucena Uresti en su programa de radio, brindado por uno de los jornaleros que fueron reclutados en Chilpancingo, al menos uno de esos grupos —parece que el segundo— fue llevado sin su conocimiento a un rancho —afirma él que al Izaguirre—, en el que medio centenar de trabajadores fueron engañados, privados de la libertad y explotados por la empresa que los contrató.
Relató el trabajador que todos viajaron confiados, porque en el proceso de reclutamiento habían participado autoridades. Dijo que les obligaron a firmar un contrato en el que se les obligó a trabajar durante un año, y que desde el principio les comenzaron a exigir la entrega de “cooperaciones”.
¿Fue el rancho Izaguirre, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de un campo de entrenamiento y exterminio, y en el que la Fiscalía General de la República acaba de confirmar la existencia de osamentas y cerca de 1,500 prendas abandonadas? En su testimonio, el trabajador relata que dos compañeros que salieron accidentalmente del rancho fueron agredidos de manera salvaje por hombres armados, que llegó “la policía municipal y la Guardia Nacional y que los hombres armados se retiraron…”, y que fue entonces cuando los trabajadores pudieron entrever la realidad del sitio en que se encontraban.
Hace dos años, cuando algunos lograron salir y las primeras denuncias aparecieron, la entonces presidenta de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, declaró que los ayuntamientos solo habían colaborado con la Universidad Autónoma de Guerrero “para cubrir la cuota de trabajadores”. La Secretaría del Trabajo declaró que los jornaleros habían sido reclutados por los ayuntamientos, y la UAG sostuvo que solo había “coadyuvado” de “buena fe” para “dar una alternativa de migración segura”.
No se volvió a tocar el tema hasta que estalló el escándalo del rancho Izaguirre. Sin embargo, en estos días se han vuelto a difundir convocatorias en diversos municipios —Cocula, Iguala, Chilpancingo—, dirigidas “a varones de 18 a 40 años” que deseen ser reclutados por Big Force para obtener la visa H-2A.
De nueva cuenta, la UAG figura entre quienes andan promoviendo esas jornadas: enviar personas que prácticamente serán esclavizadas y posiblemente reclutadas por un grupo criminal.
La Fiscalía General de la República está obligada de determinar cuál fue el destino del centenar de trabajadores que hace dos años salieron rumbo a Guanajuato y Jalisco. Existe una lista con sus nombres. (Héctor De Mauleón, El Universal, Online)
En los últimos días, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha marcado una diferencia considerable con su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en comparación a la forma de abordar las crisis nacionales. Desafortunadamente, algunos integrantes de Morena, que piensan que aún están en el 2018, han distorsionado la narrativa.
Los matices entre Claudia y AMLO cada vez son más evidentes. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y las deportaciones masivas, así como los posibles aranceles de 25%, el gobierno de la Presidenta ha demostrado que estos temas no se tomarán a la ligera, ni en la comunicación y mucho menos en las acciones.
El gobierno federal, de la mano con los estados fronterizos, instaló albergues a los cuales los connacionales pueden llegar y recibir asesoría. El plan México te Abraza fue creado especialmente para abordar las políticas migratorias de Trump. Ofrece la tarjeta del Bienestar Paisano, con la que los migrantes obtienen dinero para regresar a sus estados de origen de forma rápida y segura, y además pueden incorporarse a todos los programas del Bienestar.
Por el lado de los aranceles, con el Plan México, la mandataria y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, han reforzado su compromiso en apoyo a las empresas mexicanas. Ante el nuevo orden que tendrá el comercio internacional, Ebrard señaló que “se debe aumentar la participación, apoyar a las empresas mexicanas, acelerar la innovación y facilitar el financiamiento, todo esto de la mano con la sociedad en el consumo local”.
Las medidas migratorias y los aranceles han sido justificadas por Trump, como una consecuencia de los supuestos nexos del gobierno con el crimen organizado. Sheinbaum Pardo ha respondido con mano firme contra los cárteles de la droga. En coordinación principalmente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la estrategia de seguridad ha dado, como nunca antes se ha visto en tiempos de la 4T, duros golpes al crimen organizado. Acciones como la extradición a EUA de 29 capos mexicanos, la incautación de toneladas de fentanilo, el desmantelamiento de laboratorios de drogas, además de miles de detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego en todo el territorio nacional, han dado pie a reconocimiento de personajes del gobierno estadounidense.
Claudia no es “ya saben quién”. La narrativa de algunos de Morena que sólo ven por sus intereses y hablan al azar, no definen al gobierno de la morenista. La Presidenta ha sido clara en que su sexenio no será manchado o distinguido por ninguna tragedia.
El reciente hallazgo del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, donde la misma presidenta ha pedido que sea el gobierno federal quien se encargue, a través de la Fiscalía General de la República que dirige Alejandro Gertz Manero, es el claro ejemplo de que no existirán verdades a medias, pero sobre todo, un llamado a perfiles del partido guinda de que las cosas ya no son como con AMLO, donde llamar a opositores carroñeros, y desacreditar a buscadores, no es defender a la Presidenta, es afectar sus capacidades y acciones de trabajo. Que el mensaje llegue a las dos Cámaras y hasta Francia. (Laura Puente, El Heraldo de México, País, p. 12)
Las políticas de Trump dirigidas a ofender, castigar, anular, humillar, amenazar y burlarse de “aliados” y adversarios por igual va a un paso tan acelerado que no puede corregir sus abundantes falencias unilaterales ni darle espacio a la multipolarización en curso en aras de un supuesto proyecto proteccionista y aislacionista para hacer “América grande otra vez”.
Trump no construye un nuevo consenso. La incapacidad de manejar los recursos de poder, la falta de empatía, el hacer que las grandes decisiones que dice estar tomando con la noción mesiánica de venir a salvar al EU anglosajón excluyendo al resto, en favor de una élite de multimillonarios egocéntricos que llegan a hacerse aún más ricos, son más bien elementos para la catástrofe, parte de un proceso de evidente e inocultable decadencia hegemónica.
En entrevista de Rompeviento, Fernando Buen Abad, autor de Crónica de unos aranceles anunciados, señala: “Me preocupa la utilización ideológica de la petulancia imperial, el desparpajo, la desfachatez en la conducta de Donald Trump …para normalizar, por la vileza con que esto se instala, el maltrato y la humillación” (13/3/25).
Si la política de aranceles sirve para presionar a México lo cierto es que el manejo nacional de la electricidad y los combustibles fósiles, así como de las principales vías de comunicación, incluyendo las férreas, son esenciales a la soberanía nacional para oponerse a arreglos comerciales inadmisibles como el T-MEC.
Los aranceles no son la única vía de presión. Refiriéndose a México dijo Trump ante el Congreso de EU: “Caballeros (sic), el territorio inmediatamente al sur de nuestra frontera (sic) está dominado enteramente por cárteles criminales que asesinan, violan, torturan y ejercen un control total .Tienen el control total de la nación (sic) lo que supone una grave amenaza para nuestra seguridad nacional.
Los cárteles están haciendo la guerra a EU y es hora de que EU haga la guerra a los cárteles” (estruendosos aplausos ) (El Grand Continent, 5/3/25). A la amenazante diatriba contra México, se suman expresiones unipolares, como la política hacia los migrantes con la cual estos son criminalizados, deshumanizados e ilegalmente sacados del territorio estadunidense para ilegalmente mandarlos a virtuales campos de concentración tanto en Guantánamo como en El Salvador.
La deportación de 230 venezolanos (137 acusados sin evidencia –salvo los tatuajes que tienen algunos– de pertenecer al grupo delincuencial llamado Tren de Aragua) hacia la cárcel de máxima seguridad para terroristas Cecot, en El Salvador –que tiene fuertes acusaciones de violación de derechos humanos, tortura y confinamiento extremo– en el marco de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, prevista para tiempos del guerra (cuando no hay guerra con Venezuela), generó una confrontación del gobierno trumpista con el Poder Judicial.
El juez federal James Boasberg ordenó la suspensión de tal medida para determinar su legalidad, pero aunque el gobierno señaló que no hubo desacato, el llamado zar de la migración, Thomas Homan, declaró no importarle lo que dijeran los jueces. (France 24, 18/3/25).
El envío de migrantes a la base militar de Guantánamo, Cuba, buscando encarcelar hasta 30 mil personas plantea graves problemas legales. Jorge Contesse, de la Rutgers Law School, señaló que la decisión gubernamental es al menos difusa: al no ser territorio “técnicamente hablando” de Estados Unidos (es territorio de Cuba) sirve para no dar protección legal a quienes tendrían acceso a la misma estando en territorio de EU.
Se suma una cierta cuota de crueldad ya que Guantánamo tiene fama de ser un espacio donde se han cometido violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional. Pero ¿qué gana Bukele ofreciendo “un Guantánamo centroamericano” a Trump?, como dice BBC Mundo.
Dinero, se habla de 6 millones de dólares por mantenerlos durante un año, “renovable”, en el Cecot. La otra cara de la moneda es la explotación de la mano de obra confinada “lo que ayudará a que nuestro sistema penitenciario sea autosostenible”, explicó el mandatario. El trato de presos por dinero lo cerraron Bukele y el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, cuando este último visitó El Salvador el mes pasado.
“Es un acuerdo sin precedente, el más extraordinario del mundo”, lo describió entonces el jefe de la diplomacia de EU, añadiendo que El Salvador se había ofrecido a recibir a “criminales peligrosos” que estuvieran bajo custodia o cumpliendo condena, “incluso si son ciudadanos estadunidenses o residentes legales” (BBC Mundo, 18/3/25). Estamos entrando al eje fundamental de una crisis política y económica que tiende a profundizarse tanto dentro de Estados Unidos como hacia afuera, emergiendo contradicciones geopolíticas en una coyuntura de alta complejidad. (John Saxe-Fernández, La Jornada, Economía, p. 16)
Es claro para todo mundo que en el contenido de los decretos con los que gobierna Trump a Estados Unidos, la verdad es lo de menos; no importa que lo que se le haga creer a la gente sea cierto o no, lo único que cuida el presidente es que los destinatarios oigan cosas que sean compatibles con sus creencias y temores.
Trump es muy bueno en eso de crear un enemigo imaginario que parezca muy peligroso, para presentarse como salvador con poderes que le permitan atropellar derechos humanos, acuerdos internacionales, derechos económicos y al propio sistema judicial estadounidense.
Un ejemplo es el de los aranceles que el presidente amenaza con imponerle a las importaciones que EU haga de México, Canadá y China; para justificarlos elaboró la gran mentira que fue su declaración, en enero pasado, de una “emergencia” en las fronteras sur y norte por las operaciones de cárteles que trafican drogas, particularmente fentanilo, y migrantes sin documentos.
Qué importa que entre 2019 y 2024, según estadísticas oficiales de EU, cuatro de cada cinco personas detenidas en los cruces fronterizos por transportar fentanilo eran ciudadanos estadounidenses.
Qué importa que la introducción de drogas y migrantes con la participación abrumadora de autoridades y civiles estadounidenses, nada tenga que ver con la racional de impuestos al comercio exterior.
¿Se trata de presionar a los gobiernos de México, Canadá y China para que frenen el trasiego de fentanilo? Si fuera eficaz destinar a diez mil elementos de la Guardia Nacional a detener narcotraficantes y migrantes, los adictos y la economía estadounidenses estarían temblando.
Lo que hay detrás de la “emergencia” fronteriza y las amenazas de imponer aranceles es, como el propio Trump lo ha reconocido, el propósito de su gobierno de obligar a las grandes industrias que operan en México, Canadá, China y cualquier otro país, a trasladar sus fábricas a Estados Unidos.
Para conseguirlo, a Trump tampoco le ha importado saltarse la constitución estadounidense conforme a la cual, el Congreso es el único poder con atribuciones para intervenir en el comercio exterior e impuestos.
Para evadir ese precepto fue que declaró la “emergencia” fronteriza, confiando en que el Poder Judicial se haga de la vista gorda —cosa que al parecer ocurrirá— y tolere que Trump se acoja a leyes federales para pasar por encima del Congreso y dictar medidas en comercio exterior y aranceles, dizque para afrontar lo que la inventiva de su declaración ha creado.
Lo malo del caso es que los decretos presidenciales que se saltan a los legisladores parecen irrefrenables ante la negativa de los tribunales a oponerse al engaño de Trump, lo que hace temer a muchos estadounidenses —y a ciudadanos y autoridades de cualquier nacionalidad— por el debilitamiento del orden constitucional de ese país.
Por más que se le busque, en lo que pudiera considerarse un plan de gobierno de Trump, predomina el propósito medular de reindustrializar a Estados Unidos como la manera de impedir el predominio de China.
Con su fanfarronería —carente de estrategia que contemple corto y largo plazos— puede causar cambios a partir de acuerdos que le produzcan algo de lo que persigue, lo que magnificará como beneficios aunque sólo sean de corto plazo, y callará acerca de la pérdida de credibilidad internacional de Washington y de la democracia y del Estado de derecho internos, además de los perjuicios económicos de mayor plazo dentro y fuera de sus fronteras.
Es el caso de los aranceles, además de que estaría violando el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), serían muy perjudiciales, tanto para Estados Unidos como para Canadá, pero sobre todo para México.
La mera posibilidad de su implantación ya detuvo algunos proyectos de inversión en nuestra economía y según la OCDE, si se concretaran nuestra economía entraría en recesión este año y el próximo, y pondría en riesgo parte de los 14.6 millones de empleos que aquí están vinculados al comercio exterior.
Desde el gobierno de Salinas de Gortari se optó por dinamizar el crecimiento de la economía mexicana a partir de las exportaciones de lo que aquí se ensamblara o maquilara, con el resultado de que tres cuartas partes de nuestro PIB dependen del comercio exterior.
Si Trump mantiene actualizadas sus amenazas —aunque no las cumpla, el daño a la incertidumbre de inversionistas estará hecho—, el gobierno de la presidenta Sheinbaum tendrá que conformar la estrategia menos perjudicial. (Guillermo Knochenhauer, El Financiero, Opinión, p.30)
Latinoamérica es una región que está acostumbrada a convivir con la inestabilidad. La dependencia de exportaciones de recursos naturales causa ciclos de expansión y desaceleración frecuentes. Sin embargo, el actual entorno internacional y los profundos cambios en la geopolítica amenazan con intensificar la incertidumbre y crear nuevos desafíos para la región. También se pueden presentar oportunidades producto de su riqueza en minerales críticos para la transición energética y el auge de la digitalización, así como la posibilidad de ser un actor relevante en la mitigación del cambio climático y la seguridad alimentaria global.
La llegada al poder de Donald Trump en los Estados Unidos representa nuevos desafíos para América Latina y el Caribe. El incremento de aranceles a países como México y Brasil, así como su uso para presionar a naciones a aceptar otras políticas de la administración norteamericana, como sucedió recientemente con Colombia al oponerse temporalmente a recibir vuelos de deportación, ejemplifican una nueva forma de diplomacia económica que no beneficia a los países cuyo comercio depende mayoritariamente de los Estados Unidos.
En una guerra comercial solo hay perdedores. El incremento de tarifas a ciertos productos y la posterior retaliación por parte de los países afectados causan inflación al generar aumentos en los precios de los bienes impactados. Esto, en un período de altas tasas de interés, impide continuar con la tendencia decreciente de las mismas e, incluso, podría provocar su aumento, afectando negativamente el consumo y la inversión. Adicionalmente, la esperada reducción del comercio internacional debido al aumento de aranceles ocasionará una desaceleración del crecimiento económico y un incremento del desempleo a nivel mundial.
Por otra parte, muchos países de la región, especialmente en América del Sur, han aumentado sus vínculos comerciales, financieros y de inversión con China, lo cual no es bien visto por el vecino del norte y generará fricciones comerciales y tecnológicas adicionales con el gobierno norteamericano. Un elemento adicional son las nuevas políticas migratorias y de seguridad que la administración de Donald Trump lleva adelante.
Si bien no son probables las deportaciones masivas desde los Estados Unidos a América Latina debido a las necesidades de mano de obra por parte de las empresas norteamericanas, el incremento del flujo de deportados y el endurecimiento de las políticas migratorias pueden tener un importante impacto social en algunos países latinoamericanos. Estos, además, han experimentado en los últimos años los desplazamientos migratorios de millones de venezolanos, lo que ha generado presiones en los servicios públicos de varios países de la región.
Otro riesgo son las nuevas políticas de seguridad norteamericanas, que designan a grupos delictivos como terroristas, lo que podría acarrear sanciones y restricciones a inversiones legítimas y complicar la circulación de capitales financieros, afectando negativamente el crecimiento económico de la región.
¿Cómo puede América Latina y el Caribe mitigar estos riesgos y encontrar oportunidades dentro de la adversidad? Lo primero es hacer los deberes. En primer lugar, es crucial mantener la estabilidad macroeconómica a través de la consolidación fiscal y la independencia de los bancos centrales de la región, que han sido clave para manejar la incertidumbre cambiaria y reducir la inflación. En segundo lugar, es necesario retomar con mayor fuerza las reformas estructurales pendientes.
Entre las tareas pendientes, probablemente la más importante es la transformación productiva de la región, que implica la diversificación de sus economías y el aumento de la complejidad de sus exportaciones. Para ello, son clave la inversión en capital humano, el cierre de las brechas en infraestructura y la diversificación de mercados. Hay que aprovechar lo que se tiene e impulsar sectores como la agroindustria, el turismo sostenible y la economía verde.
Las riquezas naturales de la región son una importante herramienta de negociación. Es el momento de integrarse con regiones afines, como la Unión Europea, donde se comparten valores democráticos, culturales y, en los casos de España y Portugal, lingüísticos. En este contexto, es urgente la finalización del acuerdo MERCOSUR-Unión Europea, y los líderes de ambos bloques deben entender la importancia geopolítica del mismo, más allá de lo meramente comercial y económico, para poder hacer contrapeso a Estados Unidos y China.
Contar con las mayores reservas de litio y cobre, minerales clave para la transición energética y digital, así como con el potencial de alimentar a gran parte del planeta, son definitivamente activos de la región en los que se debe apalancar para mejorar su posición global y tener voz en las discusiones relacionadas con el cambio climático y la seguridad alimentaria.
Vienen tiempos complejos, y la capacidad de adaptarse y mitigar los riesgos económicos y geopolíticos será clave. América Latina y el Caribe tendrá que navegar por aguas turbulentas, pero una combinación de consolidación económica y cambio estructural, junto con el aprovechamiento de sus ventajas naturales y la búsqueda de nuevas alianzas, puede producir resultados positivos y permitir a la región aprovechar las oportunidades que acompañan a las crisis y encaminarse por una senda de desarrollo económico y de mejora del bienestar de los latinoamericanos. (Germán Ríos, El Economista, Geopolítica, p. 42)
Tras los hallazgos del campo de reclutamiento forzado y exterminio, y la difusión de las terroríficas imágenes que no dejan de recordarnos a lo que fue el Holocausto en su momento, llama la atención que entre los indicios que se han publicado por la organización Por Amor a Ellxs se encuentran más de 1,300 prendas de ropa, entre ellas, prendas de mujeres.
Regularmente, se puede pensar que el reclutamiento forzado por parte del CO consiste principalmente en hombres; sin embargo, existe una cifra importante de mujeres capturadas por grupos criminales a la cual se debe prestar atención. En este sentido, es importante reflexionar sobre la relación entre el machismo y el contexto de violencia por el narcotráfico que se vive en nuestro país.
En primer lugar, es una realidad que la deshumanización y la cosificación son dos componentes que caracterizan a los grupos criminales, liderados principalmente por hombres que reproducen y contribuyen a la sexualización de las mujeres, viéndolas como objetos de uso y explotación. Esta deshumanización refuerza estereotipos de género que las ven sólo como cuerpos subordinados al control masculino, algo que alimenta la cultura machista en las sociedades. Este tipo de violencia física y psicológica refuerza la idea de que las mujeres son seres inferiores o de menor valor, generando una exacerbación de las desigualdades de género.
De acuerdo con cifras del Inegi, las cifras de mujeres reclusas o en prisión preventiva por delitos relacionados con el crimen organizado aumentaron significativamente de 2017 a 2022; en 2017 eran 9,754 casos y en 2022 subieron a 11,295. Por otro lado, también es una realidad que muchas mujeres bajo el control del narcotráfico lo hacen debido a la falta de oportunidades laborales, educativas, por miedo y de desarrollo personal.
Con todo esto, la pobreza, la falta de acceso a recursos y la discriminación estructural las hacen más vulnerables a caer en redes de trata o a ser reclutadas como parte de estos grupos. Desde una perspectiva interseccional, las mujeres más afectadas suelen ser aquéllas en situación de pobreza, jóvenes, indígenas, rurales o migrantes, quienes enfrentan una triple discriminación: por su género, por su clase social o por su condición migratoria, muchas de ellas son mujeres engañadas con falsas promesas laborales.
En conclusión, el crimen organizado es una de las estructuras que también refuerza la espiral de violencia hacia las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Para abordar este problema, es importante no sólo entender las dinámicas de los grupos criminales, sino también el contexto estructural que facilita la explotación de las mujeres en diversas formas, y para eso es urgente que el Gobierno reconozca esta realidad, se haga cargo de la violencia ahí ejercida, capture a los criminales y alerte con campañas a la ciudadanía. (Jacqueline L’Hoist Tapia, La Razón, México, p. 11)
Migraciónletal
Los migrantes se juegan la vida y en ocasiones pierden. Ayerterminó en la ciudad texana de San Antonio el juicio en contra de dos polleros acusados de la muerte de 53 migrantes en una tragedia ocurrida en el año 2022 cuando abandonaron al interior de un tráiler sin aire acondicionado a los migrantes que murieron asfixiados por el infernal calor.
El jurado encontró culpables a los traficantes de personas que ahora esperan sentencia, que podría ser incluso de pena de muerte. El juicio llamó la atención de la opinión pública por realizarse justo cuando hay una acometida en contra de los migrantes desde el nivel más alto de la política en Estados Unidos.
Los polleros eran parte de una red de traficantes que opera en Centroamérica, México y Texas. El jurado dejó en claro que fue una muestra nítida de su desprecio por la vida humana. Otras redes, igualmente malignas, siguen operando. (Pepe Grillo, La Crónica, La Dos, p. 2)