Las crisis son tiempos de oportunidades. Desde hace años se ha notado un desgaste en el modelo económico y político dominante. El neoliberalismo entró en una fase de continuas crisis y de inestabilidad política. Distintas naciones a lo largo y ancho del globo cayeron presa de gobiernos populistas —de derecha y de izquierda— que aprovecharon la falta de confianza en el sistema y el sentimiento cada vez más generalizado de falta de representación política.
Con Obama, EU trató de dar un golpe de timón luego de la crisis provocada por la falta de regulación en el sector financiero, pero el Partido Republicano se aferró a sus vetustas ideas, lo bloqueó y creó el populismo que llevaría a Trump a la presidencia. Ahora Joe Biden afronta una oportunidad única de plantear un cambio radical tanto en casa como en la economía global.
Para contar con el poder y la voluntad política de iniciar un cambio de rumbo se necesita una coyuntura histórica especial. La crisis del calentamiento global y la recesión producto de la pandemia que vivimos podrían ser el escenario necesario para estos nuevos horizontes. Biden lo sabe y ya ha agitado las aguas pidiendo que los países industrializados acepten un impuesto a las grandes corporaciones, algo impensable en las últimas décadas de libre comercio y libre mercado. Sin embargo, la crisis es tal, que Biden sabe que es necesario que el Estado intervenga para lograr una recuperación rápida que permita a las personas volver a ponerse en pie.
Junto a la petición de un alza de impuestos a las grandes sociedades, Biden ha planteado un plan ambicioso de estímulos que recuerda a los planes de apoyo social posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y no es para menos, lo que hemos vivido ha sido similar en cuanto al impacto social y económico para los ciudadanos. Sin embargo, Europa mira con preocupación y cierta timidez esta movida audaz del presidente estadounidense.
Biden se ha centrado en su relación con Europa tratando de encontrar eco a sus propuestas innovadoras. No lo culpo, sin embargo, nuevamente Estados Unidos deja de lado a Latinoamérica y no atiende los problemas que están cerca de casa. Aunque ha buscado retomar el diálogo con México para abordar la migración ilegal y se ha hablado de una probable inversión millonaria en Centroamérica, hasta ahora sólo son palabras. Además, Biden tendrá un escenario incierto con mandatarios de países clave, que están gobernados por populistas que no son de fiar a la hora de hacer compromisos estratégicos a largo plazo.
Esperemos que mientras Biden se distrae tratando de animar a Europa a cimentar un cambio de paradigma económico, la vicepresidenta Harris comprenda la importancia de desarrollar Latinoamérica para el bien de la región. (Montserrat Salomón, La Razón, Mundo p.19)
La crisis de niños migrantes no acompañados representa un gran reto para las administraciones de Estados Unidos, México y países Centroamericanos.
De febrero a marzo del presente año, la afluencia de menores migrantes solos creció en 100% , de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Esta situación no es repentina, sino que se debe a cuestiones estructurales que han estado presentes en gran parte de la historia de los países involucrados. Las causas incluyen pobreza, inseguridad, violencia y desigualdad.
La situación se vio agravada por los últimos huracanes, las consecuencias económicas, y de salud por el COVID, y por una percepción de relajación a la aplicación de la ley. Además, la administración de Biden no expulsa a los menores no acompañados como lo hacía Trump.
Por lo anterior, la solución debe ser de raíz, y no es un problema que se pueda solucionar de manera unilateral. Así, es necesario que se presente una cooperación conjunta entre los actores involucrados. Como esta crisis va más allá de las fronteras nacionales, es preciso la presencia y colaboración de actores internacionales y una responsabilidad compartida.
El pasado 7 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada telefónica con Kamala Harris, vicepresidenta de EU y encargada de tratar esta crisis migratoria. En ésta se incluyó el tema del respeto a los DDHH de todos los indocumentados, así como la urgencia de llevar a cabo en El Salvador, Honduras y Guatemala, ciertos programas de carácter humanitario de emergencia. Ambos países acordaron también colaborar para detener a traficantes de personas.
Además, este tema significa un campo de batalla política en Estados Unidos, ya que es polémico, polarizado y que es utilizado para hacer críticas al presidente Biden; hoy más que nunca es difícil lograr consensos bipartidistas para obtener una reforma migratoria integral.
Muchos republicanos mantienen una política dura, mientras que algunos demócratas no están de acuerdo en la detención de niños en instalaciones temporales que están desbordadas y éstos sufren de condiciones insalubres.
Al final, se debe tener presente que son vidas humanas, y específicamente niños que están en peligro, que dejan su país sin seguridad de que llegarán a salvo; infantes que, a pesar de su corta edad, se ven obligados a enfrentarse a un viaje con obstáculos que atentan contra su integridad, sin tener la certeza de que volverán a ver a sus familias, pero toman el riesgo, ya que las condiciones en su nación de origen son peores y buscan mejores oportunidades. (Yoanna Shubich, Daniela Zambrano, El Heraldo de México, Orbe, p.24)
Si cree que la vicepresidenta de Estados Unidos (EU), Kamala Harris, viene a un día de campo y a ver cómo se siembran arbolitos en el sureste mexicano, está en un error.
La agenda verde del gobierno de Joe Biden, pero sobre todo la agenda económica, va a tocar fondo este jueves que se celebra el Día de la Tierra. Kamala trae un mandato muy claro:
El régimen de Andrés Manuel López Obrador debe asumir compromisos tangibles y concretos dentro de una agenda verde para reducir las emisiones de CO2 que generan el calentamiento global.
El gobierno de la 4T debe respetar los compromisos de inversión extranjera realizados por las empresas estadounidenses para generar energías limpias.
Por eso es que se van a caer las regulaciones que impulsa el gobierno mexicano para frenar el uso de energías limpias. El próximo 22 y 23 de abril van a ser días claves en la agenda energética.
La Casa Blanca convocó a 40 líderes de países, México incluido, a una reunión para discutir las medidas y compromisos que se van a adoptar para llegar al 2050 con cero emisiones netas de CO2.
Es la lucha global contra el cambio climático y el cumplimiento con los compromisos del Acuerdo de París 2015. Un compromiso esencial es dejar de utilizar productos derivados del petróleo.
Hablamos fundamentalmente de combustóleo, petróleo pesado y gasolinas con alto contenido de azufre en refinerías obsoletas, para no sobrepasar el aumento de 2 grados en la temperatura del planeta.
Este jueves se va a plantear la urgencia de disminuir las emisiones de metano (CH4) y óxidos de nitrógeno (NOx), que son gases con más potencial de calentamiento global que el CO2.
La visita de la vicepresidenta Harris no va a ser un día de campo para el gobierno de López Obrador, además, en materia de migración ilegal, seguridad jurídica a la inversión extrajera y agenda verde.
Sin embargo, el viernes el Presidente de la República, junto con el director de Pemex y la secretaria de Energía, darán el banderazo de inicio de los trabajos de rehabilitación de la refinería de Tula.
Es un hecho que se le otorgará a ICA, que dirige Guadalupe Phillips, y a su socia Fluor, en un claro contrasentido a los objetivos de la reunión del jueves, porque se utilizará petróleo pesado. (Darío Celis, El Financiero, Economía, p.6)
Los grandes planes exportadores de este gobierno pasan por venderle a Estados Unidos su programa para sembrar árboles en Centroamérica y con eso frenar la migración.
Así que, con esa visión se ve difícil que la 4T tenga una estrategia para devaluar al peso y así sacarles provecho a las exportaciones.
Al contrario, la moneda mexicana se ha apreciado, no por méritos internos sino por la fortaleza de un dólar que representa a un país que hoy invierte cantidades difíciles de imaginar en su recuperación económica.
Pero, aun así, México ha sido incluido en la lista de vigilancia de su sistema cambiario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Y a pesar de que la regla dice que la lupa se aplica a la relación peso-dólar, la realidad es que la Comisión de Cambios no tiene ningún reclamo de Janet Yellen, la tesorera estadounidense, ni de su equipo. Al contrario, el Departamento del Tesoro alaba la actuación del Banco de México en la pandemia.
México está en esa lista por el superávit comercial que mantiene con Estados Unidos y por el notable aumento en el superávit de su cuenta corriente.
Lo que hace notar el gobierno de Estados Unidos es la realidad de una economía mexicana acurrucada en la dinámica de las exportaciones y dormida en la toma de decisiones internas que dinamicen el consumo interno.
Es, al final de cuentas, una manera de reclamar a México que obtiene la ventaja de aumentar sus exportaciones y no alienta una recuperación del mercado interno, lo que influye en que no se incrementen las importaciones.
El Departamento del Tesoro hace notar lo que los mexicanos padecimos en carne propia. Este gobierno dejó a su suerte a los agentes económicos, no hubo planes contracíclicos que permitieran a muchas personas y empresas sobrevivir a la crisis. Esto aumento la pobreza y, para fines de interés de aquel país, disminuyó los posibles consumidores de sus productos.
Hoy, Estados Unidos va a vigilar el mercado cambiario mexicano porque la 4T destina recursos fiscales para tratar de reforzar el dominio de las empresas estatales que están instaladas en el terreno de las pérdidas y agota los recursos públicos.
Y, obviamente, si el dinero se va al barril sin fondo de Pemex y la CFE son recursos que se dejan de aplicar en programas sociales y de infraestructura útiles para el desarrollo. Y de paso, hacen notar esa política de austeridad que acaba por afectar más el crecimiento interno en México.
Esta inscripción de México en esa lista de vigilancia está muy lejos de ser un llamado de atención al peso mexicano, que es de hecho una de las monedas emergentes de mayor circulación en el mundo y con reglas de libre mercado que han tardado años en perfeccionarse.
Es una alerta a las políticas públicas mexicanas que acaban por afectar los intereses de Estados Unidos. Si la recuperación mexicana depende de las exportaciones y se abandona al mercado interno, evidentemente que no le salen las cuentas a un país que invierte millones de millones de dólares en su recuperación. (Enrique Campos Suárez, El Economista, Finanzas y Dinero, p.8)
El pasado fin de semana, en Palenque, Chiapas, se dio un encuentro que puede resultar favorable para la nación. Se reunieron el Presidente de la República y el hombre más rico del país: Andrés Manuel López Obrador y el ingeniero, Carlos Slim. La reunión fue en la finca campestre de AMLO que, como todos sabemos, se llama “La Chingada”, por lo que aquí, de inmediato aclaro, antes que nada, que nadie los mandó, ellos fueron por su propia voluntad. ¿El motivo del acercamiento? La evaluación de la obra del Tren Maya, en cuya construcción están involucradas dos empresas de don Carlos.
Lo que sería interesante saber es el transporte al que recurrieron el uno y el otro para llegar a dicha localidad: ¿El ingeniero en su avión particular, y el presidente en el de línea como siempre? Tal vez don Carlos le dijo al preciso: véngase en mi avión, ahí cabemos muy bien los dos, su señora esposa doña Beatriz; y hasta una mesera de Sanborns que, con su tradicional uniforme, nos servirá el desayuno, típico-campestre, para que usted se sienta, todavía más, en la época de Luis Echeverría.
Además de supervisar la obra que para las dos constructoras del señor Slim representan un contrato de 18,553 millones de pesos. Quién sabe de qué hablarían, pero el que se hayan mostrado públicamente, y con cordialidad ambos personajes en estos momentos en los que el tabasqueño tiene varios frentes abiertos algunos con la iniciativa privada, es bueno que se exhiban en buenos términos.
Aprovechó el dueño de la finca para mostrarle al huésped el cedro de 50 años de edad, sembrado en ella. Al pie del inmenso árbol se tomaron la fotografía del recuerdo. El anfitrión recordó al poeta Pellicer del que fue secretario particular: “Cedro y caoba, dodecaedro”.
Una vez solo AMLO, bajo la sombra del cedro, se puso a grabar un video, transmitido por su canal de YouTube donde explicó el acuerdo migratorio que piensa exponer ante los 40 líderes invitados, a la Cumbre Climática Mundial, que comienza el próximo jueves, a la que convocó Joe Biden, presidente de EU. En el encuentro se espera abordar la urgencia y los beneficios económicos de tomar acciones en provecho del medio ambiente.
Sin embargo, AMLO aprovechará para tocar —si lo dejan— el tema migratorio. A continuación haré una transcripción de lo que expresó poniendo entre guiones lo que diría un paisano.
“Entonces podríamos hacer un acuerdo, decir: ‘a ver, te apoyamos para que siembres tu parcela. Si vas a sembrar café, si vas a sembrar cacao, pues son tres años que te apoyamos. Pero a los tres años, ya que tengas tu cultivo, ya tienes derecho en automático, a una visa de trabajo por seis meses para Estados Unidos —si ya tengo mi cultivo aquí sólo quiero una visa de turista para aprovechar el black friday—. Vas seis meses y regresas a tu pueblo’” —suponiendo que me quedara seis meses allá en ese tiempo aprendo a hablar inglés y encuentro mejor chamba, ¿para qué me regreso a mi pueblo?—.
“Y luego, tres años después de tener tu visa de trabajo —¿o sea que medio año voy a estar allá y otro medio año acá supervisando mi cultivo?— con buen comportamiento —¿en dónde tengo que portarme bien, aquí o allá?—, ya tienes derecho a solicitar tu nacionalidad estadounidense”. —Para qué quiero ser gringo si acá tengo mi cultivo—.
El mandatario mexicano dijo que la iniciativa que propondrá incluirá a Estados Unidos, Canadá, México y los países hermanos centroamericanos. (Manuel Ajenjo, El Economista, Política y Sociedad, p.34)
No conocemos las evaluaciones de la cancillería sobre las dificultades del presidente estadounidense, Joseph Biden para cumplir promesas en materia migratoria, y menos sabemos la estrategia diplomática sugeridas por el canciller Marcelo Ebrard.
Pareciera que en Palacio decidieron, a partir de los problemas de política doméstica de Biden, aplicarle la tabasqueña política de cucarlo, de colocarlo en la posición de forzarle hasta a aceptar la propuesta de legalizar indocumentados y plazo para nacionalizarlos.
Difícilmente será productivo para México suponer que pueden forzar al inquilino de la Casa Blanca. El problema con “los analistas” de Palacio es que ellos no pagarán el costo de eventuales represalias legales, el costo, como siempre, lo pagan los ciudadanos de a pie. (José Fonseca, El Economista, Política y Sociedad, p.35)
El saldo de estropicios que nos entregará el presidente López Obrador para 2024 es francamente dantesco.
Si a nuestro presidente no le tienta el gusanito que ya embelesa a Zaldívar en la Corte y decide, como ha prometido, no alargar su periodo, el o la presidente 2024-2030 tendrá un gran trabajo por delante, destruir es muy fácil, reconstruir no.
López Obrador carga demasiados tabúes y demasiados rencores, algunos pueden ser muy legítimos, sí, pero por desgracia esos molinos de viento que él llama conservadores o mafia o fifís o “los de antes” francamente no existen ya.
Más bien, el presidente almacena odios contra un gran enemigo al que no podrá vencer jamás: la realidad.
Formado en las utopías de las fracasadas revoluciones de izquierda latinoamericanas, el presidente ignora o decide ignorar al mundo de hoy y sus complejidades, se encuentra arrebujado en un pasado que nunca existió y al que quiere regresar la nación.
Quizá uno de los ejemplos más caricaturescos lo encontramos en su última propuesta sobre el programa Sembrando Vida que presentará el jueves al presidente Biden.
Textual, dice en un video grabado desde su finca, entre caobas, con guayabera y huarache: “Bueno, podríamos hacer un acuerdo, decir a ver: te apoyamos para que siembres tu parcela, café, cacao, te apoyamos tres años, pero a los tres años ya que tengas tu cultivo tienes derecho en automático a una visa de trabajo por seis meses a estados Unidos, vas seis meses y regresas a tu pueblo, y luego de tres años de tener una visa de trabajo, con buen comportamiento, ya tienes derecho a solicitar tu nacionalidad estadounidense.”
¿Entonces, la meta sería exportar migrantes que en algunos años igual dejarían abandonada su parcela por la nacionalidad gringa?, ¿usar el aliciente de que tarde o temprano obtendrás esa “nacionalidad” como premio a tu fidelidad a programas de la 4T?, ¿el presidente quiere revivir el programa Bracero en condiciones totalmente adversas a las que existieron a mitad del siglo pasado?
Cosa curiosa, pero alguien debería decirle a López Obrador que uno de los más grandes debates en la Unión Americana hoy día radica, justamente, en los pocos pases para refugiados que Biden ofrecerá este 2021, de apenas de unos 15 mil, ¿cuántas “nacionalidades” pensará López Obrador que el Tío Sam está dispuesto a regalar?
Esta es una ocurrencia, una sola que pinta la caricatura de nuestro gobierno, así todo, un gobierno de ocurrencias, un gobierno de fracasos que, al final, no pagará porque para eso siempre se puede endosar factura al pueblo bueno y sabio. (Luis Cárdenas, El Universal, Nación, p.6)
El pasado 16 de abril se publicó el “Quinto Informe de Seguimiento de Recomendaciones Formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Situación de los Derechos Humanos en México”. Para su elaboración, la Comisión Interamericana (CIDH) solicitó al Estado mexicano presentar la información sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe del País respecto al año 2020, la cual se recibió el 29 de octubre del mismo año. El Informe considera en siete secciones las medidas adoptadas por el Estado para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH y puntualizar las tareas pendientes. En concreto: seguridad ciudadana, desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia y afectación a grupos particulares (LGBTIQ+; mujeres; niñas, niños y adolescentes; indígenas; personas privadas de libertad; migrantes y desplazamiento interno forzado; defensores de derechos humanos y libertad de expresión).
La primera consideración es la calidad de la metodología seguida. En cada uno de los rubros se tratan los antecedentes, los avances y, finalmente, los problemas subsistentes o de nueva aparición. Existe un arco narrativo que permite contextualizar aquello que estaba antes de que el actual gobierno comenzara sus funciones y aquello que se ha suscitado en y por él. Se logra separar y visualizar lo que hicieron los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña frente a lo que puede atribuirse a la presidencia de López Obrador. Estas diferenciaciones son importantes para poder determinar las correspondientes responsabilidades nacionales e internacionales.
Además de los señalamientos particulares, las conclusiones generales del informe de la CIDH son plenamente coincidentes con los pronunciamientos que otros actores han realizado sobre la crisis de los derechos humanos en México. La Comisión reitera al Estado mexicano las recomendaciones emitidas en su Informe del 2015. Si bien acepta que se han registrado avances en el cumplimiento de algunas de ellas, considera que se mantienen fuertes desafíos en el fortalecimiento institucional. Puntualmente identifica carencias en la promoción de la igualdad de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres, la protección de personas defensoras y periodistas y la atención a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Destaca también la importancia de incorporar un criterio transversal sobre las recomendaciones relativas a grupos vulnerables con el fin de visibilizar la situación de las poblaciones afromexicanas, LGBTIQ+, mujeres, niños y adolescentes, privadas de libertad, migrantes y defensores de derechos humanos. La Comisión externó también su preocupación por el elevado número de desapariciones y homicidios, así como por la falta de investigaciones al respecto.
A juicio de la CIDH, el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha entre el marco normativo y la realidad en la que viven los habitantes del territorio nacional, sobre todo en lo concerniente a la prevención de las violaciones a los derechos humanos. En particular, en el Informe se estima que el acceso a la justicia continúa representando un reto central, ya que una justicia eficiente y eficaz es clave para la lucha contra la impunidad y eje central en la respuesta a cualquier violación de los derechos humanos. No es cuestión menor que la Comisión Interamericana denuncie lo mucho que le falta hacer al actual gobierno en materia de derechos humanos. La condición de estos viene a peor, tal como lo muestran las muchas alarmas que ya están sonando. (José Ramón Cossío Díaz, El Universal, Opinión, p.12)