En el ajuste obligado a su gabinete, por la sucesión adelantada, el presidente Andrés Manuel López Obrador definió preservar una de sus decisiones primigenias: la paridad sustantiva. A la cancillería llegará Alicia Bárcena y al Palacio de Covián regresará una mujer: Luisa María Alcalde, quien empatará el récord de Juan Camilo Mouriño como la secretaria de Gobernación más joven, a sus 35 años.
La implementación —en ciernes— del nuevo modelo laboral, pero sobre todo la instrumentación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro son sus cartas credenciales. La meta de cero huelgas quedará incumplida, gracias a Napoleón Gómez Urrutia, uno de los líderes obreros afines a la Cuarta Transformación que más dificultades generó a la secretaria del Trabajo, quien —de acuerdo a sus propias estadísticas— registró una tasa de conciliación laboral del 75 por ciento.
Y es que la legitimación de los colectivos —apenas 17,000, al corte del pasado 1 de mayo— ha sido a trompicones. Los sindicatos blancos han respetado el avance de las organizaciones promorenistas, pero en el camino se han consolidado liderazgos —Pedro Haces y Susana Prieto, los más visibles— que harían palidecer a los antiguos militantes del FAT.
Y con huelgas, desde el inicio del sexenio. La más reciente, en Peñasquito, Zacatecas. La más persistente, en Cananea. Ambas en instalaciones mineras. Otros conflictos —donde los patrones han buscado la cancelación del contrato colectivo, como en el Nacional Monte de Piedad— subsisten, sin que la mediación de Alcalde Luján haya funcionado.
La solución para los trabajadores de Cananea, de Pasta de Conchos y de Mexicana de Aviación nunca llegó, a pesar de las instrucciones presidenciales. La renovación de la dirigencia del SNTE —la organización sindical con mayor membresía en el país— ni siquiera ha sido convocada.
Los temas laborales mantendrán el sello familiar. Y es que en el despacho de Arturo Alcalde Justiniani se litigan algunos de los litigios más relevantes del sexenio, particularmente la reactivación de Mexicana.
Otros pendientes, con mayor relevancia y urgencia, la esperan en Bucareli. Los temas migratorios son competencia de Francisco Garduño; la relación con las Iglesias están a cargo de César Yáñez, y el desahogo de la agenda de derechos humanos, con Alejandro Encinas.
¿Y el seguimiento de los temas político-electorales?
El traslado de Alcalde Luján al Palacio de Covián además adquiere un tono reivindicatorio, luego de que su madre y su hermana mayor no pudieran acceder a altos cargos de la Cuarta Transformación. Una quiso ser presidenta nacional de Morena y la otra, consejera electoral (aunque sigue como comisionada de operación sanitaria en Cofepris).
Para reemplazar a Alcalde Luján en la STPS, en Palacio Nacional analizaban el ascenso del subsecretario de empleo y productividad, Marath Baruch Bolaños López, pero su cercanía con el excanciller Marcelo Ebrard —quien lo tuvo como secretario particular durante los dos primeros años del sexenio— es inconveniente.
El actual presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Humberto Morales Vázquez, podría optar por la vacante… y renunciar a sus aspiraciones por la candidatura morenista en Chiapas, por la que competirían el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el nuevo coordinador de la Jucopo en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar.
Efectos secundarios
PREPARATIVOS. Con una gira de agradecimiento que en su primera etapa lo llevará a comunidades populares de Saltillo, Piedras Negras y Ciudad Acuña, Manolo Jiménez Salinas regresará a las actividades públicas, ya en su calidad de gobernador electo de Coahuila. El cambio de poderes ocurrirá dentro de tres meses. (Alberto Aguirre, El Economista, Política y Sociedad, p. 40)
El imperio de horror del clan Jiménez Rodríguez se mantuvo en pie durante 257 meses. Desde enero de 1997, tres hermanos sacaron de sus casas en México a cientos de mujeres, las hicieron cruzar el Río Bravo y las empujaron a Nueva York, donde sus cuerpos eran rentados a hombres que se estimulaban con su dolor. Melissa, Marcos y Leonardo hicieron de su familia una de las más infames en Tenancingo, Tlaxcala, el pueblo conocido como “el semillero de padrotes”. Juntos perfeccionaron un modus operandi que aprendieron otros criminales: prometer amor y trabajos pagados en dólares en la Unión Americana sólo para meter a sus víctimas en casas de seguridad, donde eran torturadas si no cumplían una cuota de violaciones para la satisfacción de sus clientes o si intentaban escapar.
Los Jiménez Rodríguez eran una máquina criminal que recorrió por 21 años la ruta Tenancingo-Nueva York, un punto de ida y llegada para miles de mujeres desaparecidas en México y atrapadas en redes de trata de personas. Se volvieron millonarios y acumularon poder sentados el dolor de madres y padres buscadores de sus hijas ausentes. Pero el imperio comenzó a desmoronarse en mayo de 2018, cuando Melissa, de 41 años, fue detenida en Estados Unidos. El siguiente en caer fue Marcos, el mayor. Y en mayo del año pasado, gracias a una investigación llevada a cabo por autoridades federales mexicanas y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Leonardo fue arrestado.
Para terminar por fin con el clan Jiménez Rodríguez, el 7 de enero pasado las autoridades mexicanas extraditaron a Leonardo hacia Estados Unidos, donde una corte federal en Nueva York lo espera con seis cargos, como tráfico con fines sexuales y tráfico de migrantes indocumentados. Los mismos que caerán sobre Melissa y Marcos y que les dará una pena tan dura como una cadena perpetua.
Pero con el derrumbe de los hermanos criminales no se termina la larga noche de la trata de personas y las 8 desapariciones diarias de niñas y mujeres en México. Se necesitan políticas públicas lideradas por personas con fuertes convicciones para, literalmente, cerrar el paso a quienes caminan la ruta Tenancingo-Nueva York.
Hace unas semanas tuve la oportunidad de reunirme con oficiales de la Patrulla Fronteriza en Eagle Pass, Texas, del otro lado de Piedras Negras, Coahuila y observar de primera mano los esfuerzos para frenar a polleros y tratantes que bajo el membrete de distintos cárteles hacen negocios sucios con las niñas y mujeres más vulnerables de mi país.
El viaje que compartí con la periodista Sara Carter y las senadoras Cindy Hyde-Smith, Katie Brit y Marsha Blackburn me convence de que, si queremos rescatar a más mujeres como las que murieron y sobrevivieron al clan Jiménez Rodríguez, necesitamos poner
encima de los intereses personales la vida de las víctimas, privilegiar el trabajo bipartidista y sacar adelante iniciativas como Safe Girl ACT y debatir con urgencia la pertinencia de tener fronteras seguras y una migración ordenada con perspectiva de derechos humanos.
Si no lo hacemos, faltaríamos a la necesidad moral de darle un sentido a las víctimas del clan Jiménez Rodríguez. Y a la obligación cívica de acabar ya con el drama fronterizo que engulle a nuestras hijas. (Rosi Orozco, El Heraldo de México, País, p. 14)
Ayer, 19 de junio, se conmemoró en Estados Unidos la proclamación de la emancipación de los esclavos afrodescendientes en Texas en 1865, celebra[1]da como ‘Juneteenth’ por la comunidad afrodescendiente y proclamada conmemoración federal en 2021. Hoy, 20 de junio, se conmemora el Día Internacional de las Personas Refugiadas, establecido por Naciones Unidas en el 50 aniversario de la Convención de Ginebra sobre el Estatus de Refugiados de 1951. Estas fechas, casualmente sucesivas, invitan a reflexionar sobre el estado de las libertades y de la dignidad humana en el mundo, y a reivindicar lo que dio origen a estas conmemoraciones: la abolición de la esclavitud y el reconocimiento del derecho a la protección internacional de quienes han sido obligadas a huir de sus países por su raza, nacionalidad, religión, opiniones políticas…
Al reconocer la importancia de la emancipación en Esta[1]dos Unidos, cuando están en auge las posturas supremacistas que se oponen incluso a la enseñanza crítica de la historia de ese país so pretexto de que hablar de racismo histórico puede avergonzar al estudiantado blanco o culpabilizarlo injustamente, el gobierno federal reconoció implícitamente la validez de las protestas más recientes de comunidades afrodescendientes, sintetizadas en el lema “Black Lives Matter” (“las vidas negras valen”). La relevancia de este gesto no basta, sin embargo, para contrarrestar la ola discriminatoria que han impulsado gobernadores republicanos como Abbott y DeSantis, o el propio Trump, y grupos extremistas que ven en la diversidad –y sobre todo en la igualdad de todos los seres humanos– un peligro para la supremacía blanca, como explica, entre otros el escritor y periodista Nicholas Powers (en el medio independiente Truthout).
Como escribiera Judith Butler a raíz de la representación de “los musulmanes” como “enemigos” después del atentado del 9/11 en EU, otorgar menos valor (o ninguno) a unas vidas que a otras, a unas víctimas que a otras, implica des-conocer su condición de seres humanos, negar la humanidad que compartimos todas las personas.
Esta misma humanidad les ha sido y es negada hoy en el mundo a millones de personas obligadas por sus gobiernos, por violencia política o social, o por catástrofes económicas o ambientales, a desplazarse a otros países en busca de refugio o de una vida mejor, sin violencia. Tanto en nuestro continente como en Europa y otras regiones, los gobiernos proclaman su adhesión a tratados internacionales y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la vez que amurallan sus fronteras, deportan a miles de personas sin permitirles siquie[1]ra pedir asilo, y cierran los ojos ante las inhumanas condiciones en que sobreviven millones en campos oficiales de personas desplazadas (como la Unión Europea ante Turquía) o en campamentos improvisados y “estaciones migratorias” (como lo hacen hoy los gobiernos mexicano y estadounidense ante la situación en nuestras fronteras norte y sur).
Ante el ascenso de autoritarismos populistas y discursos y posturas de corte fascista en Europa y en nuestra región, pare[1]ce difícil que los gobiernos reconsideren las políticas que han institucionalizado y favorecen la violencia y la discriminación contra las personas desplazadas, so pretexto de que violan las leyes migratorias y serían por tanto “criminales”. Tampoco pue[1]de esperarse una movilización social amplia en defensa de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, transmigrantes o apátridas, en cuanto muchas sociedades (incluyendo la mexicana) están atravesadas de prejuicios y resentimientos que a menudo apuntan contra personas desplazadas (extranjeras o nacionales), precarizadas y/o criminalizadas.
Sin embargo, es urgente un giro radical en la política nacional e internacional hacia todas estas personas, que reconozca su humanidad y sus derechos y construya sistemas concretos de protección e inclusión. Mantener la exclusión y deshumanización como política oficial, en México o en Europa, no sólo pisotea la dignidad de quienes la padecen, también alienta la violencia social y corroe el sentido de comunidad humana, in[1]dispensable para nuestra supervivencia en el planeta. (Lucía Melgar, El Economista, Arte, Ideas y Gente, p. 44)
Según datos oficiales, la última gran ola de secuestros ocurrió en el primer semestre de 2019. Desde principios de 2020 mes a mes López y el gabinete de seguridad han celebrado que la estadística oficial del secuestro reporte descensos constantes, que según la última declaración oficial, es del 7.9%.
Lamentablemente hace varios meses en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) hemos demostrado que dicha información es metodológicamente inexacta y sustancialmente falsa.
Si comparamos la información oficial de los 54 meses de la actual administración respecto al mismo periodo del sexenio de Peña, obtenemos una disminución del 43% y de 16% respecto al sexenio de Calderón.
Si bien una disminución del 43% debería considerarse un gran logro, hay evidencias que indican que dichos registros están siendo manipulados con el fin de mostrar artificialmente una baja.
¿Qué evidencia tenemos para afirmarlo? (1) El inexplicable aumento de 61% de los registros’ de “Otros delitos que atentan contra la libertad personal” (ODALP) -que coincidentemente empiezan a crecer cuando inicia el descenso de los registros de los secuestros-, y (2) la ausencia de registros de víctimas de secuestro en casos que fueron mediáticos y permiten un seguimiento puntual.
(1) De enero a mayo a nivel nacional se registraron 458 víctimas de secuestro y 13,024 víctimas de ODALP. Ante varias solicitudes de transparencia no ha habido una sola explicación clara del criterio para clasificar los casos y las víctimas de secuestro de las de ODALP.
(2) El pasado abril las autoridades de San Luís Potosí (SLP) dieron a conocer que habían rescatado a 128 víctimas de secuestro, 13 nacionales y 105 migrantes. Sin embargo, la estadística oficial reportó 9 víctimas de secuestro y 122 víctimas de ODALP para abril de 2023:
¿Cómo revertir la actual crisis de privaciones ilegales de la libertad si el gobierno federal considera que está siendo exitoso? Desde el ONC seguiremos levantando la voz, llamando a cuentas a los gobiernos, apoyando a las víctimas, con el anhelo que alguna autoridad sea honesta, reconozca la crisis de secuestros e impulse acciones para combatirlo. (Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional, El universal, Nación, p. A16)
Tijuana hoy es de los sitios más violentos de todo México. Tanto es así que su alcaldesa Montserrat Caballero se fue a esconder a un cuartel militar por las amenazas que ha recibido. Estoy totalmente de acuerdo que primero está la vida y que la alcaldesa se cuide, pero que renuncie, porque quienes están en la indefinición absoluta y expuestos a una violencia desmedida son los casi dos millones de habitantes de Tijuana que no tienen protección.
Urge establecer una política de seguridad real, los reportes de todos los días muestran que en Tijuana se concentran ocho de cada 10 delitos cometidos de forma diaria en el estado.
Pero además se sabe que hay un motivo muy claro del incremento de esta violencia en esa ciudad fronteriza y es el consumo y tráfico de fentanilo. Tijuana es fundamental para los grupos criminales para el tráfico de drogas. Y es que por esa frontera se mete muchísima droga a EU.
Hoy los criminales se pelean desde una calle, hasta el mercado de las drogas de manera masiva. Cifras oficiales muestran cómo han escalado los asesinatos. Mientras en el 2020 hubo dos mil 026 víctimas, para 2021 fueron mil 974 y en 2022, hubo más de dos mil 050 asesinatos.
Un ejemplo, el fin de semana pasado, a las 8:00 am reportaron a un hombre herido de bala en la colonia Mariano Matamoros Centro, dos horas después otra persona sufrió un ataque con arma de fuego en la colonia Infonavit Murúa, y mientras las autoridades atendían estas emergencias, una nueva llamada alertaba del hallazgo de restos humanos en la colonia Las Abejas. Todo en las primeras horas del sábado pasado.
El fentanilo está provocando una crisis de salud terrible. Y es que muchas personas están consumiendo engañadas, los criminales lo están mezclando con otras drogas para volverlas más adictivas.
Peleando el mercado para vender fentanilo, la violencia no sólo radica en balaceras y homicidios dolosos, hoy muchos tijuanenses son extorsionados, amenazados, confundidos, desaparecidos o víctimas colaterales de los constantes enfrentamientos, sin la posibilidad de poder refugiarse en un cuartel como la alcaldesa Montserrat Caballero y su familia.
La joya de la corona para los cárteles son las aduanas de Tijuana y Mexicali para el paso de drogas, extorsión a usuarios de garitas, narcomenudeo y cobro de piso a migrantes y comercio.
Hoy, Baja California está bajo el fuego de los cárteles de Los Arellano Félix, Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa.
Fuentes de inteligencia indican que los dos primeros habían llegado a un acuerdo para manejar en conjunto el corredor de Tijuana, sin embargo, en este 2023 comenzaron las fracturas internas.
Ciudad fronteriza registra mayor violencia
Servicios Periciales durante la investigación en la escena de un crimen, en Tijuana, en mayo pasado.
El año pasado, tras el hackeo del Grupo Guacamaya, se reveló que, en las aduanas de Baja California, principalmente en Tijuana, opera una red de corrupción que alcanzó a altos funcionarios aduanales vinculados con el crimen organizado.
Pero Tijuana por 20 años estuvo bajo el dominio de los Arellano Félix, una organización criminal familiar que creció en los años ochenta al abrigo de su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, y consolidaron el control en la frontera de Tijuana, Baja California.
La cocaína y la marihuana de este clan llegó hasta San Diego, Los Ángeles, Las Vegas, Chicago y Nueva York, en Estados Unidos. En México, a los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Sin embargo, a inicios de los años 2000 su poderío fue mermado con la detención o asesinato de cada uno de los hermanos, empezando por su líder: Ramón Arellano, conocido como el más violento del clan. En el 2002, Ramón Arellano fue asesinado en el carnaval de Mazatlán. Un mes después de la muerte de Ramón, Benjamín Arellano Félix fue detenido en una zona residencial de Puebla.
Con la muerte de Ramón y el encarcelamiento de Benjamín, el poderío de Los Arellano Félix se dividió, ya que Francisco Javier, El Tigrillo, quien controló la parte operativa del grupo mientras que las finanzas quedaron en manos de Enedina.
En el 2013, el hermano mayor Francisco Rafael, fue asesinado durante una fiesta infantil, cuando un sicario disfrazado de payaso entró al evento y le disparó en varias ocasiones en la cabeza.
Eduardo Arellano Félix, otro hermano conocido como El Doctor, permanece en el penal del Altiplano desde 2021 cuando las autoridades estadounidenses lo regresaron a sus pares mexicanas, luego de cumplir parte de su sentencia.
En 2010, Tijuana vivió bajo el imperio del terror, cuando la disputa por la plaza entre el menguado cártel de los Arellano y capos emergentes convirtieron esta frontera en su campo de batalla.
Entre 2006 y 2012 se perpetraban casi dos mil muertes al año, un promedio de cinco al día, las calles de Tijuana se convirtieron en un cementerio, no sólo por los cadáveres regados, sino por el cierre de comercios.
En un solo año, Tijuana llegaba a registrar más de mil ejecuciones y muchas de las víctimas nunca fueron localizadas, pues los cadáveres eran disueltos en ácido por Santiago Meza, El Pozolero, quien fue detenido en 2009.
El contraste lo vivieron con la caída de Los Arellano, de 2008 a 2010, Tijuana vivió tasas de incidencia delictiva baja, basada en un esquema de Mando Único militar, pues los crímenes bajaron de 844 muertes violentas a casi la mitad. Fue una época en la que el municipio estaba en una aparente calma bajo un modelo de seguridad.
La calma no duró mucho tiempo, decenas de jóvenes fueron cooptados por el crimen organizado para convertirse en mulas, como se les conoce a los traficantes de drogas y también en sicarios.
Hoy, la ciudad fronteriza está más violenta que nunca. Urge una estrategia de seguridad que no es la de “abrazos y no balazos”, que evidentemente no ha funcionado y le ha dado tiempo a los grupos criminales de fortalecerse.
Los delincuentes han buscado amenazar a las autoridades, para ser ellos los amos y señores y lamentablemente lo están logrando. (Bibiana Belssaso, La Razón, México, p. 13)
Las desigualdades extremas y crecientes de ingresos y riqueza están descarrilando el progreso humano y socavando la democracia estadounidense en un momento en que necesitamos una gobernanza eficaz para abordar problemas como el cambio climático. Sin embargo, a pesar de todo el forraje para los pesimistas, la historia muestra que los optimistas todavía tienen un caso sólido
BERKELEY – Algunos somos más optimistas que otros sobre el futuro. Los optimistas entendemos que es posible salir de las trampas de la segunda Edad Dorada estadounidense.
En las edades doradas, la capacidad productiva se aparta de la producción de artículos necesarios y convenientes para la mayoría de la gente, y se vuelca al gasto exorbitante en objetos aspiracionales y otras actividades sin valor. La riqueza heredada suele jugar un papel fundamental, y ser utilizada para bloquear y demorar las transformaciones capaces de dar por tierra con el statu quo.
Pensemos en el calentamiento global, que actualmente amenaza con neutralizar gran parte de los dividendos tecnológicos que en su ausencia hubiéramos tenido durante las próximas dos generaciones. Estamos en este lío precisamente porque los intereses vinculados al carbón y el petróleo tuvieron suficiente poder social y político como para demorar la transición a las energías libres de emisiones. Algo todavía peor es que entre quienes detentan el poder social y político haya quienes consideran que la democracia es un problema.
Tanto los optimistas como los pesimistas pueden coincidir en que escapar de esta Edad Dorada facilitaría la búsqueda de soluciones a otros problemas que obstaculizan el progreso humano: reduciría el poder social de quienes se benefician contaminando el medio ambiente y perjudicando a las democracias. La desigualdad ya no sería un impedimento para que las potencias con economías de mercado se unan en una colaboración abierta para lograr soluciones.
¿Qué motivos tenemos para ser optimistas? En primer lugar, vale la pena recordar que Estados Unidos finalmente salió de la Edad Dorada original a fines del siglo XIX, y que lo hizo abrazando la inmigración, el conocimiento especializado y los intereses compartidos: la base del Siglo Estadounidense posterior.
¿Cómo se logró ese escape? Consideremos, en primer lugar, a la inmigración. En las primeras décadas del siglo XX los estadounidenses nacidos en el extranjero eran tantos como ahora y generaban el mismo temor; pero ese temor no solo acentuó los pedidos de «cerrar la frontera», también generó ímpetu para que las políticas integraran a los inmigrantes y sus hijos a la sociedad estadounidense. Esto implicó la creación de vías de movilidad ascendente y la asimilación de los recién llegados a los mitos fundacionales americanos, especialmente que Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Casi todos descendemos de quienes vinieron al Nuevo Mundo para escapar de los errores del anterior.
El segundo de los factores fue el conocimiento especializado. A principios del siglo XX muchas elites comprendían que la Edad Dorada no estaba produciendo una sociedad suficientemente buena. Aunque el partido republicano era el hogar natural de los ricos, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt fue lo suficientemente previsor como para entender que era necesario controlar a los «malhechores de gran riqueza».
De igual modo, el magnate del acero Andrew Carnegie fue lo suficientemente previsor como para entender que la riqueza privada es un fondo público y “Quien muere rico, muere en desgracia”. Y el presidente Herbert Hoover fue lo suficientemente previsor como para entender que el gobierno estadounidense podía contribuir a difundir los conocimientos sobre ingeniería, gestión y organización por toda la economía.
Eso nos lleva a la cuestión de los intereses. Todas estas figuras entendieron que hasta las sociedades más individualistas requieren cierto grado de solidaridad social. Alexis de Tocqueville observó que “el egoísmo bien entendido” de los estadounidenses descansa en el principio de que la mejor manera de garantizar la prosperidad propia es tener vecinos independientes y prósperos. Además, la amenaza del totalitarismo mostró a todos que las buenas sociedades son frágiles. En esa época pocos se hubieran atrevido a poner en peligro sus propios intereses empujando a la normas e instituciones al límite para tratar luego de apropiarse de una parte mayor de la torta política y económica.
En pocas palabras, todos se daban cuenta de que había que corregir las políticas. Ni siquiera los estadounidenses ricos se beneficiaban por la gran desigualdad en la riqueza y el ingreso extremadamente alto en la Edad Dorada.
Los pesimistas dirán que es poco probable que la historia se repita o, al menos, rime. Los republicanos actuales no se parecen en nada a los de hace un siglo. Incluso un patricio supuestamente moderado como Mitt Romney es capaz de describir al 47% de sus compatriotas como víctimas voluntarias “que creen tener derecho a la atención sanitaria, alimentos, vivienda… lo que sea”. Cuando se postuló para presidente en 2012, su visión era la siguiente: “Mi trabajo no es preocuparme por esa gente, nunca voy a convencerlos de que deben asumir la responsabilidad y ocuparse de sus propias vidas”.
Eso fue hace más de 10 años. Actualmente sus colegas suelen llegar aún más lejos y denuncian desde “el populacho con identidades dogmáticas” y “las grandes corporaciones tecnológicas que nos vendieron a China” hasta la vacunación obligatoria (“segregación moderna”) y los intentos por enseñar a los estadounidenses que aunque su país puede ser genial, no siempre es bueno.
En gran medida pueden ser bravuconadas para satisfacer a la base activista; recordemos que cuando los republicanos votaron en secreto, en 2021, para decidir si mantenían a la diputada Liz Cheney como presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara, 145 miembros estuvieron a favor y solo 61, en contra. De manera similar, 17 senadores republicanos votaron a favor del plan de infraestructura 2021 del presidente estadounidense Joe Biden, y los diputados republicanos acaban de votar 149 a 71 a favor del acuerdo para limitar la deuda, negociado entre Biden y el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy.
El escape de la Edad Dorada original fue un proceso largo, que se extendió desde la era progresista de principios del siglo XX hasta el New Deal en la década de 1930. La salida de la segunda Edad Dorada también será larga… pero sí hay motivos para creer que lo lograremos. (Bradford DeLong, Exsubsecretario adjunto del Tesoro de EU, es profesor de Economía en la Universidad de California, Berkeley, investigador asociado de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas y autor de Slouching Towards Utopia: An Economic History of the Twentieth Century, El Economista, Finanzas globales, p. 34)

(Solís, Excélsior, Editorial, Nacional, p. 12)