Cientos de personas que viven en Estados Unidos y que prácticamente se han criado en aquel país, no tienen nacionalidad. Muchos son hijos de migrantes que llegaron siendo muy pequeños, han crecido como norteamericanos, han ido a la escuela y a la universidad en ese país, y muchos ya solamente hablan inglés.
No son de aquí, ni tampoco de allá. Si regresan a sus países, ni siquiera entienden el idioma. Pero el temor a ser deportados es algo que los ha perseguido toda la vida.
La migración se ha convertido en el tema prioritario del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por ello, este martes anunció una nueva orden ejecutiva con la que dice, busca unificar a 500 mil familias.
Esta nueva medida otorgará la residencia legal y eventualmente dará la ciudadanía estadounidense a los cónyuges que tienen más de 10 años en Estados Unidos, pero que viven de forma ilegal y que están casados con un ciudadano o ciudadana estadounidense.
Y es que, en la actualidad, para obtener la residencia en la Unión Americana, si se estaba de manera ilegal en el país, esto implica ejemplos como que hubieran llegado con una visa de turista y que su estancia hubiera sobrepasado los seis meses, entonces necesitaban que él o la solicitante regresaran a su lugar de origen para solicitar la residencia permanente, es un proceso que puede demorar años.
Y en ese tiempo cientos de familias se han separado. Por esta razón, muchos optan por quedarse de forma ilegal y correr el riesgo de ser deportados en lugar de dejar a sus familias.
Ahora, aquéllos que califiquen tendrán tres años para solicitar la residencia permanente y serán elegibles para un permiso de trabajo de tres años.
En promedio, la Casa Blanca cree que los elegibles para el proceso han estado en el país durante 23 años y que la mayoría son originarios de México. Por ello, incluso ha llamado “libertad condicional” a este grupo que recibirá el beneficio, mientras cambia su estatus de ilegal a legal.
A su vez, los hijos menores de 21 años de quienes están casados con estadounidenses y que tampoco tengan un estatus legal, podrán obtener el permiso. Lo cual, según la Casa Blanca, beneficiará a 500 mil personas.
Muchos de estos jóvenes llegaron a vivir a Estados Unidos siendo unos bebés. Son los llamados dreamers.
Además de que esta medida se está ofreciendo para cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses que no tienen la nacionalidad, también podría beneficiar a los dreamers y beneficiarios en general del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
En un comunicado, la Casa Blanca detalló que las acciones facilitarán el proceso de visa para graduados universitarios de Estados Unidos, incluidos los dreamers, término que abarca a la población más grande de inmigrantes que llegaron a ese país siendo menores de edad y que recibieron el estatus DACA a través del programa creado por el expresidente Barack Obama.
El DACA protege a los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos durante su niñez; para evitar ser deportados y hasta adquirir un permiso de trabajo.
“El anuncio permitirá a las personas, incluidos los beneficiarios de DACA y otros dreamers, que hayan obtenido un título en una institución estadounidense acreditada de educación superior en Estados Unidos y que hayan recibido una oferta laboral de un empleador estadounidense en un campo relacionado con su título, recibir más rápidamente visas de trabajo”, señala el informe.
Esta acción tendrá efecto a partir de septiembre, cuando falten dos meses para las elecciones presidenciales. Este anuncio se da días antes de que se lleve a cabo el primer debate en el que Biden enfrentará al republicano Donald Trump.
De acuerdo con una encuesta de Gallup, en mayo 18% de los votantes consideraron la inmigración como su principal tema, frente al 27% en abril, esto indica que por segundo mes consecutivo la migración encabezó la lista de preocupaciones entre los estadounidenses.
Esta medida provocó duras críticas de activistas y el ala demócrata más extremista porque consideraron que Biden incumple con sus promesas de campaña, y es que la crisis migratoria ha sido uno de los principales problemas que ha enfrentado el gobierno del presidente Biden.
Gran parte de la campaña electoral de ambos candidatos, tanto de Biden como de Donald Trump, ha sido cuidar las fronteras para que no estén tantos migrantes que buscan asilo o ayuda humanitaria, pero de los que también poco control se tiene.
La orden ejecutiva que acaba de plantear el presidente Biden es para personas que llevan años viviendo allá, muchos de los que se han graduado de universidades estadounidenses y que se tiene un control estricto de quienes son y sus antecedentes.
La nueva medida busca al electorado, al que en las urnas puede marcar la diferencia, es decir, el cónyuge legal de ese migrante que lleva por lo menos una o dos décadas en Estados Unidos y que lo puede ayudar a permanecer en la Casa Blanca por otros cuatro años más.
Son poco más de medio millón de personas que se podrían ver beneficiadas, ¿le ayudará esta medida a Biden en la contienda electoral? Parece que sí, aunque su contrincante Trump lleva amplia ventaja en las encuestas. (Bibiana Belsasso, La Razón, México, p. 14)
Para el nuevo gobierno, el que en unos meses encabezará la doctora Sheinbaum, la oposición interna dejó de ser un problema. Los ciudadanos, quién lo diría, la desaparecieron con sus votos. De modo que permanecen en el horizonte dos desafíos colosales y desde luego vinculados entre ellos, las bandas del crimen organizado que en muchos lugares del país desafían la autoridad del Estado mexicano y el gobierno de Estados Unidos que también desafía la autoridad del Estado mexicano con su insaciable apetito injerencista.
Este apetito se ha potenciado por las campañas políticas rumbo a la Casa Blanca por la que compiten dos tipos de cuidado, Joe Biden, actual presidente que está, por edad, en el límite de sus capacidades físicas y mentales para seguir en el cargo y Donald Trump, un delincuente condenado por la justicia y que a pesar de eso puede regresar al poder presidencial.
Quienes se quejan de la crisis de liderazgo en México, echarle un vistazo a lo que ocurre del otro lado de la frontera puede resultar un alivio. Claudia, Xóchitl y Máynez son personas decentes y normales, mientras que los aspirantes norteamericanos son un peligro para todos.
El nuevo gobierno mexicano tendrá que pertrecharse y llevar todos los refuerzos que pueda al frente gringo, lo digo sin exagerar. La frontera con México está en el centro de la campaña norteamericana y los aspirantes por un lado golpean con todo a México y los migrantes de diferentes países, para quedar bien con el grueso del voto conservador que asume como verdad bíblica que todos sus problemas son producto de la migración.
Por el otro lado lanzan anzuelos para atraer a los votantes hispanos. Ni los aspirantes a la presidencia ni los legisladores americanos se tientan el corazón para mentir sobre la frontera, los migrantes y el peligro que representan. Se cuidan mucho de reconocer que son un país adicto a las drogas y a las armas. Se meten todas las drogas que pueden y venden todas las armas que alguien les quiera comprar que casi siempre, ya lo adivinó el lector, son los mismos que les venden las drogas, con lo que se forma un círculo vicioso propio de la mente de Dante. Armas y drogas están el centro de la relación bilateral. Principio del formulario
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Hay que partir del hecho documentado de que los votantes norteamericanos son partidarios de la mano dura. Incluso muchos deliran con una acción directa en territorio mexicano de las fuerzas especiales de su ejército. La campaña presidencial desde luego reactivará la idea del muro fronterizo que va porque va. Trump vende a los votantes la idea de que todos los países del mundo echan su basura Estados Unidos y que para detener a los “millones” de delincuentes hay que usar toda la fuerza posible.
Lo cierto es lo contrario. La migración es uno de los factores que explican la prosperidad de los Estados Unidos desde hace generaciones. El éxito del programa de los “dreamers” lo muestra sin espacio para la duda. Casi todos ellos son hoy ciudadanos ejemplares que mostraron que solo necesitaban una mirada humanitaria sobre su situación para convertirse en ciudadanos ejemplares. La competencia política lo condiciona todo. Vienen tiempos difíciles para México.
Glifos
Con respecto a la relación con Estados Unidos este jueves la atención estará puesta en el personaje que sea propuesto como canciller. Tiene que ser alguien curtido en mil batallas que pueda interactuar con una nueva administración demócrata o con el regreso de Donald Trump. Al titular de Relaciones Exteriores hay que añadirle el nombre del embajador mexicano en la Unión Americana. No hay margen de error en estos nombramientos. (Juan Manuel Asai, La Crónica de Hoy, Nacional, p. 9)
Claudia Sheinbaum habla poco del tema, pero debe ser consciente que una de las tareas más complejas y apremiantes que tendrá su gobierno será la de contener y acotar la crisis de violencia, inseguridad y pérdida de control territorial por la que atraviesa el Estado mexicano.
Sobre sus planes sabemos poco, acaso porque sabe que se requiere un viraje drástico y enunciarlo abriría una grieta con el actual presidente. Pero si algo ha dejado entrever es que alguien con el perfil de Omar García Harfuch podría jugar un rol central en el aparato de seguridad del nuevo gobierno. En la señal se anuncian acaso aires de cambio, pues de este personaje podemos esperar que sea todo, menos un acólito en la liturgia de los “abrazos no balazos”.
Sin embargo, lo importante es que más allá de nombres, se tendría que construir un nuevo modelo acorde al tipo de crisis que hoy vivimos y a la estabilidad que queremos que perdure hacia futuro. No importa la figura que llegue al mando de una dependencia como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) si esta permanece como un simple cascarón que no tiene impacto real en los fenómenos que ponen en riesgo nuestra soberanía territorial.
La actual Secretaría lleva en el nombre su inoperancia: está pensada para ser una instancia de seguridad ciudadana, no para atender asuntos de seguridad nacional. No es casualidad que no cuente con fuerza ni capacidades de actuación para combatir a las fuerzas paraestatales que hoy operan en el país.
Ya ni siquiera sirve para lo que debería, que era ayudar a estados y municipios a construir capacidades, pues la amputaron de todos los fondos y subsidios en la materia. Básicamente, hoy esta dependencia se convirtió en una vocería que se dedica a contar muertos.
Existen, desde mi punto de vista, tres rutas para corregir el actual modelo. La primera, la menos ambiciosa, es dejar la estructura burocrática tal cual como está, con la Guardia Nacional operativamente al mando del Ejército, pero dándole más poder a la SSC sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Bajo este modelo, su titular sería una especie de “zar” de investigación criminal, que se concentraría más en coordinarse con la Fiscalía para la construcción de casos criminales que con las Fuerzas Armadas para el diseño de las estrategias territoriales, ahí donde se combate.
La segunda opción es crear una nueva dependencia: la Secretaría del Interior. Esta institución se podría encargar de tres funciones: atraer a la Guardia Nacional y desplegarla en las zonas rurales donde hoy no hay presencia estatal, además de proteger carreteras y caminos; hacerse cargo de la política migratoria y del control fronterizo; y desarticular organizaciones que amenazan la seguridad interior por medio de la inteligencia y de acciones operativas.
Existe una tercera opción que es la más ambiciosa, pero que también permitiría corregir otro pendiente, el de las relaciones civiles-militares. Hablo de hacer una cirugía mayor al andamiaje constitucional y legal de la seguridad nacional, y a su aparato de aplicación que es la Defensa Nacional.
Esta reforma mayúscula implicaría crear una nueva Secretaría de la Defensa Nacional con las 3 fuerzas bajo su manto (Ejército, Fuerza Aérea y Marina), más la Guardia Nacional y el CNI. Las primeras tres se encargarían de la defensa exterior y las últimas dos de la defensa interior. Esto implicaría quitar al Ejército la primacía que hoy tiene en la materia e igualarlo al resto de corporaciones. Y lo más importante: dar el paso histórico hacia un mando civil en la Defensa, como sucede en el resto de democracias.
Para muchos, se trata de un paso imposible, casi por reflejo se dice que “los militares no lo permitirían”. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas no son un monolito de pensamiento e intereses. Dentro del propio Ejército hay generales modernos que entienden la importancia de este paso.
En la Fuerza Aérea, la Marina y la propia Guardia, por su parte, debe haber interesados en dejar de estar subyugados al poder del Ejército. Pero el argumento más importante es que si un gobierno puede hacer esta reforma, es este, el de los 36 millones de votos. ¿Los usarán para fortalecer al Estado o para seguirlo debilitando? (Carlos Matienzo, El Heraldo de México, Editorial, p. 17)
Del Sudán a Ucrania, de Oriente Medio a Myanmar, pasando por la República Democrática del Congo, los conflictos, el caos climático y la inestabilidad obligan a un número récord de personas a abandonar su hogar y dan pábulo a un profundo sufrimiento humano.
Según los datos más recientes, en el mundo hay más de 120 millones de desplazados por la fuerza, de los cuales 43,5 millones son refugiados.
El Día Mundial de los Refugiados es un homenaje a su valor y su entereza; también es el momento de redoblar los esfuerzos para protegerlos y apoyarlos en cada etapa de su viaje.
Los refugiados necesitan la solidaridad mundial, además de la posibilidad de reconstruir su vida dignamente.
Cuando se presenta la oportunidad, los refugiados hacen importantes aportaciones a la comunidad de acogida, pero necesitan igualdad de oportunidades y acceso al empleo, la vivienda y la asistencia sanitaria.
Los refugiados jóvenes necesitan una educación de calidad para alcanzar sus sueños.
Y los generosos países de acogida, en su mayoría países de renta baja o media, necesitan apoyo y recursos para integrar a los refugiados en la sociedad y la economía.
Comprometámonos a reafirmar la responsabilidad colectiva del mundo en lo que respecta a la asistencia y acogida a los refugiados… a la defensa de sus derechos humanos, incluido el derecho a solicitar asilo… a la salvaguarda de la integridad del régimen de protección de los refugiados… y, en última instancia, a la resolución de los conflictos para que quienes se ven obligados a abandonar su comunidad puedan regresar a su hogar. (Antonio Guterres, El Sol de México, Análisis, p. 22 y Ovaciones, Internacional, p. 28)
Botín Político

(Gregorio, Excélsior, Nacional, p. 10)
Día Mundial del Refugiado

(Solís, Excélsior, Nacional, p. 10)