Acceso libre / El basta del embajador
El embajador de Estados Unidos en México no se esperó a los canales diplomáticos y salió a advertir la preocupación del gobierno de Estados Unidos por la violencia en el país. Ken Salazar declaró que “es tiempo para resultados en la seguridad” y que este tema es más importante que cualquier acuerdo comercial.
La violencia espectacular en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Colima demuestran la debilidad institucional, pero que, con una carga fuerte de ideología, parece tener al gobierno federal en una óptica fuera de la realidad.
El viraje en el posicionamiento del embajador Salazar respecto al gobierno mexicano en el tema de seguridad es una reacción no esperada en Palacio Nacional. Apenas un día antes, en Aguascalientes, el embajador declaraba que el gobierno de su país respetaba la soberanía de México y la estrategia de seguridad impulsada por López Obrador.
La cercanía del embajador y el presidente mexicano llamó la atención del diario The New York Times, que en un artículo señalaba la preocupación al interior de la administración Biden sobre la cercanía que tenía con el mandatario. En ese entonces, el Presidente lo defendió.
El que fuera secretario del Interior en la administración Obama, miembro del Partido Demócrata, senador y fiscal general por el estado de Colorado, declaró que los actos de los grupos criminales no son terrorismo “pero inseguridad real sí, con consecuencias gravísimas para el pueblo que se afecta”, y también ve que la inseguridad no es un tema fácil de resolver, considera que “no es algo que se va a resolver en seis meses, dos años, seis años. La experiencia en la función pública del embajador hace que sus palabras tomen significado.
El problema de fondo con Estados Unidos es que México no ha materializado resultados en seguridad, especialmente después de la del Entendimiento Bicentenario en sustitución de la Iniciativa Mérida a finales del año pasado, más aún cuando los índices de violencia en el país han roto récords. En los 44 meses del gobierno lopezobradorista ya se suman 127 mil 162 muertes violentas, de las cuales más de 123 mil fueron homicidios dolosos. Con estas estadísticas, es natural que nuestro vecino haya prendido las alarmas.
Quizá también, porque a pesar de las escenas de violencia y muertes de civiles, el Presidente ha insistido en sostener su estrategia de “abrazos no balazos”. Tiempo para decir, ya basta. (Carlos Zúñiga, El Heraldo de México, País, p.5)
¿Qué política migratoria?
En Tijuana, a pocos metros de la valla metálica que separa a México de los Estados Unidos, se eleva un centro de investigación y docencia llamado a ser orgullo de la UNAM y de su Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es la flamante Estación Noroeste de ese Instituto, bautizada con el nombre de un ilustre sociólogo del Derecho: Héctor Felipe Fix-Fierro. Primera de su género, dispone de magníficas instalaciones y ha emprendido programas que anuncian un excelente porvenir. Cuenta con egresados de estudios superiores y desarrolla tareas que se agregan a las de otras instituciones en el mismo ámbito geográfico y humano, como el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma y su Facultad de Derecho.
Quienes conocieron Tijuana hace más de medio siglo, advierten el cambio profundo que se ha producido en este enclave fronterizo. Hoy es una de las ciudades más extensas y pobladas de México. Escenario de muy graves problemas, también es asiento de instituciones que contribuyen con honor a la ciencia y la cultura. Entre ellas se halla la Estación del Noroeste. Desde ahí se observan, además del muro ignominioso, el Océano Pacífico y la ciudad de San Diego en un punto remoto del horizonte espacioso. Hace algunos días nos reunimos en esa Estación universitaria para analizar temas de la relación binacional, con asistencia de académicos mexicanos y no mexicanos —no me gusta decir “extranjeros”.
En Tijuana, el pan nuestro de cada día es la presencia de millares de migrantes a la vera del muro o en las avenidas y calles de la ciudad. Se hallan a la expectativa. Llegaron a México huyendo de la violencia y la pobreza, la opresión y el abandono, y encontraron aquí los mismos problemas que motivaron la salida de su país. Son parte de la copiosa legión de los vulnerables, a quienes se niega el ejercicio de sus derechos y se confina a título de adversarios o enemigos. Carecen de un seguro porvenir.
En ese escenario propuse con naturalidad una pregunta que sigue sin respuesta: ¿cuál es la política migratoria del Estado mexicano? No me refiero a lo que dicen la Constitución, las leyes que derivan de ésta o los tratados internacionales. Aludo a la realidad estricta: ¿qué posición guardan las instituciones de la República y la propia sociedad frente a los migrantes que han llegado a nuestro país en números crecientes, hasta generar una crisis de la que no logramos salir?
Hace pocos años un nuevo gobierno, que sembró esperanzas y produjo frustraciones, anunció que abriría las puertas del país a los migrantes. Pero no fue así. Pronto se utilizó la fuerza pública para acosarlos en ambas fronteras del país. La Guardia Nacional, creada para contener la delincuencia, se convirtió en una fuerza represora de la migración. Nuestro discurso, regularmente generoso, se ensombreció y la suerte de los migrantes —y de nuestra propia población— quedó al garete.
Los migrantes han padecido comercios infames, violencia criminal, carencias inauditas. Su sueño americano es cotidiana pesadilla. Por eso, en la Estación Noroeste se elevé la pregunta que aguarda respuesta formal: ¿cuál es la política migratoria del Estado mexicano? Hasta hoy, ninguna. La ley y el discurso dicen una cosa, la realidad implacable muestra otra, absolutamente alejada de aquélla. Y el problema crece. Puede convertirse en una tragedia inmanejable. Para muchos ya lo es. ¿No ha llegado el momento de tomar conciencia —verdadera conciencia, quiero decir— de esta situación y enfrentarla con lucidez y dignidad? (Sergio García Ramírez, El Universal, Opinión, p.14)
La trata de personas
La trata de personas es considerada una violación grave de derechos humanos; atenta contra la dignidad, la integridad y la vida misma de las víctimas, reduciéndolas a una condición de objetos mercantiles, vendibles y, por tanto, basurizables. Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, oportunidad para continuar con las reflexiones en torno a este delito que ha evolucionado y se ha intensificado y ampliado con la pandemia de covid-19 y que continúa afectando particularmente a personas en situaciones de vulnerabilidad, insertas en condiciones de pobreza y desigualdad en contextos de violencia, factores determinantes para ser blanco de personas tratantes y de la delincuencia organizada. La Convención de Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional define a la trata de personas como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Además, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en México la define como toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación.
Una de las problemáticas que se han presentado al momento de prevenir este delito, de atender a las víctimas y de garantizar su acceso a la justicia, ha sido la falta de armonización en las definiciones para identificar las características que las diferencien de otras prácticas, que generan vacíos legales o imprecisiones para actuar en los casos de manera adecuada, establecer sanciones y condenas correspondientes.
De acuerdo con la Ley General en esta materia, son diversas las formas en las que se presenta la trata de personas: esclavitud; servidumbre doméstica o por deudas; prostitución ajena u otras formas de explotación sexual o laboral; trabajo o servicios forzados; mendicidad forzada; uso de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas; así como, la adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes; el matrimonio forzoso o servil; el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, y la experimentación biomédica.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha informado que, en 2020, 51 por ciento de las víctimas presentan dificultades económicas, y que 20 por ciento son niños, niñas y adolescentes que sufren violencia familiar; 13 por ciento han tenido una relación sexo-afectiva con sus tratantes; 10 por ciento son personas migrantes indocumentadas, y 9 por ciento son niñas y niños privados de cuidados parentales por algún motivo.
Además, ha declarado que durante el mismo año en México se reportaron 461 víctimas de trata: 209 mujeres, 35 niñas, 87 niños y 23 hombres. Estas cifras demuestran que, además de las condiciones de desigualdad predominantes en las víctimas, son las niñas y mujeres las más afectadas. Aunque existe un marco normativo internacional que obliga al Estado mexicano a atender la trata de personas y uno nacional que define las formas en que las instancias gubernamentales deberán actuar, la ausencia de una perspectiva de derechos humanos, de género y de niñez, representa aún muchas dificultades.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), durante el conversatorio Decir y hacer contra la trata, llevado a cabo el pasado 29 de julio, resaltó la necesidad de desarrollar estrategias de prevención, investigación, sanción y atención a víctimas, con un análisis interseccional que considere las causas estructurales, tanto económicas como culturales, y con esto evitar la normalización del delito y la criminalización de las víctimas. Así, como resultado de la evolución de este ilícito, las plataformas digitales han sido un medio al que han recurrido las redes de trata de personas y la delincuencia organizada para acercarse a las víctimas. Al respecto, y en sintonía con la CDHCM, será necesario que las normatividades consideren estos elementos y sean actualizadas para tener una mejor actuación y seguimiento de los casos.
Que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones para revertir las estadísticas, procurar una atención integral, y sensibilizar a funcionarias y funcionarios públicos, serán fundamentales para erradicar este delito, desmantelar las redes de trata de personas y debilitar las formas en las que la delincuencia organizada ha roto los tejidos sociales, principalmente en poblaciones vulneradas y que no sólo son víctimas de la trata de personas, sino además de muchas otras formas de opresión y de injusticias. (Miguel Concha, La Jornada, Opinión, p.16)
Suma de Negocios / Omar García Harfuch pone el ejemplo
El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, y el Gobierno de la Ciudad de México le pusieron el ejemplo a las autoridades del resto del país al realizar un operativo en contra de un amplio esquema de “monta deudas”, que implicaba a empresas que se dedicaban a la usura y la extorsión con técnicas muy agresivas.
Las víctimas descargaban una aplicación en sus teléfonos celulares para obtener un préstamo, que iba de los 10 mil a los 20 mil pesos, y después los criminales las acosaban mediante el acceso a la información digital de sus teléfonos.
De acuerdo con las autoridades, el 70 por ciento de las víctimas eran mujeres, muchas veces les mandaban mensajes a su red de contactos y las difamaban, también hubo casos de personas que descargaron la aplicación, pero no pidieron un préstamo y aun así fueron acosadas.
El operativo dio cuenta de una operación en la que trabajaban más de mil personas en varios call centers, desde los que también se operaba para otras entidades como el Estado de México, Querétaro, Jalisco, entre otras, y había nexos operativos vinculados a China y Colombia.
El operativo muestra que las autoridades locales pueden enfrentar este tipo de crímenes que ocurre en un vació en el que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no parece tener atribuciones, ya que obviamente este tipo de esquemas no tienen autorización para ofrecer servicios financieros y los estafadores aprovechan el contexto de crisis económica e inflación, que genera condiciones de desesperación financiera, de lo cual se aprovechan.
Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, lo describió muy bien al decir que: “A veces, en medio de la necesidad, requerimos cierta cautela y confianza, ambas en esa tensión, para poder acudir al sistema financiero, al mercado bancario y que asumamos que cualquier oferta que se sale del mercado es, en el 99.9 por ciento de los casos, un fraude”.
El operativo se dio después de una investigación de cuatro meses en la que se identificó esta problemática, que no sólo es prevalente en México, sino en varios países de América Latina, lo cual resulta lógico al considerar la baja cultura financiera, la informalidad, pero, sobre todo la desesperación en un contexto de crisis, lo que es inédito es que una autoridad haya decidido atacar el problema con fuerza, sofisticación y eficacia.
No sólo deja un precedente en contra de los “monta deudas” también muestra que los esquemas de estafa financiera pueden ser llevados ante la justicia.
Los que participan en esquemas piramidales ya tienen otro motivo para no dormir y, es que, aunque algunos tardaron años en caer, como Aras Business Group, otros, como Decentra, antes Xifra, han logrado escurrirse, incluso expandirse.
El Gobierno de la Ciudad de México mostró que pueden ser perseguidos y que no deberían estar tan tranquilos en su impunidad.
El operativo es producto de la voluntad política de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de la capacidad de ejecución e investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, así como del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Salvador Guerrero Chiprés, y que fue clave en la investigación, así como en la difusión.
La Fiscalía General de la Ciudad de México tendrá que hacer un buen expediente para que los culpables pisen la cárcel, pero, sobre todo para que dejen un precedente.
Los estados a los que llegaron estos “monta deudas” no deberían tardar en ejecutar investigaciones similares. (Rodrigo Pacheco, Excélsior, Dinero, p.17)
Liberales y conservadores / El fracaso de “los otros datos” ante el terrorismo
El Presidente niega lo evidente: la inseguridad pública en algunos lugares del país, lo ha rebasado.
Se entiende que como jefe de Estado no acepte –y menos en público- que hay un vacío de poder en algunas partes del país.
Peeero, por más que intente marcar otras agendas desde su conferencia mañanera, es inevitable referirse al problema de la violencia, y más tras lo ocurrido en seis entidades.
Jalisco: 8 bloqueos carreteros y 15 vehículos incendiados.
Guanajuato: 28 comercios y 19 vehículos incendiados.
Chihuahua: 10 fallecidos; 14 lesionados, y 3 inmuebles y 3 vehículos incendiados.
Baja California: 36 bloqueos carreteros y 25 vehículos incendiados.
Michoacán: la intercepción de un convoy y detención de 167 integrantes de la organización Pueblos Unidos, generó 6 bloqueos carreteros.
Colima: 14 vehículos incendiados.
¡En poco más de una semana 76 vehículos incendiados y personas que fallecieron violentamente! Es un fracaso del Estado mexicano.
Desde el gobierno se acusa a los conservadores de impulsar propaganda negra para magnificar los hechos, pero es evidente su incapacidad para garantizar la seguridad.
A manera de control de daños, se improvisó una conferencia de prensa el lunes.
“El motivo de esta convocatoria es informar sobre los hechos ocurridos y las acciones desarrolladas durante el fin de semana en varias entidades de la república”, se anunció el lunes, aunque los actos incendiarios comenzaron la noche del martes anterior en Guanajuato y Jalisco.
A diferencia de otras veces, algunos de los muertos no se pueden atribuir a enfrentamientos entre bandas criminales, y menos aún a lo mal hecho en el pasado.
Ahora hubo ataques directos contra la población civil. Los testimonios son de terror, cómo la forma en que dispararon contra clientes que esperaban comprar una pizza en Ciudad Juárez.
Nadie cree versiones imbéciles de que esto fue producto de un complot oficial para justificar la anexión de la Guardia Nacional a la Sedena.
(Si estuviéramos en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari quizá se creería, pero al actual gobierno no le da ni la perversidad ni la capacidad para llevarlo a cabo).
Fue asombroso escuchar al titular de la Sedena argumentando que los actos delictivos fueron en reacción al combate a la criminalidad: “Lo que sucedió en Michoacán, los bloqueos, fueron por la detención que hicimos de este grupo o de esta cantidad de gente perteneciente a Cárteles Unidos”.
Quien no se midió fue el secretario de Gobernación, al declarar: “Yo le diría contundentemente que la estrategia de seguridad del Gobierno de México está dando resultados”.
Entendemos que nos lo digan, pero ojalá que no se lo crean.
Algo tiene que hacerse porque la violencia, lejos de disminuir, está empeorando.
Y esto ya tiene hasta repercusiones internacionales. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos publicó su actualización de la Alerta de Viajes a México. Pide a sus ciudadanos que no viajen a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.
El embajador Ken Salazar, advirtió que con la inseguridad “se enfría la inversión de los Estados Unidos y de otros países aquí en México y es lo contrario de lo que debía pasar bajo el sueño del TMEC”.
Fiel a su estilo, el presidente López Obrador cuestionó cuántos actos violentos hay en Estados Unidos y que su gobierno no emite alertas de viaje a los mexicanos para que no vayan a ese país.
No, esta vez no le alcanza decir que tiene otros datos. Ojalá que así lo entienda y evite que México siga siendo víctima del terrorismo.
Monitor repubicano
Terrorismo, según el diccionario, es la “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. ¿Entendistes? (Amador Narcia, El Universal, Nación, p.7)