Viajo muy seguido a Guadalajara. El avión no es lo más conveniente (el desastroso AICM y las obras en la carretera de Chapala complican todo). Ergo, sin mayor sobresalto me trasladaba en camión… hasta la semana pasada.
El autobús es puntual, cómodo y sencillo de abordar –hay varias terminales, e incluso uno que parte de puntos céntricos como la colonia Roma–, llegas minutos antes, te identificas con el/la boletera y voilà, nadie más te molesta… bueno, hasta la semana pasada.
La madrugada del jueves y luego de años de hacer mensualmente esa ruta, cuarenta minutos antes de llegar a Guadalajara el camión se detuvo, el conductor prendió la luz interior, y pronto empezamos a escuchar voces. Era un retén del Instituto Nacional de Migración.
Uniformados, una mujer y un hombre demandaron identificarnos con nuestro INE. Afuera, otro camión era detenido al lado de una unidad con logo del INM. Sobre la autopista, un agente operaba un dron volándolo a baja altura. No eran ni las 6 am.
Aquí, cualquier mexicano de mediana edad ha de hacer un cálculo.
La ecuación de ese razonamiento tiene que sopesar, por un lado, el fundado temor de estar detenidos en una carretera en la madrugada. Y, por otro lado, qué diablos hace un retén del Instituto Nacional de Migración parando un camión mexicano que va de la capital de la República a la segunda ciudad más importante del país para revisar, sin orden judicial ni suspensión de garantías, a mexicanos.
Tu disyuntiva: pedir o no que conforme a tus derechos los uniformados te muestren la norma, ley, decreto o mandato judicial que les permite molestar ciudadanos que no están delinquiendo, ni alborotando, ni conduciendo un “vehículo” sospechoso. ¡Ni pasando una frontera!
Algo te dice que en tal situación defender tus derechos puede derivar en que, en menos de tres minutos, seas bajado en medio de la noche por una cuadrilla que en el mejor de los casos sí son agentes de migración.
Yo no cargo INE. Aceptaron mi licencia de la CDMX (aceptada también en el avión). La mujer del asiento de enfrente tampoco portaba el suyo, y tras amonestarla se le advirtió que la “única identificación oficial” es el INE y que tiene que cargarla siempre.
Hace tiempo un amigo me dijo que nunca más tomó ese camión nocturno porque en medio trayecto subieron “uniformados raros” que esculcaron a todos. No me ha pasado, pero por qué nos tiene qué detener el INM si la autoridad mexicana, si tuviera motivo justificado, podría pedir a la compañía camionera la lista de pasajeros, y si uno les interesa, y cuentan con orden judicial, parar el autobús y requerirlo.
Desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, la presidenta de México ha cedido soberanía. Ella no va a reconocerlo, así como ayer no reconoció la existencia de lo que anunció la DEA el lunes: que hay un programa bilateral en marcha en la frontera.
No nos hagamos. Para empezar, el INM no debe importunar a me-xi-ca-nos. Sobra decir que la autopista CDMX-GDL está lejísimos de toda frontera. Y aun en lugares como Tijuana, si llegas en vuelo doméstico ¿porqué te detiene el INM?
Contentar a Trump ha costado soberanía. Igual se mandan nacionales sin el debido proceso a cárceles estadounidenses, igual ahora el INM nos obliga a que demostremos que somos mexicanos. Eso no es legal, no es democrático, no es tampoco de izquierda. Pero es.
¿Qué más ha cedido la presidenta Sheinbaum? Sería bueno saberlo, para no adivinar qué documentación portar. (Salvador Camarena, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 33)
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió de forma categórica el comunicado de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en torno a una iniciativa conjunta para desmantelar las redes de tráfico de drogas que utilizan los cárteles.
La mandataria enfatizó que el único acuerdo bilateral en materia de seguridad es el que se trabaja desde hace meses con Washington y está a punto de firmarse, pero no tiene ninguna relación con lo anunciado el lunes por la DEA. En cuanto a las supuestas capacitaciones a personal mexicano en territorio estadunidense, sólo hay cuatro policías que asisten a un taller en Texas, igualmente sin vínculos con las afirmaciones del organismo.
Según la DEA, el Proyecto Portero (del inglés gatekeeper) se dirige contra los operadores del crimen organizado conocidos con ese nombre, encargados de dirigir el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia el norte, al tiempo que garantizan el movimiento de armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo de regreso al sur, e involucraría a “las fuerzas del orden, inteligencia, defensa y fiscalía, alineando prioridades y operaciones para que Washington pueda desplegar toda su capacidad contra las redes de cárteles”.
Divulgaciones como ésta constituyen una agresión tanto por su carácter mendaz como porque, de ser ciertas, tendrían que emitirse con el conocimiento y la anuencia de ambas partes, como corresponde a las normas y los usos diplomáticos. La emisión unilateral de afirmaciones que revisten tanta gravedad es una forma de presión que transgrede los principios de la buena vecindad y que lamentablemente no puede considerarse un desliz o un error, sino que se inscribe en el patrón de provocaciones característico del trumpismo, cuyos integrantes no tienen empacho alguno en lanzar afirmaciones sin sustento. Basta con recordar la insistencia del magnate, durante su primer periodo presidencial, en que México había accedido a pagar el muro fronterizo que constituía el eje de su política xenófoba de entonces. Tan evidente es dicha falsedad, que el muro nunca se construyó y hoy las fortificaciones se encuentran relegadas por la decisión de desplazar el énfasis antimigrante a las cacerías humanas lejos de la frontera.
A la tendencia de la administración republicana a fanfarronear se suma el enojo inocultable de la DEA contra los gobiernos de la Cuarta Transformación, que comenzó cuando el ex presidente Andrés Manuel López Obrador denunció sus malas prácticas, excesos y corruptelas, y puso fin al libertinaje con que sus agentes actuaban en territorio mexicano gracias al entreguismo imperante durante el calderonato y el peñismo. Es evidente que la DEA, acostumbrada al intervencionismo y la impunidad, no ha terminado de digerir la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que desde 2020 regula sus actividades en México, y cíclicamente deja ver su descontento mediante filtraciones y declaraciones orientadas al golpeteo político.
Pese al tiempo transcurrido y a la consolidación del proyecto progresista liderado ahora por la presidenta Sheinbaum, la DEA y otras dependencias de Washington no terminan de entender que México ya cambió y que no encontrarán en Palacio Nacional el silencio obsecuente que antes les permitía hacer y decir a su gusto. Sería positivo que consideraran lo contraproducente de acciones como la comentada, las cuales les acarrean desprestigio y pérdida de credibilidad, además de que torpedean las perspectivas de una cooperación bilateral fructífera y respetuosa en materia de seguridad. (La Jornada, Editorial, p. 2)
La música mexicana y, en particular, la de mariachi, apareció en Boston, la capital y la ciudad más poblada de Massachusetts, Estados Unidos, y donde se tiene registrada la presencia de poblanos que están ocupados en el sector restaurantero.
En una muestra de apoyo hacia los migrantes, Michelle Wu, alcaldesa de Boston, realizó una conferencia de prensa con música mexicana, acción que es resaltada por organizaciones civiles que defienden los derechos de las personas, sin importar su lugar de origen.
La política del gobierno norteamericano contra los llamados indocumentados se está centrando en amenazas relacionadas con quitar recursos a las ciudades santuario que se opongan a los operativos y deportaciones masivas.
Ante las amenazas, Michelle Wu, integrante del Partido Demócrata, respondió a los anuncios del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, que amagó con quitar fondos federales e indagar a funcionarios de las ciudades que apoyen a los migrantes.
De manera particular, Wu contestó a Pam Bondi, titular de la Fiscalía General de Estados Unidos, quien se dirigió a 32 alcaldes de ciudades santuario con el argumento de retener fondos en caso de que se opongan a las acciones del gobierno federal.
En pocas palabras, la fiscal norteamericana aplicó a los alcaldes norteamericanos la frase conocida en México como “coopelas o cuello” (cooperas o cuello), que utilizó Zhenli Ye Gon, empresario mexicano de origen chino, acusado de comercializar con acetato de pseudoefedrina.
Wu reveló que Boston recibió una carta de Bondi amenazando con procesar a funcionarios de la ciudad y retener fondos federales a menos que “cooperen con las deportaciones masivas”.
“La fiscal general de Estados Unidos pidió una respuesta para hoy, así que aquí está: dejen de atacar a nuestras ciudades para ocultar los fracasos de su Administración. A diferencia de la Administración Trump, Boston sigue la ley”, expresó la alcaldesa.
Las imágenes de la postura de Wu se viralizaron luego de que incluyó a la cantante de mariachi local Verónica Robles, quien interpretó “Cielito lindo’”. Los usuarios de redes reaccionaron y reforzaron la idea de defensa y apoyo a la comunidad migrante. (Jaime Zambrano, Milenio Puebla, Online)
Las decisiones dogmáticas carecen de protección racional.
La presidenta Claudia Sheinbaum sabe que nunca tendrá una buena relación con el Secretario de Estado Marco Rubio.
Por su parte, Rubio sabe que nunca tendrá una buena relación con la mexicana. Vecinos distantes, nos dice Alan Riding.
Cuba representa un muro entre ambos. La mandataria mexicana apoya a la dictadura. Rubio, hijo de cubanos, la combate como ningún otro Secretario de Estado lo ha hecho en el presente siglo.
El choque entre ambos ya está provocando un costo elevado en la relación, y lo que falta. La desconfianza es el rasgo de la relación entre ambos. Hay tanta, que el Secretario de Estado no ha viajado a México durante los primeros siete meses de su gestión.
La presidenta Sheinbaum está cometiendo un error estratégico: la relación con la Casa Blanca la asume ella en su totalidad; decidió llevar a las gradas a su secretario de Relaciones Exteriores.
Es Marco Rubio quien diseña la estrategia de la relación con México. Trump puede hablar de aranceles, de migración e inclusive de seguridad; los tres temas de manera binacional, sin embargo, es el Secretario de Estado quien ha asumido las estrategias generales de la relación.
Trump lee el teleprompter y Rubio le escribe el guion.
Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló la asistencia que le transfiere el gobierno de la presidenta mexicana a la dictadura cubana.
“De mayo a junio de 2025, Pemex registró 39 embarques de hidrocarburos con valor superior a los 850 millones de dólares (10 millones 230 barriles de petróleo crudo y 132.5 millones de litros de productos identificados como turbosina, aceite diésel y gasolina regular)”.
El periódico Reforma publicó la nota el pasado sábado.
MCCI también reveló cifras sobre la cantidad de libros de texto que el Gobierno mexicano le imprime a la dictadura cubana: 15 millones de libros con un costo de 387 millones de pesos.
En la página 222 del libro, señalan MCCI y Reforma, aparece una crítica en contra del presidente estadounidense: “Con la administración de Donald Trump la política de bloqueo se arreció como nunca antes se había visto (…) y la persecución implacable contra Cuba (…)”.
Cuba se ha convertido en el mayor productor de entelequias en el mundo.
Justificar violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y todo el catálogo que contempla las dictaduras, por presiones y sanciones de Estados Unidos, es el principal logro de los hermanos Castro y sus alumnos.
AMLO y Sheinbaum importan a México la identidad del régimen.
Sheinbaum sabe que nunca tendrá buena relación con Rubio. ¿Asumirá los costos? (Fausto Pretelin Muñoz de Cote, El Economista, Geopolítica, p. 42)
La trata de personas: una crisis persistente que demanda respuestas inmediatas trata de personas es una flagrante violación a los derechos de las personas, que se manifiesta de múltiples formas en el mundo. El Informe Mundial sobre Trata de Personas 2024 muestra un aumento del 78% en la detección de víctimas América del Norte en los años 2022 y 2023, siendo la explotación sexual la forma más común. La mayoría que enfrentan condenas por este delito son los hombres.
Anualmente, el gobierno de los Estados Unidos publica el Informe sobre la Trata de Personas (TIP), que evalúa los esfuerzos, realizados contra este flagelo. Este informe clasifica a los países en niveles que reflejan su cumplimiento de estándares mínimos para erradicar la trata y ofrece recomendaciones que mejoran su combate. En cuanto a México, el informe destaca su papel como país de origen, tránsito y destino de víctimas, con modalidades predominantes de explotación sexual y laboral. Grupos vulnerables como niñas, niños, mujeres, personas indígenas, migrantes la comunidad LGBTTTI son quienes enfrentan el mayor riesgo.
Desde la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos en el año 2000, hasta la publicación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la trata de personas en 2012, México ha realizado esfuerzos para regular el combate de este delito. Estos instrumentos contemplan las diversas formas de explotación humana, desde la esclavitud, hasta la prostitución y matrimonios forzados, abarcando las necesidades y mecanismos de protección para las víctimas.
Aunque se han logrado avances legislativos, incluyendo la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cuando son cometidos en contra de menores, la respuesta judicial sigue siendo insuficiente, para abordar eficazmente la complejidad de los delitos relacionados con la trata de personas en México.
También las políticas desarrolladas tienen efectos limitados en la prevención y erradicación de este flagelo, debido a las intrincadas causas que lo generan, las que varían drásticamente de una región del país a otra. Estas incluyen la pobreza, la violencia la falta de oportunidades educativas y laborales, así como el aumento crimen organizado que explota estas vulnerabilidades. Adicionalmente existen cambios en los patrones de captación de las víctimas quienes mujeres, ya que se observa un incremento en la explotación de niños y hombres jóvenes.
Estas poblaciones son captadas por las redes criminales, que los obligan a realizar actividades ilícitas, diversificando así las modalidades de la trata presentando ra las autoridades de nuestro país.
Por ello, es crucial no bajar los brazos y fortalecer las medidas de prevención y combate, aplicando un enfoque regional y cultural adaptado, que responda de manera efectiva, conforme a las necesidades específicas de cada comunidad afectada por estos delitos, la colaboración de las autoridades junto con una implementación efectiva de políticas públicas, será esencial para enfrentar los desafíos venideros.
Es tiempo de mujeres. (Celia Marín Sasaki, El Universal, Opinión, A14)
En el pasado un hecho precipitó la contratación de especialistas en manejo de crisis para salvar al turismo: el derrumbe en la llegada de turistas internacionales a México y la pérdida de empleos.
Esto ocurrió cuando el gobierno de Felipe Calderón incluyó en el discurso oficial el concepto de la “guerra contra el narcotráfico”.
Los estadunidenses, principal mercado foráneo para México, entendieron de forma literal el concepto de “guerra” y muchos dejaron de venir ante el temor de encontrarse con un escenario extremadamente violento.
Entonces Calderón le hizo caso al Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) e invitó a Gloria Guevara y a Rodolfo López Negrete para recuperar a los viajeros desde la Secretaría de Turismo y el Consejo de Promoción Turística.
Este último dedicó más recursos para incluir a expertos en manejo de crisis en las licitaciones internacionales para la promoción del país, era urgente decirles a los extranjeros que la “guerra” era una metáfora y que era mucho más peligrosos viajar a los barrios bravos de Washington DC, que a Cancún o Vallarta.
Los resultados fueron paulatinos y hubo muchas campañas creativas como aquella de los turistas hablando con los taxistas mexicanos sobre lo bien que se la pasaban en México.
Esas herramientas fueron utilizadas en otras crisis, como aquella del alcohol adulterado en Riviera Maya o la del crucerista canadiense herido por una bala perdida en Mazatlán.
Ahora nadie está haciendo de forma sistemática esa tarea y el gobierno estadunidense usa otra palabra tan temible como la “guerra” y es la de “terrorismo”.
No es exagerado que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) hayan dado la voz de alarma mediante un comunicado, pues consideran que la inclusión del término “terrorismo” en la alerta de viaje emitida el 12 de agosto por el gobierno estadunidense, pone en riesgo al turismo en 30 entidades del país.
La alerta, señalan, no refleja con precisión la situación de la mayoría de los estados mexicanos y ha generado inquietud ante las interpretaciones erróneas que podrían afectar gravemente a uno de los pilares económicos.
“El impacto económico de una alerta de este tipo no puede minimizarse. Esta alerta podría desincentivar la llegada de turistas internacionales y afectar a la economía”.
La llegada de turistas no se ha hundido a los niveles registrados en el gobierno de Calderón y tampoco hay interés por atender el problema de imagen que está afectando al turismo nacional.
La alerta de viajes no es un caso aislado, el Departamento del Tesoro de la Unión Americana señaló la semana pasada estar actuando contra 13 empresas de “tiempo compartido” por defraudar a cientos de estadunidenses.
La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur), que preside Marco Agostini, reconoció las acciones anunciadas para castigar y acabar con los fraudes dirigidos a dueños estadunidenses de tiempos compartidos y miembros de clubes vacacionales en México.
Pero no aclaró enfáticamente que no son empresas de tiempos compartidos, sino compañías fantasmas que decían dedicarse a esa actividad como otras dicen ser hoteleras o financieras.
CNET y Coparmex demandan que el gobierno de México implemente una campaña internacional de promoción comercial y relaciones públicas, acompañada de un plan de manejo y gestión de crisis.
Pero, hasta ahora, no existen indicios de que el gobierno mexicano vea la necesidad de responder a este grave problema en ciernes. (Carlos Velázquez, Excélsior, Dinero, p.4)
Galileo Galilei nació en Italia en 1564. Fue un matemático, físico y astrónomo considerado el padre del método científico moderno. Entre sus aportaciones más relevantes están la mejora del telescopio, con el que observó las lunas de Júpiter, describió las fases de Venus y estudió las manchas solares, hallazgos que confirmaban la teoría heliocéntrica de Copérnico: que la Tierra giraba alrededor del Sol.
Su insistencia en divulgar estas conclusiones lo llevó a enfrentarse con la Iglesia católica, que en 1633 lo juzgó por “sospecha grave de herejía”. Obligado a retractarse públicamente, Galileo pasó sus últimos años bajo arresto domiciliario. Irónicamente, fue condenado no por equivocarse, sino por atreverse a desafiar al oficialismo de su tiempo.
Un caso similar es el que le ocurre a Carlos Treviño Medina. Su historia retrata una de las grandes paradojas de la justicia mexicana: el acusador puede convertirse en acusado, mientras que los corruptos señalados manipulan el sistema a su favor y se presentan como “inocentes víctimas de una persecución”.
Carlos Treviño cometió un error imperdonable en el México que vivimos: como integrante del Consejo de Administración de Pemex, advirtió el daño financiero que representaban las compras de Agronitrogenados y Fertinal, adquiridas a sobreprecio durante la gestión de Emilio Lozoya. Con la instrucción directa del Consejo y la venia presidencial, Treviño giró la orden de presentar la denuncia correspondiente. Esa decisión, amparada en el compromiso de su encargo, fue el inicio de su persecución. Lozoya, al regresar a México bajo un criterio de oportunidad y buscando atenuar sus responsabilidades, señaló falsamente a Treviño como beneficiario de un soborno millonario.
Ahora bien, si investigamos a fondo, podemos ver que las pruebas demuestran que el señalamiento contra Treviño carece de sustento jurídico:
Lozoya afirma que entregó cuatro millones de pesos a Treviño para cabildear la Reforma Energética. Sin embargo, en esas fechas Treviño era titular de Financiera Rural.
Lozoya aseguró que el dinero fue enviado a través de Rodrigo Arteaga, secretario particular de Treviño. Arteaga declaró bajo juramento que tal hecho nunca ocurrió.
Los recursos pagados por Odebrecht constan en la carpeta de investigación y están localizados en una cuenta a nombre de un socio del propio Lozoya, no de Treviño.
La Unidad de Inteligencia Financiera rastreó de manera minuciosa las finanzas de Treviño y concluyó que eran consistentes con sus ingresos lícitos.
Pero, lejos de detenerse allí, la persecución escaló. Treviño denunció públicamente el atropello del cual estaba siendo víctima, pero la Fiscalía nunca realizó actuaciones para revisar su caso. En cambio, el gobierno solicitó una ficha roja de Interpol en su contra. Carlos Treviño recurrió a instancias internacionales, en Francia concretamente, y obtuvo un fallo favorable que acreditó la violación de sus derechos humanos en México.
Ante la falta de justicia, se refugió en Estados Unidos solicitando asilo político. Sin embargo, el tiempo no corrió a su favor: hoy enfrenta un juicio migratorio del cual se espera que sea enviado a México.
El caso de Carlos Treviño es la muestra clara de que decir la verdad no siempre es sinónimo de justicia, porque en México, a veces la verdad se juzga y la mentira se premia.
A Galileo lo encerraron el resto de su vida por demostrar que todo el sistema estaba equivocado. A Carlos Treviño lo quieren encerrar por evidenciar y exponer a un puñado de corruptos. Tal vez la lección que quieren dar para las próximas generaciones es clara: si eres testigo de un hecho de corrupción, no lo denuncies, porque eso puede significar cárcel, exilio y linchamiento.
Reenviado
Los siglos hicieron justicia donde los tribunales no. Galileo murió como hereje confeso, pero la historia lo reivindicó como uno de los grandes pilares de la ciencia moderna.
Sus ideas transformaron para siempre nuestra visión del universo y abrieron el camino a Newton y a la física contemporánea. En 1992, más de 350 años después de su condena, el papa Juan Pablo II reconoció públicamente los errores de la Iglesia en el proceso y ofreció disculpas. El tiempo demostró que el acusado tenía razón, y que el verdadero error fue criminalizar la verdad.
Ojalá no tengan que pasar 350 años para que a Carlos Treviño le sea reconocida su inocencia. (Daniel Santos Flores, La Razón, México, p. 2)