Más y más, la impresión reinante es que la relación entre Estados Unidos y México va a ser agitada, complicada, y mucho mejor de lo que hoy se espera.
Y según los indicios, con una pesada carga de necesidades y conveniencias geopolíticas, determinada por una larga frontera y una creciente integración social y económica.
Pero eso no es nuevo.
Las razones son simples. Está por un lado la realidad de una relación interméstica, marcada por la asimetría, pero donde lo que pasa en uno reverbera en el otro.
En términos estratégicos, el gobierno de Estados Unidos tiene necesidad de un vecino estable y seguro, y si eso implica pasar por alto desacuerdos que no afecten la premisa esencial de seguridad, van a hacerlo, aunque para ello deban simplemente tragarse el berrinche y especialmente si la contraparte está debilitada.
Para México, implica aceptar algunas realidades que, como la presencia policial estadounidense, pueden ser desagradables, además de aprovechables de cara a la opinión pública interna. Pero también medir sus pasos.
Sin embargo, el eje es la necesidad geopolítica. Ninguno de los dos países puede darse el lujo de separarse o chocar con el otro: social y económicamente se encuentran demasiado integrados.
La prudencia real que marcó las relaciones entre los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador estuvo determinada por esas realidades. Desde el lado estadounidense, fue evidente que tras un ruidoso inicio en el que satanizó a México y los mexicanos, Trump moderó su tono. En el lado mexicano, el presidente López Obrador ha sido cuidadoso en sus expresiones y sus acciones respecto a EU. Y las profecías de un “choque de trenes” nunca se cumplieron. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Opinión, p.29)
Los golpes de Estado son una de las formas de transmisióndel poder y de cambio estratégico de rumbo en las políticas de una nación. En Estados Unidos a veces han implicado asesinatos en serie, desatando escándalos, y en otras ocasiones golpes silenciosos, perceptibles únicamente para una mínima parte de la población. Ambos modelos se caracterizan porque una vez consumados resulta imposible revertirlos. Se diferencian de los golpes de Estado en países subdesarrollados, en que no son espectaculares, con una camarilla militar asumiendo el mando nacional y cancelando las garantías individuales o restringiendo derechos humanos, es decir, tienen poco que ver con los gol-pes de Estado latinoamericanos en los que sus oligarquías nativas se especializaron desde el siglo XlX.
En el caso estadunidense la sofisticación es una de las cualidades a cuidar. Dos ejemplos ilustran cómo proceden los poderes fácticos de Estados Unidos: uno fue el asesinato de John F. Kennedy, en 1963, mediante una conspiración de agencias gubernamentales, agrupaciones y el crimen organizado, para terminar con el gobierno que despertó grandes expectativas con el proyecto de ley sobre derechos civiles que atacaba la discriminación racial en las instituciones públicas, y mostraba inclinación por negociaciones de paz con la entonces Unión Soviética.
Al asesinato del presidente en Dallas siguió un proceso de eliminación de testigos y de personas relacionadas con el crimen, incluyendo al principal sospechoso, Lee Harvey Oswald, muerto a quemarropa por un tipo ligado a los bajos fondos de Dallas, Jack Ruby, delante de policías que custodiaban a Lee. Convenientemente, años después Ruby murió de cáncer. Al mero estilo texano, eso no impidió que fueran desapareciendo personas con algún tipo de información sobre el magnicidio.
En años recientes, después de los dramáticos episodios de la crisis de 2008, e inmediatamente después de las elecciones de ese año, cuando Barack Obama subió al poder como el primer afroamericano en la Casa Blanca, se produjo un golpe de Estado silencioso, sin necesidad de remplazarlo; únicamente se trató de echar atrás el proyecto de control sobre la industria financiera que había sido igualmente culpable de la gran depresión de 2008, así como lo fue de la crisis de 1929. En un brillante ensayo, The Quiet Coup (El golpe silencioso) Simon Johnson, ex economista en jefe del FMI, analizó cómo el gobierno de Obama fue capturado por la industria financiera, viéndose obligado a proveer una legislación que prácticamente dejó libres a Wall Street y la banca usurera de continuar como casinos de juego y la especulación en una economía que hasta la fecha muestra las secuelas de la depresión de 2008, https://www.theatlantic.com/magazine/ archive/2009/05/the-quiet-coup/307364/ .
No hubo en este caso un crimen que habría escandalizado a la opinión pública mundial, sino una operación sin ruido, excluyendo el asesinato. En este caso, el golpe estuvo a cargo de la oligarquía financiera estadunidense para impedirle a Obama la reforma a la ley de la banca comercial y de inversión, la peor de las herencias de Bill Clinton al derogar la Ley Glass Steagal de 1933, firmada por Franklyn Roosevelt que había puesto freno a las especulaciones y excesos de la banca y de las corporaciones de inversión y seguros. Ahora Trump intenta un golpe electoral –retomo este concepto en el sentido utilizado por William Robinson– y de lograrlo, colocaría a Estados Unidos en los prolegómenos de un golpe de Estado.
Si nos atenemos a la forma en la cual los medios estadunidenses han construido la relatoría de los acontecimientos, Trump tiene pocas probabilidades de salirse con la suya. Pero dado que tanto republicanos como demócratas se han mostrado en el pasado proclives a los fraudes pequeños y grandes en materia electoral, todavía hay que esperar los recuentos faltantes y la posibilidad remota, pero al fin posibilidad, de que en efecto, Trump presente evidencias de sus declaraciones, lo cual daría un vuelco de 180 grados al drama. Lo que sí parece inevitable es el alargamiento del proceso y las repercusiones internas dependiendo de qué tanto se extienda, pues Estados Unidos está ahora dividido como en la Guerra de Secesión. Pero con Biden o con Trump, o con una presidencia interina, para México se avecinan tiempos difíciles. Paradójicamente como sucede a veces con algunas situaciones producto de decisiones impopulares, al ubicar la Guardia Nacional en los límites de México y Estados Unidos para perseguir centroamericanos, la buena noticia es que contamos con esa guardia en la frontera norte, frontera que la situación actual obliga a vigilar segundo a segundo. (Leopoldo Santos Ramírez. La Jornada, Opinión, p.22)
¿Por qué? Porque dudo que a Trump le preocupe el futuro inmediato de la cooperación antidrogas. Y si le importara la DEA, la decisión que tomó sería contradictoria porque ésta ha dejado a la agencia en ridículo.
Yo soy de la idea de que hubo otro cálculo: la posibilidad de que México retirara a los miembros de la Guardia Nacional que han contenido durante meses la migración proveniente de Centroamérica que busca llegar a Estados Unidos.
Bastaría que México dejara de vigilar su frontera sur para que, en unos cuantos días, decenas de miles de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, así como personas de otras nacionalidades, se agolparan en la frontera con Estados Unidos.
México podría haber dicho que, dado que no hay cooperación con Estados Unidos, daría vía libre a los “hermanos centroamericanos” y reasignaría a los 27 mil miembros de la Guardia Nacional actualmente dedicados al tema migratorio –desde que Trump amenazó con aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas– para que se aboquen a labores de seguridad pública, que mucha falta hacen.
¿No fue esa la manera en que el gobierno cubano dobló a Washington en el verano de 1994, permitiendo la salida de 37 mil balseros en unos cuantos días?
El control de la frontera fue la principal promesa de Trump al electorado en 2016 y, con la indudable ayuda de México, la ha cumplido.
Ahora aspira a mantener el control del Partido Republicano y, eventualmente, ser otra vez candidato presidencial en 2024. Por eso, no podría darse el lujo de permitir un caos migratorio a unas semanas de dejar la Casa Blanca. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Opinión, p.2)
Tal como lo mencioné en mis columnas anteriores, lo ocurrido al Gral. Salvador Cienfuegos no tiene sustento ni pruebas que sostengan un caso con la importancia mediática que trató de construir la DEA en contra del gobierno de López Obrador.
Como épico puede calificarse el logro diplomático que el canciller Marcelo Ebrard obtuvo con el regreso del general a territorio mexicano. Los argumentos con los que persuadió al gobierno de Trump fueron contundentes y de un estadista. “Si no se tiene confianza en la justicia mexicana, no se nos tiene en ningún otro ámbito de cooperación”, entre los que están el narcotráfico y la migración. México nunca ha tenido la posibilidad de poner sobre la mesa sus prioridades frente a EU por obvias razones, sin embargo el canciller Ebrard encontró en su capacidad de mediador, el discurso que se requería para exigir como bien lo dijo, “respeto a nuestra soberanía y a las Fuerzas Armadas de México”.
Detrás de todo esto deben existir detalles que, por su importancia, difícilmente saldrán a la luz pública. Aunque la DEA califique como un regalo a México la desestimación de cargos por la Fiscalía estadunidense, de haber contado con un caso sólido, hubiera sido impensable su absolución sin juicio como se dio la mañana del pasado miércoles 18, contrario a esto, Salvador Cienfuegos regresa a México después de que el panorama por la gravedad de los delitos que se le imputaron era totalmente desfavorable, regresa con la cabeza en alto en espera de que las investigaciones den evidencia de la equivocada acción que el gobierno de Trump le permitió a una agencia que carece, por muchas actuaciones en el pasado, de la credibilidad suficiente para señalar a un militar con la trayectoria del exsecretario de la Defensa. (Miguel Ángel Godínez Gardía, Excélsior, Opinión, p.18)
Con los daños irreparables que los huracanes Eta e Iota han propiciado a los países centroamericanos (y a partes del sur de México), no hay duda que habrán mayores presiones para migrar desde ahí en el nuevo año, justo en el momento que una nueva administración de Joe Biden arranca en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, no conviene regresar a los tiempos en que caravanas de centroamericanos desesperados pasaban por México tratando de llegar a la frontera norte. Generó “anticuerpos” contra los migrantes entre el público mexicano y llevó a una reacción dura del gobierno estadounidense contra toda migración en la frontera. ¿Pero qué se puede hacer diferente entonces?
Lo primero que una nueva administración Biden tendría que hacer es ofrecer algún tipo de ayuda a los damnificados por estos eventos dramáticos en la región. Ya habrá pasado lo peor de las tormentas cuando inicie su gobierno Biden el 20 de enero, pero todavía habrá mucho qué hacer para la reconstrucción de las zonas afectadas, y un ofrecimiento de apoyo serio debería ser el enganche para un compromiso mucho mayor en esta región. (Andrew Selee, El Universal, Opinión, p.16)