Si las crisis humanitarias se resolvieran con la misma facilidad que desaparecen las notas de las primeras planas de los medios de comunicación, nuestro mundo sería completamente diferente. Hace más de un mes, en Tuxtla Gutiérrez 56 personas migrantes murieron mientras otras 105 resultaron heridas tras la volcadura de un tráiler que los trasladaba de manera ilegal por el sur de México para llegar a Estados Unidos.
Según estima el canciller, Marcelo Ebrad, la red de tráfico de personas que opera desde algunos puntos de la región hasta cruzar las fronteras de México, genera cerca de 14 mil millones de dólares al año; de acuerdo con la investigación del Grupo de Acción Inmediata que impulsaron los gobiernos de Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos, entre otros, con el compromiso de aplicar la ley a los responsables sobre lo sucedido en Chiapas.
Si bien es importante accionar para eliminar las redes de tráfico de personas en la región, resulta indispensable hablar de la responsabilidad en su sentido más amplio. Esa es solo una de las aristas que se entretejen en el complejo sistema de violencias al que miles de personas se enfrentan recorriendo las rutas migratorias. No es novedad que las escalas de responsabilidad de los gobiernos para atender tanto las causas como los efectos profundos de la gestión migratoria no sean claras, lo cual desemboca en diversas formas de violencia estructural donde las personas terminan por enfrentarse a situaciones de injusticia sin que tengan una vía por la cual puedan hacer valer sus derechos.
En pleno 2022, es insólito un panorama en donde las personas que migran y solicitan asilo deban tomar la cruda decisión de recurrir a una vía irregular que implica viajar en un trailer en condiciones insalubres e infrahumanas para poder llegar a un lugar seguro, partiendo del indignante hecho de que aún es más fácil cruzar mercancía por una frontera que personas en busca de protección. Es necesario trascender las perspectivas reduccionistas y resaltar que las condiciones que propician el tráfico de personas se entretejen con que los gobiernos de nuestra región siguen aplicando una política coercitiva que propicia que las agencias fronterizas sigan perpetrando un sinnúmero de abusos contra las personas migrantes con casi absoluta impunidad.
Pensemos que quienes residen en un contexto de violencia tienen derecho a rechazar su contrato de origen y buscan migrar. Lo que no podemos aceptar es que dicha condición es motivo suficiente para ser despojado de toda dignidad. Como bien dice Warsan Shire, nadie deja su hogar a menos que su hogar no le deje quedarse y cuando estás donde no debías estar, solo buscas ser quien debías ser. (Shannon Kenny García, El Sol de México, Análisis, p.15)
El primer año de Joe Biden en la Casa Blanca se antoja muy largo. Esto tiene que ver con la resiliencia de la pandemia y con la profundización de la polarización política en Washington: parálisis y pleitos, para no variar.
Biden empezó con el pie derecho. Su equipo estaba listo y al igual que el presidente tenía experiencia, por lo que no hubo curva de aprendizaje. En los primeros 100 días, se apreciaba que el Estado estaba de regreso. La campaña de vacunación avanzaba y para el verano, justo aprovechando la fiesta nacional del 4 de julio, el presidente señaló que Estados Unidos le había dado la vuelta a la pandemia.
Los primeros 100 días se antojaban ejemplares. Biden había logrado arrancarle al Congreso un paquete de rescate para el Covid-19 de 1.2 billones de dólares. E insistió que pronto vendría el paquete más significativo de infraestructura en la historia del país vecino. Incluso, se le oían comparaciones entre Biden y Franklin D. Roosevelt, quien no sólo transformó la economía del país, sino que lo llevó a salir victorioso de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, en el verano se presentó una nueva variante de Covid, delta, que no sólo hizo estragos sanitarios, sino también políticos. Acabó siendo un acicate para que numerosos republicanos, como el gobernador Ron Desantis, de Florida, surgieran como los grandes campeones de las libertades individuales –a mis electores ningún gobierno federal los va a obligar a usar cubrebocas y menos a vacunarse. Son medidas totalitarias las que nos quiere imponer Washington–.
La breve magia de Biden empezó a esfumarse. Además de la persistencia de la pandemia y el repunte de la inflación, surgieron dos crisis internacionales: la crisis migratoria en la frontera con México y la atropellada salida de Afganistán.
Desde candidato impulsó una nueva narrativa sobre la migración: seremos más humanos y volveremos a ser el país abierto a migrantes. Efectivamente, Biden ofreció la mano a los migrantes, y los polleros y coyotes en Centroamérica y México le tomaron el pie. Movilizaron a cientos de miles de migrantes que se agolparon en nuestra frontera común. La crisis a que dio pie, enormemente exagerada por los medios conservadores, ha sido un botín extraordinario de municiones para que los republicanos ataquen al mandatario: eres un débil incapaz de defender nuestra frontera… requerimos del hombre del muro fronterizo.
Como candidato, había anunciado que acabaría con 20 años de ocupación en Afganistán, la cual no conducía a ningún lado. Pero la salida fue precipitada y, en unos cuantos días, no en años como se había previsto, el Talibán tomó la capital, Kabul, y dificultó la salida. Las imágenes de la gente colgada hasta de los aviones mancharon una decisión necesaria, pero pobremente ejecutada.
El gran obstáculo para que Biden lograra sus promesas de campaña ha sido, para no variar, la férrea oposición legislativa republicana, encabezada por el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell (Kentucky), y dos senadores demócratas, Kyrsten Sinema (Arizona) y Joe Manchin (Virginia del Oeste).
Biden no ha logrado imponérsele a McConnel ni hacer entrar en cintura a Sinema y Manchin porque le ha faltado poder, estrategia y, sobre todo, capacidad de disuasión. Ha sido incapaz de utilizar el llamado poder del púlpito. Es decir, como presidente tiene la capacidad de llegarle al elector a través de discursos y apariciones mediáticas para asegurarse de que los electores le compraran sus proyectos y se lo exijan al Congreso.
Al no lograrlo, en las últimas semanas su popularidad se ha derrumbado. Según un sondeo de esta semana de Associated Press, sólo un 43% aprueba su labor y sólo un 37% su labor económica.
El grave problema de Biden y de los demócratas es que todo indica que su ventana de oportunidad para demostrar que el Estado es capaz de ordenar los grandes temas nacionales como salud, economía y seguridad nacional, ya se cerró. Ésa es, finalmente, la apuesta demócrata frente a las críticas absurdas del trumpismo –todo el problema radica en la corrupción de Washington–.
El ciclo electoral en Estados Unidos es extraordinariamente breve. Este año, 2022, es par, y por tanto hay elecciones federales el próximo 8 de noviembre. Los momios son claros. Biden se está desdibujando y los republicanos tienen enormes oportunidades de retomar el control de ambas cámaras legislativas, lo que les permitiría cancelar por completo la agenda demócrata y pavimentar el sendero para el regreso de Donald Trump. (Rafael Fernández de Castro M., El Financiero, Nacional, p.27)
Aquel día, hace un año, nevó un poco en Washington D.C. El frío lastimaba hasta los huesos, aunque por momentos las nubes desaparecían. Joe Biden asumía como Presidente de Estados Unidos con la luz suave del sol de invierno sobre el Capitolio. Los ojos de todos estaban puestos ahí, 20 de enero del 2021: ¿qué sigue para este país?
Hoy tenenos al menos parte de la respuesta a esa pregunta. Se cumple el primer aniversario y Joe Biden ha pasado el último año deseando que las cosas en Estados Unidos regresen a la normalidad. No ha ocurrido.
Los demócratas llegaron a la Casa Blanca con muchas promesas y dos grandes problemas frente a ellos: la pandemia y la polarización. En campaña, Biden aseguró que resolvería las dos crisis. Aún no lo consigue. Hoy, el promedio de muertes por Covid-19 volvió a rondar las dos mil diarias. Hoy, también, el país está más dividido que nunca.
En el aniversario del asalto al Capitolio, del 6 de enero pasado, Biden dio un fuerte discurso en el que se cuestionó: “¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Seremos una nación que acepta la violencia política como una norma?”. Las encuestas muestran que un grupo considerable de estadounidenses, aunque minoría, no tienen problema con que haya violencia contra el gobierno, si las circunstancias lo ameritan.
Joe Biden llegó al poder con la esperanza de dialogar, escuchar y lograr acuerdos bipartidistas, pero se encontró con una oposición republicana radicalizada, todavía bajo la sombra del expresidente Trump. Más aún, Biden se ha topado con un partido demócrata dividido. Su propio partido, roto en mil pedazos. El escenario le ha impedido llevar a cabo algunos de sus más grandes proyectos y cumplir muchas de sus promesas. Su plan social está en el limbo, atorado en el Senado. Su reforma electoral llegó esta semana a un callejón sin salida. La reforma migratoria, en el olvido, y un alivio de cualquier otro tipo para millones de migrantes en Estados Unidos, sepultado, sin que los demócratas hicieran mucho para evitar el entierro.
Encima, y esto es nuevo, ahora el presidente enfrenta una inflación histórica del 7%, la más alta en 40 años. Enfrenta también la escasez de algunos productos porque la cadena de suministros está afectada debido a los contagios de Ómicron. Y enfrenta, esto es lo importante, unas elecciones de medio término en noviembre, que amenazan con quitarle a los demócratas el control de la Cámara de Representantes y el Senado.
La popularidad del presidente Biden comenzó a caer cuando las tropas estadounidenses se retiraron de Afganistán. Aquello fue un parteaguas en su primer año, y probablemente lo será para toda su administración. Difícil recuperarse de algo así. Esas imágenes de miles de afganos abandonados a su suerte, en un país ahora dominado por el Talibán, corriendo detrás de un avión para escapar, no se olvidan tan fácilmente. Y llegaron en el verano, justo cuando comenzó el aumento de los precios. Meses después, llegó el aumento en los contagios.
Una tras otra.
Ahora, frente a Biden está también la tensión con Rusia y la posibilidad de que Vladimir Putin invada Ucrania. Por si faltaba algo. Y apenas vamos por el segundo año… (Julio Vaqueiro , La Razón, Opinión, p.10)
El 15 de mayo de 2021 me reuní con un grupo de mujeres trans en el Consulado de México en Orlando. Entre ellas se encontraba Jaqueline, una mujer, trans, migrante e indocumentada, originaria de Tamaulipas que ha trabajado en la industria de la construcción por más de 20 años en Estados Unidos y que a pesar del testimonio de discriminación y violencia que compartió con nosotros, guardaba esperanza en que el Gobierno de México pudiera contribuir a mejorar su situación. Le compartimos que en la Secretaría de Relaciones Exteriores estábamos trabajando en diferentes estrategias que permitieran a las personas trans obtener documentos de identidad en los consulados, pero que ello podría tomar tiempo.
La confluencia de factores de vulnerabilidad que contribuyen a la discriminación de personas trans, como su situación migratoria y económica, no es una preocupación nueva para la Secretaría de Relaciones Exteriores y menos aún para el actual canciller Ebrard, quien se ha caracterizado por impulsar reformas históricas en beneficio de comunidades vulnerables desde 2006, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. En efecto, desde diciembre de 2019 la cancillería viene trabajando en una reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano que esclarecerá las facultades de los consulados en tanto Registros Civiles, para poder modificar y rectificar actas de nacimiento con mayor facilidad.
Ante la relevancia y urgencia del tema, en verano de 2021, el titular de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, instruyó que exploráramos todas las herramientas jurídicas y administrativas a nuestro alcance para resolver la situación de las miles de personas mexicanas trans en el extranjero que, por su estatus migratorio o económico, no pueden viajar a México para cambiar sus documentos. Así, asesorados por organizaciones de la sociedad civil y a partir de un análisis jurídico riguroso de los precedentes jurisdiccionales nacionales e internacionales, llegamos a la conclusión de que la decisión debía tomarse en sede administrativa. Ante cualquier duda sobre los procedimientos que pudiesen resultar aplicables debía prevalecer el respeto a los derechos humanos y el mandato de protección que, por ley, tienen nuestros consulados y sobre el que ha insistido de manera enfática el presidente López Obrador.
El resultado de este ejercicio es una nueva normatividad interna para la Secretaría de Relaciones Exteriores que indica el procedimiento que deberán seguir los consulados mexicanos frente a las solicitudes para el reconocimiento de identidad de género. Dicha normatividad entró en vigor el pasado 18 de enero de 2022 y es obligatoria para las 148 oficinas consulares de México en el mundo. Los requisitos para obtener un acta por reconocimiento de identidad de género son muy simples: la persona interesada deberá presentar una copia de su acta de nacimiento original y una identificación con fotografía que corresponda con ella. El trámite es gratuito, confidencial y en promedio dura menos de una hora.
En un evento encabezado por el canciller Ebrard y el titular para América del Norte, y en presencia de legisladoras y activistas, el pasado miércoles 19 de enero, Jaqueline recibió de manos del cónsul de México en Orlando un acta de nacimiento que finalmente reconoce su identidad de género. En el evento, el canciller resaltó que nuestro objetivo como servidores públicos debe ser implementar acciones que contribuyan a crear sociedades más justas y libres de sufrimiento. Añadió que la defensa de la dignidad de las personas es lo que creará sociedades más libres y prósperas y que tomaremos las acciones que sean necesarias para que esto suceda.
Ante un par de semanas que han sido especialmente violentas para las comunidades LGBTIQ+ en nuestro país, los cambios que han sido posibles en el actual gobierno asoman esperanza para las comunidades históricamente vulneradas. (Jaime Vázquez Bracho Torres El Heraldo de México, Opinión, p.2)