Vivimos en una era marcada por desafíos globales que trascienden las fronteras nacionales y requieren una atención colectiva e inmediata. Al examinar datos recientes del Banco Mundial, como la proporción de personas mayores de 65 años en países de ingreso alto, alcanzando un máximo histórico del 19% en 2022, se revelan complejidades interrelacionadas que impactan áreas críticas de nuestras sociedades.
El envejecimiento demográfico, evidenciado por estimaciones que sugieren que una de cada seis personas en la República de Corea tendrá más de 80 años en 2050, plantea interrogantes sobre cómo abordar las necesidades de una población cada vez más anciana. Este rápido envejecimiento subraya la urgencia de implementar políticas y programas específicos para garantizar el bienestar de esta creciente demografía.
Por otro lado, en naciones como Bangladesh, China, India, Mauricio, México, Tailandia, Túnez y Turquía, donde las tasas de fecundidad están por debajo del nivel de renovación, emerge un fenómeno global de disminución de la tasa de natalidad. Este declive tiene implicaciones a largo plazo en áreas cruciales como el crecimiento poblacional, la fuerza laboral y la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social.
La conectividad global también nos confronta con la urgencia del cambio climático, que afecta al 40% de la población mundial, alrededor de 3 mil 500 millones de personas, que vive en lugares sumamente expuestos a sus impactos. Desde la escasez de agua hasta el aumento del nivel del mar y fenómenos climáticos extremos, estos desafíos demandan respuestas rápidas y coordinadas para mitigar sus efectos y proteger a las comunidades vulnerables.
La migración, fenómeno complejo, se manifiesta como una respuesta a estos desafíos interrelacionados. La economía laboral y el derecho internacional ofrecen perspectivas para entender los patrones de migración. La disminución de las oportunidades económicas y los impactos climáticos son factores determinantes. Sin embargo, es vital comprender que la migración, en su mayoría, implica movimientos cortos dentro de los países, lo que plantea desafíos adicionales para la planificación y mitigación de desastres a nivel local e internacional.
Es crucial resaltar la creciente proporción de la población mundial que vive en autocracias, pasando del 5% en 2011 al 36% en 2021 de acuerdo a los datos vertidos en The Global Risk Report 2023. Este cambio indica un retroceso en términos de democracia y libertades políticas, con posibles repercusiones en la estabilidad y el desarrollo global. Proteger y fortalecer las instituciones democráticas se convierte en un imperativo en un momento de creciente autoritarismo y populismo.
Solo el 13% de la población mundial vive bajo una democracia liberal, en comparación con el 44% bajo una autocracia electoral. Estos datos subrayan la importancia de preservar y fortalecer las instituciones democráticas en un contexto global de desafíos.
En este entramado de desafíos globales, se revela la interconexión entre el envejecimiento demográfico, el cambio climático, la migración y la situación política. Estos datos no solo deben informar políticas y acciones gubernamentales, sino también inspirar un cambio de paradigma en la forma en que abordamos los problemas del mundo actual.
Es necesario reconocer que estos desafíos no respetan fronteras y requieren respuestas globales. La cooperación internacional, la solidaridad y la comprensión mutua son esenciales para superar estas complejidades. La migración, en particular, debe abordarse con un enfoque humano y justo, reconociendo las oportunidades que presenta para el crecimiento y la diversidad.
En un mundo caracterizado por la incertidumbre y la complejidad, la migración emerge como uno de los desafíos más apremiantes y transformadores de nuestro tiempo. Desde los efectos del cambio climático hasta el envejecimiento de la población, una serie de fuerzas globales están impulsando movimientos masivos de personas en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida. Sin embargo, la migración plantea una serie de dilemas éticos, económicos y políticos que requieren una atención urgente y acciones concertadas a nivel internacional. (Nadine Cortés, El Financiero, Opinión, p. 34)
En los últimos años, nos hemos acostumbrado a que, en temas de violencia, muchas situaciones se minimizan o se desacreditan por los representantes de instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. Así pasan los días y en algunos territorios, la vida se vuelve un martirio. Cientos de ciudadanos padecen eventos criminales todos los días en distintas zonas del país, sin que las autoridades encargadas de la prevención de las criminalidades hagan algo al respecto, más allá de improvisar parches temporales a problemas complejos y que requieren atención responsable frente a las lógicas delictivas cada vez más predatorias y dañinas. Solo para el recuento de las últimas semanas, hemos visto como en Taxco y en Chilpancingo se suspendió el servicio de transporte público por días, debido a las amenazas pandilleriles del crimen para exigir pago de cuotas.
También presenciamos la masacre de aproximadamente 17 “supuestos sicarios” en un enfrentamiento entre grupos criminales en la comunidad de San Miguel en Tomatlán, Guerrero y la lamentable muerte de tres migrantes en un ataque armado en la localidad de Sáric, Sonora donde uno de los fallecidos era un menor de 4 años de Ecuador, una mujer peruana y otra hondureña.
Así, el recuento de las afectaciones de la vida cotidiana para muchos continúa en otras zonas del país como Chiapas, que padece circunstancias similares, donde el desplazamiento de comunidades, el cobro de piso -incluidas hasta las iglesias que pagan hasta 30 mil pesos para dejarlas funcionar a grupos criminales-, las extorsiones y la presencia de grupos delictivos en zonas turísticas estratégicas, está complicando la vida de sus ciudadanos en varios municipios, que sólo resisten frente a la falta de intervenciones concretas por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Hoy Chiapas padece una de las peores crisis de violencia en su historia. La presencia y disputa de rutas estratégicas para la migración, drogas y armas por parte de organizaciones delictivas y la proliferación de controles locales por pandillas -Mara Salvatrucha, Huistos, Los Cabra, El Maíz, entre otros-, han logrado paralizar la vida cotidiana en algunas zonas comunitarias, en donde cientos de pobladores, han tenido que abandonar sus lugares para sobrevivir a las distintas amenazas criminales. Zonas como la Frontera Comalapa, Pantelhó, Chicomuselo, Oxchuc o la Concordia pueden ser evidencia de los cientos de casos de desplazamientos forzados, que se producen en estas comunidades.
De acuerdo con el registro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, al menos 2300 personas han sufrido esta situación en los últimos años. Por otra parte, las acciones predatorias de las pandillas han logrado gestionar algunas zonas arqueológicas, paralizando la afluencia de turistas, por las incontrolables amenazas, cobros de piso y enfrentamientos que han provocado una severa afectación en zonas arqueológicas como Bonampak en la Selva Lacandona y Yaxchilán por los conflictos entre los grupos delictivos. Así la afluencia turística del estado -estimada en 90 mil visitantes por año- hoy se ve visiblemente afectada paralizando economías vitales en la zona ahuyentando al turismo nacional y extranjero.
Y por si fuera poco, la situación de criminalidad a su vez, se ha extendido a las escuelas, afectando aproximadamente a 108,560 niños, niñas y adolescentes entre los 3 y 17 años de edad que no han podido continuar de forma regular con su ciclo escolar entre septiembre y diciembre del 2023 en localidades como Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, Bella Vista, La Frontera Comalapa entre otras comunidades , de conformidad al informe de RADIAS (La Red por las Infancias y los Derechos en Chipas) que se han visto afectados por los niveles de violencia, desplazamientos forzados y en algunos casos, también un peligro para los profesores.
Esta es la realidad de Chiapas, que actualmente tiene un despliegue de fuerza de 24 mil 726 elementos entre Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal. Este es el Chiapas real, donde las organizaciones delictivas gestionan a algunas localidades alterando la vida de cientos de personas… ¿Y dónde están las autoridades? Negando o minimizando la realidad. (Marisol Ochoa, El Economista, El Foro, p. 55)
La campaña presidencial 2024 en México está en marcha, en medio de pendientes internacionales que pueden crear problemas o estallar en las manos de quien asuma el 1 de octubre.
De entrada, la relación con Estados Unidos, aunque buena en general gracias al tradicional acuerdo de estar en desacuerdo y aislar las cuestiones más complicadas, parece entrar en terrenos difíciles.
Mientras en EU la seguridad de la frontera con México, con componentes tan serios como migración y narcotráfico, está en el ojo del huracán, hay una serie de otros temas importantes, como cuestiones comerciales aún por resolverse.
Un influyente sector del Partido Republicano y su bancada en el Congreso se han expresado con evidente desconfianza respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El expresidente Donald Trump, probable candidato en las elecciones presidenciales de este año, presume de que durante su gobierno (2016-2020) presionó al mexicano para detener el flujo de migrantes centro y sudamericanos, y prometió abiertamente volver a hacerlo.
Legisladores republicanos han llegado a proponer el uso de fuerzas especiales militares para destruir laboratorios y capturar jefes de los cárteles en México.
Para otra parte de ellos, se trata de la aparente simpatía hacia los regímenes de Cuba y Venezuela.
Es cierto que la imagen pública de los problemas en la frontera está determinada, en gran medida, por el rejuego político doméstico estadounidense, pero la “ayuda” que recibe del lado mexicano, sobre todo, en forma de las masacres y tiroteos de grupos del narcotráfico en ciudades de la región, la llegada de drogas a través de la frontera así como los grupos de migrantes a la espera de cruzar, no ayudan a bajar el tono alarmista.
Hay además, un millón de estadounidenses residentes en México. La preocupación en torno al respeto a DDHH y políticos, reflejados en reportes negativos de organismos no-gubernamentales señalan las preocupaciones desde la izquierda de EU, se unen a las consideraciones de grupos académicos y de análisis, que son a su vez cajas de resonancia política.
Y como complemento, las quejas en torno a temas comerciales que los estadounidenses y, en algún caso, los canadienses también presentan como presuntas violaciones mexicanas al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC): de las quejas sobre el posible uso de acero o aluminio chinos en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos a las relativas a la prohibición mexicana a la importación de maíz transgénico, o las preferencias a las empresas estatales de producción y distribución de petróleo, gas y electricidad.
Todo esto se reflejará probablemente en la revisión del T-MEC, en 2026. La relación México-EU como tal está determinada por la vecindad y una creciente integración social y económica, pero sus problemas demandan una mayor acción que la mera continuidad de la actual no-política. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 28)
Migrantes instan a AMLO a reconocer al Estado palestino
Presidente Andrés Manuel López Obrador:
Ante el genocida ataque de Israel a Gaza, con más de 29 mil muertos, 70 mil heridos (mayormente niños y mujeres), destrucción total de la infraestructura: hospitales, escuelas, iglesias y granjas, con millones de palestinos sin comida, agua y servicios básicos, los trabajadores migrantes mexicanos que aportamos remesas desde Canadá apremiamos a que su corazón no permanezca ajeno al dolor y sufrimiento de otros pobres como nosotros.
Es verdad que México ha insistido en llamar a la paz y solicita una investigación de la Corte Internacional de Justicia, pero, acaso ¿no se puede hacer más? Por ejemplo, concretar la declaración del 20 de julio de 2021 donde el Senado reconoció las relaciones diplomáticas entre México y Palestina. Esto implicaría nombrar embajador de México en Palestina y reconocer al Estado palestino.
Cierto que la política exterior mexicana está sujeta a grandes presiones de Estados Unidos. Pero también tenemos una tradición diplomática heroica que se distinguió durante la guerra civil española y la dictadura pinochetista. Aún más, ahora lucha contra el criminal bloqueo a Cuba. Entonces, ¿por qué no reconocer, en este momento triste, el derecho a existir de un pueblo ocupado y masacrado por más de 70 años? (Mesa directiva de trabajadores de la Dignidad Migrante: Guadalupe Herrera Morales, presidente; Liliana, Sánchez-Morales, vicepresidenta; Rafael Guzmán Virgen, tesorero, y nueve representantes generales, La Jornada, Editorial, p. 2)