Opinión Migración 210225

Las deportaciones de Trump a un mes de su gobierno

A un mes del inicio de la administración de Donald Trump, su gestión ha estado marcada por una radicalización en la agenda de la política interior y exterior de Estados Unidos. Sin embargo, en materia migratoria, a pesar de que ha habido un repunte en el número de deportaciones, las cifras están muy por debajo de las prometidas durante la campaña del mandatario.

Los desafíos en la implementación de las deportaciones han repercutido en constantes cambios y cancelaciones de vuelos. Desde el 20 de enero, 12,254 mexicanos han sido deportados, frente a los 6,338 y 7,467 de enero y febrero de 2024.

El 85% de los deportados a México durante el primer mes de Trump fueron detenidos al intentar cruzar la frontera o tras menos de tres meses en EU, mientras que el 15% restante llevaba años trabajando principalmente en sectores como la construcción, agricultura y servicios. Por ejemplo, Iván H. llevaba 20 años en Estados Unidos y contaba con un permiso de trabajo que estaba vencido porque este año la renovación tardó más de lo habitual. A pesar de haberse identificado, de que sus hijos son ciudadanos americanos y que 4 días después de la detención tenía la cita para la renovación del permiso, fue deportado a México, donde prácticamente no cuenta con redes de apoyo. Muchos de los retornados llegan con la idea de vol ver a intentar cruzar la frontera y buscan la forma de regresar al norte. Aunque los primeros aviones llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya han comenzado a llegar vuelos al sur del país para dificultar nuevos intentos de cruce en la frontera norte.

Sin importar el motivo de deportación, las autoridades estadounidenses los suben encadenados a los aviones, en respuesta, el gobierno mexicano ha solicitado que una vez que ingresen al espacio aéreo mexicano les sean retirados estos dispositivos. Llegan sin cadenas, pero con el trauma del trato que sufrieron durante su detención y confinamiento en los centros de detención estadounidenses. Según testimonios de personas retornadas, pasan entre 5 y 15 días en estos lugares antes de ser deportados.

El programa “México te Abraza” les permite tramitar la CURP en los módulos de repatriación del INM y les brinda un almuerzo, teléfonos para comunicarse con familiares y otros servicios del gobierno federal; además, promueve la inclusión laboral mediante la colaboración con el sector privado en alianza con el CCE-FEMSA.

A la par, países centroamericanos han acordado con Estados Unidos servir de “puente” para migrantes de otros países.

Costa Rica recibió ayer a 135 migrantes de diversas nacionalidades, incluidos 65 menores y 2 embarazadas, mientras que Panamá ha recibido hasta ahora a 299 migrantes -la mayoría asiáticos-, de los cuales 175 están encerrados contra su voluntad en un hotel de la capital y un centenar fueron trasladados a un albergue en la provincia de Darién. Las presiones de Trump llegaron hasta Venezuela, que por primera vez desde febrero de 2024 aceptó recibir vuelos de repatriación. Sin embargo, se sugiere que hay 175 detenidos venezolanos en Guantánamo, sin claridad respecto del tiempo que pasarán en dicho lugar.

Obama sigue siendo el presidente con más deportaciones de inmigrantes indocumentados en las últimas décadas: 1.6 millones en su primer mandato y 1.5 millones en el segundo, superando los 1.2 millones del primer periodo de Trump. Si se consideran las devoluciones en frontera bajo el Título 42, Joe Biden es quien encabeza la lista, seguido de Obama y después Trump.

La estrategia del actual gobierno estadounidense se ha centrado más en el aspecto cualitativo que en el cuantitativo. A través de la propaganda impulsada por su gabinete, busca arraigar en la sociedad la percepción de los migrantes como criminales, además de desincentivar la llegada de nuevos extranjeros a territorio estadounidense. Aunque las deportaciones no han alcanzado las cifras proyectadas, esta narrativa está generando un impacto social negativo de mayor alcance y profundidad.

Obama sigue siendo el presidente con más deportaciones de inmigrantes indocumentados en las últimas décadas. (Eunice Rendón, El Universal, Nación, p. 5)

Todos los derechos para todas las personas

En los últimos años, México ha experimentado un incremento sin precedentes en los flujos migratorios irregulares. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en los últimos siete años el flujo de migrantes irregulares en el país ha aumentado un 729%. Solo en la primera mitad del año pasado, la migración irregular creció un 193% interanual. En los primeros ocho meses de 2024, se registraron 925,085 casos de migración irregular, marcando una cifra histórica en el país.

Estos datos evidencian que México ya no es solo un país de tránsito, sino también un destino y un punto de salida para miles de personas que buscan mejores oportunidades. Las entidades con mayor presencia de migrantes irregulares son Tabasco y Chiapas, debido a su cercanía con la frontera sur, pero las repercusiones de esta crisis humanitaria se extienden por todo el territorio nacional. La mayoría de las personas migrantes provienen de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, África, China e India. Además, en 2023, los migrantes provenientes de África y Asia representaron el 13% de los eventos de migración irregular registrados.

Detrás de estos números hay historias de dolor, resiliencia y esperanza. Muchas de las personas en tránsito se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad, lo que agrava su ya difícil trayecto. Dentro de estos flujos migratorios, hay mujeres, incluidas embarazadas y lactantes, niñas y niños (muchos de ellos no acompañados o separados de sus familias), miembros de pueblos indígenas, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, y personas LGBTQ+. Cada uno de estos grupos enfrenta riesgos específicos, desde la violencia de género hasta la discriminación y la falta de acceso a servicios esenciales.

El Estado mexicano tiene el reto de responder de manera efectiva a esta crisis, garantizando los derechos humanos de todas las personas en movimiento. Entre los principales desafíos que enfrentamos se encuentran: Salud: Asegurar el acceso a servicios médicos de calidad, incluyendo la atención a emergencias, enfermedades crónicas y salud mental, es fundamental. Las condiciones en las que viajan los migrantes muchas veces los exponen a problemas graves de salud, y la falta de atención adecuada puede tener consecuencias fatales. Educación: La inserción de niñas, niños y adolescentes migrantes en los sistemas educativos nacionales es un reto urgente.

La educación es clave para evitar que sean víctimas del crimen organizado o de redes de trata de personas. Es necesario fortalecer los mecanismos de inclusión y garantizar su derecho a la educación sin discriminación. Seguridad: La protección de las personas migrantes frente al crimen organizado, el tráfico de personas y la violencia es una responsabilidad del Estado. Muchos migrantes son víctimas de secuestros, extorsiones y abusos, y la falta de políticas de protección eficaces los deja en una situación de extrema vulnerabilidad. Empleo: La regularización laboral de las personas migrantes es un aspecto clave para evitar su explotación y garantizarles acceso a oportunidades de trabajo digno. Esto debe hacerse de manera que no genere tensiones en el mercado laboral local, sino que contribuya al desarrollo económico del país.

México enfrenta una encrucijada en materia migratoria. Por un lado, debe garantizar los derechos de las personas en tránsito, evitando la criminalización de la migración y ofreciendo condiciones dignas de acogida. Por otro, necesita trabajar en conjunto con la comunidad internacional para abordar las causas estructurales de la migración forzada, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en los países de origen.

Desde la Cuarta Transformación, creemos que todos los derechos son para todas las personas, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio. La respuesta a la migración no puede ser la indiferencia. Debemos avanzar hacia una política migratoria humanitaria, que priorice el bienestar de las personas y construya puentes en lugar de muros. En un mundo donde las fronteras son cada vez más difusas, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos deben ser el camino a seguir. (María Rosete, Contra Réplica, Nación, p. 7)

El primer mes de Trump

Han sido 30 días de vértigo. Un vuelco a Estados Unidos y al mundo. La velocidad y el volumen con que salen noticias de la Casa Blanca abruman. Un golpe en la geopolítica, la deportación de inmigrantes sin papeles, los despidos masivos en la Administración y un esfuerzo por ampliar el poder del Presidente han marcado el tono del segundo gobierno de Trump.

“Flood the zone,” dijo Steve Bannon, antiguo asesor del Presidente. Inundemos la zona. Y la zona ha reaccionado. En su primer mes, Trump firmó 108 acciones ejecutivas. De acuerdo con el Director Ejecutivo de ACLU, una organización dedicada a la defensa de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de Estados Unidos, más de 40 demandas han surgido en respuesta a esas acciones ejecutivas.

En este mes, Trump ha tratado de convertir a la Presidencia en la rama dominante del gobierno. El hombre más poderoso del mundo, el Presidente Trump, se ha aliado con el hombre más rico del mundo, Elon Musk, para transformar Washington. Juntos intentan empujar y extender los límites del Poder Ejecutivo. Eso, en sí mismo, es insólito.

Hasta ahora, la promesa de deportaciones masivas ha sido más retórica que realidad. A pesar de que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se puso un chaleco antibalas frente a las cámaras, y se sumó a agentes de ICE en un operativo en Nueva York, todo el espectáculo resultó en un solo arresto. Los últimos datos apuntan a que hay 41,169 inmigrantes bajo custodia de ICE. La agencia solo tiene capacidad para mantener a 41,500 migrantes detenidos. ¿Qué pasará cuando alcancen el límite? Es un dilema que podría desacelerar el ritmo de los arrestos.

Pero el miedo es real. Trump prometió deportar a 20 millones de migrantes. Después dijo que 1 millón al año. ¿Lo logrará? Es insignificante. El número es una distracción. El solo hecho de intentarlo ha sumido a comunidades enteras en el terror. “La gente en este barrio no quiere salir de sus casas ni a comprar comida. Los niños no van a la escuela,” me dijo Nora Sándigo, una activista defensora de inmigrantes en el sur de la Florida.

Fuera de Estados Unidos, vemos un giro asombroso. El orden mundial establecido desde la Segunda Guerra Mundial se desmorona. Estados Unidos ignora a Europa, la critica y la margina, y se alinea con Rusia. Eso, en sí mismo, también es insólito. Para todo aquel que lea estas líneas la amistad entre los países de Occidente se daba por sentado, y hoy, eso no puede dares por hecho.

En suma, por ahora, este es el cuadro: una lucha alrededor del poder presidencial en Estados Unidos, una campaña de terror contra los inmigrantes sin documentos, y un mundo que, dentro de cuatro años, podría ser muy distinto al que conocemos hoy. Demasiado para digerir en solo 30 días. (Julio Vaqueiro, El Universal, Online)

Razones / Sinaloa: desaparición de poderes

Ayer no hubo clases en Culiacán. La ciudad estuvo nuevamente paralizada, en esta ocasión por las diversas detenciones que se han dado en los últimos días, la más importante, la de El 200, uno de los principales y más cercanos operadores de Iván Archivaldo Guzmán.

Kevin Alonso, El 200, es el jefe de seguridad de Iván Archivaldo y fue detenido durante un operativo conjunto realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con las demás áreas de seguridad federal. Según las autoridades federales, El 200 coordinaba la compra de armamento para Los Chapitos, también organizaba fuerzas de reacción para confrontar a grupos antagónicos o autoridades federales, y “se encargaba de imponer castigos a miembros de la organización, así como medidas de contrainteligencia para asegurar la protección de sus áreas de influencia y el resguardo de Iván Archivaldo Guzmán Salazar”. Dicen que contaba con el permiso para llevar a cabo homicidios y extorsiones cuando lo considerara necesario, tenía la colaboración de agentes de la policía municipal de Culiacán, quienes informaban sobre los operativos de las autoridades federales, además de prevenir sobre las posibles actividades en su contra.

Hasta ahí la información oficial. Lo cierto es que, como hemos dicho en otras ocasiones, el círculo de las fuerzas de seguridad federal se está cerrando en torno a Iván Archivaldo Guzmán y los líderes que quedan de Los Chapitos.

El trabajo, tanto de Omar García Harfuch, asentado en Culiacán, como de las fuerzas militares, está rompiendo, como dice el comunicado de la detención de El 200, las redes de protección de los hijos del Chapo, basado en las propias fuerzas de seguridad estatales y municipales.

Me imagino que esos golpes son consecuencia también de esa colaboración e intercambio de información con las autoridades estadunidenses del que informó el general Trevilla, ratificó la presidenta Sheinbaum y confirmó ayer el propio Comando Norte de la defensa estadunidense en un comunicado informando de las reuniones del general Trevilla con el mando del Comando Norte en Colorado, el general Gregory Guillot. Si todo esto concluye con golpes clave como el de Iván Archivaldo, sería una carta clave para la reunión que tendrá en las próximas horas o días García Harfuch en Washington con sus contrapartes estadunidenses.

El tema será qué hacer después o, al mismo tiempo, con Sinaloa. La insistencia en todos los comunicados, cada vez que se detiene a un personaje importante, de la complicidad o protección de fuerzas de seguridad locales para los criminales detenidos, la investigación que no sabemos en qué ha quedado, sobre la propia fiscalía estatal derivada del montaje realizado para disfrazar el asesinato de Melesio Cuén el día en que fue detenido El Mayo Zambada y llevado a Estados Unidos, junto con Joaquín Guzmán López (un hecho que todavía no ha sido realmente explicado por las autoridades mexicanas y de las que no ha habido información de las estadunidenses), las denuncias de todo tipo sobre la relación de muchos personajes del gobierno estatal con el narcotráfico obliga a las autoridades federales a tomar medidas políticas de fondo.

En alguna ocasión hablamos aquí de la posibilidad de la desaparición de poderes en la entidad. Sigo pensando que, ante la situación que se vive, podría ser una opción más que viable porque, en realidad, no se sabe dónde comienza y termina la red de corrupción y relación con el Cártel de Sinaloa y sus diferentes fracciones.

La desaparición de poderes en el estado sería no sólo una demostración de fuerza del Ejecutivo federal, sino también todo un mensaje a otros mandatarios y poderes estatales e, incluso, federales; estoy pensando, sobre todo, en los legisladores y dirigentes de Morena y, además, una demostración a la Casa Blanca de que se va en serio contra los cárteles.

Y también permitiría a los sinaloenses volver a repartir las cartas del poder utilizando una baraja nueva, porque las actuales están marcadas.

NO ES SANTUARIO

Estuve en Ciudad Juárez la semana pasada. Me sorprendieron gratamente varias cosas. En la frontera entre Chihuahua y Texas, frente a la casa de Adobe, una humilde construcción que sirvió para que Francisco I. Madero despachara como presidente de la República en plena Revolución, entre febrero y mayo de 1911, entrevisté, juntos, al subsecretario de Seguridad estatal, Luis Aguirre, y al vocero de la Border Patrol, Orlando Marrero.

En Washington se podrán decir muchas cosas, pero allí en la frontera, en una noche inclemente, la colaboración entre esas dos agencias es indudable, tanto como la drástica reducción de cruces e incluso de detenciones del lado estadunidense, unas 85 al día como máximo, me dijo el vocero del CBP, cuando hace unas semanas eran entre 130 y 150.

Creo que es consecuencia también de la decisión de la gobernadora, Maru Campos, que allí, en Juárez, saliendo de una reunión de seguridad con mandos militares, policiales, de la Fiscalía, me dijo que Chihuahua protege y respeta a los migrantes y a quienes son deportados (actualmente muy pocos), pero que el estado no será un santuario porque Juárez no podría soportar que se estacionaran allí decenas de miles de personas esperando entrar alguna vez a la Unión Americana.

Hay que ayudarlos a regresar a sus lugares de origen, porque no alcanzarían los trabajos, los servicios y porque en esas poblaciones flotantes es donde pescan también los grupos criminales. Me quedo con esa idea: el estado apoya, pero no es santuario. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 8)