La noche del jueves de la semana pasada William Barr, ex fiscal general de Estados Unidos, tronó contra la inseguridad que se vive en la frontera entre México y su país.
Según su consideración, ambas naciones van perdiendo frente a las organizaciones criminales mexicanas.
En una entrevista otorgada al periodista conservador Jesse Watters de Fox News, el ex funcionario de las administraciones de Donald Trump y George H. W. Bush afirmó que los cárteles cuentan con miles de millones de dólares para corromper y tienen grupos paramilitares cada día mejor equipados.
A propósito de la reciente publicación de un libro de memorias titulado Una maldita cosa después de la otra, Barr reclamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por estar compartiendo soberanía con las grandes empresas criminales y por haber extraviado capacidad para someter la furia de la guerra que se traen entre ellas.
Estas declaraciones estridentes expuestas en un programa televisivo con horario estelar merecen ser analizadas a la luz de la campaña que este año tendrá lugar en Estados Unidos, de cara a los comicios intermedios del próximo 8 de noviembre.
Ya Donald Trump probó con éxito que los temas mexicanos, sobre todo aquellos relacionados con la seguridad y la migración, aportan votos a favor del Partido Republicano.
Es obvio que sus líderes no perderán esta vez oportunidad para reutilizar la fórmula. En 2022 se juegan los 435 asientos de la Cámara baja, un tercio de las sillas del Senado, 36 gubernaturas estatales y un número grande de puestos de elección a nivel local.
La oposición intentará atacar a los demócratas y, en particular, a la administración de Joe Biden, a partir de la relación bilateral con México. También aprovechará para señalar como una funcionaria incapaz a la vicepresidenta Kamala Harris, responsable de la política migratoria de la Casa Blanca. La intención es arruinar sus aspiraciones presidenciales para 2024.
Zoom: la derrota de Donald Trump en 2020 regaló a México una tregua que tiene fecha de caducidad. Los temas de seguridad y migración volverán a ser espadas del debate político entre demócratas y republicanos y tal cosa no es una buena noticia para nosotros. (Ricardo Raphael, Milenio, AlFrente, p. 3)
El homicidio en contra de César Arturo Valencia Caballero, presidente municipal de Aguililla, Michoacán, muestra nuevamente la grave situación de violencia que viven amplias franjas del territorio nacional. Este asesinato es grave, no sólo porque se suma a los más de cien funcionarios municipales asesinados en lo que va del sexenio, sino porque, paradójicamente, ocurre un mes después de que elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Policía de Michoacán supuestamente recuperaron un total de 42 comunidades, que eran disputadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo Cárteles Unidos, en aquella región del país.
Con este preámbulo, la reciente detención realizada por el Ejército Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo, líder del Cártel del Noreste (CDN), sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales, quien fuera conocido como el Z-40, genera más dudas que certezas para los habitantes de aquella ciudad fronteriza. Las escenas de quema de vehículos, bloqueos de diversas vialidades y balaceras, donde incluso realizaron disparos a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y a las oficinas del Consulado de Estados Unidos, podría ser el preludio de una mayor ola de violencia.
El descabezamiento ocurrido en aquella región del norte del país podría ser aprovechado por otras organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o por los remanentes del Cártel del Golfo. Ante esta situación, las preguntas relevantes son: ¿de qué sirve hacer una importante movilización de efectivos en una determinada área del territorio nacional, si los resultados positivos se diluyen casi de inmediato? ¿Qué tan trascendente es descabezar a una organización criminal, si ésta puede rearticularse con prontitud o simplemente ser sustituida por otra? Con mucho más de 100 mil asesinatos a mitad del sexenio, todo indica que la política en materia de seguridad está estancada.
En este contexto, no puede pasar desapercibida la visita que hizo Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, al presidente López Obrador. Aun cuando las autoridades mexicanas publicaron a través de sus redes sociales: “Sostuvimos una reunión con Alejandro Mayorkas, tratamos asuntos de trabajo y migración”, la presencia del funcionario estadunidense se leyó por diversos analistas como un ultimátum contra la situación de violencia que impera en México.
Baste recordar que el presidente Joe Biden oficializó esta misma semana el veto que impedirá al gobierno de Estados Unidos dotar de fondos a militares mexicanos que participan en labores de seguridad pública, lo que, entre otras cosas, dificultará financiar programas de la Guardia Nacional mexicana. Cabe recordar que, desde hace algunos meses, el Comité de Gastos de la Cámara baja de Estados Unidos había avalado dotar a México con alrededor de 158 millones de dólares en ayuda bilateral, pero por primera vez prohibió que dichos fondos apoyen a la “militarización” de labores de seguridad policiaca.
El tema no es menor, pues implícitamente refleja una pérdida de confianza por parte de las autoridades estadunidenses en la ruta definida por el gobierno mexicano, que incluso se ha manifestado por incorporar constitucionalmente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Aun cuando dicha propuesta ha sido cuestionada por grupos de defensa de derechos humanos, el gobierno mexicano ha dicho que la razón de dicha propuesta es para evitar que sus integrantes puedan caer en actos ilícitos, como lo hicieron miembros de la Policía Federal.
Ante esta situación, la #SociedadHorizontal debe revisar con detenimiento los alcances de la política pública prevaleciente en materia de seguridad. Revisar sin sesgos ideológicos los alcances y deficiencias que prevalecen en esta materia, así como exigir mejoras sustanciales en lo que no ha funcionado. Al mismo tiempo, no debería perder de vista que en el escenario de guerra que prevalece en Ucrania nuestra falta de apoyo a las sanciones propuestas contra Rusia podrían ser la causa para el distanciamiento con nuestro vecino del norte. En cualquier caso, habrá que evitar que impere la miopía. (Armando Ríos Piter, Excélsior, Nacional, p. 13)
Son las seis de la tarde del domingo, declarado por no sé qué autoridad Día de la Felicidad. Son las 2 de la mañana en Mariúpol, la pequeña, pero estratégica ciudad puerto en el sureste de Ucrania. Veo en Twitter la cara sonriente del canciller Ebrard acompañado por el rostro hermoso de su compañera. Escogida con el cuidado de las imágenes que buscan grabarse en el subconsciente de miles, la luz baña demasiado generosamente a Marcelo y lo hace ver más rubio de lo que es y a ella la convierte en la imagen de una bella virgen sevillana. Rostro de porcelana, la luz o el Photoshop borran cualquier defecto que pudiera tener. Se ven felices y nos desea que en el Día de la Felicidad la pasemos súper, “también”, para enfatizar lo feliz que son. Pero yo no puedo pasarla súper porque en tres horas se vence el ultimátum dado por el ministro de Defensa ruso exigiendo la rendición de Mariúpol. La quiere por escrito y pide que venga desde Kiev. Amenaza con un Tribunal Militar a los que no abandonen las armas y todo tiene un eco de los horrores del estalinismo.
Pero estamos tan lejos. ¿Será que no tenemos derecho a ser felices el domingo que nos pide la ONU que lo seamos? Quizá tú sí, querido lector y tus vecinos y vecinas. Y los amigos y amigas a quienes por fin puedes invitar a compartir el pan y la sal después de dos años de pandemia. ¿Pero el canciller puede alardear de su felicidad y recetarla a los demás cuando se repiten en esa pequeña ciudad de Ucrania, de 400 mil habitantes, la barbarie de los nazis en Stalingrado, la repetición horrenda de las tácticas de tierra arrasada en Alepo, en Grozni?
¿Puede la Cancillería callar cuando las redes sociales en México están invadidas de propaganda rusa que alega que los soldados ucranianos disparan contra población civil cuando lo contrario es lo que sucede? ¿Puede la Cancillería callar y voltear para otro lado cuando del lado ruso se cometen crímenes contra la humanidad, como lo es el bombardeo de hospitales y escuelas, como se define por la Convención de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales de 1997? O el bombardeo de sitios donde es sabido que se refugian civiles, como el teatro de Mariúpol. No, no basta la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU condenando enérgicamente la invasión. Ni basta traer a los mexicanos residentes en Ucrania.
¿Puede la Cancillería fingir que no oye cuando el presidente ruso anuncia que ha puesto en alerta su armamento nuclear? ¿Habrá sido un bluff? Y si en el mejor de los casos lo hubiera sido, ¿no fue motivo de preocupación para la SRE? ¿Y la tradición antiarmamentista nuclear que le valió al embajador García Robles un Premio Nobel de la Paz? Vamos, ¿ni siquiera un tuit en abstracto sobre los compromisos internacionales en favor del desarme?
Sería necio recetar acciones concretas para hacer saber el repudio de nuestro país a las tácticas de terror a la población civil practicadas por las fuerzas invasoras rusas al tiempo que se evita la rusofobia. En la Secretaría de Relaciones Exteriores hay funcionarios con gran experiencia. En la comunidad de diplomáticos jubilados y en los exsecretarios se acumulan décadas de delicadas negociaciones que fueron construyendo confianza en la diplomacia mexicana y un peso de nuestras iniciativas mayor al de nuestra densidad económica y política. Con todo y ser un país de desarrollo medio, algunas de nuestras iniciativas en torno al desarme y al fortalecimiento del derecho internacional han sido recibidas y seguidas con respeto. Ese capital se diluye, se desperdicia, pierde solidez y protagonismo.
Lo que no puede hacer la Cancillería lo puede hacer el Senado, pero más allá de recibir a la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, y escuchar su conmovedor discurso, poco han hecho. La mayoría morenista está más ocupada en preservar el ejercicio narcisista del Presidente, violando la Constitución, haciendo burla de las responsabilidades de los parlamentarios, tranquilos en la ilusión de que Ucrania está muy lejos de México.
Al igual que la República de Ucrania, vecinos de una superpotencia —quizás todavía la mayor de ellas—, la mejor defensa de México es la construcción y fortalecimiento del derecho internacional, sus instrumentos e instituciones. Ya sabemos que las imperfecciones de la democracia permiten que locos furiosos lleguen a la Casa Blanca, que alienten golpes de Estado ya no en Chile o en Guatemala, sino en el corazón de Washington. En previsión de estos vaivenes, la tarea de la Cancillería y del Senado es participar, día a día, las 24 horas, independientemente si es Día de la Felicidad o de la lucha contra el cáncer, en la construcción paciente, audaz y persistente de iniciativas que protejan a los débiles de los caprichos de los autócratas. En ello se nos va la vida. (Cecilia Soto, Excélsior, Nacional, p. 12)