Aquino, ¿nuevos aires?
En radio pasillo ya corre muy fuerte el rumor de que Javier Aquino se irá del gabinete de Alejandro Armenta, en uno más de los movimientos por venir.
El ex secretario de Gobernación en tiempos de Sergio Salomón, podría ya verse en el gobierno federal, dicen las malas lenguas.
Que es cosa de tiempo, insisten. (JC) (Redacción, Intolerancia, Online)
**Elude Sergio Salomón responsabilidad por muerte de migrantes en Juárez
TIRO XXVIII.- El nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, se deslindó de cualquier responsabilidad institucional por la muerte de 40 migrantes en el incendio ocurrido en marzo de 2023 en la estación migratoria del puente Lerdo, en Ciudad Juárez.
TIRO XXIX.- En sus primeras declaraciones públicas sobre el caso, dejó claro que ofrecer una disculpa no le corresponde a él, sino a quien ocupaba el cargo antes.
TIRO XXX.- Aunque aseguró que el Instituto cumplirá con lo que legalmente le corresponde, evitó asumir postura institucional sobre uno de los episodios más graves en materia de derechos humanos durante la actual administración federal.
TIRO XXXI.- Céspedes también defendió la continuidad de una política para eliminar la visión carcelaria en las estaciones migratorias, como si fuera una novedad, sin saber que ese principio ya está establecido en la ley.
TIRO XXXII.- Las instalaciones donde ocurrió el incendio funcionaban en los hechos como una cárcel clandestina, según han documentado medios y organizaciones defensoras de derechos humanos.
TIRO XXXIII.- Los migrantes fallecieron bajo custodia del Estado mexicano, lo que compromete directamente al INM, entonces encabezado por Francisco Garduño, quien no enfrentó consecuencias legales de fondo pese a los señalamientos.
TIRO XXXIV.- Céspedes evitó hablar de Garduño, quien recibió protección política y recursos millonarios en viáticos para sus traslados entre la Ciudad de México y Ciudad Juárez, mientras libraba los procesos judiciales.
TIRO XXXV.- Esta protección le permitió salir prácticamente impune, lo que sigue causando indignación entre activistas, organismos internacionales y familiares de las víctimas.
TIRO XXXVI.- A más de un año del incidente, no hay sanciones ejemplares ni cambios estructurales en el sistema migratorio mexicano, y la nueva administración del INM parece más interesada en borrar el pasado que en asumirlo. Las víctimas y sus familias siguen esperando justicia. (Fronytenet.com)
Las políticas contra los migrantes aumentan y cada medida que implementa el gobierno de Estados Unidos busca contrarrestar el llamado sueño americano y, al mismo tiempo, fortalecer a su grupo en el poder.
¿Cuál es el objetivo de los migrantes cuando llegan a Estados Unidos? Mejorar la calidad de vida de los seres queridos que se quedaron en sus comunidades de origen. Los connacionales tienen la meta de conseguir recursos y mandarlos a cualquier costo.
La política contra los migrantes que puso en marcha Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no podría estar completa sin atacar de manera directa a las remesas.
Ahora, el gobierno norteamericano impulsa la llamada iniciativa de reconciliación fiscal que contempla la disposición que crea un impuesto de 5 por ciento a los envíos de remesas de extranjeros o personas con visas temporales.
El Comité de Presupuesto de la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó, por mayoría de votos, la iniciativa con la que el gobierno norteamericano busca recaudar fondos en un contexto de déficit fiscal.
En caso de que se apruebe la iniciativa, el gobierno de Estados Unidos cobrará cinco por ciento por el envío de cada dólar hacia países como México, con lo cual, se está mandando un mensaje para desalentar la migración, situación que no se aprecia con la construcción de muros.
El estado de Puebla recibió a lo largo de los tres primeros meses de este año 789.4 millones de dólares, unos 15 mil 306.77 millones de pesos, a 19.33 pesos por dólar, por concepto de remesas, la cifra más alta para un periodo similar desde que se tienen registros.
A pesar del nuevo impuesto, los migrantes poblanos seguirán mandando sus recursos para apoyar a sus familias, es decir, están dispuestos a cargar con los costos. En otras palabras, los migrantes poblanos, “cueste lo que cueste” seguirán enviando el apoyo económico a sus seres queridos.
¿Quiénes serán los más afectados? Sin duda que los migrantes que se encuentran en una situación ilegal, es decir, los que carecen de papeles. De acuerdo con estimaciones de la Fundación Pies Secos, entre 300 y 350 mil poblanos se encuentran como indocumentados y, pese a todo, seguirán mandando sus dólares. (Jaime Zambrano, Milenio Puebla, Online)
Díselo a Claudia
Asunto: 5 por ciento a remesas
COBRAR UN IMPUESTO de 5 por ciento a las remesas de los trabajadores migrantes es un castigo a su poder de compra. Será injusto que se merme el ingreso de los más pobres. Esto nos muestra que el gobierno de Trump es voraz y quiere sacar ingresos de donde pueda, con decisiones arbitrarias. Víctor Romero Soto Ruiz (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p. 6)
En días pasados, el Presidente Donald Trump envió una Iniciativa de Ley al Poder Legislativo de Estados Unidos, donde solicita la autorización para que su sistema tributario lleve a cabo el cobro de un 5 % al dinero enviado por trabajadores mexicanos en EU hacia México. Este hecho es en inicio, una doble tributación, ya que al recibir el trabajador el pago por su labor realizada, ya se le descontó el impuesto respectivo, y con ello, ya no se debe llevar a cabo un doble cobro fiscal. Los analistas, calculan que esta medida le costaría a México al menos $ 3,250 millones de dólares anuales y violaría los acuerdos del T-MEC. Un comité de la Cámara de Representantes de EU aprobó en días pasados la propuesta, aunque los demócratas rechazaron el proyecto, los republicanos dieron su respaldo unánime a la iniciativa. De concretarse este proyecto de ley, se afectarían a más de 40 millones de personas, incluidos los titulares de permisos de residencia permanente y los titulares de visas de no migrantes, sólo los ciudadanos estadounidenses estarían exentos.
Los países que más dinero de remesas recibieron durante el 2024: la India, con $ 129 mil millones de dólares (MMDD), México con $ 65 MMDD, China $ 48 MMDD, Filipinas $ 40 MMDD, Pakistán $ 33 MMDD, Egipto $ 24 MMDD, Bangladesh $ 22 MMDD, Nigeria $ 20 MMDD, Vietnam $ 19 MMDD y Ucrania $ 18 MMDD. Estos datos reflejan la importancia de las remesas como fuente de ingresos para muchos países, superando en algunos casos la inversión extranjera directa (IED) y el turismo. En México y en cualquier país, este dinero va a las familias más marginadas. En las economías más pequeñas, las remesas representan un importante porcentaje de su PIB. En el 2024, en Tayikistán representó el 45 % de su PIB , Tonga un 38 %, Nicaragüa 27 %, Líbano 27 % y Samoa 26 %.
Durante el 2024, nuestro país recibió $ 64,745 millones de dólares en remesas, un 2.25 % más que el año 2023 (BANXICO). En el mes de enero del 2020, se recibieron $ 3,800 millones de dólares y en enero del 2025, se alcanzó la cifra de $ 5,150 millones de dólares, esto ha sido un incremento significativo. La gran mayoría de estos flujos vienen de EU, donde más de 20 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos los envían. El valor promedio de estos envíos es de $ 375 dólares y se recibieron 14 millones de transacciones. El 99 % del total de estos ingresos son realizados mediante transferencias electrónicas y una menor cantidad es llevada en efectivo y money orders. En contraste, las remesas enviadas desde México hacia otros países, sumaron $ 112 millones de dólares (2024). De los estados de California y Texas se origina el 58 % de estas transferencias. Éstas son realizadas por 26.7 millones de migrantes de segunda y tercera generación, y 10.6 millones de personas nacidas en México. Este es un tema que sí afecta a un sector muy desprotegido en nuestro país y un doble impuesto, es lesivo. Mala idea. (Gustavo Puente Estrada, La Crónica de Hoy, columnistas, p. 4)
Se puede enunciar de manera sencilla, pero ha sido muy difícil acercarnos al ideal de que el acceso a las telecomunicaciones y la radiodifusión deje de concebirse como un privilegio y pase a ser un derecho efectivo para todas las personas.
Hacia ese objetivo apunta la nueva Ley de Telecomunicaciones, que ha merecido rudas respuestas de la derecha partidista y mediática. Nada que nos sorprenda. En el poder, la derecha ejerce sistemáticamente políticas que excluyen o que prohíben el ejercicio de derechos. Fuera del poder, como ahora, se proclama defensora de las libertades y proclama que la nueva ley es un atentado a la libre expresión.
La discusión de la nueva ley ha coincidido con la difusión de anuncios publicitarios del gobierno de Estados Unidos en medios mexicanos. Piezas, se ha dicho insistentemente, que denigran a los migrantes.
No deja de ser curioso que los súbitos defensores de la libertad de expresión celebren anuncios fincados en discursos de odio que nada tienen que ver con la difusión de ideas.
La nueva Ley de Telecomunicaciones es el punto de partida para garantizar que las radiofrecuencias, las concesiones y las plataformas nacionales no sean usadas contra el interés nacional y la dignidad humana.
El reconocimiento de Internet como un derecho humano va de la mano de medidas que garantizarán su ejercicio, como servicios de conectividad en zonas donde actualmente no existe el servicio por falta de infraestructura.
Igualmente, la nueva legislación también prohíbe la difusión de campañas de gobiernos extranjeros que afecten la dignidad de las y los mexicanos, como ocurrió recientemente con los spots antiinmigrantes de EU.
Se busca que 15 millones de mexicanos que hoy no tienen acceso a Internet se conecten a la red.
El punto de partida es un escenario que durante décadas excluyó a millones de la tecnología, entre otras cosas debido a una regulación burocrática que beneficiaba solo a unos cuantos.
Con esta ley avanzamos hacia un México verdaderamente incluyente, un México donde la digitalización no sea sinónimo de privilegio, sino de equidad y desarrollo para todas y todos.
En esa ruta, la nueva ley plantea la recuperación de la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, un bien público de la nación.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la instancia responsable de asegurar que nadie quede fuera de la digitalización.
Una de sus tareas será impulsar un modelo innovador de concesiones, autorizaciones y constancias de registro, privilegiando la competencia, el acceso compartido y la expansión de redes comunitarias, indígenas y afromexicanas. En ese tenor, otorga incentivos para quienes lleven conectividad a zonas rurales, marginadas y de atención prioritaria.
Igualmente, con el establecimiento de reglas claras, se propone evitar abusos en tarifas, cobertura y calidad.
Con la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, avanzamos hacia un nuevo modelo, en donde el Estado mexicano recupera su papel rector para garantizar cobertura social y universal. Así, se dará acceso a personas que habían sido sistemáticamente excluidas del progreso tecnológico.
Los objetivos de la nueva regulación son muy claros. Se trata de regular la infraestructura, la interconexión, el espectro, los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de proteger a las audiencias y usuarios.
El artículo 8 otorga a la Agencia la facultad de suspender transmisiones que violen las normas. Tal disposición solo es aplicable a concesionarios de radiodifusión y de televisión restringida, particularmente en materia de defensa de audiencias y protección de los derechos de la infancia.
Ni se refiere ni puede interpretarse como aplicable a plataformas digitales o proveedores de servicios de Internet. Quienes sostienen lo contrario simplemente mienten.
En suma, el acceso a Internet, a las telecomunicaciones y a la radiodifusión ya no será más un negocio de una elite, sino una herramienta de desarrollo, educación, salud, cultura y participación para todos y todas. (Dolores Padierna, El Financiero, Opinión, p. 30)
Nadie esperaba que iba a ser fácil la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos en la segunda presidencia de Donald Trump, pero hasta ahora tampoco ha sido tan mal como muchos predecían. Pero aún con lo dicho, siguen habiendo sorpresas día a día, y hay una recientemente que es de particular preocupación.
Todo parece que el Congreso estadounidense quiere imponer un impuesto de 5 por ciento a las remesas enviadas desde Estados Unidos a otros países. Dado que los mexicanos viviendo al norte de la frontera enviaron más de 64 mil millones de dólares a sus familiares y amigos en 2024 —alrededor de 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México—, este impuesto sí tendría un impacto directo en la economía, y sobre todo el nivel de vida de muchas familias que cuentan con esos fondos.
Según la propuesta, los ciudadanos estadounidenses serían exentos de este impuesto, así que quizás sea motivo para que más mexicanos residentes legalmente en Estados Unidos decidan aplicar a la ciudadanía, ya que sigue habiendo muchos con residencia permanente, pero la medida sería un golpe particularmente fuerte para los que carecen de documentos legales.
Además esta medida incentivaría mucho a la informalidad en el envío de remesas. Hasta hace unos años, muchas remesas entraban a la economía por la vía informal, incluyendo el efectivo, pero en los últimos años se logró que la gran mayoría de migrantes enviaran sus fondos por los bancos y las empresas remesadoras, lo cual es mucho más seguro, rápido y barato. Esta medida podría regresarnos al pasado.
Todavía no es seguro que esta propuesta se convierta en ley, pero es muy posible dada su inclusión en el presupuesto republicano bajo debate en la Cámara de Representantes. Todavía hay posibilidades de que no avance después de las negociaciones con el Senado, que tiene que aprobar la medida también. Por eso está una delegación del Senado mexicano en Washington para tocar base con sus contrapartes esta semana. Y hay presión del sector privado en Estados Unidos contra la medida también. Así que veremos qué pasa en las próximas semanas con esta propuesta, pero vale la pena seguir la pista de esta medida. (Andrew Selee, El Universal, Opinión, p. A15)
En 2024, México recibió más de 64 mil millones de dólares en remesas. Esta cifra supera lo captado por turismo y por inversión extranjera directa.
Las remesas se han consolidado como un motor económico real: estabilizan economías locales, generan consumo interno y contribuyen a reducir la desigualdad.
Ante este panorama, ha resurgido en Estados Unidos la posibilidad de imponer un impuesto de 5 por ciento a las remesas enviadas al extranjero. Más allá de su supuesto potencial recaudatorio, se trata de una propuesta que, en la práctica, resulta regresiva, ineficaz y contraproducente tanto para México como para Estados Unidos.
La mayoría de quienes envían dinero a sus familias son trabajadores que ya pagan impuestos sobre sus ingresos. Gravar el envío de estos recursos implicaría una doble tributación, contraria a principios y tratados internacionales.
Este flujo económico también ha funcionado como una red de protección social, particularmente valiosa en contextos de crisis o vulnerabilidad, al generar estabilidad en comunidades altamente susceptibles a la migración.
Por otro lado, lejos de desincentivar la migración, una medida de este tipo podría intensificarla. Si las familias en México pierden una parte significativa del ingreso que reciben, aumentará la presión para emigrar, especialmente en regiones rurales o con bajos niveles de desarrollo.
Además, gravar las remesas encarecería o restringiría los canales formales, lo que fomentaría el uso de esquemas informales e incluso ilegales para transferir dinero, debilitando los mecanismos de control financiero y facilitando actividades ilícitas.
Es importante subrayar que esta medida no solo afectaría a México. En muchos condados y ciudades de Estados Unidos, el consumo local depende en buena medida del dinamismo económico de las comunidades migrantes. Si los trabajadores deben destinar una mayor proporción de sus ingresos a impuestos para enviar dinero, reducirán su gasto en bienes y servicios locales. Esto impactaría directamente a pequeñas y medianas empresas que operan en sectores como la alimentación, el transporte, la vivienda o el comercio minorista.
De aprobarse un impuesto de este tipo, es previsible un desplazamiento hacia canales digitales más eficientes. Las plataformas tradicionales, como Western Union o MoneyGram, podrían perder terreno frente a soluciones ofrecidas por fintechs y empresas basadas en blockchain, que permiten transferencias rápidas, seguras y con menores costos operativos.
Aplicaciones como Wise, Bitso, Binance, Remitly o Strike ya están creciendo y podrían intensificarse como alternativas, creando un ecosistema paralelo más alineado con la realidad financiera digital.
Frente a esta amenaza, se requiere una postura clara, firme y coordinada. México debe activar una diplomacia estratégica que no se limite al ámbito federal, sino que también involucre a gobiernos estatales y locales en Estados Unidos que dependen del dinamismo económico de sus comunidades migrantes.
A su vez, es fundamental construir alianzas con empresas de tecnología financiera y pagos digitales, posicionando a empresas de finanzas digitales como parte de la solución, y fortalecer el marco institucional para proteger y facilitar el envío de remesas por vías seguras, legales y eficientes.
Un ejemplo de gestión responsable desde un país emisor de remesas es España, que ha promovido el uso de canales formales sin imponer cargas fiscales sobre las transferencias. A través de regulación transparente, competencia entre proveedores y el impulso de plataformas digitales, ha logrado mantener bajo costos de envío y fomentar la inclusión financiera de los migrantes. Esta estrategia demuestra que es posible administrar el flujo de remesas de manera eficiente y justa, sin recurrir a medidas regresivas que afecten a los más vulnerables.
Es claro que, gravar las remesas no es una política recaudatoria eficaz ni una medida que contenga la migración.
Confío en que habrá espacio para el diálogo y la construcción de soluciones. La política pública debe diseñarse con una visión binacional, que reconozca los aportes de los migrantes. (Álvaro Vértiz, El Heraldo de México, Editorial, p. 18)
Para nadie es un secreto que una fuente de financiamiento, no sólo de actividades económicas y de inversión aparentemente lícitas, sino también en materia política es la serie de recursos que genera el crimen organizado que no necesariamente se limitan a las ganancias del tráfico de drogas, sino que — aunque “se tocan”— se amplía a todo tipo de “negocios” donde se utilizan los dividendos que dejan las operaciones de procedencia ilícita.
Más allá del “humo” y la desinformación que hoy prevalece en ese tema sobre México, lo cierto es que varios expedientes se encuentran desde hace varios meses sobre la mesa de las principales dependencias estadunidenses, incluyendo la Casa Blanca. Lo que sucede —y eso hay que tomarlo en cuenta — es que Washington es muy conservador con ese tipo de información “sensible” la cual involucra, incluso, transacciones financieras “trianguladas” en otras partes del mundo como África y que han servido para financiar campañas políticas.
Es por ello, que uno de los instrumentos “utilizado” por la administración Trump en los próximos meses para obtener beneficios será la renegociación del T-MEC, prevista para el año próximo con todo lo que ello implica.
Las “señales” que se envían desde Estados Unidos indican que los temas que involucran a México se mueven a una gran velocidad, sobre todo a raíz de la llegada del nuevo embajador norteamericano, Ronald Johnson, quien hace apenas unas horas presentó sus cartas credenciales en Palacio Nacional, donde declaró que “estoy aquí para trabajar juntos, con Sheinbaum y su equipo, temas de interés como la seguridad, la frontera y la migración”.
Lo que ha sucedido en los últimos días con la cancelación de visas a algunos políticos mexicanos por parte de las autoridades estadunidenses es apenas el comienzo de una serie de acciones que cada dependencia echará a andar como parte del incremento de las presiones hacia México con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la renegociación de los tres ejes fundamentales de la relación bilateral: seguridad, migración y comercio. (Martín Espinosa, Excélsior, Nacional, p. 10)