Opinión Migración 210526
Trascendió Puebla
Que el exgobernador poblano y actual titular del Migración, Sergio Céspedes, aclaró un presunto daño patrimonial por casi 148 millones de pesos en el OPD, Servicios de Salud del Estado. Con un posicionamiento público, dejó claro que una observación de auditoría no equivale automáticamente a una irregularidad acreditada ni mucho menos a responsabilidad definitiva. Se fue contra la ASE y pidió que se aclare el estatus de la Cuenta Pública de su administración; que si hay observaciones, se ventilen con procedimiento y no con sentencia anticipada. (Milenio Puebla, Editoriales, Online)
Redes De Poder Mty // Capacitación Gringa
A días de que inicie el Mundial, integrantes de un grupo especializado de seguridad procedentes de Estados Unidos se encuentra en Monterrey, desde hace varios días, para capacitar a elementos de seis municipios y del estado rumbo al Mundial de Futbol.
El curso se realiza en las instalaciones de la Academia de Policía municipal, donde los especialistas capacitan a 40 elementos de corporaciones de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Juárez, Escobedo, Santa Catarina, Fuerza Civil, de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Quien se echó una vuelta a la academia fue el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, para observar ese Curso de Atención Táctica en Eventos Masivos que es impartido por personal del Homeland Security Investigations, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, en colaboración con la FIFA y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley. (Reporte Índigo, Mty, p. 23)
El hantavirus, la OMS, la humanidad y el derecho marítimo
El orden internacional se encuentra bajo presión precisamente cuando más se le necesita. Los Estados se están encerrando en sí mismos, impulsados por el resurgimiento del nacionalismo y el escepticismo populista hacia las instituciones multilaterales, pero el mundo en el que viven sigue estando estructuralmente globalizado de tal manera que esos giros hacia el interior tienen consecuencias profundas.
Cada año se registran mil quinientos millones de llegadas de turistas internacionales. Un patógeno endémico de un remoto valle de la Patagonia se encuentra, como mucho, a un vuelo de larga distancia de Madrid, Londres o Tokio. La primavera de 2026 lo demostró con dolorosa precisión.
Cuando una pareja holandesa que realizaba una expedición de observación de aves por Argentina, Chile y Uruguay embarcó en el crucero MV Hondius en Ushuaia el 1 de abril, llevaba consigo, sin saberlo, el virus de los Andes, la única cepa de hantavirus conocida que se transmite entre humanos. Tres personas fallecieron antes de que el barco atracara en Tenerife para llevar a cabo las evacuaciones médicas.
Lo que activó la respuesta internacional no fue la cortesía diplomática, sino el derecho. En su histórica sentencia de 1949 sobre el Canal de Corfú, la Corte Internacional de Justicia sostuvo que los Estados están obligados por «consideraciones elementales de humanidad» en virtud del derecho internacional consuetudinario, independientemente de cualquier obligación específica derivada de un tratado, lo que significa que un buque que transporte personas en peligro de muerte genera obligaciones para todo Estado con capacidad de actuar, independientemente del pabellón que enarbole, la nacionalidad de quienes se encuentran a bordo o el costo político interno de la asistencia.
Esas obligaciones se ven reforzadas además por el derecho a la vida recogido en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que impone deberes positivos a los Estados capaces de prevenir la pérdida previsible de vidas humanas.
Sin embargo, traducir esas obligaciones en una respuesta operativa requiere una infraestructura institucional. Ahí es donde la OMS se vuelve indispensable. Al operar principalmente a través del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), este regula y obliga legalmente a los 197 Estados partes a detectar, evaluar, notificar y responder a los riesgos para la salud pública y las emergencias de importancia internacional, incluidas las pandemias, creando una arquitectura de vigilancia que depende del intercambio recíproco de información.
Cuando los principales contribuyentes se retiran, se producen dos consecuencias. En primer lugar, de carácter financiero: la salida de Estados Unidos, históricamente el mayor donante individual, ha creado déficits de financiación que afectan de manera desproporcionada a la vigilancia precisamente en aquellos entornos donde surgen con mayor frecuencia los nuevos patógenos. En segundo lugar, se produce una erosión de la responsabilidad jurídica. Los mecanismos de cumplimiento del RSI solo funcionan dentro de una ecología política de compromiso compartido.
A medida que los principales Estados dan a entender que el marco es opcional, otros ven mermados sus incentivos para informar de forma transparente. El resultado no es meramente un riesgo moral; es una degradación estructural del sistema de alerta temprana sobre el que se sustenta todo el edificio.
Cuando el Hondius se encontró varado frente a Cabo Verde, la OMS y la UE solicitaron formalmente a España que gestionara la evacuación. Este brote de hantavirus, directamente, ilustra la aplicación de las capacidades básicas del RSI en los puntos de entrada, en particular en la gestión de una emergencia de salud pública internacional que implica viajes transfronterizos. El Ministerio de Sanidad español aprobó el atraque en Tenerife, invocando explícitamente el derecho internacional y los principios humanitarios.
El presidente regional de Canarias declaró inmediatamente que «no podía permitir» la entrada del barco, una postura políticamente comprensible pero jurídicamente insostenible. El deber de asistencia codificado en el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) es una norma del derecho internacional consuetudinario que no admite ninguna derogación unilateral por parte de una autoridad nacional o regional, precisamente porque la alternativa, es decir, un mundo en el que los Estados puedan sopesar el costo político del rescate frente a las vidas en juego, es algo que el ordenamiento jurídico internacional ha rechazado explícitamente.
La anulación por parte del gobierno central de la autoridad regional no fue, por lo tanto, meramente defendible desde el punto de vista político, sino que era una obligación legal. La operación que se llevó a cabo el 10 de mayo, en la que se con troló a pasajeros de 19 nacionalidades y se les dispersó en aviones militares hacia sus respectivos países, funcionó gracias a la infraestructura de coordinación de la OMS. Diecisiete ciudadanos estadounidenses fueron evacuados a Nebraska, beneficiándose directamente de un sistema al que su propio gobierno estaba retirando la financiación al mismo tiempo.
El caso del Hondius pone de relieve un problema más amplio y en gran medida sin resolver: el derecho internacional regula el mar a través de un mosaico de instrumentos que siguen siendo insuficientes para las crisis a las que se enfrenta habitualmente. El artículo 98 de la CNUDM y el capítulo V del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) imponen a todo capitán de buque, y a los Estados ribereños con la capacidad pertinente, la obligación de prestar asistencia a las personas en peligro en el mar, independientemente de su nacionalidad o situación jurídica.
Sin embargo, ese mismo marco falla de manera evidente en otros contextos. Los migrantes que cruzan el Mediterráneo tienen, por ley, exactamente el mismo derecho al rescate que los pasajeros del Hondius, pero se han retirado los medios de rescate, se han detenido buques de ONG por cumplir con su deber legal y continúan las devoluciones informales a Libia, en abierto desafío al principio de no devolución. La ley es idéntica; su aplicación, no. Lo que difiere no es el texto legal, sino la voluntad política de hacerlo cumplir y la visibilidad de quienes se encuentran en peligro.
A otra población le va aún peor. Miles de marinos mercantes, tripulantes de Filipinas, India y Egipto, permanecen varados a bordo de buques en el Golfo Pérsico, sin poder rotar ni ser repatriados como consecuencia del conflicto regional. El Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006 impone obligaciones claras a los Estados de pabellón y de puerto en materia de bienestar y repatriación, pero fue diseñado para el fracaso comercial, no para la parálisis geopolítica. Para estos trabajadores, ningún instrumento ofrece una protección adecuada precisamente en las circunstancias en las que más la necesitan.
El episodio del Hondius, junto con la difícil situación de los migrantes del Mediterráneo y de los marinos varados en el Golfo, revela una única verdad subyacente: la arquitectura jurídica internacional es lo suficientemente sofisticada como para articular obligaciones arraigadas en el principio de humanidad, pero lo suficientemente frágil como para derrumbarse cuando se retira la voluntad política. La OMS necesita una reforma, pero la reforma no es sinónimo de retirada. El mar siempre ha sido el espacio donde la brecha entre la aspiración jurídica y la realidad política es más evidente. Cerrar esa brecha no requiere menos multilateralismo, sino el valor de exigir más de él.
“La ley es idéntica; su aplicación, no. Lo que difiere no es el texto legal, sino la voluntad política de hacerlo cumplir y la visibilidad de quienes están en peligro”
“…la arquitectura jurídica internacional es lo suficientemente sofisticada como para articular obligaciones arraigadas en el principio de humanidad…” (Carlos Carlos Batallas, El Financiero, Opinión, p. 32)
Estrictamente Personal / Gobernanza híbrida
El debate público de las últimas semanas ha girado en torno a la soberanía, de donde subyace una pregunta de definición nacional: ¿quién gobierna aquí? “Lo que está a discusión es quién decide en México”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. “Se decide desde afuera o se decide desde adentro”. El contexto es Estados Unidos y las acciones que ha emprendido el gobierno de Donald Trump, sobre la convicción, expresada en diferentes formas por el jefe de la Casa Blanca, de que en México mandan los criminales.
Sheinbaum ha repetido que aquí deciden los mexicanos. Es incuestionable. Estados Unidos no es quien deba dictar el destino mexicano y cualquier pretensión en ese sentido hay que denunciarla y oponerse. Sin embargo, hay razones objetivas que alimentan el discurso de Trump, que tiene que ser parte de la discusión sobre la soberanía mexicana, definida esta como la capacidad para que, de manera autónoma, el Estado se gobierne a sí mismo, sin subordinar sus decisiones ante cualquier otra autoridad.
No hay lugar en México donde se tomen decisiones en función de los intereses únicos de Estados Unidos, lo que no puede decirse cuando el poder absoluto no lo tiene el Estado, sino el crimen organizado. Este fenómeno se puede describir como una gobernanza híbrida. Vanda Felbab-Brown, un experto de Brookings Institution, un centro de pensamiento demócrata en Washington, la llama “soberanía dual”.
Este concepto se refiere a Estados fragmentados, donde coexisten autoridades y crimen organizado, compartiendo funciones propias del Estado donde las autoridades se supeditan a criminales a cambio de evitar que los maten, sobornos o apoyos electorales. Académicos y especialistas mexicanos —notablemente en la UNAM y el CIDE, así como México Evalúa—, han documentado la instauración de un Estado paralelo, cuyo implante territorial es lo que le ha dado a Trump y a su gobierno un sustento argumentativo.
La gobernanza híbrida es imposible de ocultar y negar, aunque se quiera ocultar y negar. Como han concluido los investigadores mexicanos, existen territorios donde el Estado mantiene la formalidad jurídica, mientras que los actores criminales ejercen las funciones reales de autoridad. Abundan estos botones de muestra:
1.- El más viejo y evidente es el monopolio de la fuerza y la seguridad, la razón del nacimiento del Estado moderno. Culiacán es el mejor ejemplo de la actualidad. La estrategia de seguridad iniciada por este gobierno fracasó. La violencia bajó cuando la facción de Los Mayitos, del Cártel de Sinaloa, se fue imponiendo a la facción de Los Chapitos. Al descomponerse el entorno tras la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, los asesinatos volvieron a elevarse. Los grupos criminales deciden los horarios de la vida cotidiana (toques de queda), por dónde se puede circular (retenes) y determinan qué áreas están fuera de sus límites.
2.- El crimen organizado le arrebató al Estado su facultad de mantener el libre tránsito, que establece la Constitución. Los grupos criminales tienen un sistema de vigilancia en las comunidades bajo control, con un sistema de inteligencia y vigilancia a través de “halcones”, drones y el control de los C-4 y C-5 en los municipios, para evitar visitas indeseables o de desconocidos, a quienes vigilan y llegan a expulsar o a privar de su libertad y matarlos. Tiene retenes en los accesos a las comunidades y en las carreteras, donde el robo a los transportes se ha convertido en una práctica común que no pueden resolver las autoridades, lo que le permite tener control sobre los corredores migratorios, regulando sus rutas, cruces, y cobrando impuestos para viajar dentro de México.
3.- La otra pata del sistema de administración y procuración de justicia la resuelven con el método de plata o plomo, estableciendo un andamiaje de justicia informal, donde si no alcanza en los ministerios públicos, resuelven disputas arbitrando o asesinando a quien presente resistencia, aplicando la autoridad para delitos no sancionados —como secuestros, robos y asesinatos— liquidando a los que se salieron de su orden. Esto no incluye, aunque parece parte de lo mismo, el control sobre notarios en varias partes del país, para apoderarse de sus propiedades mediante despojos que nadie impide.
4.- El cobro de piso, como se llama a las extorsiones, es una doble tributación. Los comerciantes, los transportistas y la gente en general, tienen que pagar un impuesto criminal para poder trabajar. Los cobros a los aguacateros y a los limoneros de Michoacán, o a los mineros en el norte del país, Guerrero y Michoacán, se suman a lo que se tienen que pagar de impuestos a las autoridades. Lo más reciente —previamente se vio un fenómeno de esa naturaleza en Acapulco tras el huracán Otis—, es la reciente denuncia del obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, por el cobro de 200 pesos por cada persona bajo el mismo techo en la comunidad de Huautla, para que puedan seguir viviendo en su casa.
5.- La regulación económica en los mercados comenzó como una excepción en los mercados alimentarios en Chilpancingo, que se extendió violentamente a San Cristóbal de las Casas, y ahora es una constante en varias ciudades del país, donde el crimen organizado establece los precios y controlan las cadenas de suministro. Se han involucrado en otros mercados de manera sobresaliente, como en los bienes raíces y la construcción, donde imponen proveedores a constructores y qué sindicato es el que proporciona la mano de obra, con lo cual se meten de lleno a la regulación del mercado laboral.
La pregunta presidencial de quién manda en México es correcta. El matiz que hay que hacer es, en México, ¿quién manda? Formalmente el gobierno, pero ¿se puede argumentar que así sea de manera total? Claramente no es posible hacerlo. De ahí, la defensa sobre la soberanía adquiere una relevancia derivada.
Soberanía mexicana, sí. Pero ¿de parte de quién? La presidenta ha utilizado la palabra “soberanía” entre 70 y 100 veces —según los recuentos— desde el 29 de abril, cuando Estados Unidos acusó a Rocha Moya y nueve sinaloenses de trabajar para Los Chapitos, y tras entregarse dos de los imputados a las autoridades estadounidenses, se volvió el eje central de su narrativa.
La pregunta debería reformularse y debatirse: ¿quién ejerce la soberanía en México, el Estado o el crimen organizado? Ni uno ni otro, puede argumentarse. Retomando a Felbab-Brown, experimentamos una “soberanía dual” en esta gobernanza nuestra, híbrida. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 38)
Jaque Mate // Remesas
Una nueva andanada de Trump contra México. Ha anunciado que el Departamento del Tesoro tomará medidas para evitar el uso, por inmigrantes ilegales, del sistema financiero de Estados Unidos. Esto podría dificultar el envío de las remesas que son tan importantes para la economía nacional. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 8)
Mex-EU: sin posibilidad de fuga
La fuga, huida, hacia adelante, dicen los psicólogos, consiste en mantener una actitud de evasión de nuestra realidad, sin reconocer los errores y sin afrontar situaciones que resultan incómodas. Con esta fuga hacia adelante se pretenden solucionar los problemas manteniendo la actitud que nos ha llevado a estar en la situación comprometida que se intenta evadir.
A López Obrador, que ante una crisis siempre recurría a ese método, las fugas hacia adelante parecían librarlo de las crisis hasta que la crisis por antonomasia, la de la relación de su gobierno con el crimen organizado y la corrupción, lo ha alcanzado. Por eso la presidenta Sheinbaum, salvo que quiera llevar la relación con Estados Unidos hacia un abismo, no puede seguir huyendo de esa realidad.
No sé qué más señales necesita el gobierno federal para reaccionar: el viernes, luego de que la administración federal y la FGR insistiera en que no había pruebas contra Rubén Rocha y los otros políticos sinaloenses, acusados de colaborar con el narcotráfico, dos de los principales acusados, Gerardo Mérida, exsecretario de seguridad, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas del gobierno de Rocha, se entregaron a la justicia estadunidense, aceptando su culpabilidad y convirtiéndose en testigos colaboradores. Toda la narrativa del gobierno federal quedó invalidada con ello.
Ayer, la jefa de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca, Sara Carter, como adelantamos en redes, canceló la visita que tenía programada el lunes para una reunión con la presidenta Sheinbaum. No hay acuerdos, ni en la forma ni en el fondo, y las diferencias no han hecho más que profundizarse.
El martes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, insistió en exigir que los distintos países intensifiquen las acciones financieras contra los terroristas, “desde Hezbolá hasta el Cártel de Sinaloa”. Ayer. la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro, amplió su lista de involucrados con el Cártel de Sinaloa a los que aplicó sanciones.
Inmediatamente después, con el argumento de restaurar la integridad del sistema financiero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que afecta potencialmente a las instituciones financieras, a las remesas que recibe México y a millones de paisanos que viven en Estados Unidos. Una norma que, en buena medida, es consecuencia de la irresponsable política seguida por las administraciones de la 4T (cuya máxima expresión financiera es el Banco del Bienestar) y cuyo costo pagarán, sobre todo, nuestros paisanos.
La orden ejecutiva firmada por Trump endurece la verificación de identidad y exige exhibir el estatus migratorio y solicitar información adicional para transferir dinero o abrir cuentas y permite rechazar transacciones asociadas con personas sin residencia legal. Si bien es una medida que permite combatir el lavado de dinero, en la práctica, restringe el acceso de migrantes a cuentas, crédito y servicios de envío de dinero.
El mayor efecto estará en las remesas: no las prohíbe formalmente, pero las encarecerá, las volverá, sobre todo, más difíciles de procesar para bancos y transmisores porque se exigirá más documentación e incluso se pueden bloquear las operaciones que se consideren riesgosas, una medida que busca excluir a clientes considerados vulnerables.
La medida generará una posible caída o desaceleración del flujo de remesas, que son una fuente importante de ingresos para millones de hogares en el país: representan 5% del consumo y 3.5% del PIB. Pero, además, es una fuente de presión para las instituciones financieras mexicanas por las exigencias de medidas drásticas de cumplimiento y verificación en sus operaciones internacionales, más allá incluso de las remesas.
No se prohiben o cancelan las remesas, tampoco les pone un impuesto especial, pero el endurecimiento regulatorio reducirá el flujo formal de dinero, alimentará vías alternas (relacionadas con el crimen organizado o que pueden ser cooptadas por éste) y complicará la operación de bancos y remesadoras que trabajan con clientes o migrantes mexicanos en Estados Unidos que, además, pueden ser objeto de sanciones muy graves por violar la nueva norma. Es una más de las consecuencias de esa fuga hacia adelante del gobierno federal, que no quiere romper las redes de protección y complicidad con el crimen organizado: las víctimas principales serán, ahora, los paisanos.
Pero hay más. Se supone que hoy llegará el director del Homeland Security, y la semana próxima el negociador del T-MEC, en un esquema en el que la seguridad, la seguridad jurídica, la seguridad financiera y las negociaciones comerciales y económicas irán en un mismo paquete. Sin T-MEC, la economía nacional pierde sustento y sentido.
Y después están las señales que trascienden nuestro país. Ayer, en una acción inédita contra el régimen cubano, ante una acusación del gobierno de Trump, un tribunal de Miami imputó a Raúl Castro por los delitos de conspiración para matar a ciudadanos estadunidenses, destrucción de un avión y asesinato. Los cargos se refieren al derribo, en 1996, de dos aviones civiles pertenecientes a la organización del exilio cubano-estadunidense Brothers to the Rescue. Castro, que era ministro de Defensa en ese momento, ordenó el ataque, que mató a cuatro hombres, incluidos tres ciudadanos estadunidenses. Esa acusación debe haber resonado hasta Palenque.
La fuga hacia adelante que intenta el gobierno federal sólo puede hacernos topar contra un muro llamado realidad. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 12)
Signos Vitales // ¿Susurros externos?
Ningún sector ha quedado exento de la aplicación de la política migratoria de la administración Trump. En el último año fiscal, la Secretaría de Transporte de Estados Unidos ha revocado 28,000 licencias de conducir a conductores extranjeros que carecen de las certificaciones requeridas; otros 20,000 choferes han tenido que suspender sus actividades porque al no comprender el inglés, son incapaces de comunicarse con las autoridades o leer las señales de tráfico.
“No inglés, no camión”, sintetizó el secretario Sean Duffy recientemente, en una audiencia en el Capitolio. Las licencias expedidas por la SICT mexicana o algunas entidades fronterizas no resultan suficientes para la autoridad federal.
Las gestiones de la Cancillería mexicana y de las autoridades competentes en materia aeronáutica tampoco han sido efectivas, para recuperar la categoría 1 en materia de seguridad, tras de la degradación de hace cinco años.
Entonces, el Estado mexicano se comprometió a solventar una serie de hallazgos y cumplir compromisos técnicos ante la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que implicaban una reforma legal, para habilitar la nueva Agencia Federal de Aviación Civil en materia de inspección, vigilancia y aplicación de sanciones y el incremento de presupuesto y personal, para dotar de plena autonomía financiera y operativa a la instancia naciente, AFAC, además de contratar y capacitar a un número mayor de inspectores aeronáuticos.
El cumplimiento de los requerimientos de las autoridades estadounidenses no se ha traducido en la apertura de nuevas rutas y frecuencias hacia Estados Unidos, por parte de las aerolíneas mexicanas.
Los cruces fronterizos de semovientes, mercancías y personas, bajo controles estrictos. Desde el pasado 16 de marzo, las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos emitieron una NOTAM para recomendar precaución a los operadores con actividades en las zonas marítimas situadas sobre el Océano Pacífico y el Golfo de California —específicamente dentro de las regiones de información de vuelo de México y Mazatlán— hasta el 15 de junio, debido a operaciones militares e interferencias en el GNSS.
El endurecimiento de la política migratoria estadounidense coincidió con el regreso Donald Trump a la Casa Blanca, en enero del 2025. Desde entonces, más de 3 millones de inmigrantes ilegales salieron de territorio estadounidense, según el Departamento de Seguridad Nacional; de éstos, 2.2 millones fueron autodeportaciones.
La estadística más reciente —del 17 de mayo— contabilizó casi 900,000 fueron deportados y más de 900,000 arrestos. En el periodo, el Poder Judicial suspendió la tramitación de solicitudes de asilo político.
El combate a los carteles mexicanos, en diversos frentes. En una audiencia ante congresista, el general Dagvin Anderson, del Comando AFRICOM, afirmó que integrantes de organizaciones mexicanas fueron detectados en 11 de 12 laboratorios desmantelados en operaciones desplegadas en África y que los cárteles están vinculados con la incautación de cocaína más grande de la historia, valorada en aproximadamente 1,000 millones de dólares; las drogas tenían como destino final al Medio Oriente, Europa y la Unión Americana, a través de la frontera norte.
La defensa de la soberanía y la preservación de la unidad nacional, ante las acometidas foráneas, se han vuelto en las principales banderas retóricas del gobierno mexicano. “Ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera, de algunos cuantos. Pues no, no, ¡México no es piñata de nadie!”, advirtió ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, “Y tampoco van a intervenir en las elecciones del ‘27. ¡No!, ¡aquí decide México, los mexicanos!”.
Efectos secundarios
AUSENCIA. Sara Carter, zar antidrogas de la administración Trump canceló la visita que realizaría a la Ciudad de México, sin mayores explicaciones. Los periodistas que dieron cuenta del hecho consultaron a la funcionaria, pero recibieron una respuesta lacónica: “La Oficina Ejecutiva continúa trabajando estrechamente con la Embajada para la coordinación relacionada con cualquier viaje a México”. De la oficina del embajador Ronald Johnson, no hubo comentarios. (Alberto Aguirre, El Economista, Política y Sociedad, p. 40)
Arsenal // El fantasma de la intervención y la realidad de la narcoinfluencia
La presidenta Claudia Sheinbaum dice que “asesores” del presidente Donald Trump quieren intervenir en asuntos que le competen sólo a nuestro país.
“¡México no es piñata de nadie!”, exclamó con esa retórica nacionalista que la caracteriza, en la mañanera de ayer.
Habló incluso de las elecciones intermedias de 2027, donde se renuevan 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, y 2 mil 478 ayuntamientos. La verdad no veo condiciones ni necesidad de Washington de irrumpir en los comicios de 2027.
Tiene otras herramientas para presionar al gobierno de México. Basta con mencionar el T-MEC que está por renegociarse, el fentanilo, migración, cárteles, remesas…
* Lo que sí debería hacer la mandataria es prevenir que los grupos del crimen organizado no vuelvan a meterse en los comicios. Eso lo aplaudiríamos todos los mexicanos y no sólo el sector al que el oficialismo incluye en la palabra “pueblo”. Es decir, los que están con ellos.
Un segundo escándalo como el de Sinaloa sería la puntilla para el movimiento de la 4T. México ya no lo aguanta.
Ya pasaron 21 días desde que Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y nueve de sus colaboradores (dos de los cuales ya entregaron voluntariamente), y todavía no hay nada.
El gobierno está muy ocupado dándole proyección nacional a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, a quien acusan de “traición a la patria” por la destrucción de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, en el que participaron cuatro agentes de la CIA y decenas de integrantes de la Defensa Nacional.
El discurso de “¡Pruebas!, ¡pruebas!, !pruebas!” quedó rebasado con la entrega de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad, y el empresario Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, a las autoridades de EU.
Las armas y la lana, nada más…
* Así habló la Presidenta de la intervención extranjera, en la mañanera de ayer: “Hasta dónde quieren intervenir algunos, porque no se puede decir Estados Unidos. No creo en eso. Ni siquiera, personalmente, creo que sea el presidente Trump.
“Son algunos que lo asesoran que están allí que, por cierto, como tienen sus elecciones en noviembre, quieren meter a México en esas elecciones, en una elección, en una visión muy electorera de algunos cuantos.
“Pues no, no, ¡México no es piñata de nadie! Y tampoco van a intervenir en las elecciones de 2027. ¡No!
“¡Aquí decide México, los mexicanos!”, remató con esa retórica nacionalista que la ha caracterizado desde que estalló el escándalo de Rocha Moya y sus secuaces, hace ya 21 días.
* Va otra probadita de lo “bien” que caminan las relaciones con el vecino del norte. El presidente Trump pasó de las palabras a los hechos.
Firmó un decreto que pega donde más duele a los indocumentados en Estados Unidos, la mayoría originarios de México. Ese decreto obliga a los bancos y las entidades financieras que los migrantes utilizan para enviar remesas a sus países de origen, a identificar el estado migratorio de sus clientes.
En otras palabras, los indocumentados no podrán enviar directamente las remesas a sus familiares en México.
Va un dato que ilustra el tamaño de la medida y los perjuicios para nuestro país: en 2025, el Banco de México registró ingresos por remesas equivalentes a 64 mil millones de dólares.
¿Cuánto de ese total corresponde a indocumentados? Misterio.
* El diputado Sergio Mayer nos aclaró ayer, vía WhatsApp, que no dejó a Morena por algún acuerdo previo con otra fuerza política. “Jamás renunciaría por eso”, nos dijo.
Dijo: “Mi renuncia es a la militancia del partido. Yo sigo apoyando las causas y el movimiento por convicción, no por obligación”.
En su renuncia a la militancia del guinda y solicitud de baja del padrón, el también actor y productor señaló que obedece a “motivos personales”.
Por lo pronto, se queda como diputado independiente.
* Luego del fracaso de la marcha morenista en contra de Maru Campos, a la que Morena quiere desaforar y procesar por “traición a la patria”, el PAN anunció que convocará a una reunión de respaldo a la gobernadora de Chihuahua.
Jorge Romero, jefe nacional del azul, adelanta que será una de las “marchas más grandes” que se hayan visto en el llamado “estado grande”.
“Estamos seguros que va a ser una movilización ciudadana… Ya se verá, ya se verá. En Chihuahua la gente está defendiendo a Maru Campos”, dijo.
No hay fecha para la marcha, pero cuando se realice, veremos de qué cueros salen más correas en Chihuahua. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 6)
Tumben las avionetas
No se trataba de aviones que se dispusieran a atacar al gobierno ni que participaran en algún operativo contra el régimen. Un reportaje de Carla Gloria Colomé en El País (19 de mayo) rememora uno de los crímenes de la dictadura cubana, tan admirada por una parte de la izquierda mexicana, por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Eran tres avionetas de la organización Hermanos al Rescate, que hacían la tarea de buscar rescatar en el estrecho de Florida, con exiliados y el auxilio de la Guardia Costera estadunidense, a quienes se lanzaban al mar para escapar de Cuba, los llamados balseros. Una misión claramente humanitaria.
Han pasado 30 años. Era el 24 de febrero de 1996, entre las 15:21 y las 15:27. Raúl Castro ordenó que fueran abatidas las aeronaves. Dos avionetas Cessna C-337 fueron derribadas por los cazas MiG de la fuerza aérea cubana. La tercera logró escapar. Cuatro hombres resultaron asesinados: Armando Alejandre, de 54 años; Carlos Costa, de 29; Pablo Morales, también de 29, quien, como balsero, había sido rescatado por Hermanos al Rescate, y Mario de la Peña, de 24.
Las avionetas fueron abatidas en aguas internacionales, no en el espacio aéreo cubano. El Congreso de Estados Unidos condenó los asesinatos el 12 de marzo de 1996. El juez del caso, James Lawrence King, señaló que el gobierno castrista había asesinado a cuatro seres humanos en el espacio aéreo internacional sobre el estrecho de Florida. Cuba se negó a indemnizar a los familiares de las víctimas, pero Estados Unidos los resarció con 93 millones de dólares en activos congelados al régimen cubano.
En junio de 1996, en una conversación con periodistas de la isla, fue grabada la voz de Raúl Castro, entonces ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas, confesando el crimen: “Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban… Bueno, túmbenlos en el mar cuando aparezcan”. La declaración, de 11 minutos y 32 segundos, se transfirió a un disco compacto. En 2006 el audio cayó en manos del periodista cubano Wilfredo Cancio, reportero de El Nuevo Herald. El 20 de agosto de ese año, Cancio publicó la noticia.
Fidel Castro había asegurado que fue él quien dio la orden de que ya no se permitiera que avionetas sobrevolaran el cielo cubano para tirar octavillas como lo habían hecho: “Tenían la orden general de no permitírselos… Actuaron con plena conciencia (los que derribaron las avionetas) de que estaban cumpliendo la orden… Asumo la responsabilidad de ello”. Pero el audio demuestra que la orden fue dada por su hermano Raúl.
La cadena CBS News publicó, el mismo día de la llegada a La Habana del director de la CIA, que hay la posibilidad de que Raúl Castro, hoy de 94 años, sea procesado y, una vez condenado, encerrado en una prisión de Estados Unidos.
Arnaldo Iglesias, de 88 años, sobreviviente de la tercera avioneta, la que logró evadir el ataque de los cazas cubanos, declaró a El País: “No sé si veremos a Raúl Castro ante un tribunal estadunidense. Pero quisiera el pleno reconocimiento de la verdad. Que quede establecido que cuatro hombres fueron asesinados por una dictadura durante una misión humanitaria”.
¿Qué sentido tenía tirar avionetas y asesinar a los tripulantes que lo único que intentaban era ayudar a balseros que huían de la dictadura? El estrecho de Florida es considerado una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Miles de balseros han muerto, al intentar llegar a Miami, por deshidratación, exposición prolongada a altas temperaturas, hipotermia, tormentas severas, colisiones en el mar o hundimientos de las precarias balsas. La Organización Mundial de Migraciones ha documentado picos anuales de 140 víctimas.
Los líderes revolucionarios, a contrario sensu de sus discursos, no han actuado por amor a la especie humana sino a los dogmas ideológicos al poder, sacrificando a millones de seres humanos. George Orwell advirtió: “No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura”.
Las avionetas fueron abatidas en aguas internacionales, no en el espacio aéreo cubano. El Congreso de EU condenó los asesinatos el 12 de marzo de 1996. El juez del caso señaló que el gobierno castrista había asesinado a cuatro seres humanos en el espacio aéreo internacional… Cuba se negó a indemnizar a los familiares de las víctimas…
Hay la posibilidad de que Raúl Castro, hoy de 94 años, sea procesado y encerrado en Estados Unidos. (Luis de la Barreda Solórzano, Excélsior, Nacional, p. 15)
Antropoceno // Alerta por ébola
El ébola es una enfermedad zoonótica, es decir, se transmite primero entre animales y humanos, antes de que comience la transmisión entre personas. En esta ocasión, el epicentro es el bosque tropical de Ituri, en África (lugar famoso porque, acotación cultural, allí mora el bellísimo okapi, mezcla de jirafa y cebra). La penetración humana en ese bosque, a través de la minería, la tala, el comercio de carne de animales silvestres y los asentamientos informales, hizo posible los contagios de la nueva variante (llamada de Bundibugyo).
Las carreteras destinadas al extractivismo se convirtieron en corredores biológicos. Lo que antes permanecía confinado dentro de ese ecosistema forestal ahora podría distribuirse más ampliamente a través de redes comerciales y migratorias. Si la variante de Bundibugyo es preocupante es porque aún no existe una vacuna autorizada. Actuar rápido es importante porque la Organización Mundial de la Salud estima que es posible que en dos meses esté lista la vacuna contra esta cepa.
El ébola se transmite, en particular, a los cuidadores de las personas enfermas, pero si se ha propagado es por las circunstancias sociopolíticas de la región de Ituri. El reciente brote de ébola no surgió de las profundidades de la selva en la República Democrática del Congo sólo porque los humanos hubiésemos invadido una “naturaleza prístina”. Esta cepa se propagó en una región marcada por décadas de conflicto armado entre pastores Hema y campesinos Lendu, además de redes criminales vinculadas a la explotación de minas de oro y coltán (codiciado por contener un metal ultra raro: el tántalo). Cientos de miles de personas han sido desplazadas violentamente. Comunidades enteras cruzan constantemente bosques, campamentos mineros, pasos fronterizos y asentamientos superpoblados. En esas condiciones, la vigilancia epidemiológica se vuelve complicada. El rastreo de contactos es difícil de hacer cuando las familias huyen de la violencia. Las brigadas médicas tienen dificultades para acceder a las aldeas controladas por facciones armadas. La desconfianza hacia las autoridades y los trabajadores sanitarios extranjeros es lo que sobra ahí donde el gobierno sólo llega para reprimir.
La debilidad institucional es inseparable de la falta de fondos internacionales para la salud pública. Hoy ponemos atención porque la República Democrática del Congo jugará en el mundial, pero sus futbolistas viven en realidad en Europa y han cancelado el entrenamiento en Kinshasa.
Quizá ciertas restricciones temporales y selectivas a la movilidad y algunas medidas preventivas pueden estar científicamente justificadas, especialmente en torno a eventos internacionales multitudinarios, porque ralentizar la transmisión dará tiempo al desarrollo de la vacuna, pero debemos evitar discriminar por ataques de pánico absurdo. Los viajeros, migrantes y simpatizantes africanos no deben convertirse en símbolos de miedo irracional.
Es de esperar que las precauciones epidemiológicas necesarias sigan siendo precisamente eso: medidas específicas, acotadas, temporales y basadas en evidencia y que no degeneren en xenofobia. (Bernardo Bolaños, La Razón, México, p.6)
Ahora vienen por las remesas
El lunes pasado, Trump firmó la orden ejecutiva Restoring Integrity to America’s Financial System. En México, la cobertura se quedó en la nota del día: “Trump golpea remesas”. Pero vale la pena leer el texto completo, porque las implicaciones podrían ser mucho más profundas que un trámite adicional para los migrantes; va al corazón de un debate que en este espacio hemos sostenido durante años sobre el origen de los flujos que llamamos remesas.
La orden no es retórica, es operativa. Instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en 60 días, una Advisory formal sobre low-dollar cross-border funds transfers: las transferencias pequeñas que cruzan la frontera, exactamente la definición de una remesa. La Advisory traerá banderas rojas concretas, entre ellas el uso de ITIN en lugar de Social Security, money services business no registradas, structuring y micro-structuring por debajo del umbral de reporte, patrones cíclicos correlacionados con nóminas pagadas fuera de procesadores regulados e identificaciones consulares.
En 90 días vendrán cambios al Bank Secrecy Act para reforzar el customer due diligence. En 180, posibles modificaciones al programa de identificación. Y, en paralelo, el CFPB tiene 60 días para aclarar que la deportación y la pérdida de salario son factores válidos en la prueba de ability to repay. Traducción: los bancos podrán negar hipotecas, autos y tarjetas a indocumentados sin riesgo regulatorio. Es una pinza completa.
Pero el ángulo más interesante no es lo que la orden hace, sino lo que obliga a discutir. Llevamos años planteando en este espacio que las cifras de remesas dejaron de cuadrar. Entre 2020 y 2024, el flujo pasó de 40,000 a casi 65,000 millones de dólares, un crecimiento de 60% en apenas cuatro años, mientras la población migrante mexicana en EU ni creció ni mejoró sus salarios reales en esa proporción. Banxico nunca pudo explicar bien la discrepancia. En 2025, el flujo cayó 4.6%, la peor caída desde 2013, justo cuando empezó el endurecimiento migratorio. Hoy, el 99.1% de las remesas llega por transferencia electrónica, lo que significa que pasa por el sistema bancario formal y queda expuesto al filtro que esta orden instala. Si la corrección continúa, lo que estamos viendo no es solo el efecto del mercado laboral o del peso fuerte: es la limpieza de un flujo que traía adentro algo más que el salario de los paisanos.
El meollo del asunto para México está en tres frentes. Uno, el sistema financiero. BBVA, Banorte, Citibanamex y las MSBs receptoras —que mueven los 61,000 millones por la última milla mexicana— tendrán que absorber el costo del nuevo KYC y de los formularios adicionales del lado estadounidense. Eso se traducirá en comisiones más altas y rechazos. Dos, la economía nacional. Las remesas siguen siendo 3.4% del PIB y el sostén del consumo en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas. Una caída adicional de 5 a 10% es una recesión silenciosa en esas regiones. Tres, Hacienda y Banxico, que perderían colchón cambiario y también un instrumento que durante años disimuló la debilidad del mercado interno.
La narrativa oficial mexicana lleva años repitiendo que las remesas son “amor que vuelve a casa”. El gobierno anterior las celebró como prueba de su modelo. La verdad incómoda, que esta orden de la Casa Blanca finalmente coloca en el centro, es que dentro de ese flujo nunca supimos exactamente qué venía de dónde. Ahora probablemente lo vamos a saber, y la respuesta puede resultar menos cómoda que la versión oficial. (Jorge A. Castañeda Morales, El Economista, El Foro, p. 46)
Cartones
En donde más duele
(Xolo, 24 Horas, Página 2)
Golpe a las Remesas
(Gregorio, Excélsior, Nacional, p. 14)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 20/05/2026