Conocí a Christopher Doyon, el hacktivista estadunidense, mejor conocido como Commander X, en 2018. Un año antes, en 2017, se anunciaba que el considerado líder de Anonymous llegaría al país como refugiado político, e inclusive fue recibido bien por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ese entonces en manos de Luis Videgaray, quien hasta supo un día antes que llegaría para solicitar el asilo.
Un año después de su llegada a México, para ser más exactos, en diciembre de 2018, iniciamos una serie de intercambio de correos electrónicos y después mensajes de texto a través de servicios de mensajería, pues el Commander X había recibido su primera carta, en la que se aceptaba su solicitud como refugiado político, y me interesaba contar su historia.
Commander, como lo llamaba, fue cordial siempre en su trato. Después de conocer su historia y publicarla en las páginas de este diario en 2019, comenzamos a tener algunas reuniones y pláticas más recurrentes, siempre después de las nueve de la noche, a través de videollamadas, pues vivía en una casa sencilla en San Miguel de Allende y yo en la Ciudad de México. Nunca se dijo líder de Anonymous, pues reiteraba que en ese movimiento no hay líder, sino una comunidad de hacktivistas que quieren que el mundo, pero sobre todo internet, sea libre.
Para ese 2019, estaba por terminar y sacar otro libro a la venta (el cual no supe si terminó), donde hablaba del control de internet, la lucha de las naciones de los cinco ojos (Five eyes, o FVEY, una alianza de inteligencia entre Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) para evitar que China tomara el control de la red con el arribo de su infraestructura 5G en la mayor parte del mundo, y su relación con Edward Snowden y Julian Assange.
Aunque siempre reía cuando le decía que si no era muy loco o muy de ciencia ficción hablar de los Cinco ojos y su alianza de espionaje mundial, siempre me decía que todo era cierto, y que por ello Snowden fue a Moscú, y que Assange lamentablemente se fue a meter a un país que no apoya la verdad, como Reino Unido, y que corría riesgos. Unas semanas después, fue sacado de la embajada de Ecuador y encarcelado.
Una de las partes que más llamó mi atención en esas pláticas que tuve con Commander era el tema del narcotráfico y las diversas invitaciones que tuvo de cárteles de la zona de Guanajuato para que le ayudaran en el tema de hackeo y lavado de dinero en la deep web. Él, por su parte, siempre me aseguró que nunca trabajó para ellos y las amenazas que recibía las esquivaba diciendo que al cártel le daba miedo el poder del hacktivismo que podría emprender él o Anonymous si le pasaba algo, y sacar a la luz temas de los que no quiso ahondar por seguridad.
La última vez que pude hablar con Commander fue en enero de 2020, cuando me mostró en una videollamada sus documentos finales como refugiado político por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, su Constancia de Clave Única de Registro de Población para Extranjeros, la cual estaba firmada por la misma secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y una sonrisa diciendo que confiaba en el Estado mexicano y el valor de su Constitución e historia para recibir a perseguidos políticos, como él se consideraba.
La noche del viernes 11 de junio fue sacado de su casa en San Miguel con violencia por policías vestidos de civiles que saltaron su barda, arrastrándolo por las calles, al igual que sus derechos humanos, violando la Constitución como es común en esta administración, y sin poder hacer algo al respecto. Horas después, fue entregado al FBI en Estados Unidos, y ahora está encarcelado.
El viernes pasado recibí un mensaje de su hermana. En él decía que Commander X no podía ser visitado, que sólo tenía una hora para ver a su abogado y que temía por su salud, pues iba enfermo. Fue enfática en decir que el gobierno mexicano violó sus derechos como refugiado político, y que tenía sus documentos en orden. Suplicó que hablara de este caso en México, que se enterara el Presidente de lo que había ocurrido, pues si algo le pasaba al Commander, el gobierno del país quedaría con las manos manchadas de sangre.
A la fecha, ni la Secretaría de Gobernación ni la de Relaciones Exteriores ni el Instituto Nacional de Migración han respondido qué pasó con el caso de Christopher Doyon, quien decidió quitarse la máscara para mostrar el verdadero rostro del hacktivismo. (Paul Lara, Excélsior, Dinero, p.7)
La revista británica The Economist causó cierto revuelo a finales de mayo con motivo de su portada El falso Mesías. En un extenso artículo expuso por qué los mexicanos debían votar contra el presidente López Obrador. La revista no tiene más de un millar de suscriptores en México y causó cero efecto porque ya se vio que Morena seguirá siendo la principal fuerza política del país. En un nuevo artículo titulado ¿Por qué la gente se está mudando a México? Es más barato, cálido y seguro de lo que su reputación sugiere, publicado en la edición del 19 de junio, The Economist presenta otra realidad de México. El Departamento de Estado de Estados Unidos calcula que viven 1.5 millones de personas al sur de la frontera, lo que los convierte en el grupo más grande de inmigrantes en México y el grupo más grande de estadunidenses fuera de Estados Unidos. La comunidad más grande de expatriados estadunidenses no militares en el mundo se encuentra en el oeste de México, cerca de Guadalajara, dice The Economist. Nuestro país se ha convertido en la tierra prometida para los jubilados, en Estados Unidos no podrían pagarse los lujos de un dólar que les rinde 20 pesos.
The Mexican Dream
Continúa The Economist: “Los migrantes solían ser en su mayoría jubilados: las clínicas de osteopatía son abundantes en el Lago de Chapala. Pero gracias a la pandemia, y a las laxas reglas de México sobre el confinamiento, los trabajadores más jóvenes también se están moviendo. Joyanne Sloan, que trabaja en marketing digital para empresas estadunidenses, se mudó allí con su hija de 12 años de Seattle el año pasado. No es la única. ‘No se puede corretear un gato por aquí sin golpear a alguien de Estados Unidos’, dice. En las partes acomodadas de la Ciudad de México, como la Condesa, el inglés se escucha tanto como el español. En general los mexicanos son acogedores. Pero algunos se quejan de que muchos de los recién llegados vienen sin las visas adecuadas. El grupo más grande de inmigrantes ilegales en México, por mucho, son los gringos”. Hasta aquí la opinión de The Economist. La migración hacia México data de tiempo atrás y no se concentra en Jalisco, sino en otras regiones del país, por ejemplo, el litoral Tijuana-Rosarito-Ensenada, poblado de condominios con vista al Océano Pacífico, cuyo costo es tres o cuatro veces menor que lugares similares cruzando la frontera, en Coronado o La Jolla. Pero antes sólo llegaban jubilados. Ahora, en tiempos del Mesías, también están emigrando jóvenes que –aun sin papeles– quieren realizar su Mexican Dream, según The Economist. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Opinión, p.6)
Uno de los problemas más acuciosos de las relaciones entre México y Estados Unidos es la política migratoria. En la historia reciente de las relaciones entre ambos países, la migración ha sido piedra de toque y motivo de tensión constante. Uno de los periodos más ríspidos fue, sin lugar a duda, durante los años en que Donald Trump insultó a México y a los mexicanos, primero en su campaña para ganar la candidatura y acto seguido la presidencia. Sus agravios llegaron a tal nivel de acritud que algunos miembros del partido que lo llevó a la presidencia expresaron preocupación, más que por sus métodos agresivos y groseros, por la posibilidad de perder electores de origen mexicano. A final de cuentas, Trump perdió la elección y llegó Joseph Biden, cuyo talante es diametralmente opuesto.
Biden se comprometió a resolver los problemas migratorios del país, con dedicatoria especial a la población de origen latino. Pero ahora que intenta cumplir sus promesas se ha topado con una realidad que no podrá superar sólo con buena voluntad: la sistemática oposición en el Congreso a sus propuestas de reformar el sistema migratorio que pudiera descarrilar sus intenciones de reconstruir las relaciones con México y Centroamérica. Hay otra que se antoja casi imposible: la necesidad de que México y los países centroamericanos se comprometan a detener la ola migratoria hacia Estados Unidos. Ninguna de esas naciones está en posibilidad real de evitarla, no sólo porque violarían el precepto constitucional del libre tránsito, sino también porque tendrían que elevar el nivel económico de la mayoría de sus ciudadanos y abatir sensiblemente la criminalidad. El primero es una tara histórica que se ha agravado por la corrupción y mala administración, y el segundo se deriva de las cadenas de tráfico de drogas y personas en las últimas décadas.
En su visita a México y Guatemala, la vicepresidenta Kamala Harris, a quien Biden ha encomendado coordinar estos delicados asuntos, fue clara: No vayan a Estados Unidos porque no hay condiciones para recibirlos. Fue evidente que en el fondo, la misiva tenía un destinatario no explícito: los congresistas republicanos que culparon al presidente Biden de alentar la ola migratoria sin medir las consecuencias de su retórica. Tal vez, con la mejor intención, abrió las puertas de ese país a quienes llegaban por cientos a sus fronteras. A veces la realidad no entiende de buenas intenciones. (Arturo Balderas Rodríguez, La Jornada, Opinión, p.10)
En el contexto de la pasada visita de la vicepresidenta de Estados Unidos (EU), Kamala Harris, a Guatemala, donde instó a centroamericanos a que no vengan a su país, ella también puso énfasis en que hay que atacar el problema de la migración desde las causas raíz ( root causes), un tema central de la administración Biden hacia la región. Aunque es esencial atender las causas estructurales que llevan a miles de personas a huir de sus países de origen, se ha cooptado este concepto para eludir la responsabilidad estadunidenese en la crisis económica y social de los países del Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Culpar a la pobreza y la violencia es atacar síntomas, sin llegar a las raíces. ¿Quién ha empoderado a esos gobiernos y a las plutocracias de esos países, ayudando a derrocar gobiernos democráticamente electos en el pasado? Estados Unidos. Y, ¿quién ha impuesto un modelo de libre comercio al servicio mayoritariamente de corporaciones estadounidenses que fomentan el despojo y la migración forzada? Estados Unidos.
En los últimos meses se han anunciado diferentes iniciativas de EU para apoyar a Centroamérica. En abril, la vicepresidenta Harris anunció que su país estaba otorgando 310 millones de dólares en apoyo humanitario para Guatemala, El Salvador y Honduras. Como parte de su proyecto de presupuesto enviado al Congreso estadunidense, la administración Biden solicita 861 millones de dólares en apoyo para Centroamérica para el próximo año fiscal como parte de su plan de destinar 4 mil millones de dólares a la región en cuatro años y como parte de su estrategia para atender a la migración. No es poco dinero. No obstante, mientras la administración Biden puede sentirse generosa hacia Centroamérica, tan sólo una empresa minera de Nevada –Kappes Cassidy & Associates (KCA)– tiene demandada a Guatemala por 400 millones de dólares en el Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones del Banco Mundial (ver artículo de Jen Moore y Ellen Moore https://cutt.ly/vn0dFE1). KCA argumenta que el gobierno falló en proteger su mina de las comunidades locales que establecieron el plantón de La Puya en protesta por que la mina de oro contaminaría sus escasos recursos acuíferos. Son muchas más las demandas multimillonarias que países de Centroamérica enfrentan, o por las que son amenazados, bajo el capítulo 10 de protección de inversiones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EU (Cafta).
En entregas pasadas he documentado cómo México está demandado por 4 mil 540 millones de dólares por tres empresas mineras bajo el TLCAN. El otorgamiento de privilegios y la camisa de fuerza que provocan los tratados de libre comercio (TLC) ocasionan la destrucción de medios de vida y la expulsión violenta de comunidades rurales e indígenas en toda Mesoamérica. El sistema de Arreglos de Disputas Inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) contenido en los TLC permite a empresas demandar a gobiernos por protecciones ambientales –comúnmente la defensa del agua– conseguidas mediante luchas sociales y el sacrificio de vidas. El ISDS es usado como instrumento neocolonial para disciplinar y castigar a gobiernos y proteger los intereses y las ganancias esperadas de las firmas trasnacionales. Los países de América Latina son el principal blanco de las empresas extractivas.
Pero no sólo los gobiernos son sujetos de demandas supranacionales. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha documentado cómo los defensores del ambiente y recursos naturales tienen que enfrentar poderosos intereses que buscan silenciarlos
Los Litigios Judiciales contra la Participación Pública (Slapp, por sus siglas en inglés) son una táctica usada por empresas para frenar a quienes se les oponen. Los Slapp pueden tomar forma de denuncia penal o demanda civil para intimidar, disuadir, llevar a la bancarrota y silenciar a sus críticos. El número más alto de Slapp se ha llevado a cabo en Latinoamérica (39 por ciento) y el segundo país del orbe, con 46 casos, ha sido Honduras. Un ejemplo en ese país es el de cuatro mujeres lideresas garífunas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) que enfrentan cargos penales desde 2017, cuando fueron acusadas de difamación y calumnia por una firma hotelera. Estas lideresas defienden la tierra ancestral garífuna de proyectos turísticos de empresas trasnacionales. Otro ejemplo en Honduras es el de los ocho defensores de guapinol encarcelados arbitrariamente desde hace casi dos años por defender sus recursos acuíferos ante el proyecto minero Los Pinares, asociado a capitales estadunidenses. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU ha instado al gobierno de Honduras a que ponga a los defensores de inmediato en libertad.
Si no se desmantelan las reglas neoliberales que otorgan privilegios desmedidos a las corporaciones trasnacionales, que destruyen medios de vida y generan violencia (que abordaré en una segunda parte de este texto), no se atenderán las raíces ni las causas de la migración. (Manuel Pérez Rocha Loyo, La Jornada, Opinión, p.14)
Al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta presumir el incremento del dinero que los trabajadores migrantes envían a sus familias.
Efectivamente, las remesas han tenido un crecimiento espectacular, pese a la pandemia. Ésta provocó una ralentización en la economía estadunidense y mayores restricciones para cruzar la frontera, lo cual hizo prever que el flujo de recursos disminuiría, aunque sucedió todo lo contrario. En marzo y abril, las remesas se incrementaron en 35.1 y 39.1 por ciento, respectivamente, en comparación con el mismo mes del año anterior, rebasando, en ambos casos, los cuatro mil millones de dólares. Sin embargo, dicho crecimiento —no visto desde 2003— debiera ser tomado con cautela. Y no solamente porque las remesas son un reflejo de la debilidad de la economía mexicana, incapaz de crear suficientes empleos bien pagados en México, sino porque el dinero que ganan los migrantes se usa, de manera creciente, para pagar los servicios de los polleros que los ayudan a llegar a Estados Unidos.
Juan José Li, economista sénior de BBVA México, reveló que las condiciones creadas por la pandemia han provocado que el costo por cruzar la frontera sin documentos se haya elevado hasta 130% en poco más de dos años, lo cual hace que un migrante deba pagar hasta 10 mil dólares por el servicio. En un reportaje recientemente publicado en el diario Los Angeles Times, se informó que los polleros se han descarado en la búsqueda de su clientela, utilizando para ello anuncios en redes sociales y mensajes de WhatsApp.
De acuerdo con el documento Migración y remesas México 2019, elaborado por Banxico y el Conapo y que se dio a conocer un trimestre antes de la aparición de la pandemia, las tarifas promedio de los polleros por realizar un cruce había subido de 3 mil 267 pesos en 1994, a 86 mil 907 pesos en 2017. De acuerdo con Juan José Li, ese costo llegó hasta los 200 mil pesos por persona, lo cual podría implicar que los migrantes tengan que trabajar hasta dos años sólo para cumplir con el pago. En declaraciones a Forbes y La Jornada, el especialista resaltó que el incremento de las tarifas ha obligado a los trabajadores indocumentados a endeudarse con los polleros, pues, evidentemente, si tuviesen esa cantidad de dinero se quedarían en sus lugares de origen. Al revisar el caso de los migrantes guatemaltecos de Comitancillo, quienes fueron ejecutados el 22 de enero en Tamaulipas, quedó claro que las familias tuvieron que vender propiedades a fin de poder reunir el dinero para pagar el traslado.
Eso seguramente quiere decir que una parte del dinero que está llegando no sirve para proveer de un bienestar inmediato a las familias de los migrantes, sino para cubrir deudas. En el primer trimestre de este año, el número de mexicanos detenidos al intentar cruzar la frontera se incrementó en 125% respecto del mismo periodo de 2020 y 159% en comparación con 2019, al pasar de 56 mil a 83 mil y luego a 147 mil en ese lapso.
Quienes sin duda están festejando más son las cerca de 120 bandas de traficantes de personas que, con las condiciones económicas más difíciles creadas por la pandemia y ante la incapacidad de la autoridad de hacerles frente, están llenándose aún más los bolsillos gracias a la desgracia de quienes no consiguen sustento en sus comunidades y se ven obligadas a perseguir el difuso “sueño americano”. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p.2)
A pesar de que el 20 de enero del 2020, fue la fecha marcada por la Constitución Estadounidense para el cambio en la presidencia, Donald Trump parece no haberse ido del todo y políticos de alto nivel como el gobernador de Texas, Greg Abbott, mantiene sus ideas vivas, ahí está el anuncio de que continuará con la construcción del muro que tanto presumió el anterior inquilino de la Casa Blanca.
En verdad que los políticos buscan estar en las conversaciones del momento y Abbott honra ello, parece no darse cuenta o no importártele que Trump fracasó en esta idea, lo dicho la semana pasada en la reunión fronteriza de seguridad es una estrategia publicitaria, sabe que es imposible de realizarlo, no tiene el dinero ni el apoyo de político para conseguirlo pero sobre todo legalmente no puede: invadir, incautar o expropiar la tierra donde según él, lo construiría, olvida o quiere minimizar que son propiedad privada esos terrenos.
Platiqué telefónicamente con la profesora, Natalie Nanasi, profesora de derecho de Southern Methodist University…” cuando Abbott está pensando en construir un muro debe tener en cuenta a todos esos diferentes propietarios. Habrá diferentes reglas, requisitos y regulaciones que impactarán la capacidad del estado de Texas para tomar esa tierra y también para usarla para los propósitos que sugiere”.
México y Texas comparten frontera en 1,200 millas, cerca de 200 mil kilómetros de territorio de propiedad privada, estatal y federal.
El gobernador Abbott sabe que la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) opera bajo el mandato del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ambas responden a una política federal y no estatal. Texas un es un estado independiente, pero ahí se topa con pared.
Sin duda que uno de los grandes problemas que enfrenta Estados Unidos es el migratorio y el presidente, Joe Biden ha lanzado varias órdenes ejecutivas que se discuten en estos días en el Congreso en busca de una solución. Desde 2016 el tema de la construcción de un muro en la frontera sur para evitar el paso de migrantes sin documentos que ha estado en la agenda nacional, pero con la llegada de una nueva administración, se anunció el fin la construcción de muro, sin embargo, el gobernador insiste en ello, ha manifestado su intención de hacerlo.
Hay muchas respuestas que tendrá que dar el gobernador antes de comenzar con su proyecto, por ejemplo; ¿quién va a revisar el estatus migratorio de los detenidos ya que la autoridad estatal no tiene autorización?, ¿qué pasará con las ciudades seguras o santuarios que tienen programas de cooperación con ICE? ¿de dónde obtendrá los fondos para la edificación? ¿legalmente en dónde basará su defensa y quién la dirigirá? (Alma Rosa Núñez, Contra Replica, Online)
En los días posteriores a la elección del 6 de junio, el presidente López Obrador dedicó parte de sus conferencias de prensa matutinas a cuestionar la voluntad de superación individual. ¿Por qué decidió arremeter contra la aspiración de progresar? Es un misterio, entre otras razones, porque se trata de una evidente contradicción.
López Obrador ha presumido por años –a veces con razón– de conocer a fondo la identidad mexicana. A veces parece que en realidad presume de entender algo más profundo: el alma de la gente; lo que le angustia, pero también a lo que aspira. Cuando censura el anhelo aspiracional, el presidente da la espalda a una de las virtudes más evidentes de México.
El ejemplo más claro está en los migrantes mexicanos. A lo largo de la última década de trabajo en Univisión Los Ángeles he escuchado y compartido las historias de vida de miles de paisanos. He hablado con todo tipo de gente: padres de familia, jóvenes recién llegados, abuelos y abuelas, madres solteras y un largo etcétera. Algunos tienen historias profundamente dramáticas y otros lo salpican todo con ese humor optimista tan nuestro. He hablado con muchos oaxaqueños, no pocos michoacanos y uno que otro norteño. Vienen de todo México y todos comparten, sobre todo, dos cosas. La primera es el idioma, claro está. Y la segunda es un hambre concreta de conquistar un mejor lugar en el mundo, dar a sus hijos una mejor educación, un mejor empleo, una vida más plena y promisoria.
Me vienen a la mente, de súbito, decenas de ejemplos. Pienso, de pronto, en Susana, una joven guanajuatense que llegó a Estados Unidos siendo una niña. Su padre decidió emigrar cuando supo que su esposa estaba embarazada de Susana. La madre emigró con Susana en brazos. La niña tenía 6 meses de edad. El padre de Susana creció vendiendo chicles en las calles de León y su madre trabajaba en una fábrica. Como ocurre en muchas familias mexicanas, tanto el padre como la madre crecieron con madres solteras, abandonadas por sus maridos. Al llegar a California, el padre de Susana vivió en la calle por meses. Después comenzó a abrirse camino. Alguien le tendió la mano y consiguió un empleo. Y luego otro y otro más, siempre a mejor. Hoy, la madre se dedica a la costura y el padre labora en una empresa hidráulica. Por las noches, los dos trabajan en limpieza. Son jornadas de 18 horas, sin parar. Pero al final del día, me contó Susana, ambos siempre vuelven a casa para revisar el progreso de Susana y su hermano en sus tareas escolares. La intención es simple: ni Susana ni su hermano vivirían las mismas dificultades que sus padres. El día que la conocí, Susana se preparaba para graduarse, me parece, de contadora. La primera en toda la historia familiar en alcanzar un título universitario.
¿Qué es esto sino la definición misma de una vida definida por la aspiración? Y no es, ni de lejos, una historia excepcional. He encontrado tantas historias así que incluso publiqué un libro, hace algunos años, con medio centenar. Este ejercicio activo y admirable de aspirar a una vida mejor no es una mera parte de la historia de la comunidad mexicana en el exilio: es la historia entera.
Esto obliga a una pregunta: ¿qué gana el presidente de México desechando, como migajas en la mesa, esa parte del carácter mexicano, que él dice conocer de manera casi mística? No solo eso. ¿Dónde encuentra el ánimo para ningunear la aspiración como vocación vital y luego agradecer encarecidamente a los migrantes mexicanos –como Susana, como sus padres– por los miles de millones de dólares que envían en remesas, y que han mantenido en pie la economía mexicana? La respuesta parece estar en el ámbito político. Al presidente de México le resulta antipático aquello que se resiste a su encanto y le resta poder político. Eso parece haber ocurrido con votantes “aspiracionistas”. No es una buena razón, ni política ni moralmente. Hacer menos al votante de oposición no es receta para el éxito, y eso lo sabe mejor que nadie López Obrador. Pero es mucho peor despreciar a personas que han pasado la vida trabajando y luchando por subir, aunque sea un peldaño en la escalera social mexicana. Lo que merecen es respeto y admiración, no lo contrario. (León Krauze, El Universal, Nación, p.7)