El Día Mundial del Refugiado es una efeméride instaurada por la ONU en el 2000. Su propósito es concienciar a la población global sobre la difícil situación de las personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar debido a conflictos bélicos, persecución y violaciones de derechos humanos.
Ser un refugiado implica más que simplemente buscar seguridad. Es un término legal que designa a una persona que ha cruzado una frontera internacional y no puede o no quiere regresar a su país debido a temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
Los protege la legislación internacional, particularmente la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, donde se estipulan sus derechos a buscar asilo, a no ser devueltos a lugares donde enfrenten persecución y a tener acceso a los derechos fundamentales al nivel de los ciudadanos del país de recepción.
La migración ha sido una constante en la historia de la humanidad, con flujos de personas que buscan mejores oportunidades, huyendo de conflictos o simplemente buscando un cambio. En las últimas décadas, el fenómeno migratorio ha adquirido mayor relevancia debido a los conflictos internacionales, las crisis económicas y las preocupaciones por los derechos humanos.
El análisis de las causas de la migración es complejo y multifacético, con factores que van desde la violencia y la persecución hasta la pobreza y la búsqueda de oportunidades. La ONU informa que existen 108.4 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo.
A la fecha, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha obligado a migrar a más de 6 millones de personas, teniendo que refugiarse en Europa y Rusia.
Según ACNUR, en 2021 México albergó a cerca de 90,000 refugiados y solicitantes de asilo, en comparación con los menos de 20,000 de 2015. La migración ha generado retos significativos, pero también ha ofrecido a México la oportunidad de demostrar liderazgo en la protección de los derechos humanos y el apoyo a los migrantes.
Un refugio, en el contexto de la crisis de refugiados, es un lugar donde estas personas pueden encontrar seguridad, ayuda y protección mientras se encuentran en el proceso de búsqueda de asilo o integración en un nuevo país. Los refugios ofrecen servicios de alojamiento, alimentación, atención médica, asesoría legal y apoyo psicológico.
La realidad de las mujeres refugiadas a menudo es especialmente dura, enfrentándose a riesgos incrementados de violencia de género, explotación y abuso. Por eso, muchos refugios ofrecen programas y servicios específicos para mujeres y niñas, incluyendo consejería, educación y formación en habilidades laborales.
México, un país con una larga vocación de acogida de refugiados, alberga una red de refugios operados por una combinación de organizaciones no gubernamentales, agencias de la ONU y el gobierno. Los refugiados pueden permanecer en estos refugios mientras se procesan sus solicitudes de asilo, un trámite que puede durar meses o incluso años.
Existen diversos tipos de refugios diseñados para diferentes propósitos. Los refugios antiaéreos y antiatómicos están diseñados para proteger a las personas de los bombardeos y la radiación. Los refugios para animales brindan un hogar temporal a las mascotas desplazadas o abandonadas. Los refugios para personas sin hogar ofrecen un lugar seguro para las personas que viven en la calle.
En todos estos casos, los refugios representan un lugar de seguridad y protección en tiempos de crisis, es vital recordar la importancia de estos espacios y trabajar para garantizar que todos aquellos que los necesiten tengan acceso a ellos en condiciones de decoro y dignidad. ¿O no?, estimado lector. (Juan Carlos Sánchez Magallán, Excélsior, Nacional, p. 14)
2 Destello bilateral. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, visitó al presidente Andrés Manuel López Obrador. A su salida comentó que se analizó la relación bilateral, pues “Estados Unidos y nuestro país se complementan muy bien en materia económica, en materia rural”, por lo que se habló de “la creación de Norteamérica, una región que puede ser la más competitiva y la más humanista. Porque lo importante es que sea un desarrollo con valores del mundo. Y en eso estamos trabajando permanentemente y siempre en la protección de los migrantes”. ¿Y del maíz transgénico, señor, se habló en Palacio Nacional?, le preguntaron. Su respuesta fue un tradicional, diplomático y evasivo “con permiso”. Y se fue… (Frentes Políticos, Excélsior, Nacional, p. 9)
Pollero del Caribe. En varios bancos hay preocupación por el expediente de Amilcar Jhovany Angulo, que se presenta como director de la firma sinaloense Granissa, y no por sus deudas si no por los registros de la Unidad de Inteligencia Financiera donde los sabuesos de Pablo Gómez le ubican como presunto operador intensivo de recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero, por lo que figura en la lista de personas bloqueadas… entre otras cosas, porque una subsidiaria de transportes de Granissa ha sido detectada por la UIF de usar sus equipos para trasladar migrantes a la frontera norte, con especial énfasis en el trasladar a personas originarias de de Haití. Tome nota. (Mauricio Flores, La Razón, Negocios, p. 20)
Dos empresas, Dahua y Hikvision, vetadas por el gobierno de Estados Unidos, fueron beneficiadas por contratos por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar (Morena) para comprar sistemas de viodevigilancia con reconocimiento facial. Control y espionaje social al estilo chino; todos identificados en las calles. Así, Chihuahua, estado que gobierna Maru Campos (PAN), se pone en la mira de seguridad nacional de EU, por culpa de Cruz, quien con ignorancia, corrupción o mala fe benefició con 157 millones de pesos a intermediarios como INT Intelligence and Telecom Technologies México, de Ignacio Román. Mete en problemas al gobierno de AMLO.
CHIAPAS: En Tapachula se preguntan ¿dónde están los mil 266 millones de pesos para “el bienestar y el progreso” de este municipio que cacarea Morena donde gobierna Irene Urbina? El paso obligado de miles de migrantes que buscan el sueño americano está sumido en la miseria y el olvido. Para los migrantes ni un plato de frijoles con gorgojo. (Víctor Sánchez Baños, El Heraldo de México, Estados, p. 23)
A las 3 de la tarde del 20 de junio, las campanas de las iglesias de Cerocahui, en Urique, Chihuahua, repicaron durante un minuto.
Recordaban al país el artero asesinato de dos jesuitas. Justo a un año, el sacrificio de los prelados se hace presente. Se trata de sacerdotes ancianos, César Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales, llamado Padre Gallo , a manos de un gatillero apodado El Chueco, líder de una banda criminal que azotaba la región.
Los jesuitas en la Tarahumara se han distinguido por ser solidarios y comprometidos con las comunidades marginadas, explotadas y reprimidas. No enseñan la fe en abstracto, promueven el desarrollo económico, la educación, la organización social y los derechos humanos.
Personalmente, me dolió el absurdo asesinato de dos misioneros, pastores que habían entregado su vida por las comunidades indígenas. Tenían 40 años habitando en aquella región apartada, hablaban perfectamente las lenguas tarahumaras, eran queridos y reconocidos por la población.
La justicia fracasó en Chihuahua. Nunca atraparon a El Chueco , lo encontraron muerto sin que tengamos una explicación certera. Pese a que las autoridades de Chihuahua presuman la detención de 40 sicarios miembros de la banda de El Chueco, siguen operando bandas de extorsión y transgresión criminal en la Tarahumara y en el país.
Hace un año reinó un profundo desconcierto porque se trataba de dos jesuitas misioneros, fieles al pueblo pobre y sufriente de la Tarahumara. Comprometidos con los indígenas pobres entre los pobres. El peso histórico de esa misión se remonta al siglo XVII. Los jesuitas asesinados eran dos misioneros de 80 años, que se habían inculturado y consagraron toda su vida en la pastoral en favor de las comunidades, principalmente, rarámuris en la Tarahumara. Su presencia ahí, se remonta a los años 80 y fueron honrosos herederos del gran obispo jesuita José Llaguno (1925-92).
Con datos del Centro Católico, en los últimos 30 años han sido asesinados más de 70 curas católicos. Cerca de 60 en los últimos 10 años, señala el mismo centro. Ocho en lo que va en el sexenio de AMLO. Los motivos son múltiples: robo, secuestro, la extorsión, móviles pasionales y también políticos. Las entidades más peligrosas de la República son Michoacán, Guerrero, Ciudad de México y el estado de México. Los religiosos padecen en carne propia la inestabilidad que se vive en los vasos capilares de la sociedad, sobre todo en las zonas apartadas, como la Tarahumara, donde la labor de la Compañía de Jesús se remonta a la Colonia.
Resulta sorprendente que México, un país de mayoría católica con arraigada religiosidad popular, tenga los índices más altos –no sólo de América Latina, sino del mundo– de criminalidad contra los curas. ¿La violencia generalizada que vive el país alcanza también a los religiosos? ¿La violencia ya no respeta la investidura sacerdotal ni su ministerio?
Cabría preguntarse sobre los evidentes signos de la desacralización del ministerio sacerdotal. Las sociedades modernas seculares ponen en duda la práctica de la sacramentalidad. Es decir, los rituales, los símbolos y la función de los actores sacros. La raíz es la desolemnización de las cosas sagradas y el vaciamiento del sentido mistérico de la práctica religiosa. La gran crisis que sufre la Iglesia en la sociedad contemporánea es que las cosas que debían ser sagradas en sí mismas no son percibidas totalmente como tales por los fieles –y, en algunos casos, por la propia jerarquía–; se ha profanado lo sagrado incluso dentro de los propios actores religiosos. La conducta más política, elitista y hasta disipada de actores religiosos como Marcial Maciel, Norberto Rivera y Onésimo Cepeda hicieron un gran daño simbólico a la dimensión sacral de la Iglesia. En otras palabras, la propia Iglesia católica tiene un alto porcentaje de responsabilidad en esa desacralización.
A raíz del asesinato de los dos jesuitas en la Tarahumara, la relación entre el gobierno de la 4T y la Iglesia católica se ha tensado. El episcopado se ha convertido en una bóveda de oposición abierta a las políticas oficiales. El episcopado, mediante contundentes mensajes públicos ha cuestionado la política migratoria y la estrategia de seguridad de la 4T. Seguido de un intercambio áspero de declaraciones.
En un segundo momento, la cúpula de la Iglesia rebasó la línea, al confrontar directamente al presidente López Obrador. El episcopado emitió un duro comunicado en defensa del INE. Lo exaltó como un instituto confiable de gran reconocimiento internacional y calificó la reforma de AMLO como regresiva y un agravio a la vida democrática del país.
Por si no quedara duda, redactó un nuevo comunicado contra el llamado plan B del Presidente. La discordia entre AMLO y la jerarquía católica debe contextualizarse. La iglesia acostumbrada a tratos preferenciales y privilegios, quedó sorprendida por el trato que el Presidente dio a cristianos no católicos. Por tanto, hay resentimientos de muchos obispos por la excesiva apertura del Presidente a los evangélicos pentecostales.
El asesinato de los jesuitas catalizó a la jerarquía católica ser abiertamente crítica al gobierno. Y abrazar las causas de una oposición incierta. A un año del sacrificio de los jesuitas las cosas ya no son las mismas. (Bernardo Barranco V., La Jornada, Opinión, p. 19)