Opinión Migración 210624

México SA

Sheinbaum: los primeros seis // Catorce más el próximo jueves // Claudio, imagen de la derrota

La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum comienza a dar cuerpo al que será su más cercano equipo de trabajo, su gabinete, aunque optó por presentarlo en sociedad en dos tandas, toda vez que ayer sólo dio a conocer seis nombramientos y dejó para el próximo jueves los 13 restantes (recuérdese que Rogelio Ramírez de la O fue ratificado en la Secretaría de Hacienda), algunos de ellos de primerísimo nivel, sin demeritar los demás, como Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad Ciudadana.

Ayer anunció que Juan Ramón de la Fuente (secretario de Salud con Zedillo, ex rector de la UNAM y ex representante permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas) va como secretario de Relaciones Exteriores (lástima: Alicia Bárcena realizó un gran trabajo en esa dependencia del Ejecutivo y merecía repetir, aunque no queda fuera de la jugada, pues en el sexenio entrante ocupará la cartera de Medio Ambiente y Recursos Naturales); a Rosaura Ruiz (quien con Sheinbaum en la Jefatura de Gobierno de la CDMX ocupó la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación) le encomendó una dependencia de nueva creación: Humanidades, Tecnología e Innovación; el ingeniero agrónomo Julio Berdegué Sacristán se hará cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y Ernestina Godoy (ex fiscal general de Justicia de la CDMX y senadora electa) será consejera jurídica de la Presidencia de la República.

Además, al berrinchudo cuan impresentable Marcelo Ebrard, protagonista de una vergonzosa pataleta por no resultar ganador de la encuesta presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum le encarga la Secretaría de Economía, en la que bien pudo repetir Raquel Buenrostro, pues en ella hizo un gran papel, al igual que como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y al frente del Servicio de Administración Tributaria.

Caras y trayectorias conocidas, unas más que otras, que comienzan a dar forma a lo que será el gabinete definitivo de la primera presidenta de México, quien entrará en funciones a partir del próximo 1 de octubre, y que de ellos –como los que faltan por designar– se espera no solo un gran esfuerzo, sino excelentes resultados, porque el país así lo merece y exige.

Tras dar a conocer los nombres de los por ella designados, Sheinbaum dijo que todos tienen claro los principios y fundamentos del movimiento de la Cuarta Transformación; saben y están comprometidos con la prosperidad compartida, con el principio humanista de por el bien de todos, primero los pobres, y saben que continuará la austeridad republicana. Nuestro objetivo no es sólo el crecimiento, sino el desarrollo compartido y no vamos a traicionar el mandato popular.

¿Qué nombramientos quedan pendientes hasta el próximo jueves? Casi nada: del gabinete legal, Gobernación; Defensa Nacional; Marina; Seguridad y Protección Ciudadana; Bienestar; Energía; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Función Pública; Educación; Salud; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario y Territorial; Cultura, y Turismo.

Además, el gabinete ampliado: Petróleos Mexicanos; el Instituto Mexicano del Seguro Social; la Comisión Federal de Electricidad; la Comisión Nacional del Agua; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el Instituto de Salud para el Bienestar; el Servicio de Administración Tributaria; el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (que se transformará en secretaría de despacho); Nacional Financiera; la Procuraduría Federal del Consumidor; el Instituto Nacional de Migración; el Instituto Nacional de las Mujeres; el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y algunos más.

A su vez, cada uno de los designados armará su propio equipo de trabajo. Entonces, serenos, que esto apenas comienza.

Las rebanadas del pastel

La fotografía publicada ayer en la portada de La Jornada (Luis Castillo), en la que aparece Claudio X. González Laporte, no sólo es devastadora, sino que da puntual cuenta de la derrota total de un barón, la de su junior -igual de torcido que el padre- y la de todo lo que representa: tantos años de jugar sucio, de gastar millones y millones para financiar propaganda negra en contra de Andrés Manuel López Obrador, de atentar en contra de la democracia, de mentir, desinformar y comprar sicarios mediáticos. para terminar, a sus 90 años, solo en un solitario rincón, abandonado por propios y extraños, en espera de que su petición fuera atendida (que Claudia Sheinbaum lo recibiera) y así se quedó. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Economía, p. 24)

Niños polleros, otra cara del crimen organizado

Desafortunadamente, los cárteles mexicanos más poderosos y peligrosos son hoy también los principales actores en el negocio ilícito del tráfico de seres humanos. Esta actividad les reporta ganancias millonarias, tanto por el aumento que ha habido en los flujos migratorios, como por la impunidad asociada a este delito. Al ser los migrantes las principales víctimas, es poco probable que se atrevan a denunciar, ya que en su calidad de indocumentados y sabiendo de qué son capaces las redes criminales involucradas, tienen mucho miedo. Su necesidad primordial es llegar a Estados Unidos sin ser deportados.

En este sentido, los grupos criminales han expandido una práctica que identificaron particularmente útil y redituable, que es la inclusión y uso de menores de edad en el tráfico de personas. Si bien desde hace mucho tiempo reclutan e incorporan a menores en el fenómeno delictivo, como halcones o vigilantes, burreros o mulas, de un tiempo para acá se ha incrementado su uso como polleros o traficantes. Según datos de la Secretaría de Gobernación, las cifras de menores de edad que se dedican al tráfico de personas aumentaron en un 166% durante 2023, pasando de 750 a 1,998 niños participes de este ilícito.

La opción más rentable para los criminales es utilizarlos como niños o adolescentes de circuito para traficar seres humanos y sustancias hacia Estados Unidos ya que, por su edad, las autoridades de ese país no pueden retenerlos. Cuando atrapan a menores de edad, estos son liberados a los pocos días y retornados a México sin mayores consecuencias legales. De tal forma que, sobre todo en puntos fronterizos como Tijuana, Ciudad Juárez y varias ciudades de Tamaulipas, hay niños que han realizado más de 300 vueltas entre México y Estados Unidos, expuestos a un cúmulo de factores de riesgo en deterioro de su desarrollo personal, cognitivo y emocional.

En territorio mexicano, al amparo de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, los menores de entre 12 y 14 años están exentos de responsabilidad penal, mientras que para aquellos de entre 16 y 18 años, la medida cautelar del internamiento preventivo sólo es posible por un periodo de “hasta 5 meses”. Es decir, que aún y cuando estos últimos sean detenidos por realizar actividades delictivas, serán liberados en un breve periodo por su condición de menores de edad. Que quede claro, la solución no está en modificar la ley y buscar el encarcelamiento o penas más largas, sino en generar factores de protección para que no sean presa tan fácil del crimen.

Muchos de los menores de edad reclutados por los criminales son niños migrantes no acompañados, o pequeños que provienen de zonas de alta vulnerabilidad social en ciudades fronterizas de nuestro país. Al recibir entre 200 y 1000 dólares por vuelta, según de lo que se trate, se convierten en los principales proveedores y sustento de sus hogares, lo que provoca que incluso algunos de sus familiares estén de acuerdo e impulsen esta dinámica de riesgo. Menores polleros que viajan desde el sur del país sorteando los peligros del tránsito, al igual que los que cruzan la frontera hacia Estados Unidos, son expuestos a numerosos riesgos propios del camino agreste, caminan por horas y días a altas temperaturas, enfrentando los peligros que encuentran en su ruta. Algunos se enferman, otros se lesionan o pierden, y hay incluso algunos que mueren en la travesía. Otros más, sucumben ante una realidad tan hostil, entran en pánico y se entregan a las autoridades.

El modus operandi utilizado para el reclutamiento de estos menores de edad es, en muchos de los casos, el engaño y las amenazas. Les dicen que fungirán como guías, monitores, cuidadores de migrantes o transportistas, algunos llevan personas y otros mochilas y bultos amarrados de cintura y espalda con diversas cargas de drogas. Los convencen o los implican de forma violenta aprovechando su vulnerabilidad.

Tan solo durante 2023, más de 113 mil niños y niñas transitaron por nuestro territorio, 60% más que en 2022. A pesar de que en el mundo la niñez representa menos del 15% de la población migrante, en la región de las Américas y El Caribe alcanzan un 25% de las personas en movilidad. Es urgente poner en marcha acciones de protección focalizada y hacer valer el interés superior de la niñez para proteger a estos menores y evitar que sean los grandes criminales del mañana. (Eunice Rendón, El Universal, Nación, p, A10)

La migración en México. Uno de los grandes retos por afrontar

Desde la mitad del siglo pasado y a casi un cuarto del siglo del nuevo milenio, la migración ha sido y, por lo que se visualiza, será uno de los temas prioritarios para la política exterior del nuevo gobierno federal que iniciará el próximo 1° de octubre.

A pesar de que no es una condición exclusiva de México y que implica un fenómeno social que aumenta de manera impresionante, la migración requiere de atención multifactorial y de la cooperación de los gobiernos involucrados.

Para muchas personas en el mundo, llegar a Estados Unidos es una de sus metas derivadas de las condiciones sociopolíticas que viven en sus localidades y de las adversidades económicas que los obligan a buscar opciones de solución.

Esas necesidades, para otros tantos, representan oportunidades potenciales de enriquecimiento, ya sea por ayudarles a acercarse a su objetivo -a pesar de los riesgos- o porque, una vez alcanzado su objetivo, son generadores de divisas.

Datos estadísticos, refieren que el año pasado en México se registraron más de 700 mil personas sin documentación de más de 150 nacionalidades, son personas de todo el mundo que buscan alcanzar el sueño americano.

De esa magnitud es el reto que México debe enfrentar, atender el flujo de personas que pasaban por el territorio nacional con miras a llegar a Estados Unidos y que, recientemente, por las políticas del país del norte, se convierte en destino para miles de personas.

En Estados Unidos, ante el fallido sistema de inmigración, el presidente Joe Biden, desde su primer día en el cargo, instó al Congreso sobre el aseguramiento de la frontera.

Por su parte, los republicanos en las Cámaras han seguido anteponiendo la política partidista a la seguridad nacional -votando dos veces en contra del conjunto de reformas. Entre las medidas de la administración del presidente estadounidense para asegurar la frontera, están:

La implementación de medidas ejecutivas para prohibir que los inmigrantes que cruzan la frontera sur de forma ilegal, reciban asilo cuando el número de interceptados sea elevado.

El despliegue en la frontera sur de un número récord de personal de las fuerzas del orden, de infraestructura y de tecnología.

La revocación de las visas de los directores ejecutivos y funcionarios del gobierno fuera de EE.UU. que se benefician de los migrantes que llegan al vecino país ilegalmente.

Ampliación de los esfuerzos para desmantelar las redes de contrabando de personas y el enjuiciamiento de aquellas personas que violan las leyes de inmigración.

Para el presidente Biden es esencial asegurar la frontera. También busca la ampliación de las vías legales para mantener unidas a las familias y que los inmigrantes que llevan décadas en Estados Unidos, pagando impuestos y contribuyendo a sus comunidades, formen parte del tejido social.

El plan de reforma de inmigración que el presidente envió al Congreso el primer día de su mandato refleja tanto la necesidad de una frontera segura como la protección de aquellos que están en situación de indocumentados desde hace tiempo.

Por su parte, el Congreso norteamericano no ha actuado sobre estas reformas, la Administración Biden-Harris ha trabajado para fortalecer un sistema de inmigración legal. Además de defender enérgicamente la política DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). También ha ampliado la cobertura de la Ley de Cuidado de Salud Asequible a los beneficiarios de DACA y ha agilizado e instituido nuevos programas de reunificación para que las familias puedan permanecer juntas mientras completan el proceso de inmigración; ello implica llevar tranquilidad y estabilidad a los estadounidenses que viven en familias de estatus mixto, así como a los “dreamers”.

En nuestro país, el presidente López Obrador ha desarrollado una propuesta consistente en la atención a las causas de la migración. De acuerdo con ello, la gente migra por condiciones de pobreza, por desplazamientos, por inseguridad, la mayoría no migra por gusto, se ven forzadas a hacerlo.

La perspectiva del gobierno de México pone cada vez más el acento en atender las causas de la migración, por eso invierte en programas sociales en otros países de América Latina. La meta en este momento es generar un consenso regional que nos ayude a atender las causas de la migración de manera sistemática y que la gente tenga oportunidad de quedarse en sus lugares de origen.

El presidente de México ha dicho: “nosotros estamos invirtiendo 150 millones de dólares para programas sociales en los países en donde hay más migración. Aportamos más nosotros a esos países que lo que aporta Estados Unidos. A nosotros nos significa una inversión, no un gasto, de 3 mil 500 millones de dólares, atender el fenómeno migratorio”.

El gran reto que tiene la próxima administración es sortear las políticas de quien resulte ganador en la contienda Presidencial de Estados Unidos. Sabemos que Trump no viene con una actitud amistosa para los migrantes, y aunque Triunfe la reelección de Biden, la oposición republicana seguirá peleando una postura más hostil.

En fin, con esos escenarios, lo más prudente será voltear a ver a los hermanos que están llegando a nuestro país, atender las causas y seguir con la política de alianzas con los gobiernos de aquellos países que generan mayor migración. No podemos cambiar las políticas de Estados Unidos, sin embargo tenemos la enorme oportunidad de seguir liderando la política con los demás países de centro y Sudamérica. (Ulises Lara López, La Crónica de Hoy, Nacional, p. 9)

Pepe Grillo

La Nueva Familia en la mira

La Familia Michoacana escala posiciones en el ranking internacional del mal. La banda delictiva que parecía desvanecerse luego de la captura de Servando Gómez, la Tuta, se reagrupó y reapareció con fuerza con el añadido de autonombrarse la Nueva Familia Michoacana, hoy domina amplios territorios no solo en Michoacán sino también en el Estado de México.

El Departamento del Tesoro del gobierno de EU anunció la imposición de sanciones a esta banda delictiva que está detrás del tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y tráfico ilegal de migrantes.

Las sanciones se aplicarán a los cabecillas del cartel comenzando por Rodolfo Maldonado y Josué Ramírez y otros más que han llevado a cabo, dicen las autoridades norteamericanas, hechos atroces, por lo que intentarán bloquear todos los flujos financieros de estos envenenadores. Ya veremos si les duele. (Pepe Grillo, La Crónica de Hoy, Columnistas, p. 3)

Project Syndicate / La diplomacia podría ayudar a revivir la democracia en Venezuela

CARACAS. La próxima elección presidencial en Venezuela, programada para el 28 de julio, es un momento crucial para el país. Si Maduro permanece en el poder y la situación política y económica siguen sin cambios, la crisis migratoria de Venezuela —la más grande del mundo con más de 7.7 millones de personas desplazadas— se profundizará con repercusiones significativas para los países vecinos de América Latina y Estados Unidos, donde los cruces ilegales de la frontera han alcanzado un récord histórico.

Sin embargo, por primera vez en muchos años hay una oportunidad para cambiar la dinámica política en el país. La oposición venezolana, que recientemente se unificó en una extraordinaria demostración de fuerza estratégica y organizativa, tiene una oportunidad única de derrotar a Maduro tras perseverar en el camino de la participación electoral frente a la represión e interferencia del régimen. María Corina Machado, quien ganó decisivamente la primaria organizada por la oposición en octubre, fue inhabilitada para ocupar cargos públicos con acusaciones infundadas de participación en una conspiración antigubernamental. Cuando se bloqueó el registro de su reemplazo para la carrera, la oposición se unió exitosamente en torno a otro candidato, el exdiplomático Edmundo González. Las encuestas recientes muestran a González con una gran ventaja sobre Maduro.

La determinación de la oposición para desafiar a un régimen autoritario en las urnas sirve como un poderoso símbolo de esperanza y envía un mensaje de cambio y reconciliación. También subraya la necesidad de apoyo internacional para ayudar a garantizar que los resultados electorales sean respetados por el régimen y para asegurar una transferencia pacífica del poder si Maduro pierde. La ventana para acciones diplomáticas efectivas se está cerrando rápidamente, haciendo que la acción internacional concertada sea más urgente que nunca.

En este momento crucial, la diplomacia podría jugar un papel decisivo. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha llamado a Maduro, su aliado desde hace mucho tiempo, a realizar una elección justa, señalando su compromiso con la democracia en la región. La intervención de Lula es significativa en vista del papel de Brasil como líder en América Latina, miembro fundador de la alianza BRICS+ y actual presidente del G20.

Venezuela ha solicitado la membresía en BRICS+, que algunos de sus miembros fundadores, incluidos Brasil, Sudáfrica e India, podrían aprovechar para insistir en que las condiciones electorales no se deterioren aún más y que los resultados de la elección sean respetados. Este movimiento podría iniciar una verdadera negociación entre la oposición y el régimen para la estabilización del país como una precondición para unirse al bloque. Tal movimiento podría facilitar una transición política pacífica al proporcionar garantías de seguridad al régimen de Maduro mientras se alinean con objetivos diplomáticos más amplios.

Pero los esfuerzos globales para presionar al gobierno venezolano a permitir elecciones libres y a acatar la voluntad de su gente no deben detenerse allí. La Unión Europea y Estados Unidos podrían ofrecer alivio de sanciones y la normalización de relaciones con el país si los resultados electorales se consideran creíbles. Otros países, mientras tanto, aportan diferentes fortalezas a la mesa: Colombia tiene proximidad geográfica e historia compartida; India, el mayor comprador de crudo venezolano en los últimos meses, tiene lazos petroleros; Sudáfrica tiene el ejemplo de su notable transición pacífica a la democracia; y España tiene una relación singularmente cercana con Venezuela.

Estos países deben presionar por la presencia de observadores internacionales electorales de renombre para proteger la integridad de la votación de julio y prevenir un fraude a gran escala, especialmente ahora que Venezuela ha retirado una invitación a los observadores electorales de la UE. Y en caso de una victoria de la oposición, deberían apoyar las negociaciones para una transición pacífica en los seis meses entre la elección y la toma de posesión programada para enero de 2025.

El gobierno de Maduro ha estado bajo una presión significativa en los últimos años. Estados Unidos ha imputado a Maduro, ha puesto una recompensa de $15 millones por su captura y ha emitido sanciones personales contra él y sus aliados, mientras que la Corte Penal Internacional está investigando posibles crímenes de lesa humanidad en el país. Pero Maduro todavía posee una considerable influencia, incluyendo el control de los tribunales, el Congreso y el ejército de Venezuela.

La necesidad de un proceso de transición negociado e inclusivo es evidente, particularmente porque la posición precaria de Maduro —caracterizada por el colapso del apoyo popular y las crecientes presiones externas— aumenta la probabilidad de que recurra a medidas drásticas para aferrarse al poder. Un escenario perjudicial que no se debe descartar es que Maduro escale un conflicto territorial con Guyana como pretexto para cancelar o posponer la elección. Esto muestra los riesgos de la inacción diplomática. Tal intento desesperado de inflamar el sentimiento nacionalista desestabilizaría la región y frustraría las aspiraciones democráticas de los venezolanos.

Las muchas transiciones pacíficas hacia la democracia en América Latina —a menudo logradas mediante una combinación de elecciones, negociaciones y apoyo internacional— pueden servir como una fuente de inspiración. El plebiscito apoyado internacionalmente de Chile en 1988, en el que los votantes rechazaron la propuesta de extender la presidencia del general Augusto Pinochet por otros ocho años, llevó al fin de su dictadura militar. Después de que la candidata opositora Violeta Barrios de Chamorro ganara inesperadamente la elección presidencial monitoreada internacionalmente en Nicaragua en 1990, hubo una transición pacífica del poder. Y Brasil, con apoyo popular e internacional, abandonó el régimen militar a mediados de la década de 1980, lo que llevó a la adopción de una constitución democrática en 1988.

Quizás lo más importante es la propia historia de Venezuela. Los venezolanos demostraron su capacidad para lograr un cambio pacífico de dictadura a democracia durante la transición en 1958. Ese mismo espíritu y resolución están alimentando la lucha actual, pero debe ser respaldada por la comunidad internacional. Incluso si Maduro es derrotado, regresar al camino de la democratización no será fácil.

Estados Unidos, la UE, Brasil y otras democracias no pueden seguir siendo meros espectadores de la elección presidencial de Venezuela. La próxima votación será una prueba de su compromiso con los principios democráticos. Deben aprovechar esta oportunidad para utilizar la diplomacia en lugar de la hostilidad para fomentar el diálogo, acompañar al país hacia una reforma pacífica y promover la estabilidad y el optimismo regional en un momento en que ambos son sumamente necesarios. (Roberto Patiño, El Economista, Finanzas Globales, p. 32)

Estados Unidos: el gran reto para México

Existen en la vida retos temporales y permanentes. Para México la relación con Estados Unidos es una constante. Pueden cambiar los gobernantes, las ideologías y las simpatías, pero la geografía y lo que de ahí deriva, no cambia. Con Estados Unidos se concentran el 80 % de nuestras interacciones con el exterior en comercio, inversión extranjera, migración, seguridad, recursos naturales, alimentos, administración de la frontera, etc.

La relación es importante para ambos gobiernos, pero lo es mucho más para México. A pesar de ser socios comerciales, Estados Unidos nunca ha considerado a México como un aliado político o militar. Debido a la enorme asimetría en todos los ámbitos, Estados Unidos tiene la capacidad de tomar medidas unilaterales de gran impacto para su vecino, mientras que México debe persuadir y convencer para que sus intereses se tomen en cuenta.

En la relación económica los gobiernos regulan y vigilan, pero quienes realmente definen el alcance de la relación son el mercado y los actores económicos. En Estados Unidos viven más de 40 millones de personas de origen mexicano. Difícil encontrar un mexicano que no tenga un pariente en el otro país. Las interacciones entre ellos se dan más allá de los gobiernos.

Sin embargo, hay temas cuya gestión es esencialmente gubernamental, de dinámicas muy complejas y en los que existen precondiciones no solo para solucionar un problema, sino para contar con esquemas ágiles y efectivos de cooperación. En una relación asimétrica, la parte más débil es la que tiene la mayor parte de la carga de trabajo para diagnosticar y proponer esquemas y líneas de acción que resulten aceptables para la otra parte.

En todos los temas es importante contar con al menos cuatro insumos para una buena negociación: una estrategia con objetivos y metas claras; información adecuada y diagnósticos certeros sobre cada uno de los temas a negociar; funcionarios y negociadores con experiencia y con conocimiento de sus contrapartes (las relaciones de confianza no se crean de la noche a la mañana); capacidad para influir en las decisiones de los actores involucrados en México y en Estados Unidos y, presupuesto, para armar y operar un andamiaje institucional acorde con los retos por enfrentar.

En México estas condiciones no se cumplen prácticamente en ninguno de los temas con Estados Unidos. En el ámbito migratorio el actual gobierno ha cedido a todas las demandas de Estados Unidos sin recibir nada a cambio. La infraestructura mexicana para la administración de la migración es paupérrima y la política migratoria de contención y expulsión, la operan mayoritariamente los militares. No existe ningún mecanismo ad hoc de negociación con Estados Unidos sobre el tema.

En el tema de seguridad el actual gobierno de México terminó con la Iniciativa Mérida – el mecanismo de cooperación existente – y lo sustituyo por un Acuerdo Bicentenario hasta ahora ayuno de recursos, personal y resultados. La acción más relevantes del actual gobierno fue el rescate del general Cienfuegos, acusado y detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. La relación entre agencias de seguridad se deterioró y ahora existe una creciente

presión por el tema del fentanilo, que incluso es parte de su agenda electoral. El combate eficaz al crimen organizado – el principal problema de México – solo es posible con inteligencia de calidad, lo que requiere niveles de cooperación con Estados Unidos que estamos lejos de alcanzar.

La presidenta electa de México y la mayor parte de sus colaboradores cercanos cuentan con poca o nula experiencia internacional. El candidato para ocupar la secretaría de Relaciones Exteriores es un respetable médico, cuya experiencia diplomática se acota a los últimos cuatro años y que conoce la secretaria solo como visitante. La mayor parte de los titulares de las embajadas y consulados generales son ahora nombramientos políticos. El servicio exterior de carrera ha pasado a un segundo plano. Una de las decisiones más sorprendentes del actual gobierno fue la desaparición de la subsecretaría para América del Norte, un sinsentido para todos efectos.

Si a esto sumamos el alineamiento de la presidenta electa a la visón de su mentor político, las expectativas de cambios o de una nueva estrategia de política exterior son muy bajas. Sin embargo, el mundo de la política es impredecible. Una crisis económica inesperada, medidas extremas del próximo gobierno de Estados Unidos en materia migratoria, en la administración de la frontera o en los temas de seguridad (todas posibles en las actuales condiciones) podrían obligar a un cambio no planeado pero inevitable. Estaríamos entonces en otro escenario, quizás deseable para México, pues obligaría a hacer ajustes que hemos pospuesto por varias décadas. (Luis Herrera-Lasso, El Universal, Online)