A estas alturas, y de manera tardía, el Presidente estará cayendo en la cuenta que el único aspirante que garantiza la continuidad de su obra es Gerardo Fernández Noroña, porque es tan fanático como él.
El tema más importante hoy en el país es el avance de los grupos criminales, la sevicia de los asesinos y la frivolidad del Presidente que carece de estrategia para reducirlos.
Se presenta como víctima y no asume su responsabilidad.
Todo el sexenio ha sido así, y ante cada evento de sangre nos recuerda que en México gobierna un fanático.
El fanatismo de López Obrador se deriva de una supuesta superioridad moral suya sobre todos nosotros.
Sigue creyendo que con cortejos y concesiones los grupos criminales van a deponer las armas y convertirse en buenos ciudadanos, porque se los pide él.
El secuestro y asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Moreno lo exhibe tal cual es. Sobre la crueldad que estremece a cualquier persona cuerda, el chistorete presidencial.
Pero igual de frívola y complaciente ha sido su actitud ante la sevicia homicida de cárteles que destazan a seres humanos y guardan sus restos en congeladoras…
O los 40 migrantes que la ineptitud impune del gobierno provocó que murieran entre las llamas de una cárcel del Instituto Nacional de Migración…
Y los asesinatos de niños y mujeres en Bavispe, calcinados.
O los sacerdotes asesinados en la sierra Tarahumara.
Y las masacres en Guerrero, un estado que AMLO puso en manos de narcos… Etcétera.
No hay estrategia para frenar el baño de sangre.
¿Por qué tendría que haberla? Vamos bien, dice el Presidente. Y la culpa es de los medios de comunicación.
La amenaza a los dueños de medios que soltó el viernes, porque en sus estaciones de televisión, radios y periódicos se difundieron los hechos de Lagos de Moreno y su inaceptable negativa a contestar, lo retrata nuevamente.
Que los dueños de medios censuren a sus periodistas o se atengan a las consecuencias.
López Obrador no explota contra los cárteles criminales, contra su crueldad y villanía, sino contra los medios de comunicación, porque en su mente fanatizada la víctima es él y no sus gobernados.
“Hace dos días fueron capaces de inventar que me burlé, pero ya no culpo a los conductores de radio, de televisión, no, son los dueños de estaciones de radio y televisión, de los periódicos, no es Ciro, no es López-Dóriga, es arriba, nada más que sepan que acuso recibo”, dijo el viernes, y agregó:
“Ya es el colmo del cretinismo inventar lo que no sucede. No voy a dar ni un paso atrás, menos ahora que ya me falta muy poco para cerrar mi ciclo. Si no me eché para atrás cuando luchaba a la intemperie, a campo abierto y me faltaba muchísimo, pues ahora cómo me van a someter, no, no, no. Acepto el desafío”.
¿Cuál desafío? ¿El de los grupos criminales?
No, el que construye en su mente: los dueños de medios de comunicación en contra suya.
Sheinbaum y Adán Augusto comparten con AMLO la idea del regreso al pasado estatista y antidemocrático, el “chavismo a la mexicana” que el Presidente quiso imponer y fracasó porque perdió las elecciones intermedias y la Corte no se doblegó.
Pero están cuerdos.
La jefa de Gobierno no destruyó lo que se había construido en 12 años en materia de seguridad en la capital del país y nombró al frente de la Policía a un policía. Alguien que sabe. No es del agrado del Presidente, y a pesar de ello Claudia Sheinbaum lo sostuvo.
Ebrard presentó un plan de seguridad, porque sabe que se necesita.
Ricardo Monreal ha sido insistente en exigir cambios en la política de seguridad porque sabe que no hay, y su estado es víctima.
Cualquiera de ellos, de llegar a la Presidencia, tendrá que deslindarse de López Obrador y de su estrategia de abrazos para frenar el avance de los grupos criminales.
En la mentalidad del fanático, el que corrige traiciona.
Aun ganando Morena la Presidencia habrá un choque con López Obrador, responsable de dejar el país con narcos y criminales empoderados.
Sacó al monstruo de la botella y vendrá una tarea larga, dolorosa y titánica para regresarlo.
A estas alturas, y de manera tardía, el Presidente estará cayendo en la cuenta que el único aspirante que garantiza la continuidad de su obra es Gerardo Fernández Noroña, porque es tan fanático como él, y no estoy muy seguro. (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 38)
A Liz la conocí frente al mar, en el muro que divide a México de Estados Unidos, en la esquina más resplandeciente de Tijuana.
A Liz le gusta estudiar y analizar el fenómeno migratorio.
Su nombre es Lizbeth De la Cruz Santana, tiene 32 años de edad. Nació en Los Angeles, California. Es hija de inmigrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos para ofrecerles una mejor vida a sus hijos.
Fue hace más de 3 años que la conocí durante una entrevista sobre el proyecto con el que culminaría su doctorado, se trataba de realizar un mural con los rostros de personas deportadas en la frontera, sobre ese Muro que recuerda la dura acción de la deportación.
Era a través de códigos QR que el turista llegaba a la línea divisoria a conocer un poco más sobre la historia de 5 personas que, siendo mexicanas no conocían su país, deportados, regresados, pero con una vida hecha en Estados Unidos.
Eso es lo que Liz quiere contar a través de sus estudios y también visibilizar el fenómeno de los “dreamers” que en esta administración no ha aumentado el número de estas personas que llegaron siendo muy pequeños a Estados Unidos y que ahora luchan por quedarse en ese país, porque regresar a México no tendría ningún caso ¿Volver a empezar?
Liz se ha especializado en el tema de la migración porque lo ha vivido en carne propia, sus padres salieron de Jalisco y aunque ella y sus hermanos nacieron en Los Ángeles, California sus padres los llevaron al rancho de los abuelos mientras ellos trabajaban y ahorraban dinero para poder ofrecerles educación, techo y alimento.
Recién graduada de UC-DAVIS, Liz tiene como intención trabajar con la gente que ha sufrido la deportación, en especial con la generación de “soñadores” que se gradúan de las preparatorias y se encuentran en una situación difícil ya que no pueden acceder al programa DACA (actualmente cerrado a nuevas solicitudes)
Ahora dejó California y se traslada a NYC donde continuará su investigación sobre la deportación con énfasis en los veteranos, ahora será profesora de Estudios Chicanos y de Frontera en el Departamento de Estudios Latinos y Negros en CUNY-Baruch Collegue, su nueva vida estará en Manhattan.
Liz se ha visto desde pequeña derribando muros, primero el de sus padres, el de sus abuelos, ella da muestra que su fenómeno de estudio es también su forma de sanar, como ella misma me lo comentó.
Felicidades Liz por ser una mexicana que ve desde la empatía los muros y ayuda a otros a derribarlos. (Yolanda Morales, El Universal, Online)
La política migratoria conocida como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) fue anunciada como una acción ejecutiva en 2012 por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Desde entonces, y a once años de su implantación, más de medio millón de personas migrantes –en su mayoría de origen mexicano— se ha beneficiado no sólo al evitar la deportación y la separación de sus familias, sino al contar con acceso a oportunidades de empleo y, por ende, a servicios de salud. Aun así, existen barreras significativas para que los receptores DACA cuenten con un acceso equitativo a la salud.
DACA se creó con el objetivo de proteger de la deportación a ciertos inmigrantes indocumentados que fueron llevados a los Estados Unidos cuando eran niños y, para que éstos, ahora que son adultos, tuvieran autorización para trabajar. El programa, cuyos efectos son temporales, aunque con posibilidad de renovación cada dos años, ha permitido a estas personas acceder al mercado laboral y a ciertos servicios de salud; sin embargo, 34% no cuentan con seguro médico y, de aquellos asegurados, generalmente la cobertura es considerablemente menor que la de las personas con ciudadanía estadounidense.
Pese a que han vivido la mayor parte de su vida en los Estados Unidos (24 años en promedio), que 86% forma parte de la fuerza laboral y 48% incluso tiene hijos, las personas en el programa DACA no son elegibles para obtener la ciudadanía estadounidense, tampoco para acceder a la cobertura médica provista por el gobierno federal.
En abril 2023, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), propuso cambios en los criterios de elegibilidad de las personas que pueden acceder al programa federal de seguros asequibles, lo que podría transformar esta realidad hacia finales de este año; pues, hasta ahora, las personas bajo DACA estaban explícitamente excluidas como posibles beneficiarias de estos programas subsidiarios.
Si bien la reforma propuesta por HHS constituye un gran avance, tal como lo vimos durante la presidencia de Donald Trump, la protección que brinda DACA sigue siendo precaria. Aún ahora estamos ante una coyuntura que genera incertidumbre y pone en riesgo todo avance.
Mientras en 2017 se suspendió la recepción de nuevas solicitudes de personas elegibles a DACA, la situación empeoró en 2021, cuando un juez federal dictaminó que DACA fue “creada en violación a la ley” y en 2022 un tribunal federal afirmó que era “ilegal”, lo que hace notar la urgencia de obtener soluciones a largo plazo que den certidumbre y protección a este grupo.
Hay que considerar que las personas bajo DACA han contribuido a la economía estadounidense y, al haber multiplicado su ingreso medio siete veces en estos once años, han aportado en conjunto $33 mil millones de dólares en impuestos combinados.
La preservación de DACA no se trata sólo de 580,000 personas, se trata también de sus familias y de sus comunidades, e incluso falta considerar a todas las personas elegibles que no han tenido la posibilidad de sumarse. La propuesta del HHS sería el primer paso para saldar la deuda y atender este asunto de salud pública en favor de las personas bajo DACA, de sus familias y de la sociedad en conjunto. (Sergio M. Alcocer, El Sol de México, Análisis, p. 13)
México ha sido acusado ante la OMC en 15 ocasiones, siete de ellas por Estados Unidos, pero nunca lo fue en el marco del TLCAN. El caso del maíz representa, por mucho, la disputa comercial más importante en la que se ha visto involucrado nuestro país. Además, el control de la migración ilegal y del fentanilo y los procesos electorales en ambos países, pueden complicarlo aún más.
El primer paso será decidir la composición del panel. El USTR propuso que sean tres árbitros, lo que la Secretaría de Economía puede aceptar o proponer que sean cinco, como en otros casos. Canadá tiene hasta este miércoles 23 para anunciar si participará como demandante, lo que se espera debido a las implicaciones que tiene el decreto del 13 de febrero para sus exportaciones de canola. De esta forma, el 31 de agosto se deberá escoger al presidente del panel.
Los árbitros tendrán cinco meses para elaborar un reporte preliminar –a menos que soliciten tiempo adicional– que deberá estar listo para la revisión de las Partes en febrero del 2024. Estas podrán entonces presentar comentarios de manera que el reporte final se emita en marzo y se implemente en mayo, precisamente cuando 40 de los 50 estados estadounidenses ya hayan celebrado sus elecciones primarias y el futuro de Donald Trump empiece a discernirse.
El panel habrá de fallar sobre dos grandes temas: i) la falta de evidencia científica que apoye el decreto del 13 de febrero, lo que viola el artículo seis del capítulo nueve, y ii) la prohibición a la importación de maíz procedente de Estados Unidos impuesta por el decreto, lo que viola el artículo 11 del capítulo dos. En el primer tema, el panel también debe analizar si existen normas internacionales que apoyen la medida del gobierno mexicano y si existe alguna otra medida menos restrictiva al comercio entre ambos países que le permita a México conseguir los objetivos planteados en el decreto. En caso de no haber alguna, esto puede generar agravantes al posible resarcimiento que establezca el panel, además de la obligación de derogar el decreto en no más de 45 días a partir del día en que se presente el reporte final del grupo de expertos. Y hasta la fecha, no hay elementos para considerar un fallo en favor de México.
Asimismo, el artículo 2.11 establece que ninguna Parte adoptará cualquier prohibición o restricción a la importación de cualquier mercancía de otra Parte, excepto de conformidad con el artículo XI del GATT de 1994, lo que es incongruente con el decreto del 13 de febrero. El USTR puede solicitar algún resarcimiento en base a los 4 mil 400 millones de dólares adquiridos por México en 2022 y en este caso algunos senadores republicanos han planteado compensaciones que van de los 4 mil a los 20 mil millones de dólares. Eventualmente, el panel será el encargado de establecer este monto, en el que también puede haber una compensación para Canadá, si participa en el caso.
La solicitud del panel fue bien recibida tanto por las asociaciones de productores de maíz como por varios legisladores, después de que México buscó aplazar el caso y llegar a una solución negociada, no contemplada en el T-MEC. Por ello, el USTR insistió en incluir en el comunicado conjunto del pasado 13 de julio que las disputas deben resolverse conforme a los mecanismos establecidos en el acuerdo. Al parecer, el USTR esperaba solicitar el panel a mediados de septiembre, pero los malos resultados de Biden en las últimas encuestas, aceleraron esta decisión.
El maíz es el producto de exportación más importante de Estados Unidos y México es ahora el principal destino de sus exportaciones. La Casa Blanca estima que el caso del maíz afecta a unos 750 mil granjeros en todo el país y a sus familias y los problemas con México pueden implicar hasta 2 mil 500 millones de dólares adicionales en subsidios anuales para los productores afectados, que tendrían que incluirse en el Farm Bill 2023, que está por aprobarse.
Sin embargo, el papel que ha jugado el control de la migración ilegal y del fentanilo en la relación comercial bilateral, como lo han apuntado Reuters y otras fuentes, hace considerar diversos escenarios que afectarían la implementación del fallo del panel. El pasado 17 de julio, Biden anunció que no impondría sanciones comerciales a México por la falta de protección a la totoaba y a la vaquita marina, a pesar de los reportes del Departamento del Interior y del USTR. Por ello, las elecciones primarias y la política tendrán esta vez un gran peso sobre el futuro y legitimidad del T-MEC. (Jorge Molina Larrondo, El Financiero, Economía, p. 8)
El consumo de drogas en Estados Unidos está llegando a situaciones graves que todavía no abre los ojos al gobierno estadounidense o a la sociedad americana. El periódico New York Post ha estado cubriendo de manera consistente las imágenes cada vez más comunes de consumidores de drogas que caminan como zombis en las calles y muchos de ellos con las agujas colgando de los brazos.
La edición de fin de semana destaca el colapso de salud en Nueva York: “Pueblo de drogadictos”, dice el titular del diario y las fotos publicadas exhiben el consumo de drogas sin restricciones en las calles y sin que ninguna autoridad policiaca aplique la ley.
Nueva York ha entrado en una zona de deterioro social: los drogadictos consumiendo y caminando en las calles, las decenas de miles de migrantes ilegales que deambulan también por las avenidas y convierten los jardines en dormitorios.
Y si a ellos se agrega el problema de la prostitución en “zonas rojas” específicas de la ciudad, entonces se completa el cuadro de la ciudad que llegó a deslumbrar por su cultura y economía y que ahora está siendo tomada en sus calles y espacios públicos por minorías cometiendo delitos y las fuerzas policiacas en repliegue ante el problema que significa la necesidad de ejercer la fuerza y las protestas cotidianas por el abuso de esa fuerza.
Los drogadictos, migrantes y prostitutas no están cometiendo delitos de apropiación de activos de otros ciudadanos, pero sí están disminuyendo la calidad de vida de Nueva York, una ciudad que está allá disminuyendo su potencial turístico ante el desbordamiento de actividades de grupos fuera de control.
El problema que se percibe en EU tiene en Nueva York sólo un ejemplo muy concreto, pero las personas sin hogar y casi todas dominadas por la drogadicción están tomando las calles de ciudades como San Francisco y Filadelfia y aumentando casos grabados de delitos a la luz pública.
Estados Unidos se está convirtiendo en un infierno en sus calles.
Zona Zero
Los casos de bares, cantinas y hasta restaurantes que se convierten en las noches en antros de vicio son ya un problema de fuero común de autoridades municipales y estatales, pero sin que exista algún programa para someter a control o cuando menos a supervisión de seguridad esos centros de concentración urbana que ya ha dado asesinatos en los últimos días. Las autoridades municipales siguen otorgando licencias a este tipo de antros, pero sin establecer mecanismos de supervisión de seguridad. (Carlos Ramírez, 24 Horas, Estados, p. 12)