El 8 de noviembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su último informe sobre personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. Este valioso documento evidencia las causas de la migración, las circunstancias que enfrentan en sus desplazamientos, sus precarias condiciones de vida en los países de acogida, y la necesidad urgente de contar con una respuesta regional conjunta, articulada e integral que garantice una migración segura, digna y ordenada.
La diáspora venezolana de esta última década ha tenido un gran impacto regional. En el informe de la CIDH se constata su gran dimensión, al situarla en más de 7 millones de personas, constituyéndose en el flujo migratorio más grande en el mundo, junto con el de Siria.
Más de 5.9 millones de personas se encuentran en Colombia, Perú, Ecuador y Chile, convirtiéndose la migración en su única opción de supervivencia para salvaguardar derechos como la vida, la integridad y la libertad personal.
El informe resalta que el origen de esta masiva ola migratoria es la destrucción de la institucionalidad democrática, la sistemática violación de los derechos humanos, la supresión de libertades fundamentales, la consolidación de un gobierno autocrático y el constante deterioro de la economía venezolana.
En su parte concluyente, el informe señala que: “El desplazamiento forzado de personas provenientes de Venezuela guarda una estrecha relación con la instalación de una autocracia en el país. La ausencia de un Estado de derecho ha provocado que las instituciones estatales diseñadas para promover y proteger los derechos humanos operen para asegurar la permanencia del partido de gobierno en el poder”.
En este difícil contexto, las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela se colocan como una herramienta crucial para que este país y su ciudadanía pueda recuperar el tejido democrático a través de comicios libres y justos, que se basen en el sufragio universal y secreto de todos los ciudadanos venezolanos, contando con la plena participación de todos aquellos que residen dentro y fuera de Venezuela, sin ninguna excepción ni discriminación.
Para que las elecciones presidenciales de 2024 sean genuinas, es imprescindible que se aseguren condiciones de accesibilidad e inclusión, tanto jurídicas y físicas como logísticas, para el ejercicio del voto de los migrantes en este proceso electoral.
Quienes han sufrido de primera mano las consecuencias del colapso democrático y han levantado su voz de protesta en contra la dictadura, merecen ejercer su derecho al voto desde el lugar en donde se encuentren.
La participación política de los migrantes venezolanos no puede ni debe ser ignorada ni excluida, hacerlo sería condenarnos a un nuevo sainete electoral, un nuevo golpe a la democracia y una nueva bofetada de la dictadura a los derechos políticos de sus ciudadanos.
BALANCE
Como ha señalado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, debemos construir un sistema multilateral que defienda la democracia y los derechos humanos.
Es inaplazable la aplicación de todos los mecanismos de cooperación regional posibles para que los migrantes venezolanos puedan acceder a los procedimientos de regularización migratoria, protección internacional y garantías de participación política, incluyendo el voto desde el exterior.
La dictadura de Nicolás Maduro es una maquinaria perversa que ha expulsado a más de siete millones de personas de su país, constituyéndose en el fenómeno más lamentable de migración forzada de la historia de nuestro continente. Una vergonzosa herida abierta para la democracia de la región. (Francisco Guerrero Aguirre, Excélsior, Nacional, p. 14)
Ahora que Argentina ha votado a quien votó para la presidencia del país sudamericano, después de meses y semanas de leer y escuchar los muchos “no, no puede ser”; “en la segunda vuelta, ni de chiste”; “no, esas encuestas están mal”; “es imposible, ¿qué no lo has oído?”; “los argentinos no harían eso”, y tantas más, valdría la pena volver a voltear al norte, a Estados Unidos, donde la amenaza —sí, Trump de regreso en la Casa Blanca— es una posibilidad real y cada vez más cercana y lo que pase en EU en la elección tiene impacto inmediato y profundo en México.
El Donald Trump del último año, el que ahora está en campaña, es un Trump recargado, más obsesionado con sus temas fundamentales que nunca; uno de los principales, tal vez el principal porque sabe cómo une y moviliza a su base, es la migración. Trump además no está solo, como lo está Milei en términos de gubernaturas y el legislativo.
Prueba de ello es lo ocurrido en Texas hace unos días, cuando el gobernador Greg Abbott y sus compañeros de partido e ideología aprobaron una ley que es un desafío al gobierno federal en materia migratoria.
El Senado y la Cámara de Representantes texanas aprobaron leyes para que el ingreso a Estados Unidos desde México sin los documentos correspondientes sea un delito estatal. Esto daría la autoridad y obligación a las policías estatales para arrestar, encarcelar y deportar a migrantes. La Suprema Corte de Justicia de EU ya revirtió hace 11 años una ley similar que en aquel entonces se había aprobado en Arizona, pero aquella era otra Corte, antes de que Trump la retacara de conservadores que han terminado con varios precedentes y leyes que ampliaban derechos.
Texas es solo un ejemplo de muchas otras cosas que se están fraguando a nivel local en EU alrededor de Trump y su proyecto. En la Cámara de Representantes los republicanos son mayoría, pero las crisis entre ellos, los cambios de liderazgo, solo reflejan, por un lado, que cada vez eso es solo una marca y, por el otro, la fuerza del conservadurismo trumpiano.
He escrito aquí más de una vez si alguien está viendo en el gobierno mexicano lo que está pasando en Estados Unidos y si, de alguna manera, están pensando una estrategia para cuando Trump llegue. Más allá de hacer lo que él quiera, como dos gobiernos hicieron en sus primeros cuatro años. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p. 3)
A estas alturas del sexenio, el dólar estaría a 35 pesos: está a la mitad. Habría hiperinflación a tres dígitos: se encuentra al 4 por ciento promedio quinquenal. El desempleo sería del doble de cuando inició el gobierno: está en su nivel más bajo en las últimas dos décadas.
Estados Unidos habría cerrado sus fronteras a las y los mexicanos, por la emigración fuera de control: el gobierno de ese país ha expedido el mayor número de visas laborales a nuestras y nuestros connacionales desde el programa Bracero. La inversión extranjera directa se habría casi extinguido: está en el nivel anual más alto en toda nuestra historia económica.
Para ser un “populista irredento”, el presidente AMLO ha dado mejores resultados económicos que cualquiera de los gobiernos tecnocráticos y populistas juntos, desde el de Luis Echeverría hasta el de Enrique Peña Nieto, pasando por los encabezados por los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón…, a pesar de los dos años de crecimiento negativo por la pandemia.
Pero los indicadores con los que la gente evalúa a esta Presidencia no son económicos ni técnicos. Son sociales y humanos. Lo social es la “marca de agua” de este gobierno. El incremento histórico de los salarios mínimos, que no se veía en dos generaciones de trabajadores, reactivó el consumo del mercado interno, beneficiando de manera especial a las obreras y trabajadoras (que eran el grueso de quienes ganaban el mínimo).
Además, 18 programas sociales mantienen anclado al gobierno del presidente López Obrador en todo el territorio nacional: en la tierra, en la casa, en la mesa y en el bolsillo de 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos. En 70 por ciento de los 34 millones de hogares existentes en el país hay por lo menos una persona beneficiaria.
Los programas sociales representarán el próximo año fiscal cerca del 10 por ciento del Presupuesto de Egresos de toda la Federación. No hay ninguna corporación privada o pública en el país que inyecte tantos recursos al mercado interno y de manera directa a la población. Solo las remesas de migrantes y la masa salarial superan esta fuente de recursos económicos para la gente.
“¡Regalar dinero no es desarrollo!”, exclaman los tecnócratas. “El presupuesto es del pueblo, no de las élites”, responde la 4T. “¡Eso es tirar el dinero!”, cuestionan los conservadores. “Invertir en la gente es humanismo”, les recuerda el Presidente.
Sin embargo, el mayor aporte de este gobierno no se encuentra ni en la observancia de los fundamentos económicos ni en la inversión social. Radica en la cuestión fiscal, en reducir la evasión y la elusión. Cobrar impuestos a los que más ganan, sean personas o empresas, era un tema tabú, desde la Independencia misma.
Los gobiernos conservadores preferían endeudar al país, mientras que los populistas optaban por la emisión directa de circulante, pero ninguno asumía el costo político de cobrar impuestos a las élites económicas. La 4T sí lo ha hecho, y esto la distingue de todos los demás.
Por supuesto que no estamos en el paraíso, y los problemas de inseguridad, salud y educación siguen como asignaturas pendientes. Pero de que habrá refrendo de la 4T en las urnas, ni duda cabe. (Ricardo Monreal Ávila, Milenio, Política, p. 20)
Ayer, finalmente, arrancaron las precampañas para la Presidencia de la República. Aunque quizá no parezca importante, habrá cambios significativos en lo que viene por delante. Veamos.
Primero, los candidatos tendrán mayor soltura para viajar por el país y organizar eventos al aire libre con simpatizantes. Ya lo vimos con los primeros eventos oficiales de las candidatas ayer. Claudia Sheinbaum arrancó su campaña en Boca del Río, Veracruz. Dijo que la elección es entre volver al pasado de corrupción o continuar con la cuarta transformación.
Xóchitl Gálvez lo hizo con una caminata por Coyuca de Benítez a la media noche del domingo. Después, el día de ayer, en Ciudad Juárez, organizó un evento con simpatizantes y militantes del PRI, PAN y PRD tomando, como eje central, el problema migratorio al que se enfrenta el país. Dijo que no es posible, que en México, mueran migrantes en estaciones migratorias e insistió en la necesidad de dialogar con EU para recibir apoyo en materia migratoria.
Solo Samuel García decidió arrancar en su hogar y hacer su primer mitin en la Plaza de los Tres Museos de Monterrey (a una escasa caminata del palacio de gobierno).
Segundo, desde ayer todos los precandidatos podrán usar los espacios en radio y televisión que el INE asigna a cada partido político. Cada día, se dividirán 48 minutos de anuncios entre los candidatos por la Presidencia en todos los canales de radio y televisión del país. Se estima que, en total, habrá 30.4 millones de spots destinados a partidos políticos en el periodo de precampaña (el resto le corresponde al INE para anuncios informativos sobre la elección).
Por candidatura, la distribución de spots será así: Claudia Sheinbaum tendrá el 45.9 por ciento de los spots si los tres partidos de su coalición los destinan a su promoción; Xóchitl Gálvez tendría el 43.9 por ciento, y Samuel García solamente 10.2 por ciento:
Desde antes de que arrancara la precampaña este lunes, ya se difundían en redes sociales los primeros anuncios de los candidatos. Claudia Sheinbaum mostraba los logros del actual sexenio y su deseo por continuarlos. Xóchitl Gálvez, por su parte, usó el anuncio para mostrar su trayectoria desde Hidalgo hasta Palacio Nacional. Mientras que Samuel García se presentó como el “Nuevo, Samuel” capaz de derrotar a la vieja política. Así vendrán decenas de anuncios más.
El tercer cambio, y quizá más importante, implica que se levantarán, a partir de ahora, las restricciones que existían sobre temas a discutir. Será la primera vez que los candidatos puedan hablar libremente sobre sus visiones para el país en 2024. Podremos escuchar, finalmente, los indicios de propuestas que culminarán en debates y permitirán que escojamos a un candidato con base en sus ideas y no en su carisma.
Y un último cambio, es que a partir de ayer hay reglas más precisas para fiscalizar las precampañas. Hay un tope de 85 millones de pesos que cada candidata puede erogar y el INE puede ya revisar con lupa cada evento y la publicidad exterior y en redes sociales. Lo que pasó hasta antes también está siendo fiscalizado, pero difícilmente dará pie a alguna sanción porque el periodo anterior no está regulado en la ley.
No obstante, para la mayoría de personas el cambio parecerá nulo. Llevamos meses en un proceso adelantado: espectaculares que pululan en territorio nacional, bardas y espectaculares plagadas con propaganda política y una enorme inversión en redes sociales.
Todos, sin duda, se han adelantado. Por ello, los mexicanos llevamos varios meses con la mentalidad de estar en campaña aun cuando faltan varios meses para las elecciones.
Unas campañas anticipadas y, muchas veces, faltas de contenido más que los chismes políticos, ataques (o defensas) al gobierno en turno y elevación de personalidades por sobre las ideas.
Pero ahora, con el arranque de las precampañas oficiales, podemos esperar cambios significativos que mejorarán la contienda. (Luis Carlos Ugalde, El Financiero, Opinión, p. 30)