Las políticas del gobierno lo llevan a otro enfrentamiento con el Poder Judicial. Ahora es en el tema migratorio. El incumplimiento de protocolos y el recorte de recursos a Migración tienen a la deriva a miles de extranjeros en el sureste y en importantes ciudades, porque el gobierno no regulariza su tránsito hacia el norte. Un juez tuvo que darles amparo para que sean atendidos. Es una bomba de tiempo. (Redacción, La Crónica, P.p.)
El Aeropuerto Internacional Benito Juárez sufre una decadencia que viene de lejos. Este siglo no ha sido el suyo. Ni con la Terminal 2, de tiempos foxistas, inició una recuperación. Mas a la crónica de sus carencias ahora hay que agregar la abierta prepotencia y abuso de sus directivos.
El lunes la analista Denise Dresser denunció en redes sociales lo que a su juicio era un manejo ineficiente del flujo de pasajeros en inmigración. Nada original, por cierto.
“Dijeron que había que entregarle el control de los aeropuertos y la inmigración a las Fuerzas Armadas porque eran más eficientes”, comentó en su cuenta de X. “Dijeron que eran mejores administradores (…) Esta noche hay cientos de personas y sólo tres módulos de inmigración abiertos”.
Eso resume su mensaje. Horas más tarde, el AICM le respondió por la misma vía, pero no con argumentos, explicaciones o petición de más datos. Ni siquiera afirmando lo contrario. Lo que hizo, como se puede consultar en @AICM_mx, fue revelar los movimentos de Dresser en la terminal aérea.
Queriéndola exhibir como mentirosa y exagerada, el AICM se autoexhibió: la Marina está: o frustrada porque no puede con esa terminal, o empoderada y le importa no una queja de una usuaria sino mandar el mensaje de que quien critique será exhibido (cuando menos).
El país lleva años en la polarización y desde 2018 ésta se alimenta desde Palacio Nacional; por ello, frente a cuestionamientos lo más lógico es que los dependientes de Andrés Manuel imiten su habitual tono zafio e insensible.
No por nada hemos escuchado cómo tratan a la prensa los gobernadores (es un decir) de Veracruz o Sinaloa. Si el Presidente lo hace, por qué yo no, han de pensar (es otro decir). Tienen razón: lo raro es que no haya más expresiones de ésas.
Y sin embargo de vez en cuando el régimen cruza una línea que hay que denunciar más allá de las redes sociales. Porque la intimidación no fue para Dresser, fue para todos.
Las autoridades deben servir a los ciudadanos. Máxime si éstos además han pagado tarifas e impuestos para, precisamente, hacer uso de instalaciones administradas por empleados públicos. Y, qué duda cabe, la libertad de expresión no está limitada por, o al, usar una terminal aérea.
Lo anterior lo sabían hasta los peñistas, que resultaron un desastre corrupto a la hora de administrar el AICM. Nadie podrá decir que lo hacían mejor que los actuales, desde luego, ni tampoco olvidamos que en parte dejaron caer el Benito Juárez haciendo las cuentas alegres de Texcoco.
Nadie extraña a los peñistas. Pero qué delicado que los actuales no erradiquen el caos, las fallas estructurales, los cárteles de taxistas, maleteros y locatarios que venden el agua a precios de Dubái; ni las colas en migración y menos la inseguridad. Y con todos sus defectos, y a pesar de Pegasus, aquellos aguantaban la crítica –puntual o exagerada– con más entereza que la actual administración del aeropuerto.
Poner al Ejército y a la Marina a tener roce con usuarios y ciudadanos siempre fue una pésima idea. Sirven para emergencias y para guerras. No para calidad en el servicio ni debate democrático. La culpa original no es de ellos, aunque ahora disfruten dirigir negocios.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es un pésimo ejemplo para sus subordinados, que ahora hasta usan cámaras del AICM no para detener a los criminales que ponen ojo en la terminal aérea a quienes han de robar pistola en mano a kilómetros de ahí, sino a quien osa criticar su mal servicio. (Salvador Camarena, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 34)
Por si algo nos faltara rumbo al 2024, el gobernador republicano de Arizona, Greg Abbot, firmó el pasado 18 la ley que popularmente se conoce por su nombre, mediante la cual se faculta a la policía estatal para detener a cualquier persona y exigirle documentación probatoria de que su residencia es legal dentro de EUA.
La medida entrará en vigor a partir de marzo y es muy probable que las organizaciones defensoras de los derechos humanos la impugnen ante la Suprema Corte de Justicia de EUA, con base en que la política migratoria y la aplicación de la ley correspondiente es una facultad federal, no estatal.
Mientras la Corte toma una decisión, Abbot espera reducir la migración a la mitad, pues permitirá detener y deportar a territorio mexicano a toda persona que haya entrado ilegalmente a Arizona. O sea, nos pasan la papa caliente, una vez más.
Por otra parte, y como usted sabe, el gobierno federal de EUA cerró temporalmente los cruces fronterizos por donde entran los trenes, aduciendo que tan solo el mes pasado y mediante los trenes, 10 mil personas se introdujeron ilegalmente escondidos en los vagones de carga. Ya se imaginará la gracia que la medida está haciendo a las compañías ferroviarias, las cuales deben pagar multas enormes por cada día de retraso en sus entregas.
Hace 10 años que la migración latinoamericana empezó a crecer dadas las condiciones de violencia existentes en Centroamérica, hasta convertirse en un problema para México y nuestro vecino del norte. El fenómeno fue aprovechado electoralmente por Donald Trump, con una retórica inflamada de vituperios y denostaciones durante su campaña de 2016.
Lo cierto es que la migración es un tópico que mueve resultados electorales en EUA, como lo demuestra un estudio de la Universidad de Tufts y la de Loyola-Chicago. Los investigadores Ernesto Tiburcio y Kara Ross Camarena encontraron que a el incremento en la migración tiene dos efectos; por un lado, provoca el aumento de la votación hacia el Partido Republicano, el cual es abiertamente anti-inmigración. Por el otro, se da una reducción en el gasto púbico; tal vez a esto último obedezca que el voto con mayor fluctuación sea el los hispanos (The Washington Post, 21/11/2021).
Como en 2020 la migración se redujo debido a la pandemia, el tema quedó fuera del debate público, dejando como foco de atención los asuntos económicos y favoreciendo al candidato demócrata Joe Biden.
En 2024 la migración está en el centro de la discusión pública y es una de las políticas en las cuales el actual presidente estadounidense califica mal. Por ello, su equipo de gobierno negocia con tres senadores la forma de introducir medidas más duras contra la migración, a cambio de que el Senado le apruebe un presupuesto adicional de ayuda a Ucrania.
El acuerdo contempla criterios más restrictivos alrededor de las peticiones de asilo, así como un presupuesto de 14 mil millones de dólares para implementar las medidas y que un mayor número de migrantes permanezcan en un tercer país seguro mientras se analizan sus peticiones. O sea, pragmatismo político para quitar una bandera electoral a su principal rival, Donald Trump. La administración Biden tiene verdadera urgencia de que el acuerdo migratorio llegue a buen fin, pues los fondos de ayuda a Ucrania se han acabado.
Por el lado que veamos la situación en EUA, son malas noticias para nuestro país.
Oficialmente, México no es el tercer país seguro para recibir a los migrantes deportados o en espera de trámites, los cuales suelen tardar meses. Asimismo, nuestro país no cuenta con albergues suficientes, ni oficiales ni los que patrocinan iglesias y organizaciones civiles, por lo cual ahora se instalan en la vía pública de las distintas ciudades, incluida la capital del país. Los graves problemas de salud, alimentación, agua e higiene son el estado natural de los migrantes acampados, con el agravante de que vivir en la calle los expone doblemente a ser víctimas de la delincuencia.
La apuesta de la 4T de aplicar el programa “Sembrando Vida” para detener los flujos migratorios no pasa de ser una buena intención, pues solo se está aplicando en algunos países de Centroamérica y los migrantes ya vienen de muchas otras naciones, incluidas las de otros continentes.
Más allá de las valoraciones éticas y humanitarias, también es necesario evaluar hasta dónde se puede ayudar a los migrantes y qué tanto se puede hacer con las naciones expulsoras. Además del problema social y económico que representan, ahora está el factor internacional metido.
Sinceramente, no le encuentro la cuadratura al círculo. Para mí que necesitamos encomendarnos a San Toribio Romo, patrón de los migrantes para que nos haga el milagro de encontrar respuesta a este berenjenal. (Leopoldo Mendivil, La Crónica, LaDos, p. 2)
Cuando Donald Trump, el casi seguro candidato presidencial republicano de 2024, se lanza contra los inmigrantes que aspiran a llegar a Estados Unidos resucita una rica historia de racismo y xenofobia que siempre ha acompañado a la sociedad estadounidense.
Es una historia que combina el recelo hacia quienes “no son como nosotros”, el temor a ser desplazado laboralmente, el miedo a cambios sociales derivados del crecimiento de las minorías étnicas y la introducción de culturas diferentes.
Es un tanto hipócrita. Trump, como tantos otros estadounidenses, desciende de migrantes, de hecho, es nieto de un migrante de Alemania y dos de sus tres matrimonios han sido con mujeres migrantes.
Pero, al mismo tiempo, es un reflejo del actual y brutal debate político que tiene como eje la migración y la situación de la frontera con México.
El tema es tan fuerte que puede definir la elección de 2024 y ya llevó al gobierno del presidente Joe Biden, que busca la reelección, a aceptar el posible cambio de políticas amistosas hacia los migrantes a medidas más restrictivas y, en lo práctico, a la resurrección de algunas propuestas de Trump, durante su Presidencia.
En 1986, se dio una gran reforma migratoria que en aquel entonces buscó la regularización de hasta cuatro millones de indocumentados. Pero es la última. Sucesivos intentos en las siguientes década fracasaron en medio de acrimoniosos debates.
Hoy, el brutal debate político sobre migración y paralelamente respecto a la seguridad de la frontera con México, bien puede definir la elección del próximo año. Y a pesar de sus implicaciones para otros países, especialmente para México, se trata sobre todo una cuestión doméstica que ha contribuido a la polarización política de este país, como bandera para grupos xenofóbicos y racistas.
Que es un asunto de enorme sensibilidad queda demostrado por la intensidad de los choques legales que ocurren a su alrededor y que se plantean desde su mito fundacional. Después de todo, es un país creado por migrantes.
Pero la realidad no es tan simple.
Cada oleada de migrantes ha enfrentado problemas y pagado costos de sangre, sudor y lágrimas.
La cuestión migratoria es un diferendo tan viejo como el país. Todavía bajo el dominio colonial británco, había debates sobre quienes podrían tener derecho a integrarse a Estados Unidos y nada menos que Benjamin Franklin se quejaba de los “sucios, zafios maleducados” campesinos alemanes que llegaban a la distinguida sociedad de Pensilvania. Las sucesivas llegadas de migrantes irlandeses, alemanes, italianos, polacos y otros países del este de Europa provocó tensiones y problemas, pero nunca los grados de rechazo que enfrentaron los chinos y en menor medida los mexicanos.
Trump, desagradable como es, no es otra cosa que la manifestación de un problema más profundo. Y uno que afecta directamente a México. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Online)
El lunes de esta semana, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una ley que hace mucho tiempo venía buscando que permitirá, a partir de marzo del año próximo, que las policías estatales puedan arrestar y en su caso deportar a ciudadanos que estén ahí sin los documentos legales que se los permitan.
La ley es un escalón más, pero mucho más grave, en las múltiples medidas que el gobernador texano ha implementado en contra de la migración y por lo que se ha vuelto una especie de ídolo entre el conservadurismo xenofóbico; en Texas trae 48 por ciento de aprobación.
La ley ha recordado a muchos lo que sucedió hace 13 años, cuando el entonces gobernador de Arizona firmó una ley similar que daba a las fuerzas policiacas locales el poder de utilizar las leyes migratorias federales. Aquella ley fue al final de cuentas descartada por una decisión de la Suprema Corte de Justicia estadunidense.
Pero la apuesta de Abbott puede tener otro destino porque la Suprema Corte de Justicia de hoy no se parece en nada a la de hace 13 años.
En aquel momento la votación quedó cinco contra tres, ya que la jueza Elena Kagan tuvo que recusarse, ya que cuando trabajó para la administración del presidente Obama trabajó como la abogada del gobierno frente a la SCJ en contra de aquella ley.
Los cinco votos a favor fueron del autor de la decisión, el juez Kennedy, que ya no está; la jueza Ginsburg, que tampoco está; el juez Breyer, que también se retiró. Queda la jueza Sotomayor, que sigue ahí, y el presidente de la Suprema Corte, Roberts.
Los jueves Thomas y Alito, que siguen ahí, votaron en contra igual que el juez Scalia, que ya falleció. De los jueces o juezas que ya no están tres fueron nominados por Donald Trump (Kavanaugh, Barrett, Gorsuch); una por Biden (Brown Jackson).
Son estos cinco jueces, a veces acompañados del presidente Roberts, los que han cambiado a la Suprema Corte estadunidense, los que han terminado con decisiones históricas que hacían de EU lo que era; la más importante, el derecho al aborto que estos jueces han terminado.
Hay cinco conservadores. Suficientes para que la ley de Abbott sea considerada válida y que, seguramente, Texas implementará y otros estados gobernados por conservadores se apurarán en seguir.
Tardaremos en saberlo, el camino judicial no es rápido.
Pero más valdría estar preparados para tal barbaridad. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p. 2)
* Alerta: la Ley SB4, firmada recientemente por el muy racista gobernador de Texas, Greg Abbott, podría ser la más dura en temas de inmigración. Impactaría de manera directa a millones de mexicanos. Delega poderes de inmigración a policías y patrulla fronteriza, según Héctor Quiroga, cabeza de una firma de Quiroga Law Office, especializada en temas de migración. En un comunicado destaca que Texas es el segundo estado más poblado de EU —28.5 millones de habitantes— y que más de 40% son hispanos que viven en el territorio. La citada ley impactaría, de manera negativa, en la separación de familias, la criminalización de la población, incluso el incremento de un fenómeno de xenofobia en el estado. Ha sido condenada por diferentes organizaciones civiles y grupos de defensores de inmigrantes, entraría en vigor en tres meses y desde ya se levantan voces de protesta para impedir que pueda aplicarse, subraya Quiroga. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
¿CHOQUE O COLABORACIÓN?
Llamó la atención, nos comentan el hecho de que tras señalamientos que hizo el gobernador de Zacatecas, David Monreal, en los que acusaba que había plagios de migrantes en los que incluso participaban funcionarios de Durango, fueran autoridades de este último los que optaran por la colaboración para atender el problema, en vez de la del choque entre gobiernos. Y es que a Monreal, nos cuentan, no agradaron las denuncias sobre la desaparición de una familia de indocumentados en el municipio de Fresnillo, porque según sus datos los hechos ocurrieron en la entidad vecina. El caso es que por la noche se conoció que los encargados de la seguridad en Durango se reunieron con sus pares de Zacatecas para enfrentar juntos la presunta operación de una banda entre cuyos integrantes habría personas que usan vestimenta clonada de policía. Ahí el dato. (Redacción, La Razón, LADOS, p. 2)
Zona de tráfico

(Galindo, El Universal, Opinión, p. A15)
