Los muros, una vez más se demuestra, son inútiles para atender el fenómeno migratorio. Eso vale para cualquier lugar del mundo. (Redacción, La Jornada, Cp)
En el último tramo de su gobierno, el ex gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, ordenó la instalación de un muro formado por contenedores de carga a lo largo de siete de los 600 kilómetros de frontera entre esa entidad y nuestro país. La medida, que supuestamente buscaba abatir el ingreso de migrantes indocumentados, recibió críticas desde múltiples frentes: en primera instancia, se evidenció que no tenía utilidad alguna, toda vez que el paraje donde se ubicaba era tan inaccesible que los traficantes de personas nunca lo han frecuentado –y si lo hicieran, no les representaría ningún obstáculo, ya que las irregularidades del terreno y una deficiente colocación dejaron tantos espacios entre caja y caja que cualquiera podía pasar por ahí–; además, se denunció la afectación al medio ambiente de una importante área de conservación, como se puede constatar en imágenes que muestran una franja defoliada que divide al Bosque Nacional Coronado. Por último, el presunto intento de detener a los migrantes ilegales era en sí mismo ilegal por localizarse en suelo federal sin la autorización requerida, por lo que Washington buscó y obtuvo una orden judicial para su desmantelamiento, efectuado el viernes.
Pese a este esfuerzo de última hora por agradar a las bases más reaccionarias de su partido, Ducey fracasó en su pretensión de relegirse, y hoy, tanto su gobierno como el muro de contenedores, han desaparecido de Arizona, pero su gesto demagógico costó 100 millones de dólares a las arcas estatales (más lo que haya costado el retiro de las cajas metálicas), un daño ecológico incuantificable y una pérdida de tiempo que pudo usarse para abordar la crisis migratoria de manera seria, realista, apegada a las normas y guiada por los derechos humanos.
La fallida barrera de Ducey es una pequeña muestra del derroche presupuestal desatado por la fijación del ex presidente Donald Trump de erigir un muro a lo largo de los 3 mil kilómetros de frontera que comparten Estados Unidos y México. En sus cuatro años en la Casa Blanca, el magnate dilapidó alrededor de 15 mil millones de dólares (unos 285 mil millones de pesos al cambio actual) en edificar apenas 76 kilómetros de barreras totalmente nuevas, otros 53 de vallas secundarias (colocadas detrás de otras ya existentes) y sustituir o reparar estructuras previas en otros 600 kilómetros. Un dispendio colosal que no alcanzó a cubrir ni la tercera parte de su promesa de campaña y que, para colmo, no sirvió absolutamente para nada, toda vez que los migrantes siguen ingresando a territorio estadunidense a tal ritmo que el año pasado las autoridades arrestaron a casi 2 millones y medio en la frontera sur. La evidente futilidad de estas barreras no tiene ningún efecto en disuadir a los políticos conservadores de impulsarlas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien, a diferencia de Ducey y Trump, sí consiguió relegirse, ha prometido continuar la edificación del muro en esa entidad, y sólo en 2021 y la primera mitad de 2022 gastó 3 mil millones de dólares para poner en marcha la Operación Lone Star (Estrella Solitaria, sobrenombre de su estado), enorme dispositivo con el que policías y guardias nacionales estatales se convirtieron en cazadores de migrantes.
Sólo puede especularse acerca de cuál sería el escenario actual si los dirigentes de la superpotencia hubieran empleado todos esos recursos en fomentar el desarrollo económico de las principales naciones expulsoras de migrantes, en vez de gastarlos sin otro sentido que el de azuzar los instintos xenofóbicos y racistas de los sectores más retrógrados de su propia sociedad. De lo que no cabe duda es de que el camino seguido ha tenido un enorme costo financiero para los contribuyentes, sin entregar resultado alguno en la consecución de sus propósitos declarados. (Editorial, La Jornada, p. 2)
Una hojeada a los principales diarios de México y Estados Unidos durante la última Cumbre de Líderes de Norteamérica en la Ciudad de México (9 a 11 de enero), confirma la naturaleza asimétrica de la relación de nuestro país con su poderoso vecino norteño. Sin embargo, esta vez la asimetría jugó a favor de la parte mexicana pues, si bien para los visitantes su viaje a México fue un evento políticamente marginal para nuestro mandatario resultó sustancial.
El examen de la gran prensa del norte hace evidente que la reunión del presidente mexicano (AMLO) con el norteamericano y con el primer ministro de Canadá apenas mereció mención y como noticia internacional no compitió con el persistente choque Washington-Moscú en Ucrania ni, incluso, con ese remedo de trumpismo que los bolsonaristas escenificaron en Brasilia.
Para los medios estadounidenses la X Cumbre de Líderes de América del Norte no sólo pasó casi desapercibida, sino que también fue mal interpretada. Según The New York Times (10/01/23) AMLO la usó para “reconstruir” su relación con Biden dañada por un supuesto “tropiezo inicial” al negarse a reconocer de inmediato al mandatario vecino tras su triunfo electoral de 2020. En realidad el hipotético tropiezo nunca fue tal. El NYT simplemente ignoró un principio mexicano ya añejo: que nuestro gobierno ni reconoce ni desconoce al de otro país con el que ya tiene relaciones porque esa práctica se ha convertido en instrumento de presión de las potencias y varias veces ha sido usado contra gobiernos mexicanos.
Ahora bien, se logró que se aceptara no airear en público y sí negociar en privado las divergencias en torno a políticas energéticas o mineras. En cambio, México sí propuso a pleno pulmón algo que es anatema para la concepción neoliberal y globalizadora y que los grandes poderes económicos del mundo reunidos en Davos consideran inaceptable: adoptar una estrategia regional antiglobalizadora de relocalización industrial y sustituir las importaciones industriales provenientes de Asia y aumentar así la autosuficiencia económica de la región e incluso del continente.
Algo central y urgente para Washington en su relación con México es disminuir la ola migratoria “sin precedentes” en su frontera común. En el último “año fiscal” los agentes estadounidenses detuvieron en esa frontera a 2.8 millones de indocumentados. Biden se comprometió a procesar hasta tres mil solicitudes diarias de estancia temporal de migrantes hechas “on line” desde sus países por venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. A cambio nuestro país aceptó recibir a un número igual de migrantes de esas nacionalidades aprehendidos en Estados Unidos. Washington prometió para los mexicanos un aumento de visas temporales de trabajo hasta llegar a 400 mil anuales, (La Jornada, 18/01/23).
Pese al bajo perfil que se le dio al norte del Bravo a la cumbre, Biden consiguió algo tras su encuentro con AMLO, pero éste logró más al poder delinear ante sus visitantes en Palacio Nacional su proyecto político para México más el esbozo de otro aún más ambicioso para todo el continente americano: la posibilidad de su integración de cara al resto del mundo. (Lorenzo Meyer, El Universal, Opinión, p. A18)
Las cumbres internacionales son generalmente una sucesión de eventos protocolarios y un photo op que dura días. Generalmente no se llega a ningún acuerdo y la agenda es nimia. Sirven para evidenciar la salud diplomática entre naciones y homologar visiones en temas que atañen a los participantes.
En las semanas previas, los líderes de los países involucrados se dedican a calentar la plaza (en el caso de México no es sólo un eufemismo) y ponerse al corriente en las agendas conjuntas. En ese sentido, pudimos ser testigos de la aprehensión de Ovidio Guzmán y de la apertura de las fronteras para recibir decenas de miles de migrantes centroamericanos.
El actual gobierno ha sido omiso en controlar el trasiego de fentanilo que sólo en 2021 mató a casi 80 mil personas en las ciudades estadounidenses. Tampoco ha podido atemperar el flujo de migrantes centroamericanos que han cruzado la frontera para escapar de tiranías políticas y tragedias climáticas.
Pero mientras soldados y marinos ofrendaban sus vidas para capturar al tributo que le sacaría una sonrisa al presidente Biden y redirigiría el Air Force One hacia el AIFA, el Presidente, en Palacio recibía a Kristinn Hrafnsson y Joseph Farrel, editores de Wikileaks.
¿El propósito? Plantearle a Biden la posibilidad de que libere a Julian Assange. Para el Presidente ha sido difícil gobernar y al mismo tiempo tener contentos a sus camaradas de marchas, lucha y francachelas. A Pedro Miguel, en una paellada en Palacio, le prometió que liberaría a Assange y no le puede fallar. Frente a sus amigos y novias, al Presidente le gusta lucirse; demostrarles que la lucha por el poder valió la pena y que ahora desde Palacio puede cambiar el mundo. Aunque sea a punto de ocurrencias.
Assange no es periodista, es un criminal que vulneró el sistema y a la comunidad de inteligencia de nuestros vecinos y socios. Para el gobierno que encabeza el presidente Biden, Assange es un delincuente. La defensa de Julian Assange es una terrible decisión de política exterior y nada tiene que ver con la libertad de expresión.
Julian Assange no es un adalid de las libertades como la progresía quiere creer. Su juicio será una victoria para el Estado de Derecho y no una transgresión a las garantías individuales, como sugiere el spin que le han querido imprimir los progres globales. Sus protectores han contribuido a su victimización al esgrimir que su labor al frente de Wikileaks está protegida por la primera enmienda y que su probable encarcelamiento violenta la libertad de expresión.
Estados Unidos, a pesar de sus coqueteos con el populismo autocrático de Trump, es una democracia liberal. Una democracia que reconoce su derecho y obligación de defenderse como régimen político y proteger a sus ciudadanos de enemigos autoritarios como China y Rusia. Assange puede dar a conocer secretos sobre una democracia liberal y ponerla en riesgo. Pero eso implica transgredir las leyes y, por lo tanto, el gobierno estadounidense lo puede llevar a tribunales para ser juzgado de acuerdo con la ley. El Presidente debe de mantenerse al margen y no adoptar la postura de transgresor institucional en la que sus amanuenses lo quieren enfundar. (Alejandro Echegaray, El Heraldo de México, País, p. 6)