El gobierno federal duplicará la presencia de médicos cubanos en el país. Sin embargo, no se sabe cuáles han sido los avances logrados hasta el momento en la salud de la población mexicana. A esto, hay que sumarle que 29 médicos de este grupo abandonaron sus tareas en los hospitales asignados para moverse a otros lugares; incluso, las mismas autoridades de salud desconocen su paradero.
Cabe recordar que el primer grupo de estos especialistas llegó a nuestro país en julio de 2022 y, básicamente, se concentró en los estados de Nayarit y Colima.
Actualmente, hay 608 y próximamente se sumarán otros 610 para un total de mil 218 médicos que serán enviados a Guerrero, Nayarit, Colima, Tlaxcala, Michoacán, Campeche y Sonora, según anunciaron hace unos días las autoridades del IMSS-Bienestar.
No está mal que haya médicos cubanos apoyando la atención médica en comunidades urbanas, rurales e indígenas, pero lo que falta es que haya un informe detallado de su trabajo. Y que sus salarios y sus prestaciones no sean superiores a los de los médicos mexicanos, tal y como se han quejado algunos especialistas.
La estrategia del sector salud de atraer a médicos especialistas en las zonas más apartadas del país sigue sin funcionar debido a que las remuneraciones no son atractivas, sobre todo porque tienen que trasladarse a sitios alejados de sus familias y muchos corren riesgos por la presencia del crimen organizado.
Asimismo, hay centros de salud y hospitales regionales que todavía no cuentan con equipos médicos para sacar una radiografía o estudios de laboratorio. ¿De qué sirve tener médicos especialistas si no cuentan con los insumos necesarios para atender a su paciente?
Lo cierto es que hay un déficit de nueve mil médicos especialistas en México, cuyas plazas siguen desiertas, a pesar de las convocatorias que el IMSS Bienestar ha lanzado.
La realidad es que a la mayoría de los médicos cubanos los están enviando a los sitios donde los médicos mexicanos no han querido ir, a pesar de las necesidades que viven cientos de pobladores. Incluso, las mismas autoridades han puesto sobre la mesa que si un médico mexicano quiere el lugar, donde está un médico cubano, se lo dejan, situación que, hasta el momento, no ha ocurrido.
También han aclarado que los médicos cubanos que llegan a México no están “esclavizados”, puesto que tienen toda la libertad de transitar en cualquier parte del país y, prueba de ello, son los 29 especialistas que dejaron el programa de manera voluntaria. Todo el grupo cuenta con título profesional, que es revalidado en México. Y tienen cédula profesional y CURP para que puedan dar consulta médica.
De acuerdo a personal cercano a los médicos cubanos, la mayoría son pediatras, neurólogos, ginecólogos, entre otras especialidades. A todos les han dado un curso de inducción sobre los programas de salud que hay en México para que los conozcan y se familiaricen con ellos. A 18 meses de que termine el actual gobierno, habrá que esperar los resultados de este programa y evaluar si, efectivamente, ha ayudado en el mejoramiento de la salud de la población o sólo fue un paliativo más y, al cierre de este sexenio, continuaremos con el mismo problema: falta de médicos especialistas en zonas alejadas de las grandes ciudades.
ABATALENGUAS
Y una nueva tarea se le suma a las Fuerzas Armadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador le ha ordenado a la Secretaría de Marina que otorgue servicios de salud a las comunidades más alejadas de 17 estados costeros del país. No está mal la propuesta, lo preocupante es que siguen siendo medidas paliativas y no de largo plazo que resuelvan a fondo la falta de médicos especialistas que se requieren en muchas regiones del país.
BAJO EL MICROSCOPIO
Loable la tarea que realizan Médicos sin Fronteras en Chiapas, en donde han focalizado sus servicios clínicos a migrantes de Centro y Sudamérica que buscan llegar a EU cruzando de manera irregular por territorio mexicano. Esta organización civil ha sido un bálsamo de ayuda a miles de migrantes que llegan enfermos y que requieren atención médica. Bien por este acuerdo que recientemente firmó esta agrupación con el Instituto Nacional de Migración para que cuenten con todo el apoyo. (Ruth Rodríguez, Excélsior, Nacional, p. 18)
El presidente López Obrador cometió ayer, al menos, dos errores de juicio. El primero, cuando reiteró su apoyo a su amigo Donald Trump, para que vuelva a ser presidente de Estados Unidos, diciendo, uno, que la acusación de la fiscalía de Nueva York en su contra es por un asunto amoroso, y otro al afirmar que era como su desafuero para dejarlo fuera de la boleta presidencial, en 2006.
Y digo que fueron dos los errores, pues el proceso no tiene nada que ver, como dijo, en un asunto amoroso, sino en uno de acoso sexual por haber pagado 130 mil dólares a una actriz de cine porno, para que callara su relación con él, -que consulte en casa- y el otro que es para sacarlo de la boleta presidencial, cuando en Estados Unidos un procesado mantiene intocables sus derechos políticos.
No entiendo, solo él, esa identificación con Trump, con el que nada tiene que ver en sus antecedentes de vida, al contrario, si fuera otro lo condenaría a su hoguera de la pureza. Pero estableció una identificación que no puedo acabar, ni empezar, de entender. Es su antítesis.
Ayer, reitero, llegó al extremo de identificarse con él al afirmar que la acusación es como su desafuero, lo que no tiene nada que ver. Lo de su amigo es por un asunto sexual y el suyo por un desacato a un mandato de la Corte.
Quizá es una respuesta a lo que ha denunciado como una política intervencionista del gobierno de Biden en México, sabiendo que no subirá el calor porque con el control de las corrientes migratorias, tiene bastante, lo que hasta ahora le ha funcionado. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
¿De qué tamaño es el problema de escasez de mano de obra en el campo mexicano? Jalisco, Michoacán y Guanajuato dieron a conocer que traerán a 10,000 trabajadores guatemaltecos bajo un esquema de visas temporales. Esta es la primera vez que estos estados recurren a trabajadores de nuestros vecinos del sur, pero llevan décadas atrayendo a jornaleros de Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
El número de trabajadores extranjeros podría crecer hasta 40,000, según el presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco. De ese tamaño es el problema. No es un asunto nuevo, ni se reduce al Occidente de México. Desde hace al menos cinco años, la escasez aguda de personal aparece como un foco rojo en casi todas las grandes regiones productoras de alimentos: Sinaloa, Sonora, Chihuahua. “De poco sirve tener buenas tierras y agua; saber cómo producir una verdura perfecta, si no hay trabajadores”, de esa manera expresaba la situación un productor de Sonora.
Es un asunto complejo. No hay una causa única, pero hace tiempo que esto dejó de ser un “happy problem”, un efecto secundario del crecimiento acelerado del sector. Está la migración a Estados Unidos y hacia algunas ciudades del territorio mexicano. Tenemos también el envejecimiento de la población que trabaja en el campo. La edad promedio del campesino mexicano es superior a los 55 años y los jóvenes no tienen gran interés en dedicarse a esta actividad. Menos de 5% de los trabajadores rurales tienen menos de 30 años.
Para atraer a los trabajadores, las empresas han mejorado sueldos y otorgado prestaciones que a principios de este siglo eran una rareza, por ejemplo vivienda y seguro social. Ha habido un mejoramiento de las condiciones de trabajo, pero obviamente no resulta suficiente. La estrechez del mercado laboral también se ha agudizado con la prohibición de emplear a menores de edad, que fue acordada en el contexto del T-MEC.
Para amortiguar los efectos de este compromiso, la Secretaría del Trabajo ha promovido que se permita el empleo de jóvenes que ya cumplieron 16 años, toda vez que en las familias campesinas es una “tradición” sumar a actividades productivas a algunos miembros que no han alcanzado la mayoría de edad.
¿Qué impacto tendrá esta escasez de personal en la buena racha del campo mexicano? Es un sector que lleva 13 años consecutivos de crecimiento en las exportaciones y que en la última década ha tenido un comportamiento mejor al de la economía mexicana.
El incremento acumulado de las exportaciones en ese periodo es cercano al 170%. En 2022, alcanzó la cifra de 21,398 millones de dólares en las ventas al exterior. El aguacate es el principal producto del campo, con exportaciones superiores a los 2,500 millones de dólares anuales, le sigue el jitomate, con 1,860 millones y el pimiento, que supera los 1,300 millones de dólares.
La falta de “vocaciones” para las tareas del campo es un problema que viven otros países, entre ellos nuestros socios del T-MEC, Estados Unidos y Canadá. El impacto es cuantitativo, pero también puede ser cualitativo. Puede afectar la productividad y las metas de producción. De manera indirecta, impactar las metas inflacionarias e incrementar los riesgos asociados a la vulnerabilidad en materia de seguridad alimentaria.
Hay un catálogo de soluciones, pero ninguna bala de plata, porque esto no es una película de vampiros. En el menú está la flexibilización de las leyes migratorias y adecuación de la legislación laboral. Transformación de los modelos de producción, en busca de tecnologías que ahorren mano de obra. Por encima de todo: mejora continua de las condiciones de vida y trabajo en el medio rural. Quizá todo esto encarezca la producción de alimentos, pero es el costo de vivir en el siglo XXI. ¿Queremos pagarlo… podemos pagarlo? (Luis Miguel González, El Economista, El Foro, p. 47)
El Gobierno de México hace bien rechazar categóricamente amenazas que implican intervención, como las de legisladores de Estados Unidos que plantean que el poder militar de su país, unilateralmente, decida perseguir a criminales en el nuestro como terroristas. Esa no es una solución a un problema que es compartido en las causas, los daños y las soluciones.
Sin embargo, haríamos muy mal en pensar que con declaraciones patrióticas y descalificaciones a esos políticos evitaremos, con los problemas reales que hay detrás, un deterioro acelerado de la relación bilateral y, en el peor de los casos, una eventual crisis. No ayuda en nada a avanzar contra la mortífera crisis de delincuencia de este lado, ni en la no menos mortífera de adicción a opioides del otro. Al contrario, puede agudizarlas, al romper canales de cooperación, ampliando la desconfianza y, con ello, contaminar toda la agenda bilateral.
Deberíamos tener claros dos puntos esenciales si queremos encontrar soluciones de mutuo beneficio, en lugar de avivar un antagonismo retórico cuyas consecuencias perjudicarán a ambas partes, pero, por la asimetría en la relación, mucho más a México.
Primero. No sólo es “politiquería” de algunos legisladores estadounidenses: hay problemas de fondo detrás. En el país vecino existe una preocupación auténtica, seria y legítima, en las instituciones, en la sociedad, en el sector salud. Tanto por una epidemia de opioides como por lo que ven en la situación de sus vecinos: un Estado de derecho colapsado.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron a fines de 2022 que la esperanza de vida en Estados Unidos se redujo a su punto más bajo en dos décadas, en parte debido a las drogas: más de 107 mil muertes relacionadas en 2021 y un estimado de más de 100 mil en 2022, casi 70% relacionados con opioides sintéticos ilegales.
La Administradora de la DEA, Anne Milgram ha dicho: “El fentanilo es la amenaza de drogas más letal que nuestra nación jamás haya enfrentado”. Sólo dos miligramos pueden causar la muerte y, así, el número de fallecimientos relacionado con opioides sintéticos creció 640% en siete años. Aunque nuestro Gobierno afirmó que en México no se producen, allá se da por hecho, con no pocas pruebas a la vista, que la mayoría viene de aquí, procesados en laboratorios a partir de precursores chinos.
Segundo. El desencuentro retórico puede escalar y derivar en conflictos en los hechos en varias áreas de la relación bilateral. Máxime cuando en ambos países estamos en un escenario de dramática polarización política y de cara a votaciones presidenciales en 2024.
No debe extrañarnos que políticos estadounidenses encuentran electoralmente rentable señalar a nuestro país como el problema principal del suyo, como antes se hizo contra el terrorismo o el comunismo. Existen antecedentes de que funciona en comicios. Fue eje narrativo y de la victoria de Donald Trump en 2016. Tampoco es la primera vez que la “guerra contra las drogas” se usaría con esos fines. Fue clave para que Richard Nixon ganara la presidencia en 1968, y derivó en acciones de gobierno con consecuencias que se extienden hasta ahora, tanto en su país como en México.
Si nuestro Gobierno, al más alto nivel, sube al ring de las descalificaciones, da pábulo para que baje aún más el nivel del debate y de la relación bilateral misma. ¿Para qué darles alas?
Hay muchos asuntos claves en juego: desde los diferendos en materia de energía o maíz transgénico hasta el reto migratorio y la continuidad del mismo TMEC. También, precedentes de las consecuencias: el ex Presidente Trump se ha jactado de cómo “dobló” al Gobierno mexicano para que detuviese migrantes en tránsito al amenazar con terminar el TLCAN.
Además, no hay que desestimar que los señalamientos contrarios a México no están desprovistos de realidades que ve la sociedad estadounidense, más allá de la pirotecnia política.
Por ejemplo, un editorial del Dallas Morning News destaca que al menos 20% de nuestro territorio está bajo control de carteles, según la CIA. El Washington Post publicó un reportaje sobre los estadounidenses secuestrados y asesinados en Matamoros que subraya que 550 estadounidenses están reportados desaparecidos en México, entre al menos 112 mil. Otro editorial, de Los Angeles Times, resalta que 93% de los homicidios México queda impunes y pregunta qué ocurriría si las autoridades imprimieran la celeridad con que resolvieron ese secuestro en todos los casos: ¿cuántos muertos y desaparecidos menos habría?
Por lo pronto, con base en datos oficiales, en este sexenio, al corte del pasado 2 de marzo, las fiscalías estatales y federales han registrado 147 mil 913 homicidios dolosos. En la administración anterior hubo 156 mil y en la previa, 120 mil. A ésta le quedan 1.8 años.
Preocupa cómo sube el tono contra México. Baste, como muestra, lo que dijo el Senador republicano Lindsey Graham, promotor de otro proyecto de ley para usar la fuerza militar contra cárteles: “ya no nos vamos a quedar al margen como nación y ver a nuestro vecino convertirse en un narcoestado que mata a más estadounidenses en un solo año de los que perdimos en Vietnam”.
Es inverosímil que el Gobierno estadounidense tenga interés en invadirnos o en hacerse cargo de nuestra crisis de seguridad. El riesgo es otro: el envenenamiento, como con fentanilo, de una relación estratégica para ambos países, pero en la que México puede ganar o perder mucho más. El camino es la corresponsabilidad, y de nuestro lado, resolver los graves problemas que tenemos de delincuencia, violencia, impunidad y corrupción que de verdad lastran nuestro desarrollo y la paz social. (Gerardo Gutiérrez Candiani, El Sol de México, Análisis, p. 17)
En redes sociales se hizo viral un supuesto tuit de Wells Fargo anunciando que a partir del 21 de abril dejaría de enviar remesas a la red del Banco de Bienestar, lo que al parecer se debía a problemas de supervisión contra lavado de dinero.
Sin embargo, no hay ningún tuit ni en la cuenta de Wells Fargo ni en su sitio web y en el comunicado del 2 de marzo del Departamento de Tesoro de Estados Unidos no se incluye ni a Bienestar ni a ningún intermediario financiero en la lista de ocho empresas sancionadas por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Lo que sorprendió es que ayer el Banco del Bienestar informó que, desde hace casi un mes, el pasado 28 de febrero, dejó de recibir formalmente el envío de remesas de cualquier institución bancaria, remesadora o integradora y que la decisión del salirse del negocio de remesas obedece a que la Ley Federal de Austeridad Republicana en su artículo 13 prohíbe la duplicidad de funciones y desde que se modificó a Telecomm mediante decreto para transformarlo en Financiera del Bienestar, se estableció que sería Finabien la encargada de la recepción de las “benditas remesas”, que el año pasado ascendieron a 58 mil 400 mdd y este año se estima que superarán los 62 mil mdd.
Lo que es un hecho es que el Banco del Bienestar, que dirige Víctor Manuel Lamoyi, opera con una gran ineficiencia. Para empezar, a pesar de que reconoce que por ley no podía ya recibir remesas, se retiró de este jugoso mercado hasta el 28 de febrero, cuando la transformación de Telecomm en Financiera del Bienestar se realizó el 20 de enero, es decir más de un mes antes.
Para colmo, no fue hasta ayer, en medio del escándalo en redes sociales, cuando Banco del Bienestar se dignó a informarnos que hace casi un mes dejó ya de recibir remesas. (Maricarmen Cortés, Excélsior, Dinero, p. 4)