Una de las consecuencias más graves del crimen organizado es la migración forzada. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha abogado por un enfoque distinto al tradicional para abordar estos asuntos, enfatizando la importancia de la voluntad popular y la necesidad de atacar las causas-raíz de la migración, junto con su “abrazos no balazos” frente al crimen. Sin embargo, la efectividad de estas estrategias claramente ha fracasado, aunque el Presidente insista con sus “otros datos”, el crimen organizado se ha fortalecido, la inseguridad va en aumento, y con ella la emigración mexicana, que ya había disminuido a niveles históricos en el sexenio anterior.
AMLO ha reiterado en numerosas ocasiones que “el pueblo manda”, y ha utilizado las consultas populares como herramienta para legitimar decisiones significativas, como la cancelación del Aeropuerto NAIM en Texcoco a favor de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este método de consulta directa refleja, según AMLO, un intento de democratizar las decisiones de gran calado, aunque no exento de controversias en cuanto a su metodología y representatividad.
El fenómeno migratorio de mexicanos hacia los Estados Unidos, exacerbado por la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades económicas, sumados al flujo de centroamericanos (muchos huyendo de lo mismo), sigue siendo una de las principales preocupaciones. López Obrador sostiene que la migración es un acto forzado, no una elección voluntaria, y que para mitigarla es fundamental eliminar sus causas subyacentes. A pesar de estas declaraciones, las políticas implementadas hasta ahora no solo no han logrado frenar el flujo migratorio ni contener la expansión del crimen organizado, que sigue imponiendo un régimen de terror en varias regiones del país.
La actual administración ha sido criticada por su renuencia a aceptar ayuda externa para combatir el crimen organizado, especialmente la ofrecida por los EU. López Obrador ha mantenido una postura de autosuficiencia, priorizando la soberanía nacional sobre la colaboración internacional en asuntos de seguridad, aun cuando esta se trate de inteligencia, transferencia de tecnología u otra. Esta decisión ha generado un debate sobre si esta estrategia es la más efectiva para proteger a los ciudadanos y garantizar su bienestar.
Ante este panorama, una propuesta que podría reconciliar la soberanía nacional con la necesidad imperante de mejorar la seguridad y gestionar la migración de manera más eficaz, es la realización de una consulta popular específica en las regiones más afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado. Esta consulta no solo abordaría la posibilidad de aceptar ayuda internacional para combatir al crimen organizado, sino que también serviría como un termómetro del sentir popular respecto a las políticas de seguridad actuales.
Una consulta tiene varias ventajas. Primero, reafirmaría el compromiso de López Obrador con la democracia participativa, alineándose con su filosofía de que “el pueblo manda”. Segundo, proporcionaría un mandato claro y legítimo para la colaboración internacional en materia de seguridad, si así lo decidiera la mayoría. Tercero, enviaría un mensaje potente a los grupos criminales, demostrando la unidad y la resolución del pueblo y el gobierno mexicano frente a la adversidad.
México se encuentra en una encrucijada crítica. La violencia y la migración forzada exigen respuestas innovadoras y audaces. Una consulta popular sobre la aceptación de ayuda internacional para combatir el crimen organizado podría ser un paso hacia delante, siempre y cuando se realice con transparencia, inclusividad y un firme compromiso con la soberanía y el bienestar nacional. Este podría ser el momento de que México explore nuevas vías para asegurar la paz y la seguridad que su gente merece. Sin pasos decisivos, no hay buenos augurios para el sexenio entrante. (Jacques Rogozinski, El Financiero, Economía, p. 9)
La Cámara baja del Congreso estadounidense aprobó un paquete de ayuda que concede 95.3 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, Israel y Taiwán, luego de meses de discusiones y debates partidistas que pusieron en duda las metas de política exterior de los Estados Unidos y subrayaron, en cambio, sus divisiones internas.
La legislación no incluyó un proyecto para endurecer las medidas de seguridad en la frontera con México, desechado la mañana del sábado.
La combinación de aprobaciones y rechazos implicó un duro revés para los sectores más duros del partido republicano, profundamente vinculados con el ahora candidato presidencial Donald Trump, que espera usar los temas de migración y seguridad fronteriza como parte central de su campaña electoral.
La votación fue una rara muestra de colaboración entre los dos partidos, que en los últimos años se han acostumbrado más a actuar como bloques casi monolíticos y visiones políticas puramente domésticas, sobre todo en el caso republicano.
De hecho la aprobación de la ayuda externa profundizó la contradicción entre grupos con una visión más tradicional de la política externa estadounidense y sus obligaciones para con las alianzas que ha construido en el mundo, y un sector republicano que fiel a las demandas de Trump buscaba vincularlas con el incremento de medidas de seguridad en la frontera con México.
De hecho, hace unas semanas el propio Trump presionó a legisladores republicanos para evitar la presentación de un proyecto de ley similar propuesto por el presidente Joe Biden y la minoría demócrata en la Cámara baja.
El tema no apareció entre las leyes aprobadas el sábado, aunque los últimos meses fue el eje de amargas discusiones entre demócratas y republicanos, amén de serlo también entre alas divergentes del partido republicano.
De hecho, un sector duramente pro-Trump entre los republicanos en la Cámara de Representantes no logró la aprobación de un proyecto de ley de seguridad fronteriza, presentado originalmente por el propio liderazgo republicano para que los conservadores apoyaran un paquete de ayuda exterior para Ucrania, Israel y Taiwán.
Pero el proyecto de ley fronterizo fue rechazado por 215 votos a favor y 199 en contra.
La derrota puede dar nuevas alas al sector republicano, que busca destituir al actual presidente de la cámara, Mike Johnson, por no acatar las demandas del “ala dura”, que ha logrado ya la defenestración o retiro de tres presidentes camerales en el último año y medio. Pero el costo ha sido tan alto que la mayoría republicana puede quedar reducida a un voto al final de este mes debido a las renuncias.
El tema combinado de seguridad fronteriza y migración es en todo caso lo suficientemente importante como para que el presidente Joe Biden considere la posibilidad de dictar reglas más estrictas para la aceptación de migrantes y refugiados, como parte también de su estrategia electoral. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Online)
Canciller Alicia Bárcena; concluye gira de trabajo por Texas, ante posible entrada en vigor de Ley SB4
La canciller Alicia Bárcena Ibarra realizó una gira de trabajo que inició el pasado 17 de abril en Chihuahua, e incluyó visitas a los consulados de México en El Paso, San Antonio, Eagle Pass y Laredo, en Texas, con el objetivo de fortalecer la asistencia y protección consular a la comunidad mexicana en ese estado, ante una posible entrada en vigor de la Ley SB4, la canciller recorrió el Centro Integrador para Migrantes (CIM) “Leona Vicario”, en Ciudad Juárez, acompañada de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.
Las funcionarias refrendaron su compromiso de fortalecer estos centros mediante la colaboración interinstitucional, en el marco de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM), para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.
La titular de la SRE también visitó la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre México y Estados Unidos, y se reunió con la comisionada Adriana Reséndez Maldonado, con quien abordó las facultades que tiene la Comisión en temas como saneamiento fronterizo, la línea divisoria internacional, cruces y puentes; así como los trabajos realizados en la zona Ciudad Juárez-El Paso. En El Paso, Texas, la secretaria Bárcena Ibarra sostuvo una reunión con el juez del condado, Ricardo Samaniego y con la jefa de asesores del alcalde de esa ciudad, Estrella Escobar, con quienes dialogó sobre la atención a los flujos migratorios en la frontera, la posición de México ante la Ley SB4, infraestructura fronteriza y comercio bilateral.
Queremos que se comprenda que la relación entre México y Estados Unidos es una relación que va más allá, y que podemos convertir a esta región en la región económica más potente del mundo, nosotros somos hoy los primeros socios comerciales de Estados Unidos, comercializamos casi 1.5 millones de dólares por minuto. En el Paso, Texas, la secretaria se reunió con representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza; del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas; del Servicio de Ciudadanía e Inmigración; y del Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, con quienes compartió el Modelo Mexicano de Movilidad Humana, subrayando la necesidad de abordar las causas estructurales de la migración de manera conjunta, así como la estrategia preventiva que realizan los consulados de México ante iniciativas de leyes antiinmigrantes.
La secretaria también entregó, en el consulado, documentos de identificación personal a connacionales que radican en esa circunscripción, y reconoció el esfuerzo y compromiso del personal diplomático en la defensa diaria que hacen de la comunidad mexicana.
Finalmente, en su último día de actividades, en Eagle Pass, Texas, la canciller sostuvo un encuentro con el alcalde de esa ciudad, Rolando Salinas Jr., autoridades locales y del condado de Maverick, así como con representantes estatales y federales, donde hizo un llamado a fortalecer la cooperación para beneficiar a la comunidad fronteriza. También se reunió con funcionarios de la Patrulla Fronteriza en la estación Firefly. (Jesús Héctor Muñoz Escobar, 24 Horas, Online)
Chiapas tiene atractivos naturales espectaculares, zonas arqueológicas enigmáticas, culturas ancestrales que aún conservan sus tradiciones, montañas, playas y hermosos paisajes naturales.
Se tienen desde lugares como San Cristóbal de las Casas, hasta la Selva Lacandona. Está también la Ruta del Café, el Cañón del Sumidero, la zona arqueológica de Palenque y otros sitios arqueológicos que son mágicos.
Hoy el turismo podría estar en riesgo en Chiapas como en otras zonas del país.
La inseguridad en el estado, la toma de ciertas ciudades por parte del crimen organizado hace prácticamente imposible poder visitar ciertas zonas.
Hace un par de meses, escribía en esta columna el riesgo que hay en esa entidad por la entrada del crimen organizado, quienes han visto en el turismo un negocio muy lucrativo y están buscando sacar dinero de la mayoría de los servicios que se ofrecen a los viajeros.
Desde el cobro de piso a los transportistas, los que intentan recaudar cobrándoles derecho de piso a los restaurantes y locales, y ahora hasta quieren el control de los guías turísticos en zonas arqueológicas y reservas naturales.
Hace unos meses la delegación en Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que cuatro zonas arqueológicas están cerradas por la inseguridad y la lucha armada, por el conflicto de tierras, lo que ha provocado un drástico descenso de turistas.
Esto afecta mucho a los turistas que hoy están expuestos a que los asalten, pero también cientos de familias que viven lícitamente trabajando todos los días.
Hay empresas enfocadas en visitantes extranjeros que han reportado que dejaron de promocionar las zonas arqueológicas como la de Bonampak y Yaxchilán, en la zona de la selva Lacandona, Lagartero y Lagos Colón, en el municipio de Frontera Comalapa, por esta situación.
Mientras que la zona arqueológica de Toniná, ubicada en el Rancho San Antonio, también se mantiene cerrada por un conflicto de compraventa entre el dueño del terreno con autoridades; aunque este caso no es generado por el crimen organizado, también mantiene alejado al turismo.
Ahora es el Gobierno de Estados Unidos quien emite una alerta para sus ciudadanos a que no visiten ciertas zonas de Chiapas.
Hace unos días el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo en Chiapas, tras esa visita el Gobierno de ese país emitió una alerta. Por la “creciente violencia y preocupaciones de seguridad en Chiapas”, consideró pertinente emitir el sábado pasado una alerta de viaje para restringir a sus ciudadanos y empleados de su Gobierno viajar a esa entidad de nuestro país.
En el comunicado se dice que la mayor parte de la frontera entre Chiapas y Guatemala, desde la costa del Pacífico hasta la Reserva de la Biosfera Montes Azules, no es segura para los turistas.
También se incluyen ciudades como Nezahualcóyotl, Ocosingo, El Ocote, San Francisco Pujiltic, Mapastepec, Huixtla, Motozintla de Mendoza, Comitán de Domínguez, La Trinitaria, Frontera Comalapa y Las Margaritas.
El mayor punto turístico de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, también fue incluido en la advertencia. El Gobierno de Estados Unidos ha dicho que sí se puede viajar a Tapachula, pero advierte que salir de esa ciudad es riesgoso.
Lo hemos venido diciendo en estas páginas que Chiapas enfrenta un problema gravísimo de seguridad. Grupos criminales están tomando ciudades enteras, incluso miles de Chiapanecos, muchos indígenas, han tenido que abandonar sus tierras y han sido desplazados.
Madres han tenido que llevarse a sus hijos, sobre todo a los jovencitos hombres para que no los reclute el narcotráfico.
De acuerdo con datos oficiales, Chiapas reporta un incremento de 53% de homicidios dolosos en los primeros tres meses del 2024. Los municipios más afectados son: Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Suchiate.
Los enfrentamientos son principalmente entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, que utilizan grupos locales para arrebatarse el control de la frontera con Guatemala, donde el negocio del tráfico de migrantes, droga y armas es cada vez más redituable, y que incluso cometen con la venia de autoridades locales.
Entre junio de 2021 y diciembre de 2023 más de 7 mil 500 personas tuvieron que abandonar sus hogares para escapar de la ola de violencia que azota Chiapas, según el estudio “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”, hecho por diversas organizaciones civiles.
La inseguridad generada por los grupos criminales también afecta la educación de los niños. El pasado miércoles civiles armados se enfrentaron en el municipio de Pantelhó, provocando que maestros de por lo menos 10 escuelas de diferentes niveles educativos quedaran atrapados entre las balaceras.
Un día antes, hombres encapuchados derribaron árboles sobre la carretera San Cristóbal de las Casas-San Juan Cancuc, a la altura de las entradas y salidas de la demarcación, para evitar que la población saliera o entrara.
Según fuentes oficiales, los educadores fueron liberados hasta el jueves y escoltados por 70 camionetas de las fuerzas federales y estatales fuera de la zona de conflicto.
Maestros rescatados adelantaron que las clases en Pantelhó permanecerán suspendidas hasta que las autoridades controlen la situación y se garantice la paz y la tranquilidad en la zona.
En este municipio, la violencia tuvo su mayor incremento desde julio de 2021 con la aparición de un grupo que se hace pasar por autodefensas denominado “El Machete”, quien desde su aparición secuestró a 21 personas y hasta el momento se desconoce su paradero.
No sólo el crimen organizado genera violencia en Chiapas, las luchas entre etnias por los terrenos; peleas entre los habitantes por el control político de una comunidad también generan inseguridad.
El pasado viernes 19 de abril, hubo un enfrentamiento entre comerciantes por el control de un mercado público de Ocosingo, uno de los municipios incluido en la alerta.
Para el sábado, en el municipio de Chalchihuitán, cientos de indígenas mayas tzotziles salieron a las calles para exigir a las autoridades el cierre de cantinas clandestinas, que sirven como punto de venta y distribución de drogas, así como la implementación de una ley seca permanente en todo el municipio para recuperar la tranquilidad comunitaria.
Los habitantes aseguraron que llevan más de un año luchando para cerrar esas cantinas, pero en lugar de que desaparezcan, cada vez aparecen más.
En estos meses de procesos electorales, la violencia, atentados y asesinatos se han incrementado en gran parte del país y en Chiapas no es la excepción.
Parte del territorio chiapaneco está siendo tomado por el crimen organizado, una pésima noticia para México. (Bibiana Belsasso, La Razón, México, p. 15)
Para que no los agarren en curva
Quien estuvo muy activa el fin de semana por tierras fronterizas entre Texas y Chihuahua fue la canciller Alicia Bárcena, para, nos aseguran, “tejer fino” las acciones que emprenderá el Gobierno de México ante una eventual implementación de la ley antiinmigrante SB4 promovida por el gobernador texano, Greg Abbott. La jefa de la diplomacia mexicana estuvo explorando el terreno con los representantes consulares de nuestro país en El Paso, San Antonio, Eagle Pass y Laredo, así como con funcionarios estadounidenses encargados de la migración en esas ciudades. El objetivo de los tres días en que estuvo en el norte del país fue conocer a detalle las acciones que se emprenderán, una vez que se pudiera dar luz verde a la ley de Abbott. Dicen que no quieren que vayan a agarrar en curva a nuestro Gobierno con ese tema. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
Cuenta regresiva para el voto chilango en el extranjero
Nos cuentan que este domingo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que preside Patricia Avendaño, envió la paquetería —dos boletas: una para votar por la Jefatura de Gobierno y la otra por diputado migrante—, a 8 mil 844 capitalinos que residen en el extranjero y participarán, vía postal, para elegir a ambas autoridades. Nos detallan que tendrán todo el mes de mayo para regresar su boleta ya con el voto, para que sea contabilizada antes del 2 de junio. Mientras esto ocurre, nos dicen que todavía sigue la revisión para ver si los habitantes con origen en la capital del país pueden sumarse al listado nominal y poder votar en los consulados. Eso todavía está en el análisis del Instituto Nacional Electoral (INE). (El Caballito El Universal, Metrópoli, p. A23)