Jurídicamente es precisa y contundente la argumentación del ministro González Alcántara en el auto de desechamiento de la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra la Cámara de Diputados por el desafuero de Cabeza de Vaca. La referida controversia, dijo el ministro, es “notoriamente improcedente” porque el acto reclamado no le causa ningún agravio al Congreso de Tamaulipas. Todo lo contrario, la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados determina dos cosas: 1) que ha lugar a proceder contra el gobernador Cabeza de Vaca y, 2) que se comunique esa decisión al Congreso del estado para que “en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda” (artículo 111 de la Constitución).
Acto seguido, el Congreso de Tamaulipas votó el punto de acuerdo por el que se declara que no procede la homologación de la declaratoria de procedencia aprobada por el Congreso federal. ¿Cuál es la afectación? Ninguna. El gobernador no ha sido desaforado, pues la Cámara de Diputados federal, por sí sola, no puede hacerlo como ella misma lo reconoció.
El ministro González Alcántara, como todo buen juez, entiende las sutilezas del derecho y de la argumentación jurídica. Como buen ministro, mide, además, el impacto de sus decisiones. Admitir esa controversia constitucional hubiese significado admitir la indeterminación del texto de la Constitución con respecto a los límites del Congreso federal (y del presidente de la República) para desaforar a cualquier autoridad local. El ministro piensa que es claro y notorio que una vez que el Congreso de Tamaulipas emitió su veredicto respecto a no desaforar al gobernador, el asunto ha concluido.
Implícitamente el ministro está diciendo que, según nuestro marco constitucional, tratándose de cualquier autoridad local con fuero, el Congreso del estado siempre tiene la última palabra. Con ello, creo yo, intentó cerrar la caja de Pandora: que la mayoría en la Cámara de Diputados federal, por sí sola, pudiese desaforar a cualquier autoridad local que esté en manos de la oposición. Ante esa amenaza latente, es de enorme relevancia la determinación del ministro para hacer efectivos los límites constitucionales de la Cámara de Diputados en materia de desafuero.
Siendo el juicio de procedencia un filtro político, no un proceso jurisdiccional, el “fallo”, por decirlo de una manera, depende centralmente de las mayorías legislativas que existen en cada determinado momento y no de la solidez de la evidencia. Esto no se trata de la responsabilidad penal del gobernador. Ello sucede en otro momento.
La Constitución establece que, para que un alto funcionario con fuero del ámbito local pueda ser procesado penalmente en el ámbito federal, no basta con que la Cámara de Diputados federal lo apruebe, se necesita, además, que lo haga el Congreso local, que es el que representa las preferencias políticas del electorado de esa entidad. Ese es el sistema de frenos y contrapesos propio de un régimen federal, el cual, en contextos de enorme concentración del poder federal sirve, precisamente, para preservar las autonomías políticas locales. Esto es un asunto político no penal.
Frente al auto de desechamiento de la Corte, lo que estamos viendo es un tremendo desaseo jurídico por parte de las autoridades federales. Un juez de control federal, a petición de la FGR, giró una orden de aprehensión contra el gobernador.
Asimismo, el INM emitió una alerta migratoria. Finalmente, también la FGR, sin ser parte de la controversia constitucional, presentó un recurso de reclamación contra el mencionado auto de desechamiento. Estas tres reacciones del gobierno, una de ellas avalada por un juez federal, violan flagrantemente la decisión de la Corte.
La consecuencia jurídica implícita del auto de desechamiento es que las autoridades federales no pueden proceder penalmente contra el gobernador de Tamaulipas porque tiene fuero. Sin embargo, lo siguen haciendo abiertamente. Si los límites jurídicos que definen los máximos jueces del país se borran, lo que los reemplaza es la fuerza y la anarquía al mismo tiempo. ¿Cuánto de una y cuánto de otra? No lo sabemos. (Ana Laura Magaloni Kerpel Reforma, Opinión, p.9)
Los que ya votaron
Aunque faltan casi 15 días para el día de votación, en México, en realidad la emisión de los sufragios ya inició. Un sector de población en prisión preventiva ya participó en el plan piloto del INE y emitió voto; este fin de semana inicia el ejercicio para mexicanos en el exterior y la fase final llegará el 6 de junio próximo. Es por eso que las redes afines a distintos grupos políticos albergadas en Estados Unidos llevan a cabo en este momento una gran campaña para que se emita el voto desde el exterior. ¿Ahora sí habrá interés de los connacionales? (El Universal Opinión, p.2)
Ceuta, ciudad autónoma española ubicada en la orilla africana del Estrecho de Gibraltar, ha recibido en los últimos dos días alrededor de 8,000 personas. Este hecho sin precedentes ha desbordado la capacidad de las estancias habilitadas para su recepción, así como del estado español para responder a la llegada de migrantes en condiciones irregulares.
Igualmente, ha llevado al cuestionamiento de la comunidad internacional la manera en que se han llevado a cabo las devoluciones expeditas a territorio marroquí, que en este caso y hasta el cierre de este texto han sido de alrededor de 4 mil personas. Las autoridades españolas las han realizado a pesar de que los migrantes han pasado los puestos fronterizos y llegado a territorio español, y de manera colectiva, acto prohibido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que impide comprobar las circunstancias personales de cada uno de los expulsados.
La llegada masiva se explica por el relajamiento del control fronterizo a cargo de las autoridades marroquíes durante los últimos días, en respuesta a dos hechos. En primer lugar, como una forma de ejercer presión, tanto a España como al resto de la Unión Europea, para que al igual que Estados Unidos en diciembre pasado, reconozcan la soberanía marroquí sobre la zona del Sahara Occidental, cuyo control se encuentra en disputa entre Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática.
En segundo lugar, como una crítica al recibimiento de Brahim Gali de parte de España, en abril, para su tratamiento por COVID-19. Gali es el Secretario General del Frente Polisario, movimiento que lidera la liberación nacional del Sahara Occidental, por lo que a los ojos del gobierno de Marruecos ello supuso un posicionamiento del gobierno español y un cuestionamiento de la autoridad marroquí sobre la zona, hecho que tensionó las de por sí complejas relaciones bilaterales.
La crisis pone a la luz la necesidad de ver a la migración desde las causas que la explican. Es decir, poner atención en el hambre, la falta de oportunidades, la violencia y las guerras civiles, todas presentes en este caso en particular, y en la región africana en general, y no sólo tratar de evitar la entrada a miles de personas que, ante todos esos elementos están dispuestos a poner en riesgo la propia existencia para lograr mejores oportunidades, tanto para ellos como para sus familias.
El control de la migración irregular no se logrará solamente poniendo muros, policías apostados en las fronteras ni regulaciones estrictas, sino atendiendo los motivos que empujan a las personas a salir de sus casas y abandonar a sus familias, aunque ello implique morir en el intento.
Asimismo, el fenómeno ha llevado nuevamente a la mesa de discusión el problema de la migración infantil y cómo gestionar su llegada en los países receptores, situación presente de manera sobresaliente en el continente africano. Este fenómeno afecta de manera particular a la región, donde sólo en 2020, el 25% de los migrantes que llegaron a los países de acogida eran menores.
En el caso de la crisis en Ceuta, de las 8,000 personas que han sido recibidas en las últimas 48 horas, alrededor de 1,500 son menores que viajaban como parte de sus familias, pero también sin acompañamiento. La migración supone una situación de vulnerabilidad para todos aquellos que se involucran en el hecho migratorio, la cual crece aún más cuando se trata de niños que se enfrentan solos a los riesgos, tanto desde el punto de vista físicos como con todos aquellos relacionados con el crimen organizado, la trata de personas, entre otros.
La situación en Ceuta no está cerca de llegar a su fin, y sólo pone énfasis en la problemática de la migración irregular presente en la región de manera cotidiana, así como en la falta de políticas públicas exitosas para atenderla no sólo desde el punto de vista de sus consecuencias en los países de acogida, sino, sobre todo, atendiendo sus causas en los países de origen. (María de Pilar López El Heraldo de México, Opinión, p.2)
Esta semana el mundo fue testigo de una nueva crisis migratoria ocurrida en el enclave español de Ceuta, al norte de África, en la que más de ocho mil marroquíes, entre ellos mil quinientos niños, atraversaron en balsas y a nado los escasos metros que separan este territorio español de Marruecos. Desde que se comenzaron a registrar las primeras oleadas masivas, autoridades españolas fortificaron el punto con fuerzas militares acotando el ingreso y resguardando el flujo que para el miércoles ya era mínimo. Hasta el momento, las propias autoridades españolas informaron que se han repatriado alrededor de seis mil de estos migrantes, algunos de forma voluntaria.
Vale la pena entender los factores que hicieron de este éxodo un suceso trascendental. Se trata de una movilización muy importante, tal vez sin precedentes, si tomamos en consideración el contexto histórico y presente, así como los intereses geopolíticos que hacen de este territorio un sitio estratégico de la región. Ceuta, como Melilla y las Islas Canarias, es foco de tensión con África. En lo que respecta a estos primeros dos, son ciudades situadas al norte de África, en colindancia con el Mediterráneo y el único punto de entrada terrestre al continente europeo desde esta latitud.
Tradicionalmente, esto hace de este sitio un objetivo constante de miles de migrantes al año, motivados por cuestiones económicas o por ser víctimas de conflictos armados que desean obtener un asilo en suelo español. Sin embargo, este movimiento social parece contar con algunas diferencias clave. Además de la urgencia humanitaria causada por la crisis social, sanitaria, política y económica que causó la pandemia por covid-19, el gobierno español acusó a las fuerzas de seguridad marroquíes de propiciar el suceso por la inacción al intentar detener las olas de migrantes.
Por otra parte, las tensiones diplomáticas entre ambas naciones se intensificaron por la atención médica humanitaria que se le presta en España a Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), la cual históricamente disputa el territorio del Sahara Occidental con Marruecos. Al respecto, España no reconoce jurídicamente a la RASD, pero mantiene conversaciones con el Frente Polisario (movimiento de liberación del Sahara Occidental) y rechaza la idea de que ambos eventos estén relacionados.
Si bien la dinámica social y económica de un flujo fronterizo como éste genera conflictos naturales, la situación que vive actualmente Marruecos es alarmante, pues la profunda crisis económica, aunada al desempleo causado por la baja del turismo y la producción minera tienen en jaque al país y a la región. Los conflictos de antaño entre actores internacionales por territorios antes ocupados por países europeos que buscan su autodeterminación aprovechan la vulnerabilidad institucional para ejercer presión a favor de sus intereses.
Finalmente, lo que ocurre es consecuencia de la narrativa europea de proteccionismo económico y geográfico a partir de la construcción de barreras físicas y diplomáticas en contra de la migración.
Las políticas migratorias europeas siguen sin considerar las realidades económicas, culturales ni demográficas tan variadas en el continente.
Desde esta perspectiva se deja de percibir la migración como ese fenómeno natural que ha moldeado las sociedades diversas actuales, así como las ventajas que puede representar la llegada del consumo y producción variado en un contexto de recuperación global. (Azul Etcheverry Excélsior, Opinión, p.6)
¿David contra Goliat, o, a Sansón le cortó la cabellera? Esto último parece más certero en el caso del rejego Gobernador de Tamaulipas. La venganza de “Don Mendo” siguió su curso y ni la determinación de un Ministro de la Suprema Corte logró amansar a quien se transforma en un energúmeno.
Sin prejuzgar sobre la inocencia o culpabilidad de García Cabeza de Vaca, es contundente lo por el ministro Juan Manuel González Alcántara, en cuanto a que se sostenía el fuero en tanto no terminara su periodo en dos años.
Se pusieron de acuerdo para cumplimentar el deseo del amo. Un juez, que se dice actúa de la mano de la Fiscalía, otorgó la orden de aprehensión. Santiaguito Nieto, destructor de honras, congeló las cuentas bancarias del que ahora llaman “Francisco N” –como si fueran respetuosos de la ley- y las de familiares y amigos; la inconmensurable, Olguita Sánchez Cordero, giró alerta migratoria en su contra (De vergüenza su servilismo). (Catalina Noriega, El Sol de México, Opinión, p.12)