Opinión Migración 220525
Apuntes incómodos // Disculpas y teatralidad
La obsesión por lo performativo convirtió los espacios políticos en malos escenarios. Toda tribuna exhibe frivolidades privadas y vulnerabilidades públicas. El presidente del Senado utilizó cámaras para transmitir la anomalía, ejemplo del exceso y perversión de instrumentos. Una disculpa televisada que dista de ser la herramienta de satisfacción en procesos de justicia transicional, manipulada por los de su clase. Aquí la definición es taxonómica, espero no ofenda. Hay un derecho democrático en increpar al poderoso que le debe impedir a éste responder con la humillación al ciudadano.
El penoso acumulado de acciones políticas tergiversadas encuentra uno de sus rasgos más ominosos. No es sólo la cabeza de uno de los poderes quien refrenda el atropello. La Presidenta avaló el hecho sin extrañeza.
Una disculpa pública, bajo códigos democráticos, tiene la intención de reparar socialmente. Es la aceptación del abuso en aras de que una sociedad herida pueda seguir adelante y de establecer un acto de memoria para evitar la repetición del daño.
Se ha escrito en los últimos días sobre la negativa del antiguo titular del INM a ofrecer disculpas por el abandono bajo el fuego a cuarenta migrantes. El acervo de similares es amplio. Tengo poco espacio.
En 2019, el Ejército debió pedir perdón a tres mujeres víctimas de violación por parte de soldados en 1994. Al evento destinado para ello no asistieron militares. Con la participación de autoridades civiles, ganó la simulación. En 2022, la Semar recibió la recomendación de ofrecer disculpas por la desaparición forzada de Jacob Vicente Jiménez en 2015. El orgullo nacional es el silencio.
Horas después del espectáculo en el Senado, la mayor tarima del país mostró qué sucede cuando toda la atención se va en teatralidades. Supongo es fácil reconocer que no existe peor lugar para recibir la noticia de asesinatos políticos. Ningún protocolo permite ocuparse de las crisis interiores si antes es necesario cuidar las reacciones. Si lo más importante es aparentar la existencia de un mundo demasiado distinto a tras bambalinas.
Mientras, ahí mismo, el fiscal general seguía esquivando lo ineludible para cualquier concepción de decencia. Su arte. (Maruan Soto Antaki, Milenio, Al Cierre, p. 31)
Confidencial
Deportan a mexicano… a país en guerra
Ayer el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS) confirmó que “llevamos a cabo un vuelo de deportación desde Texas para remover a algunos de los individuos más bárbaros y violentos (establecidos) ilegalmente en Estados Unidos”. Entre los ocho deportados está un mexicano, Jesús Muñoz Gutiérrez, acusado y condenado a cadena perpetua por homicidio en segundo grado. Tricia McLaughlin, subsecretaria de Relaciones Públicas de esa dependencia, aseguró que “ningún país quería aceptarlos porque sus crímenes son únicos, monstruosos y bárbaros”, hasta que finalmente los aceptó… ¡Sudán del Sur! (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 35)
Desde Afuera / El papel de Stephen Miller
Una propuesta que supuestamente prohibiría a los migrantes indocumentados mexicanos enviar remesas desde Estados Unidos provocó revuelo en México e hizo ver una propuesta de ley que plantea el cobro de impuestos una medida hasta deseable en comparación con la idea adelantada, según se sabe, por el práctico subjefe del gabinete presidencial estadounidense, Stephen Miller.
Y también puso de relieve el papel de Miller en el gobierno de Donald Trump.
La propuesta de Miller como tal no se encuentra todavía ante el Congreso, que enfrenta una complicada negociación sobre una propuesta presupuestaria superior a dos millones de millones de dólares y 1100 páginas de largo. Esta propuesta si incluye la posibilidad de un impuesto de cinco a diez por ciento a los envíos de dinero desde Estados Unidos.
Pero de acuerdo con algunas fuentes legislativas, falta que la legislación sea aprobada por el pleno y se admitan modificaciones, amén de ser considerada, que debería ser presentada la próxima semana, antes de que el Senado aborde la misma legislación presupuestal y resuelvan los problemas que se espera, van a registrarse para darle seguimiento continuidad a una legislación particularmente polarizada entre los propios miembros de la mayoría, donde se debate entre aquellos que buscan sobre todo ayudar a los proyectos del presidente Trump y otros que buscan reducir a cualquier costo el déficit público.
En ninguno de los casos hay legisladores republicanos opuestos a grabar las remesas de migrantes mexicanos, que en los últimos cuatro años han sido de un promedio superior a los 60 mil millones de dólares anuales.
Se ignora, sin embargo, qué parte de esa cifra sea enviada por indocumentados.
Miller es considerado actualmente, como tal vez el hombre más influyente en la política migratoria del presidente Trump, aunque mucho más discreto y secretivo que el llamado “zar de la frontera“, Tom Homan.
Esa discreción le ha permitido adelantar sin oposición muchas de sus políticas, incluso la de declarar a los carteles del narcotráfico como “organizaciones terroristas”.
De origen judío, nacido en California a principios de los 90, cuando tenía 16 años, ya era una activista anti-migrante y se quejaba de la falta de patriotismo de escuelas que permitían el uso del idioma español. En 2009, luego de haber trabajado con varios legisladores republicanos, Entró al servicio del entonces senador Jeff Sessions de Alabama, un antiinmigrante duro y tuvo un papel destacado en el bloqueo a la reforma migratoria de 2013,
En 2016, se incorporó a la campaña de Donald Trump, director de discursos y consejero político, y se le atribuye el discurso nacionalista y anti migrante con que Trump inauguró su primer mandato. Considerado como un ultranacionalista y una figura polémica, se le responsabiliza de la idea de prohibir la inmigración de seis países de mayoría musulmana y la política de separar familias de migrantes irregulares en la frontera.
Tenga éxito o no, su idea hace ver como moderada las ideas de gravar los envíos de remesas. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Online)
Desde San Lázaro // Un tiro en el pie para EU con el gravamen a las remesas
Un tiro en el pie para EU con el gravamen a las remesas a delegación legislativa mexicana que está en Washington para convencer a sus pares de lo nocivo que sería la medida de gravar las remesas de los connacionales, se tendrá que regresar con las manos vacías, porque carece de argumentaciones contundentes frente a la estrategia del presidente Donald Trump para fortalecer su plan fiscal.
Desde luego, el impacto es brutal e injusto del 5% a las remesas que envían los migrantes mexicanos al país, toda vez que les gravan doblemente sus ingresos; empero, en la lógica del poder de Washington, se requiere captar recursos de donde sea para atenuar su déficit fiscal y fondear los programas del magnate inmobiliario.
El Congreso mexicano no tiene peso en las decisiones de Washington; vamos, si no lo tienen las minorías demócratas, menos un puñado de legisladores a los que los impulsa la buena fe, y párele de contar.
Un impuesto a las remesas, además de ser injusto, es regresivo y con múltiples impactos, incluso en la economía de Estados Unidos y, por supuesto, para México el golpe es demoledor, particularmente en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Guanajuato, entidades que son las receptoras en gran medida de las remesas que envían los connacionales.
Este tipo de gravámenes no solo encarecería las transferencias, sino que podría empujar a los migrantes a utilizar canales alternativos para enviar dinero a México, fuera del sistema financiero formal y con ello, cruzar la frágil línea que representa el lavado de dinero.
Esa búsqueda de mecanismos alternos e informales o no regulados para enviar dinero, como recurrir al apoyo de familiares o amigos con ciudadanía o residencia en EU o usar servicios de comercio electrónico, puede orillar a recurrir a redes ilegales para evitar el pago del impuesto.
Existen voces sensatas de líderes de cámaras como Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, quien descartó que el Congreso de EU vaya a aprobar el impuesto a las remesas, ya que recordó que hay un acuerdo signado en 1994 que impide la doble tributación entre México y Estados Unidos.
En momentos en que algunos congresistas republicanos están dubitativos en apoyar las acciones trumpistas que han impactado entre sus representados, podría significarse como la coyuntura perfecta para evitar la procedencia del impuesto a las remesas.
Si la relación que tiene la presidenta Sheinbaum es excelente, como dice, con su contraparte norteamericana, entonces ese es el mejor camino para evitar gravar a las remesas, desde luego no el único, pero las voces opositoras a esta medida tienen que ser de empresarios de aquel país por el impacto que representaría perder la mano de obra mexicana con gravámenes absurdos.
Sería encomiable que la doctora convenciera a Trump de lo pernicioso de la medida tributaria sobre las remesas y así demostrar con hechos que efectivamente es escuchada en la Casa Blanca.
Los migrantes han sorteado todo tipo de infortunios para acomodarse en aquel país, pero ahora son perseguidos como si fueran los peores delincuentes.
El pastor de la borregada oficialista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que desde esa Cámara están mandando cartas a todos los congresistas estadounidenses y “estamos pidiéndole a los clubes y federaciones de mexicanos radicados allá que envíen a sus representantes misivas de inconformidad sobre esta medida que pretenden aplicar en el próximo ejercicio fiscal de aquel país”.
La carta enviada el lunes por el propio legislador zacatecano, dirigida a James Michael Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, insiste en la preocupación y señala que la iniciativa republicana “debilita los principios económicos y los esfuerzos de colaboración para el desarrollo que sustentan la relación entre ambas naciones”.
La propuesta de gravar las remesas fue presentada por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 12 de mayo, impulsada por la administración del presidente Donald Trump para financiar sus programas en el presupuesto fiscal 2026.
El impuesto, de acuerdo con la iniciativa, se aplicaría a todas las transferencias de remesas enviadas desde ese país hacia el extranjero y sería recaudado por las empresas dedicadas al envío al momento de la operación.
Aunque los ciudadanos americanos y residentes permanentes podrían estar exentos, los migrantes no documentados serían los más afectados, ya que se estima que hasta 4.1 millones de mexicanos tendrían que pagar el gravamen. (Alejo Sánchez Cano, El Financiero, Opinión, p. 31)
Punto De Encuentro // Políticas antinmigrantes en EU: efecto búmeran
De nuevo la política migratoria de Estados Unidos es tema de agenda nacional. La orden ejecutiva que busca restringir la ciudadanía por nacimiento, la iniciativa para gravar remesas y la mera posibilidad de realizar un concurso entre migrantes con la promesa de ganar la ciudadanía constituyen ciertamente medidas regresivas y discriminatorias, pero también posiblemente contraproducentes para los mismos estadounidenses.
Afortunadamente, el martes pasado Noem negó que la Secretaría de Seguridad Nacional estuviera valorando la realización de un “reality show” que, mediante concursos televisados, permitiera la obtención de la ciudadanía estadounidense.
Esto después de que, en días previos, fuentes oficiales habían afirmado que existía la posibilidad de llevar a cabo estos concursos patrocinados para enaltecer el valor de lo que significa ser un nacional. Dichas declaraciones generaron una crítica rotunda por ser una idea contraria a la dignidad humana y también- a la finalidad última, aparentemente buscada: desincentivar la migración ilegal.
Misma suerte corre la orden ejecutiva impulsada por Trump que pretende impedir que hijos e hijas de personas sin ciudadanía o sin residencia legal -incluidas aquellas con visa de turista, estudiante o trabajo- obtengan automáticamente la ciudadanía al nacer. Esta medida se encuentra en debate bajo la Corte Suprema, quien determinará si válidamente ésta puede reinterpretar la cláusula de ciudadanía constitucional.
No obstante, más allá del debate jurídico, si bien la orden presidencial rompe con la narrativa de la promesa de inclusión de Estados Unidos, su gran paradoja radica en que la medida podría duplicar en diez años la población indocumentada de segunda generación (Migration Policy Institute, 2025). Esto es, no se detendría la migración; se profundizaría la exclusión.
Por su parte, la iniciativa para gravar remesas en un 5% va caminando a gran velocidad y se espera su aprobación durante esta semana. La legalidad de esta medida es opinable, pues el impuesto se dirige al envío del monto y no directamente al ingreso, lo cual podría evitar el argumento de la doble tributación.
Sin embargo, de lo que no hay duda es de sus efectos nocivos en lo económico y en lo social, sobre todo para la población más vulnerable de los países receptores, entre los cuales está México.
En 2023, México recibió 63 mil 300 millones de dólares en remesas (Banxico). Un impuesto del 5% representaría una pérdida anual de al menos 3 mil 250 millones de dólares, lo que equivale a una reducción del PIB de 0.18 puntos porcentuales.
Este monto equivale al presupuesto completo del programa “La Escuela es Nuestra” para 2024, que ascendió a 28 mil 358 millones 345 mil pesos.
El daño nacional será considerable, mientras que para Michoacán, Oaxaca o Guerrero, entidades que cuentan muchas veces con las remesas como fuente principal de ingreso familiar, el daño será devastador y afectará la seguridad alimentaria y la salud de millones de personas. Por ello, expertos ya señalan que este impuesto empujaría a recurrir a canales informales, más opacos e inseguros.
Adicionalmente, esta medida impactará negativamente a economías locales dentro del propio mercado estadounidense, ya que los migrantes se verán obligados a reducir su gasto cotidiano.
Amén de ello, la implementación del cobro del 5% implicará necesariamente un costo operativo de bancos e instituciones financieras para lograr identificar sin error las transacciones objeto del gravamen, y deberán pasar por procesos de verificación complejos que las pondrán en la mira de demandas por discriminación.
Así, las consecuencias no se quedan en la retórica: impactan vidas concretas, tendrán costos políticos para los republicanos y afectación en estructuras económicas y en las relaciones diplomáticas. El punto de encuentro para la política migratoria de EU requiere medidas asertivas que no siembren vientos que puedan cosechar tempestades.
La política migratoria de EU es regresiva y discriminatoria y contraproducente para los mismos estadounidenses. (Alejandra Spitalier, El Financiero, Opinión, p. 32)
Johnson y su estratégico papel en el T-MEC
EL EMBAJADOR RONALD JOHNSON va a ser un arma de doble filo en las negociaciones comerciales del T-MEC.
Será un aliado en el tema comercial, pero en la lucha contra los grupos de la delincuencia va a ser un militar implacable y va a utilizar las agencias de inteligencia civil y militar de Estados Unidos.
Su enfoque será trabajar en materia de “seguridad, migración y los temas fronterizos”, como lo anunció al asumir el cargo.
El ex agente de la CIA y de Fuerzas Especiales es un hábil investigador de los vínculos entre políticos, empresarios y dirigentes sociales y sindicales con grupos delincuenciales.
En la mira, el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y La Unión, designados ya por el Departamento de Estado, de Marco Rubio, como “terroristas”.
El trabajo de Johnson se enfocará en identificar lavado de dinero y/o operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues en la negociación del T-MEC se busca asegurar la probidad moral y económica de quienes participan en el “cuarto de junto” de la renegociación.
En las últimas semanas trascendió la llamada “Lista Marco”, que incluye nombres que nuestro socio comercial identifica como relacionados con actividades ilícitas por su forma opaca de operar.
Aquí hay gobernadores, senadores y alcaldes, como el de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, que desfiló el pasado 1 de Mayo con los trabajadores y algunos sindicatos.
Uno fue el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), que encabeza Alejandro Martínez Araiza, quien ha sido señalado por no rendir cuentas y hacer operaciones privadas que dejan muchas dudas.
Y es que varios líderes obreros quieren participar en el nuevo capítulo laboral, pero en la Secretaría de Comercio estadounidense de Howard Lutnick hay mucho recelo sobre varios de ellos.
Tanto el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de Alfredo Domínguez Marrufo, como el grupo de facilitadores adscrito a la Embajada, han cobijado a líderes que distan mucho de cumplir el perfil que se esperaba con la Reforma Laboral.
Especialmente en empresas norteamericanas establecidas en México o que tienen negocios con Estados Unidos, como Martínez Araiza, cuyo comportamiento ya llamó la atención en materia laboral. (Darío Celis Estrada, El Heraldo de México, País, p. 7)
Deportaciones a Venezuela
¡Qué crueldad!
El Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra el fallo de la Suprema Corte que le permite deportar a unos 350 mil venezolanos -la mayoría de ellos personas buenas y trabajadoras que están legalmente en el país- a su nación de origen, a pesar de que el propio Departamento de Estado ha determinado que en Venezuela la gente corre todo tipo de peligros.
El fallo fue una “victoria para el pueblo estadounidense y para la seguridad de nuestras comunidades”, destacó la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, haciendo eco de las falsas insinuaciones de Trump de que la mayoría de los migrantes venezolanos son criminales.
Seamos claros: esto no es una victoria para el pueblo estadounidense ni contribuirá en nada a la seguridad de las comunidades de Estados Unidos.
La gran mayoría de estos venezolanos son trabajadores de restaurantes, conductores de Uber, niñeras otros empleados del sector servicios que realizan labores que muchos estadounidenses no quieren hacer.
Ellos pagan sus impuestos, contribuyen a la economía y están aquí legalmente bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que hasta ahora los había protegido de la deportación debido a la crisis política, económica de seguridad en Venezuela.
Contrario a las sugerencias de Trump de que son criminales, estudios recientes realizados de forma independiente por la Universidad Northwestern, el Instituto Cato y el Instituto Nacional de Justicia coinciden en que, en promedio, los migrantes cometen menos delitos violentos que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
El fallo de la Suprema Corte, que aún podría ser revocado por la misma instancia, le dio luz verde a Washington para deportara los venezolanos con TPS.
Irónicamente, el 12 de mayo el Departamento de Estado advirtió a los viajeros estadounidenses que no vayan a Venezuela bajo ningún motivo, citando entre otras razones el “alto riesgo de detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia y disturbios civiles”.
La tasa anual de homicidios en el país caribeño es de 26 muertes por cada 100 mil personas, superior a la de Colombia México, según el Observatorio de Violencia de Venezuela.
Y la represión política se ha intensificado desde la fraudulenta reelección de Maduro en julio de 2024, según un nuevo informe de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Juanita Goebertus, directora para América Latina de HRW, me comentó que estas deportaciones son “una profunda traición” por parte del Mandatario estadounidense.
Muchos venezolanos beneficiarios del TPS han participado en protestas contra Maduro antes de emigrar, ahora Trump los está enviando de regreso, a pesar de que corren el riesgo de ser arrestados torturados, afirmó Goebertus.
El peligro es real: muchos de estos exiliados han expresado abiertamente en redes sociales su apoyo a las sanciones impuestas por la Casa Blanca contra Caracas.
Esto los convierte en posibles víctimas de la “Ley Bolívar” de Venezuela, que establece penas de prisión de hasta 30 años para quienes respalden las sanciones contra ese país.
Helen Villalonga, fundadora de AMAVEX, un grupo proderechos de inmigrantes venezolanos en Miami, me aseguró que hay “pánico y terror” entre la comunidad venezolana.
Justo un día antes de nuestra conversación, Villalonga conoció a una familia de migrantes venezolanos con una hija de 9 años que es ciudadana estadounidense. Ahora, la niña corre el riesgo de ser deportada 0 separada forzosamente de sus padres, me contó.
“¿Cómo vas mandar a una niña de 9 años que es ciudadana estadounidense a Venezuela, cuando el Departamento de Estado les está diciendo a los estadounidenses que no vayan allí que quienes estén allí salgan de inmediato?”, me preguntó Villalonga.
“Eso está pasando con muchísimas familias”.
En cuanto la afirmación de Trump de que estas deportaciones harán que los estadounidenses estén más seguros, lo dudo mucho.
De hecho, ocurrirá lo contrario, ya que hará que los migrantes sean más reacios denunciar crímenes a la Policía.
La cruzada antimigratoria del republicano es un intento de mantener el apoyo de los sectores xenófobos racistas dentro de su base, al mismo tiempo desviar la atención del bajón económico que vive Estados Unidos desde que empezó su segundo mandato.
Es teatro político, si, pero esta farsa puede provocar un verdadero desastre humanitario. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 14)
Cartones
Halcón real
(Rapé, Milenio, Al Frente, p. 2)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 21/05/2025