Opinión Migración 220526
Sacapuntas
Enumera prioridades
Definió el canciller Roberto Velasco los temas prioritarios que deberá atender Roberto Lazzeri, cuando asuma como embajador de México en Estados Unidos. “Tendrá la encomienda de trabajar en materia de comercio, de trabajar en la relación que tenemos sobre migración y, por supuesto, también en materia de seguridad”, indicó el secretario.
Mara, con visa vigente
Tremendo tapabocas aplicó la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, a los malquerientes que han intentado poner en duda su visa americana. No sólo estuvo ayer en Houston, Texas, fortaleciendo los vínculos entre ambas localidades, sino que dejó muy claro que seguirá promoviendo el destino turístico a lo largo de Estados Unidos. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
Bajo Reserva
El estreno de Roberto Lazzeri
Apenas unas horas después de que se dio a conocer el beneplácito de Estados Unidos, Roberto Lazzeri tuvo su estreno como embajador de México. Nos cuentan que el relevo de Esteban Moctezuma asistió a Palacio Nacional al encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con el secretario de Seguridad Interior del país vecino, Markwayne Mullin. Nos cuentan que, aunque le asignaron asiento hasta una esquina del salón, don Roberto participó en la reunión frente al embajador estadounidense Ronald Johnson. Y pronto tuvo la primera probada de la intensidad que enfrentará en su nueva responsabilidad, cuando desde Washington se informó que el acuerdo principal en esa sesión bilateral fue combatir con todo a “los narcoterroristas”, término que el gobierno de México ha evitado.
Frentes Políticos
- Cruces. Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, cruzó la frontera con una agenda que mezcló sindicatos, inversión y diplomacia. En Washington abrió la puerta a empresarios estadunidenses interesados en colocar capital en México bajo el paraguas de empleos formales; en Oklahoma se dejó ver con jornaleros migrantes que sobreviven entre carencias y promesas recicladas y en Houston buscó amarrar coordinación con la cónsul Maria Elena Orantes y Margarita Cortés, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Cancillería. CATEM cumple con su tarea. (Frentes Políticos, Excélsior, Nacional, p. 11)
Trascendió
Que ante la insistente narrativa de una relación bilateral bajo tensión con EU, resultó positivo el encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con el secretario del Departamento de Seguridad Interior, Markwayne Mullin, en el que se refrendó el ánimo de colaboración en la lucha contra las drogas y el tráfico de personas basada en principios como respeto irrestricto a la soberanía. Esta reunión, prevista para una hora, duró casi dos y permitirá avanzar en una cooperación efectiva que privilegie soluciones compartidas en seguridad con un hombre cercano a Donald Trump.
Que la gobernadora de QR, Mara Lezama, se embarcó en una excursión de corte extremo, impensable para sus compañeros de partido estos días: viajó a EU con visa en mano, se grabó saliendo del aeropuerto de Cancún con sus papeles en regla y viajó a Houston, adonde llegó para un viaje de trabajo en busca de atraer más visitantes con motivo del Mundial de futbol. Órale. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)
Teléfono Rojo // Remesas: en EU sí preocupan los nuevos controles
La visión es preocupante.
A diferencia del análisis aquí, desde Estados Unidos dirigentes sindicales, iglesias, organizaciones sociales e inclusive consulados advierten efectos.
El gobierno de Donald Trump ha dispuesto medidas adicionales de control bancario e impactará en una sociedad migrante de por sí temerosa.
Las remesas suspendieron su crecimiento cuando él llegó y últimamente muchos mexicanos se ocultan con obvias consecuencias.
Trabajan menos, les exigen papeles los patrones o les pagan menos y, al bajar sus percepciones, envían menos dólares a sus familias.
A millones de familias.
Ayer hablábamos en este espacio del buen guiño de Donald Trump a Claudia Sheinbaum al aceptar finalmente el nombramiento de Roberto Lazzeri como embajador.
Su misión será reforzar al equipo de Marcelo Ebrard en las negociaciones hacia el sucedáneo del T-MEC, definido por el secretario como motor de la economía regional.
A él se ampara la economía porque, opinan cónsules -tienen prohibido discrepar públicamente-, las disposiciones ya afectan.
ORGULLO DE AMLO
Esos envíos han sido salvadores.
Cuando llegó al poder, Andrés López reunió a su gabinete económico y recibió el reporte de su primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.
-Las remesas crecen y seguirán creciendo. Son la principal fuente internacional.
Mes a mes López Obrador pedía cifras y se entusiasmaba, al grado de presentarlas como un éxito de su gobierno.
Se planteó como objetivo superar los 60 mil millones de dólares anuales, lo cual se dio en 2023: para su sorpresa, los migrantes mandaron 63 mil 318 millones.
En 2024 siguió la tendencia -64 mil 746 millones-, pero el efecto Trump, los controles fronterizos y los temores a las deportaciones tuvieron repercusiones.
Aquella bonanza está en riesgo.
Sobre todo si crean nuevos impuestos, hoy definidos en uno por ciento por cabildeo de Esteban Moctezuma en el Congreso, y se agregan requisitos intimidatorios para migrantes.
¿Cómo compensar ese daño sin crecimiento y crisis a la vista?
Tal vez ya advirtió este reto el dirigente de CATEM, Pedro Haces, quien hace una gira de apoyo y orientación a trabajadores por Washington, Oklahoma, Houston y otros lugares.
Sirva ese recorrido, a la vez, para acallar rumores. (José Ureña, 24 Horas, México, p. 5)
Perdida la narrativa, llega la desesperación
La orden ejecutiva firmada por Donald Trump no es, formalmente, una prohibición a las remesas. Pero sería ingenuo leerla como un trámite técnico. Lo que hace es reiterar la desconfianza hacia el gobierno mexicano y colocar bajo sospecha financiera a una población que sostiene dos economías: la de Estados Unidos, con su trabajo, y la de México, con sus envíos familiares.
En ese contexto, es evidente que el gobierno mexicano perdió la narrativa frente a las innumerables revelaciones de su vinculación con el crimen. De ahí que produzca conflictos artificiales que distraigan la atención, desde inmolar a una gobernadora hasta suicidarse cancelando inversiones.
Cuando Washington pide a bancos y reguladores mirar con lupa cuentas abiertas con ITIN (número de identificación del contribuyente), documentos consulares, pagos de nómina irregulares y créditos de personas sin autorización laboral, el mensaje al mercado es claro: atender migrantes puede volverse caro, riesgoso y políticamente incómodo.
El primer impacto será sobre los migrantes. No todos perderán una cuenta ni todos verán bloqueada una transferencia, pero muchos enfrentarán más preguntas, más requisitos, más rechazos y más miedo.
El ITIN, creado para que personas sin número de Seguro Social cumplan obligaciones fiscales, puede convertirse en señal de alarma. Es una paradoja cruel: quien quiso pagar impuestos, abrir una cuenta y enviar dinero por vías legales podría terminar marcado como riesgo. Así se castiga la formalidad y se premia, involuntariamente, la economía de efectivo.
El segundo impacto será para México. Las remesas son un estabilizador de consumo, una fuente de divisas y, para millones de hogares, la diferencia entre comer, pagar medicinas o sostener a un estudiante. El Banxico reportó más de 61 mil millones de dólares en los últimos doce meses y casi todo ese flujo viaja por canales electrónicos. Si esos canales se encarecen o se vuelven más hostiles, el golpe se sentirá en Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas y en muchas comunidades donde el mercado local depende del dinero que llega desde California, Texas, Illinois o Arizona.
El tercer efecto es institucional. La orden no habla sólo de migrantes; habla de desconfianza. Estados Unidos está diciendo que no le bastan los controles mexicanos contra el lavado, la evasión de nómina, los prestanombres, el tráfico laboral y los beneficiarios ocultos. Para el gobierno mexicano, el problema no es únicamente defender a sus connacionales. Es demostrar que la UIF, el SAT, la CNBV, los consulados y las fiscalías pueden producir información confiable, castigar redes criminales y separar al trabajador honrado del lavador profesional.
El crimen organizado usa remesas, empresas fachada, criptomonedas y cuentas bancarias; eso es real. La deficiente actuación nacional provoca que se confunda el corredor migrante con el corredor criminal.
Esto puede llevar a que los bancos reaccionen con miedo: que cierren relaciones, eleven comisiones, nieguen créditos y expulsen clientes hacia alternativas menos transparentes. El resultado puede ser menos trazabilidad y más informalidad.
México debe proteger a sus ciudadanos, aunque le reste popularidad; debe limpiar el desastre de AMLO, perseguir el lavado y proteger la validez de la matrícula consular como instrumento de identificación segura. También debe abrir una negociación técnica con el Tesoro estadunidense para que la debida diligencia sea proporcional y no una deportación financiera silenciosa.
Es importante distinguir entre la madre que recibe 400 dólares para pagar la luz y la red que lava millones para un cártel. Pero México no es confiable: se ha atrincherado en su ideología para proteger a quienes han financiado con dinero ilícito campañas políticas y campañas de juzgadores. (Jorge Camargo Zurita, Excélsior, Nacional, p. 10)
Caja Fuerte // Otra vuelta de tuerca contra los migrantes: remesas y mucho más
No somos Cuba ni Irán, pero tampoco estamos en un lecho de rosas. Donald Trump no ofrece tregua. Esta semana, el presidente de Estados Unidos ha emitido una orden ejecutiva que ordena a los bancos y empresas financieras exigir que los clientes clarifiquen su situación migratoria y otorguen mucha más información personal. Este mandato podría reducir más de 10% las remesas que llegan a México y restringir o bloquear el acceso a los servicios financieros a alrededor de 4 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos en condiciones de ilegalidad migratoria.
La orden ejecutiva llamada Restaurando la Integridad de Nuestro Sistema Financiero está escrita en un lenguaje que por momentos suena amenazante: “Mi administración no tolerará riesgos a la seguridad nacional causados por la actividad financiera ilícita que atraviesa la frontera, tampoco permitirá los riesgos al sistema financiero que derivan de la extensión de créditos o servicios financieros a la inadmisible y removible población extranjera”.
INADMISIBLE y REMOVIBLE, las mayúsculas son mías. Así se refiere a los migrantes indocumentados, entre los cuales los mexicanos somos la población más numerosa. No sabemos el número exacto, aunque la presidenta Sheinbaum mencionó 4 millones.
La orden ejecutiva cabe en cinco páginas tamaño carta. La parte conceptual está en los primeros tres párrafos. El segundo se lo dedica a los cárteles y explica que transacciones de bajo monto han sido usadas para facilitar el narcotráfico, el tráfico de personas, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales. El tercer párrafo se concentra en los migrantes ilegales. Vuelve a referirse a ellos como “inadmisibles y removibles”; son dos menciones con esas palabras en tres párrafos. Los coloca en la categoría de riesgos crediticios y afirma que erosionan (undermine) la seguridad y solvencia del sistema bancario nacional.
Trump les está diciendo a los bancos que deben considerar si los acreditados que podrían ser deportados mañana podrían pagar sus créditos. Este riesgo de insolvencia representa una vulnerabilidad para los bancos. Para remediarlo, la orden ejecutiva instruye a los bancos a conocer mejor a sus clientes. En caso de que vean señales de peligro (red flags), restringir o negar servicios: tarjeta de crédito, cobro de nómina, seguros, crédito automotriz o hipotecario.
¿Podrá el Departamento del Tesoro implementar la medida? Un artículo de la agencia Reuters se refiere a la complejidad de hacerlo. Todo indica que no podría hacerse en su totalidad, pero no se requiere el 100% para hacer mucho más dura la vida de los indocumentados. No sólo estoy hablando de acceso a los servicios financieros, sino de complicar su incorporación al mercado laboral. En la pista de los pagos, podrían cerrar la llave por el lado de los empleadores. Hay que recordar que los “ilegales” ya están siendo perseguidos en sus sitios de trabajo y lugares de reunión. No podrán recibir la asistencia “normal” que recibían de los consulados, si se cumple lo anunciado la semana pasada de poner bajo la lupa el trabajo de los 53 consulados mexicanos. Un aspecto que llama la atención de la orden ejecutiva es que los bancos podrían rechazar la matrícula consular como documento de identificación. Se necesitarían otros papeles que acrediten la residencia legal.
Es difícil calcular de qué tamaño será el impacto de la medida para la economía mexicana. Una reducción de 10% en las remesas implicaría que dejarían de llegar 500 o 600 millones de dólares mensuales, si consideramos los envíos de los últimos tres años. Las remesas son cerca de 5% del consumo y 3.5% del PIB, dice Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base. En Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, las remesas son más de 10% del PIB.
El impacto se sentirá con fuerza en el último trimestre del año, porque la implementación de la misma se dará en un periodo que va de los 60 a los 180 días. No sería raro que en las próximas semanas empecemos a ver incrementos importantes en los envíos de dinero por parte de paisanos que buscan aprovechar la ventana que seguirá abierta antes de que las medidas sean implementadas en su totalidad. Luego vendrá la reducción drástica.
Para el próximo año, el motor de las remesas tendrá menos fuerza y eso podría quitar entre 0.3 y 0.5% del PIB. ¿Qué pasará con los otros motores? No perdamos de vista las exportaciones y la inversión privada. Prendan las veladoras y/o abróchense el cinturón. (Luis Miguel González, El Economista, El Foro, p. 47)
Remesas bajo sospecha
Las remesas dejaron de ser solamente una historia de amor familiar, sacrificio migrante y supervivencia económica. A partir de la nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump, también entran al terreno de la seguridad nacional, el lavado de dinero y la desconfianza bilateral.
Conviene decirlo con precisión para no caer en el escándalo fácil. Estados Unidos no prohibió el envío de remesas a México. Lo que hizo fue endurecer revisiones financieras, identificación de clientes, operaciones sospechosas, uso de ITIN, matrículas consulares y mecanismos de triangulación de recursos.
En lenguaje de banquero, no cerraron la ventanilla, pero le pusieron más cámaras, más preguntas y más motivos para negar operaciones.
El problema es que en la vida real esos filtros no golpean primero a los criminales sofisticados. Golpean al trabajador que limpia cocinas, construye casas, cuida jardines, maneja camiones o lava platos, y que cada semana manda 300 o 400 dólares para que su familia pague comida, renta, medicinas, escuela, una deuda atrasada o el terrenito donde algún día sueña regresar a retirarse.
Las remesas son, en buena medida, la demostración más clara de que ese American dream tan cacareado todavía existe para millones de mexicanos, aunque sea en su versión más dura y sacrificada. Trabajar allá, vivir con poco, dormir cansados y mandar a México una parte del futuro que este país no supo darles.
México recibió más de 61 mil millones de dólares en remesas durante 2025. No hablamos de un lujo financiero. Hablamos de una red de oxígeno para millones de hogares mexicanos.
Por eso esta decisión debe entenderse como una de las consecuencias económicas más delicadas del conflicto que el narcotráfico ha generado entre México y Estados Unidos. Washington ve flujos financieros vulnerables al crimen. México responde muchas veces con discursos de soberanía y evasión política. En medio quedan las familias.
También existe otro punto que no puede ignorarse. Desde hace años diversos análisis advierten que una parte de las remesas podría estar siendo utilizada para lavar dinero del crimen organizado. Signos Vitales estimó en 2023 que alrededor del 7.5 por ciento de las remesas enviadas a México en 2022 podrían tener vínculos con recursos ilícitos.
La alerta no surgió solamente por el volumen de dinero, sino por el crecimiento atípico de remesas en municipios sin tradición migrante proporcional, zonas con fuerte presencia criminal y regiones donde la economía formal no alcanza para explicar esos flujos financieros.
El verdadero drama está allí. Por culpa de una minoría criminal que aprendió a utilizar bancos, fintechs, transferencias pequeñas y prestanombres, millones de migrantes honestos pueden terminar pagando el costo reputacional y operativo. Otra vez los delincuentes contaminan la economía formal y los ciudadanos decentes terminan haciendo fila más larga.
Para México el riesgo es enorme. Si enviar dinero se vuelve más caro, más lento o más riesgoso, parte del flujo puede moverse a canales informales. Eso significa más efectivo, menos trazabilidad y más oportunidades para los mismos criminales que supuestamente se quiere combatir.
Al final, ese es el tamaño del fracaso. El narco no solo mata, corrompe y captura gobiernos. También ensucia el dinero del migrante honrado. Cuando el sacrificio de una familia empieza a parecerse en los radares financieros al movimiento de una red criminal, el país ya no solo perdió seguridad. Perdió confianza. Otra raya más al tigre. (Alberto Capella, El Universal, Opinión, Online)
“La cereza del pastel”
La relación entre México y Estados Unidos continúa en uno de sus momentos más críticos en décadas, no se trata ya de tensiones migratorias o comerciales, sino de una ofensiva judicial y retórica sin precedentes que equipara a integrantes de la delincuencia organizada mexicanos con terroristas. El gobierno de Donald Trump ha puesto en la mira directa a servidores públicos y políticos mexicanos y esta situación en lugar de resolver se visualiza como una amenaza que podría fracturar aún más una relación bilateral ya de por sí frágil.
La semana pasada, el Departamento de Justicia estadunidense dio un paso significativo al instruir a sus fiscales federales perseguir a funcionarios mexicanos cómplices del tráfico de estupefacientes bajo legislación antiterrorista, el mensaje lo transmitió con crudeza Aakash Singh, vicefiscal general adjunto, en una conferencia interna con los 93 fiscales federales.
Pero lo más grave no fue la orden operativa, sino de acuerdo con datos del New York Times, el desdén fue explícito: “Si [las acusaciones] es algo desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y se ofenden porque lo hacemos, no se me ocurre nada que me importe menos […] Si en el proceso los avergonzamos y los ponemos en evidencia, para nosotros es la cereza del pastel”. Este tono es provocador, revela una estrategia deliberada de presión pública y judicial que busca no solo castigar, sino incluso hasta humillar.
Este endurecimiento tiene antecedentes legislativos claros, ya que recordemos que incluso los senadores John Cornyn (republicano de Texas) y Jacky Rosen (demócrata de Nevada) presentaron la Ley Para Detener el Fomento a la Violencia de los Cárteles, conocida también como Stop Cartel Violence Act; su objetivo central es solicitar al Pentágono que informe al Congreso sobre el denominado huachicol fiscal y su vínculo directo con el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales.
Los legisladores argumentan que el huachicol se ha convertido en la principal fuente de ingresos no relacionados con drogas para los cárteles, permitiéndoles diversificar sus operaciones, comprar armas y corromper instituciones. La iniciativa traslada un problema mexicano de corrupción energética al terreno de la seguridad nacional estadunidense, vinculándolo con violencia, fentanilo y migración irregular.
Por otro lado, Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), presentó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, ésta marcó un cambio histórico al reconocer, por primera vez de manera explícita, el fracaso de los modelos exclusivamente punitivos y enfatizar la salud pública como complemento necesario. Sin embargo, el eje central continúa siendo la confrontación directa con los cárteles, impulsando una estrategia que combina inteligencia, sanciones y presión diplomática; es así que los cárteles ya no son meros traficantes; son enemigos que amenazan la seguridad nacional.
La ofensiva se materializó también en el Capitolio ya que el director de la DEA, Terrance Cole, y el director de la FBI, Kash Patel, comparecieron simultáneamente ante el Senado y por separado, el secretario de Defensa ante la Cámara de Representantes; en ambas cámaras, el eje central de la discusión fue la seguridad fronteriza y el combate a los cárteles en México; incluso Cole fue particularmente contundente al afirmar que “esto es sólo el comienzo” con referencia al caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.
Precisamente este caso ilustra la profundidad de la crisis, ya que al menos, hasta el momento dos de los 10 señalados en la acusación federal de Nueva York, el ex secretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y el ex secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, se entregaron voluntariamente a las autoridades estadunidenses, este hecho es sumamente significativo porque envía un mensaje demoledor sobre la desconfianza en las instituciones mexicanas: ¿prefieren enfrentar la justicia estadunidense que la mexicana? Y ¿por qué? Quizá porque en Estados Unidos conciben un sistema con derechos procesales claros y confiables.
Esta entrega voluntaria es un golpe a sus cómplices, a las instituciones mexicanas y una probable confesión de que el Estado mexicano ha perdido credibilidad incluso ante sus propios compañeros de movimiento; pero este tema lo analizaré con mayor profundidad posteriormente.
La administración Trump actúa con la lógica de la protección a su política de seguridad nacional, México, por su parte, responde con una retórica de soberanía absoluta, pero sin ofrecer resultados tangibles en extradiciones, decomisos o desmantelamiento de redes de protección política y operativa.
La relación bilateral se encuentra muy cercana a una situación sin precedentes, sin una cooperación honesta el camino sólo lleva a más acusaciones y más sanciones. La cereza del pastel que tanto celebra Singh podría convertirse en el detonante de una ruptura de consecuencias imprevisibles para ambos países.
Además, no se puede perder de vista que Estados Unidos se encuentra procediendo contra otros servidores públicos y políticos, no sólo de México sino de diversos países en el mundo y continuará trabajando en su agenda, por lo que la pregunta ya no es si México se ofende, es si está dispuesto a verdaderamente actuar antes de que sea demasiado tarde. (Simón Vargas Aguilar, La Jornada, Opinión, p. 13)
A Ras de Suelo // Operación Enjambre y el efecto Washington
En uno de los momentos más tensos de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio un nuevo impulso a la Operación Enjambre, ahora en Morelos. El secretario Harfuch informó la detención del alcalde en funciones de Atlatlahucan, Agustín Toledano; del exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez; y de cuatro funcionarios de Cuautla, así como la búsqueda del alcalde de dicho municipio, Jesús Corona, actualmente prófugo. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP incorporó a 22 personas y 10 empresas a su lista de personas bloqueadas, por su presunta relación con una red de corrupción vinculada a “El Barbas”, señalado como operador del Cártel del Pacífico.
Estas detenciones se suman a otras recientes. En marzo, el gobierno de Morelos informó la detención de tres funcionarios de Amacuzac, señalados por extorsión agravada, como parte de la estrategia contra la extorsión anunciada en 2025, implementada por la Unidad Especializada contra el Secuestro y la Extorsión, con base en las facultades otorgadas por la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Las operaciones en Morelos responden a una demanda social sostenida ante la evidente influencia del crimen organizado en varios municipios, donde el cobro de piso y las amenazas han afectado de forma constante la vida comunitaria.
La Operación Enjambre es una estrategia de la gabinete de seguridad del gobierno federal, encabezada por el secretario Harfuch en colaboración directa con la Fiscalía General de la República, el Ejército, la Guardia Nacional y autoridades estatales, que busca combatir la corrupción institucional y la extorsión en municipios donde el crimen organizado se ha infiltrado en estructuras locales, con el objetivo de recuperar dichos espacios. Desde finales de 2024, suma más de 70 servidores públicos detenidos, entre ellos al menos 14 alcaldes y exalcaldes, en entidades como Estado de México, Jalisco, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca y ahora Morelos.
Las acciones en Morelos coinciden con la presión de Estados Unidos para que México investigue, detenga y, en su caso, proceda a la extradición de funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado encabezado por Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios más de ese estado, quienes además cuentan con fichas rojas de la Interpol. Tal es la relevancia de lo que está sucediendo entre ambos países que ayer el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, se reunió con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional para abordar la agenda bilateral de seguridad y migración, a lo que la mandataria señaló que acordaron “seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de ambos países”.
Esta visita refleja una visión de seguridad nacional impulsada por Trump que extiende sus alcances más allá de las fronteras estadounidenses y busca influir en decisiones y dinámicas de otros Estados, haciendo cada vez más difusa la línea entre cooperación en seguridad e injerencia externa.
La paradoja es que, en medio de las presiones provenientes de Estados Unidos, se han activado estrategias y acciones de seguridad más amplias frente a estructuras criminales y redes de corrupción, incluyendo investigaciones y señalamientos que alcanzan a actores de la clase política. Sin embargo, reconocer estos efectos no implica asumir que las presiones externas deban convertirse en una vía legítima o permanente de actuación, pues ello también implica riesgos para la soberanía y para la relación bilateral. El verdadero reto para México es que estos procesos avancen con autonomía y fortaleza institucional, y que las investigaciones lleguen hasta donde deban llegar, sin importar el nivel político o de poder involucrado, para desmontar estructuras que durante años han operado con protección, impunidad o capacidad de influencia dentro del propio aparato público. (Eunice Rendón, El Universal, Nación, p. 9)
Cartones
El Maru tour
(Rapé, Milenio, Al Frente, p. 2)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 21/05/2026