No falla; cada vez que escribo, hablo o tuiteo sobre temas de migración, asilo y refugio, la reacción en México es en general una de total indiferencia y desinterés. Ello no deja de ser incomprensible, paradójico e incongruente en un país de expulsión y migración histórica como el nuestro, con una diáspora de 11 millones de mexicanos solo en Estados Unidos y en momentos en los que después de más de una década de caída atestiguamos un nuevo brinco en la emigración de mexicanos registrado a partir de 2020, así como el hecho de que en el último lustro México se ha convertido además en un país de transmigración e inmigración. Pero al igual que Shakespeare en boca de su Enrique V, aquí voy, “una vez más a la brecha, queridos amigos, una vez más.”
Y es que tal y como anticipábamos algunos, quizá el logro más relevante de la recién concluida Cumbre de las Américas fue la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, firmada por una veintena de naciones del continente, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. Articulada en torno al paradigma de responsabilidad compartida, un principio que fue incorporado formalmente a la caja de herramientas de la relación bilateral México-EE.UU en 2007, la declaración compromete a las partes a ampliar vías para la migración legal, apoyar la integración de los inmigrantes, invertir en la gestión de los flujos migratorios y coordinar de manera temprana las respuestas a la migración y el desplazamiento masivos.
Como nunca en la historia americana, hay un número sin precedente de migrantes, refugiados y personas internamente desplazadas en todo el continente. Hay cerca de 5 millones de venezolanos, la mayoría de ellos en territorio colombiano, más de un millón de haitianos en movimiento y la oleada más grande de migrantes cubanos, haciendo palidecer al éxodo de Mariel de 1980: se calcula que el equivalente al 1 por ciento del total de la población cubana ha llegado en lo que va del año a la frontera de México con EE.UU.
En este momento, están cruzando el Tapón del Darién (entre Panamá y Colombia) un promedio diario de 1,000 migrantes camino a México. Y la detención de migrantes a lo largo de la frontera de EE.UU aumentó en mayo a los niveles más altos jamás registrados, junto con un número inédito de inmigrantes de India, Turquía y Rusia y de otras naciones fuera del hemisferio occidental, según revelan los informes más recientes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.
El análisis de esos datos arroja cifras sorprendentes. El mes pasado, el número de cruces fronterizos de indios arrestados por CBP aumentó a 2,438, un 55 por ciento más que en abril; 2,310 turcos, un 51 por ciento más; y 3,394 rusos, un aumento de 102 por ciento.
Y si bien las cifras de CBP también muestran que los cruces fronterizos indocumentados de mexicanos, centroamericanos, cubanos y haitianos continuaron en grandes cantidades en mayo, las autoridades también detuvieron a 19,040 migrantes de Colombia, un 45 por ciento más que en abril. A modo de contexto, las autoridades estadounidenses detuvieron a 408 colombianos durante el mismo período hace un año, en mayo de 2021.
La composición misma de la migración centroamericana también está cambiando, según muestran los datos del mes pasado: CBP detuvo a 18,944 nicaragüenses el mes pasado, un récord y más del doble de la cantidad de migrantes salvadoreños detenidos. Mayo suele ser un mes con elevados niveles de cruces fronterizos no autorizados, pero las últimas cifras indican una oleada migratoria mucho más diversificada que presenta desafíos logísticos y político-electorales significativos para la administración Biden.
Si bien el acuerdo alcanzado en Los Ángeles no es vinculante, marca, como señala Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, un importante paso hacia adelante en la creación de un lenguaje común y un cuerpo coherente de ideas para gestionar de manera más colaborativa los movimientos migratorios en el continente.
Es además la primera ocasión que se genera un esbozo de conversación continental en la materia. Lo que hizo posible la Declaración de Los Ángeles es que por vez primera en la historia moderna, casi todos los países del hemisferio son ahora países de tránsito y de acogida de migrantes y refugiados. Hace apenas unos años, el diálogo y los flujos eran unidireccionales.
Estados Unidos y Canadá eran los principales destinos de la mayoría de los migrantes de América Latina y el Caribe. Hoy la conversación se ha tornado forzosamente en una sobre desafíos compartidos en la gestión de grandes movimientos poblacionales que afectan a casi todos los países de la región. Y es significativo que la Declaración de Los Ángeles fuera propuesta por Estados Unidos, un país que tradicionalmente ha sido reacio a incorporar la cooperación internacional como parte de la gestión y definición de sus políticas de inmigración.
Pero antes de echar las campanas al vuelo, es esencial reconocer que del dicho en Los Ángeles al hecho en el continente, hay un gran trecho. Cinco temas justifican este recelo.
Primero, si bien los países acordaron buscar estabilizar los movimientos migratorios invirtiendo en las causas estructurales que llevan a las personas a abandonar sus países de origen y apoyar a aquellas naciones que ya han recibido grandes números de migrantes y refugiados, como lo ha hecho de manera loable Colombia con los venezolanos, estos esfuerzos tomarán tiempo significativo en tener éxito sobre todo si no van acompañados de mecanismos legales, transparentes, ordenados y seguros de movilidad laboral circular y temporal. Cada vez hay más evidencia de que las vías legales pueden ayudar a disuadir la migración irregular al canalizar a aquellos que quieren migrar hacia opciones más seguras y sostenibles, algo que las estrategias prevalecientes articuladas en torno a la disuasión -empezando por las estadounidenses, subcontratadas ahora vía la instrumentación de las mexicanas- no han logrado.
Segundo, los esfuerzos de integración son esenciales. Aquí lo que han hecho Polonia y la Unión Europea con refugiados ucranianos debiera ser el modelo a seguir en varios países del continente, incluyendo México: Bruselas dio un paso importante al aprobar una directiva que otorga un estatus de protección temporal a los ciudadanos ucranianos por hasta un año.
La nueva medida les otorga el derecho a vivir, trabajar y asistir a la escuela en países de la UE sin tener que pasar por el proceso formal de solicitud de asilo. Es por ello que bien podríamos calificar como desdeñable el compromiso de Washington en la Cumbre de asumir el reasentamiento de 20,000 refugiados del hemisferio en suelo estadounidense -cuando de entrada hay 5 millones de refugiados venezolanos en la región- si no fuese por lo radioactivo que es el tema en el actual contexto político-electoral estadounidense.
Tercero y vinculado con estas dos primeras premisas, de nueva cuenta cabe rescatar el modelo que ha seguido Polonia con el tsunami de refugiados ucranianos. Es esencial desechar el modelo de campamentos de refugiados en zonas fronterizas, ya sea como el que han seguido México y EE.UU en sus estados y municipios y condados fronterizos, o el de Colombia en su zona limítrofe con Venezuela. Los refugiados y migrantes deben ser dispersados y acogidos en ciudades y regiones de todo el país, lejos de las zonas fronterizas, con objeto de evitar la carga onerosa de vastos campamentos fronterizos de refugiados y romper ahí los ciclos de depredación del crimen organizado.
Cuarto, los países acordaron en Los Ángeles mejorar sus capacidades de gestión de la migración y aumentar el intercambio de información y la coordinación transfronteriza para abordar las redes de contrabando, combatir la trata de personas y repatriar a personas de manera que se respete su dignidad y se evite la deportación de aquellos con solicitudes de protección válidas.
Pero aún queda mucho por hacer para desarticular de manera eficaz y real a los grupos criminales trasnacionales que han desplazado a las redes tradicionales de polleros y crear comunicación y cooperación en la gestión de procesos migratorios básicos a través de las fronteras, especialmente entre países vecinos, en pleno respeto a las convenciones y tratados internacionales.
En particular, nos debiera preocupar la promoción de cualquier mecanismo regional que disuada a refugiados de buscar protección a través de mecanismos y convenciones formales, obligándolos a tomar opciones de migración peligrosas y al cobijo de las sombras. Por ello la declaración debe utilizarse como un punto de partida para armonizar y fortalecer los mecanismos de protección en todo el hemisferio y promover el principio de no devolución de potenciales refugiados.
Es decir, se debe reforzar la práctica y observancia continentales en el sentido de que buscar asilo es un derecho legal en América, y que los “cajuelazos”, mediante los cuales se expulsa de manera expedita en violación a convenios internacionales de los que son parte las naciones americanas y sin opción a activar los mecanismos que garantizarían un proceso de asilo a potenciales refugiados -como lo hizo México primero con el gobierno de Peña Nieto a partir de 2014 y sobre todo ahora con el de López Obrador- sean proscritos.
Y quinto y finalmente, la Declaración de Los Ángeles le da la vuelta a una realidad ineludible: las políticas de disuasión y aplicación de la ley por sí mismas no desactivarán esta crisis migratoria que enfrentamos a lo largo y ancho del continente.
Por supuesto, es difícil atisbar cómo se implementará en la práctica el acuerdo alcanzado en la cumbre. Como muchas otras declaraciones internacionales, crea un conjunto de aspiraciones y propuestas compartidas, pero deja su aterrizaje y concreción y la implementación de entregables específicos para negociaciones posteriores, muchas de las cuales no serán fáciles de instrumentar. La Declaración de Los Ángeles solo tendrá éxito si se erige en el detonador de esfuerzos bilaterales y subregionales sobre cooperación migratoria en el continente, y en el motor de una conversación real e integral. (Arturo Sarukhan, El Universal, Opinión, p. 21)
La única manera en que funcione el aeropuerto Felipe Ángeles es que deje de ser funcional el Benito Juárez. La única manera en que sea atractivo el AIFA es que sea cada vez más desagradable el AICM. No se trata de hacer mejor la terminal de Santa Lucía sino de hacer peor la que existe y sí sirve, para que en la comparación pueda salvarse.
El AIFA es un proyecto caro y fallido del presidente López Obrador, y para tratar de rescatarlo, el gobierno federal ha iniciado una acuciosa estrategia de estrangulamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se está manejando mal, deliberadamente. Se está afeando, deliberadamente. Se está operando mal para causar molestias, deliberadamente. Se trata de cortarle el oxígeno poco a poco. Ahogarlo. Y se nota:
Hay cuatro bandas para que los pasajeros recojan su equipaje, pero sólo activan una y en esa amontonan todas las maletas de todos los vuelos que van llegando. Las filas de Migración serpentean todas las cintas, suben las escaleras y continúan por los pasillos.
La fila de Aduana es también larga, aunque el usuario manifieste que no tiene nada que declarar. Hay fila hasta en los taxis. Los trabajadores del aeropuerto, los maleteros, los taxistas, los de Migración, los del SAT, los guardias nacionales, todos cuentan historias de cómo los orillan a dar un mal servicio, cómo las líneas áreas no tienen el personal suficiente y cómo las tareas básicas no se están cumpliendo.
Hay andamios abandonados, techos rotos, paredes improvisadas de tabla-roca. Los pilotos de todo el mundo ya saben que si vuelan a la Ciudad de México deben cargar combustible extra porque lo más seguro es que los tengan dando vueltas en el aire un rato antes de permitirles el aterrizaje. Y cuando necesitan llenar el tanque, tienen que esperar porque la pipa con turbosina tarda en aparecerse.
Son cada vez más frecuentes los retrasos por horas, las cancelaciones, los aviones que tienen que bajar en otras ciudades o los que aterrizan y se pasan un largo tiempo esperando a que les asignen una posición de llegada, y luego es posición remota, así que súmele el tiempo del camión.
Hemos visto situaciones de peligro entre aviones que preocupan a los viajeros y se sabe que el rediseño del espacio aéreo ha sido un fracaso que profundizó las dudas para negarle a México que vuelva a tener el máximo certificado de seguridad aérea que perdió el año pasado.
Mientras se desperdician millones de pesos en la terminal-capricho del presidente en Santa Lucía, al aeropuerto Benito Juárez le han recortado el 30% de su presupuesto. Cualquier día en redes sociales hay un festín de usuarios quejándose de su desgraciada experiencia de vuelo en el aeropuerto más importante del país.
No es sólo la ineptitud y negligencia asociadas a las ya conocidas nulas capacidades administrativas del gobierno actual. Es una instrucción deliberada desde Palacio Nacional: mi aeropuertito tiene que funcionar sí o sí. Y para eso, el presidente no ha escatimado en ir destruyendo el aeropuerto que tiene y extorsionar a las aerolíneas para que sumen vuelos a un AIFA que nadie usa… ni el presidente. Es la tónica del sexenio: destruir lo bueno, para que lo malo no se vea tan feo. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 6)
¿Qué pasaría si uno de los vecinos de México fuera una república fundamentalista religiosa?
Sería una posibilidad para poner nervioso a cualquiera y aunque es una remota probabilidad crearía problemas si se cumplieran a rajatabla las propuestas de la derecha a la que Donald Trump abrió la puerta y fortaleció.
En ese sentido, los principios aprobados por la más reciente convención del Partido Republicano de Texas, son un ejemplo.
Dominado por su sector más militante y extremista, el grupo aprobó una plataforma tan retrógrada que podría competir con el Estado Islámico, excepto por su declaratoria de cristianismo.
De entrada, declara la creencia de que las elecciones de 2020 fueron fraudulentamente concedidas a los demócratas, y por tanto, el actual presidente Joe Biden no fue legalmente electo, un señalamiento que hoy parece normal entre los militantes republicanos más cercanos a grupos religiosos, racistas y proarmas.
Reitera el presunto derecho de Texas para separarse de Estados Unidos, sobre la base de que fueron una república independiente, entre 1838 y 1847.
A partir de eso, hace una literal declaratoria de fe y principios cristianos que luego, a lo largo de un documento de 40 páginas, incluye una extensa postura contra la inmigración ilegal, así como señalamientos contra el aborto o los derechos de grupos sexualmente diversos, se opone al control de armas de fuego y plantea la idea de instruir a los maestros en su uso para fortalecer la seguridad en las escuelas.
Igualmente, rechaza a los organismos internacionales y cualquier cesión de soberanía estadounidense a sus mandatos, a comenzar por la cancelación de su membresía en la Organización de las Naciones Unidas y grupos como la Organización Mundial de la Salud.
En lo que se refiere a la frontera, plantea que los cárteles de la droga sean declarados grupos terroristas internacionales, amén de pedir “que tanto la Legislatura de Texas como el Congreso de Estados Unidos den prioridad a la asignación de fondos para asegurar efectivamente la delimitación, a través de cualquier medio necesario, que incluye, entre otros, barreras, un muro fronterizo y/o cerca en todas partes a lo largo de la limitación donde sea factible y útil, así como personal y tecnología por tierra, mar y aire. Texas buscará reembolso del gobierno federal por los gastos incurridos en la seguridad de la frontera”.
Una de las primeras lecciones de la política estadounidense es que no hay un partido político nacional, sino una coalición de formaciones estatales de pensamiento similar, pero con posibles diferencias y que en este caso los de Texas no son necesariamente representativos de todos los republicanos.
El problema es que la parte a la que sí representan es la que hoy parece controlar ese partido y haría un vecino incómodo, muy incómodo, si llegaran a controlar la política de Estados Unidos, como hoy parece viable. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 27)
“América para los americanos”. Con esa frase, el presidente de Perú, Pedro Castillo, cerraba su discurso inaugural en la reciente IX Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, California del 6 al 10 de junio. La evocación de las palabras de James Monroe (1823) tenía para el mandatario peruano otro sentido: el de resignificar la carga hegemónica de la frase para establecer el necesario acercamiento, la inclusión y la cooperación de los países del hemisferio en igualdad de condiciones. Sin embargo, la política interamericana nunca se ha basado en buenas intenciones ni en buenos deseos.
Históricamente, el alcance de las Cumbres de las Américas, tanto en términos de poder como discursivos, ha estado marcado por lo que la política exterior estadounidense establece como prioritario en las relaciones interamericanas. Con el gobierno demócrata de Joe Biden, ¿se podía esperar algo diferente en Los Ángeles? La respuesta nunca fue clara. A pesar de que Estados Unidos fue el anfitrión y con ello, simbólicamente, demostró su interés por retomar el acercamiento con América Latina -que, en su momento fracturó su antecesor, Donald Trump-, su postura excluyente y el ámpula que generó esto en algunos gobiernos latinoamericanos, como el de México, Argentina y Chile, restó impulso a una Cumbre en la que se trataron temas de gran importancia regional.
Después de los bajos niveles de interlocución y diálogo, la IX cumbre sería la oportunidad de poner sobre la mesa las pautas de la cooperación hemisférica y avanzar en temas apremiantes como el de la recuperación económica postpandemia, el cambio climático y la gestión migratoria. Sin embargo, el clima generalizado fue el de la fragmentación. Estados Unidos tenía su propia agenda de discusión, pero los otros 20 participantes, entre países caribeños, centroamericanos y sudamericanos, tenían diversas agendas. México proclamando la refundación del orden interamericano; Chile promoviendo la protección de los océanos y señalando su política exterior feminista; Argentina demandando el regreso del BID a manos latinoamericanos, por mencionar algunos ejemplos.
Los países de América Latina no llegaron a la cumbre con una agenda concertada, ni una estrategia común que impulsara acciones verdaderamente inclusivas y dialogadas. La acendrada fragmentación político, ideológica y económica latinoamericana limitó su capacidad de acción y su incidencia en la agenda hemisférica. Ni siquiera la crítica de la exclusión de Nicaragua, Venezuela y Cuba, o el repudio al embargo económico hacia esta última, pudo incentivar acciones conjuntas de los gobiernos “progresistas” de la región.
Para Estados Unidos, el “América para los americanos” sigue estando unida -aunque con ciertos matices- a lo que planteaba Monroe y no tanto a lo que plantea Castillo. La visión de las relaciones hemisféricas del gobierno norteamericano sólo forma parte de la gran estrategia de política exterior que busca reestablecer la primacía del país en el sistema internacional, de cara a la transición hegemónica global que tiene a China como su principal competidor.
Ante ese escenario, el balance general de la Cumbre indica una permanencia de la incertidumbre en la agenda de cooperación interamericana que, a pesar de débiles pasos hacia adelante -como la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección- no ha podido ser disipada. Desafortunadamente, las voces críticas de América Latina no fueron suficientes para inclinar la balanza hacia la construcción de un liderazgo que reuniera, en una decisiones concertada, propuestas concretas y acciones contundentes. Para que América sea de los americanos tiene que ir de Sur a Norte, que es dónde, según Gabriel Boric, empieza el continente. (Paola A. Hernández Ozuna, Especialista en política exterior de México y en política internacional latinoamericana, El Sol de México, Análisis, p. 13)
(…) No es “circunstancial” porque los dos sacerdotes asesinados eran, desde hace muchos años, décadas, hombres comprometidos con las comunidades tarahumaras y campesinas locales, que están a merced de grupos criminales que expolian la zona y la sociedad, sobre todo a los más pobres. Son siete los sacerdotes asesinados en lo que va del sexenio y en este año, el otro sacerdote asesinado, el padre el padre José Guadalupe Rivas, muerto el 15 de mayo pasado, en un rancho cercano a Tecate, Baja California, era, como los asesinados en Urique, activistas sociales, en su caso al frente de la Casa del Migrante de Nuestra Señora de Guadalupe, en Tecate, donde brindaba hospedaje y alimentación a migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos. Los dos casos no están relacionados, pero sí lo está el compromiso de los tres sacerdotes con sus comunidades, explotadas continuamente por grupos criminales que tienen amplia hegemonía en esas regiones. Por cierto, Urique es parte de lo que se conoce como el Triángulo Dorado.
No es “circunstancial”, porque en un crimen casual, los delincuentes no se llevan con ellos los restos de las víctimas. Los sicarios tuvieron tiempo de matar, dentro de la iglesia, a los dos sacerdotes, a la tercera persona que se supone perseguían (se dijo que un guía de turistas) y de llevarse en una camioneta los cuerpos de los tres, a pesar de que un sacerdote de la misma iglesia donde fueron asesinados les pidió que no lo hicieran. Dijeron que tenían órdenes de sus jefes de llevarse los restos.
La iglesia católica tiene una actitud poco clara respecto al crimen organizado. Mientras muchos religiosos terminan siendo víctimas del mismo, otros apuestan a tener diálogo, incluso acuerdos con grupos criminales. No hace falta ir, muchos años atrás, con casos como la relación de los Arellano Félix con los hombres de la iglesia, a pesar de haber sido responsables del asesinato del cardenal Posadas Ocampo, en Guadalajara, cuando supuestamente lo confundieron con El Chapo Guzmán y que acabó incluso, en una reunión en la sede del Episcopado de los hermanos Arellano con el nuncio Girolamo Prigione. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 10)