Usarán los millones de la Lotería para defender a Migrantes
Tras obtener 115.9 millones de pesos del sorteo especial de la Lotería Nacional “México con M de Migrante”, nos dicen que la Cancillería estableció que los recursos se usarán en seis acciones y programas para fortalecer la capacidad de los consulados y brindar atención legal y preventiva a los paisanos que viven en Estados Unidos, así como a aquellos que se encuentren en centros de detención, entre otros puntos. Aseguran que, si alguien está pensando en que se use para otras cosas, nos dicen, trae la brújula descompuesta. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
Son unos genios
La agitación por la próxima revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se acentuó este fin de semana, particularmente entre la oposición que, entre sugerencias y reclamos, apareció con algunos planteamientos que hicieron levantar la ceja a más de uno. Es el caso de la propuesta que hizo el diputado panista Héctor Saúl Téllez, quien en redes sociales publicó un amplio pronunciamiento para reprobar la política económica actual. Y entre las propuestas para la revisión del tratado planteó al Gobierno federal mexicano utilizar la seguridad del país, uno de los aspectos más sensibles y fundamentales, como carta de negociación con Estados Unidos, nos comentan: “Condicionar avances en seguridad y migración a inversiones estadounidenses en desarrollo fronterizo, rechazando cualquier acuerdo unilateral que beneficie sólo a uno de los socios”, señaló. Diría el clásico: son unos genios. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
SIGUE SIENDO un misterio por qué demoró más de un día el vuelo del ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, desde Paraguay, a Toluca.
EL CAPO DE “LA BARREDORA” fue entregado en Asunción a los agentes de la FGR sobre las 15 horas del miércoles 17 y llegó a Toluca a las 19 horas del día siguiente. Es decir, tardó 28 horas, cuando en el vuelo de ida el mismo avión de la FGR, matrícula XB-NWD, demoró sólo 10 horas.
AL REGRESO la aeronave tuvo un cambio repentino de planes. En lugar de regresar con una escala en Cozumel, como ocurrió en el vuelo de ida, cambió hacia Bogotá. De ahí salió rumbo a Tapachula y en esa ciudad fronteriza permaneció por lo menos ocho horas sin explicación alguna.
LLEGÓ A TOLUCA hasta las siete de la noche del jueves. ¿Por qué tardaron casi el triple en el regreso? ¿Por qué esa escala en Chiapas? ¿Y por qué tanto tiempo estacionados ahí? ¿Fueron sólo problemas de logística? Son preguntas.
EL PRESIDENTE Donald Trump acaba de tomar una de las decisiones más extrañas (y absurdas) de su mandato, la cual curiosamente podría beneficiar a México… siempre y cuando nuestro gobierno se ponga las pilas para aprovechar la oportunidad.
RESULTA QUE el gobierno de Estados Unidos impuso una tarifa de ¡100 mil dólares! para quienes soliciten la visa H-1B, la cual permite la entrada al país a trabajadores calificados, principalmente en los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).
LA DECISIÓN TIENE en shock a las empresas norteamericanas, pues les encarece de manera dramática la posibilidad de contratar ingenieros o desarrolladores de software, por ejemplo, formados en el extranjero.
Y AQUÍ ES donde se abriría una gran oportunidad para México, pues habrá en el mercado internacional una sobreoferta de trabajadores STEM, que no podrán irse a trabajar a EU y podrían venirse para acá.
NO ES POR apurar a nadie, pero China ya empezó a moverse para atraer todo ese talento. A ver si a alguien en el gobierno mexicano se le prende el foco.
COMO en arenas movedizas, Sandra Cuevas mientras más se justifica, más se hunde. La ex alcaldesa de Cuauhtémoc ha tratado de deslindarse de su ex pareja Alejandro Gilmare Mendoza, mejor conocido como “El Choko”.
SE TRATA DEL LÍDER de “La Chokiza” un grupo responsabilizado de cometer extorsiones y despojos inmobiliarios en el oriente del Estado de México, tanto así que “El Choko” ya fue detenido y está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
DICE CUEVAS que apenas lo conoció en marzo, cuando hay innumerables evidencias de su vieja amistad. Lo que realmente preocupa es qué tanto se vio afectada su gestión como alcaldesa por las relaciones cercanas con presuntos criminales. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
La semana pasada, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció su decisión en cuanto a política monetaria. Como se anticipaba ampliamente, redujo su tasa de referencia en 25 puntos base. Pero, más allá del recorte, los mercados prestan especial atención al discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el que se revelan señales relevantes sobre la economía y el rumbo futuro de la política monetaria. En esta ocasión, Powell destacó algo poco convencional: la economía estadunidense está siendo más afectada de manera inmediata por las políticas migratorias que por los aranceles.
Cabe recordar que la Fed tiene un mandato dual: buscar la estabilidad de precios y promover el máximo empleo. En ocasiones, el banco central debe priorizar uno de estos objetivos, pero a menudo intenta equilibrar ambos mediante ajustes en la tasa de interés. Hoy, con un mercado laboral débil y en deterioro, junto con una inflación elevada pero moderadamente contenida, los ojos de la Fed han empezado a prestar más atención al objetivo del máximo empleo al determinar sus decisiones de política monetaria.
Durante su conferencia, Powell señaló que los aranceles más altos “han comenzado a aumentar los precios en algunas categorías de bienes, pero sus efectos generales en la actividad económica y la inflación aún están por verse”. A pesar de la amplia cobertura mediática y del potencial de alterar el comercio y la economía global, estos cambios arancelarios todavía no desempeñan un papel central en la coyuntura actual. También explicó que, por ahora, se espera que los efectos sobre la inflación sean de único impacto y no se prevé que ocasionen presiones inflacionarias continuas.
En cambio, Powell fue enfático al afirmar que “una buena parte de la desaceleración [del mercado laboral] probablemente refleja una disminución en el crecimiento de la fuerza laboral, debido a la menor inmigración”. Esta observación pone en evidencia la importancia de los trabajadores migrantes en la estructura productiva de Estados Unidos y cómo su ausencia está provocando cuellos de botella en el mercado laboral.
La reducción de la inmigración ha sido notable en esta administración. Según cifras oficiales, ya se ha deportado a alrededor de 750,000 personas y la llegada de nuevos inmigrantes ha caído de más de tres millones en 2023 a sólo 300 mil o 350 mil (según estimaciones de Moody’s). Esta menor oferta de trabajadores afecta a sectores altamente dependientes de mano de obra migrante, como manufactura, agricultura y construcción, y puede presionar la inflación al aumentar los costos de producción.
El efecto de estas políticas no se limita a las deportaciones. La administración ha eliminado programas de libertad condicional humanitaria que beneficiaban a cientos de miles de migrantes, al tiempo que endureció los criterios para obtener asilo y los procesos de visas familiares. Todo esto refuerza el shock de oferta laboral y limita la capacidad de contratación justo cuando la demanda interna comienza a ralentizarse, lo que crea un escenario particularmente desafiante para la economía.
Como Powell admitió, “los cambios en las políticas gubernamentales continúan evolucionando y sus efectos en la economía aún son inciertos”. Pero el mensaje es claro: con menos trabajadores migrantes, cualquier acción de la Fed tendrá un efecto limitado sobre la contratación y el crecimiento. Reducir las tasas de interés puede estimular el consumo o la inversión, pero no resolverá la escasez de mano de obra en sectores clave ni en regiones donde la oferta laboral ya es ajustada.
En definitiva, aunque los aranceles han atraído más la atención e invitan a debates sobre comercio y precios, es la política migratoria la que hoy tiene un efecto más inmediato y profundo en la economía estadunidense, al condicionar la capacidad de la política monetaria para estimular el empleo y el crecimiento. Y esto no significa que los efectos de ambas políticas no puedan combinarse en los próximos meses, complicando aún más la labor de la Reserva Federal. (Pau Messeguer Gally, Excélsior, Dinero, p. 4)
Mensaje de Sudamérica
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum localizar a dos artistas colombianos que desaparecieron luego de que se presentaron en Sonora: Bayron Sánchez y su compañero Jorge Herrera. Aunque urgente el asunto, no dejó de politizarlo, pues lo atribuyó al crimen organizado. “Quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los Estados Unidos que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 41)
Times / Sheinbaum y Carney unidos ante la dureza de Trump
La conferencia de prensa conjunta del pasado jueves entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney mostró a dos jefes de gobierno hablando de cooperación, integración y optimismo frente a la inminente revisión del T-MEC. Ambos insistieron en que la competitividad de América del Norte depende de mantener un frente común, de no ceder a tentaciones bilaterales y de fortalecer cadenas productivas que han hecho de la región la más integrada del planeta. Carney incluso habló de una “alianza estratégica integral” anclada en prosperidad, seguridad, inclusividad y sostenibilidad; la presidenta subrayó que el tratado no solo genera inversión y comercio, sino también empleos mejor remunerados e innovación.
Ese optimismo contrastó con la realidad impuesta por Donald Trump desde su regreso al poder en enero. Hay que recordar que durante años dijo que el TLCAN fue “el peor acuerdo de la historia” y, aunque se colgó la medalla de haber creado el T-MEC, hoy ha vuelto a sus viejas andanzas: amenazas de aranceles generalizados: 25% a México y Canadá, 50% al acero y al cobre semiterminado, y la advertencia de que el tratado necesita “cambios mayores o incluso la cancelación” si no cumple con sus exigencias en migración, drogas o seguridad nacional. En otras palabras, Trump utiliza el T-MEC como un arma de negociación, no como un compromiso firme.
Mientras Carney y Sheinbaum hablan de cooperación trilateral, Trump prefiere la lógica del “America First”: dividir para vencer. Si en el pasado llamó al TLCAN una pesadilla y despreció los fallos de la OMC, hoy busca presionar a México y Canadá con medidas unilaterales. En los hechos, es una renegociación bajo chantaje: o aceptan sus condiciones o se enfrentan a aranceles que dañan a sus industrias.
¿Qué puede esperarse, entonces, de la renegociación del T-MEC? Lo primero es reconocer que ni Trump puede darse el lujo de dinamitarlo por completo. La integración automotriz, agrícola y manufacturera es tan profunda que destruirla golpearía a millones de empleos estadounidenses. Eso explica por qué, incluso al anunciar aranceles, el gobierno de EU ha tenido que ajustarlos para “minimizar la disrupción” en el sector automotriz.
Lo segundo es que la unidad entre México y Canadá será clave. La conferencia Sheinbaum-Carney manda una señal correcta: no aceptar negociaciones separadas y mantener una postura común. Solo así podrán resistir la estrategia de Trump de dividir y presionar bilateralmente.
Mi pronóstico es que la revisión concluirá con un T-MEC modificado, no roto. Habrá concesiones en reglas de origen, quizá más exigencias en temas laborales y ambientales, y se endurecerán cláusulas sobre seguridad y migración. México y Canadá conservarán el acceso preferencial, pero pagarán el costo de aceptar condiciones más duras. El tratado sobrevivirá, pero en una versión menos equilibrada, más hecha a la medida del nacionalismo económico de Trump.
En resumen, Claudia Sheinbaum y Mark Carney ofrecen la visión de una región integrada y optimista; Trump responde con amenazas y unilateralismo. El desenlace será un T-MEC debilitado, aún vigente, pero menos cooperativo y más condicionado a la voluntad del presidente estadounidense. (Eduardo Ruiz-Healy, El Economista, Política y Sociedad, p. 52)
La visita a México del primer ministro canadiense, Mark Carney, la semana pasada, fue un espaldarazo a la intención del gobierno de Claudia Sheinbaum de salvar al T-MEC del probable descarrilamiento por parte de Trump (ver Latin American Risk Report: https://tinyurl.com/6bhhapyb). También ayudó a dejar atrás el capítulo de titubeos ante México, del pasado primer ministro, Justin Trudeau. El resultante Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 (https://tinyurl.com/4rftuje8 )está lleno de buenas intenciones en cuanto a seguridad, cambio climático y otros temas, pero su principal objetivo es claro: aumentar el comercio y la inversión canadiense en proyectos de infraestructura y extractivos en México.
Sirvió también a Sheinbaum para justificar el echar todos los huevos a la canasta de América del Norte y disipar, por un tiempo al menos, los cuestionamientos que se le hacen de imponer nuevos aranceles a países con los que México no tiene TLC, empezando por China. Lejos de haber sido concebidos en “favor del desarrollo en México”, sencillamente, como nos lo subrayó hace seis años John Saxe-Fernández en este diario, EU impuso a México y Canadá “una lesiva cláusula que nos encierra en un bloque multidimensional con EU en su fricción con China”, que va acentuándose a guerra comercial, tecnológica, monetaria, y de seguridad (ver La Jornada, “T-MEC, ¿más agresión unilateral?” 6/6/19).
Fue ineludible para Sheinbaum y Carney abordar durante la visita el tema de los impactos de la minería. Sheinbaum exigió respeto a las normas ambientales y Carney pidió una lista de las empresas mineras de su país que no cumplen con “una minería sustentable” y prometió cumplir con requisitos de “mitigación y remediación”. Para elaborar esa lista, Sheinbaum y Carney harían bien en prestar atención al boletín de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en el que se dice categóricamente que en “el centro de esta visita está el garantizar la continuidad de la prosperidad, no compartida, sino racista, con la que operan las empresas mineras en nuestro país”. Y denuncia “la política colonialista injerencista y extractiva de Canadá en México y en América Latina” y que “el gobierno canadiense actúa como si sus verdaderos patrones fueran las empresas mineras, y no su población” (https://tinyurl.com/jzwkp8ta).
REMA denuncia las demandas de empresas mineras contra México bajo el TLCAN/T-MEC, o bajo el TPP (ya he escrito sobre los casos de las mineras canadienses Majestic, Almaden y Almadex vs México). Es del erario que se tienen que pagar gastos multimillonarios. Ante esta realidad, es demasiado desgastada la retórica en el Plan de Acción México y Canadá. Por ejemplo, se plantea lo de siempre: que los países “colaborarán para un desarrollo minero sostenible en ambos países, con el fin de producir los recursos minerales necesarios para apoyar la transición verde y las tecnologías sostenibles del futuro” y promover “una conducta empresarial responsable”.
Aunque se pretenda establecer en la nueva estrategia integral que México y Canadá establezcan un diálogo bilateral sobre seguridad, sin la intromisión del país mandamás de en medio, urge corregir las fallas más fundamentales de administraciones pasadas y replicadas en el tratado, como es la prohibición a los controles de capitales en el capítulo, precisamente, de inversiones cuyo artículo 14.9 sobre transferencias establece que “cada parte permitirá que todas las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se hagan libremente y sin demora desde y hacia su territorio”.
Según un informe reciente de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (Unodc) “los flujos financieros ilícitos relacionados con el tráfico transfronterizo de drogas son comparables al valor de las exportaciones de los mercados lícitos… El crimen organizado y el comercio en mercados ilegales, como el tráfico de drogas y el contrabando de migrantes, generan miles de millones de dólares en flujos ilícitos cada año. Las ganancias de estos delitos pueden canalizarse al extranjero, blanquearse y reinvertirse en mercados legales” (traducción propia https://tinyurl.com/y6s6pu85). Como la organización Global Financial Integrity analiza muy bien, esto se hace mediante la ocultación de “riqueza en sectores e inversiones aparentemente legítimos, que pueden incluir bienes raíces, textiles, automóviles y otros” (https://tinyurl.com/mr23py6m).
Habrá mucho movimiento con el anuncio de la Secretaría de Economía, bastante repentino por cierto, de que se consultará a la gente (así en general) con respecto al T-MEC. Pero será esencial que se garantice que se establezcan verdaderos espacios y mecanismos de diálogo, foros, etcétera, e ir más allá de cumplir con el acuse de recibo de propuestas enviadas a un buzón físico o electrónico. ¡En sus marcas, listos, fuera! Tenemos 60 días para enviar propuestas, pero dicho sea de paso, las organizaciones sociales y civiles comienzan una carrera como si fuera de 800 metros, con como 700 de desventaja, al menos. A la iniciativa privada se le consulta permanentemente y para el T-MEC se les invitó específicamente a formar un “cuarto de junto” desde 2024, coordinado nada menos que por el poderoso Consejo Coordinador Empresarial (CCE https://tinyurl.com/bdevdpwv).
¿Cómo sintetizar más de tres décadas de profundas investigaciones acerca de los impactos del TLCAN y de tratar, con vano afán hasta ahora, impulsar modelos alternativos de comercio al modelo neoliberal imperante? El gobierno de México tendrá que escuchar al menos dos narrativas opuestas. Aquella siempre presente, la de la minoría conformada por grandes empresarios trasnacionales que velan sólo por sus intereses, y la de organizaciones de pueblos afectados por inversiones que impactan sus derechos humanos, les despojan de sus territorios, contaminan sus aguas, etcétera, y que proponen y luchan por medios de vida alternativos al modelo neoliberal. Ciertamente una tarea nada fácil, no apta para los tecnócratas al servicio del poder que ya se están apuntando. (Manuel Pérez Rocha L, La Jornada, Opinión, p. 19)
La semana pasada, Mark Carney, primer ministro de Canadá, se reunió en México con la presidenta Claudia Sheinbaum, animado por la nueva realidad geopolítica que ha impuesto Donald Trump.
Aunque el primer Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México se firmó hace ya más de 23 años; la relación económica entre estos dos países pasó a un segundo plano siendo Estados Unidos el foco para los dos.
No es extraño, pues el PIB nominal de Estados Unidos es 13 veces superior a la de México y casi 12 veces a la de Canadá.
Los mexicanos vemos a los canadienses como unos “gringos civilizados” y ellos se mantienen atentos a los abusos migratorios de algunos mexicanos, lo que originó la ETA, y también han hecho inversiones y buscan el clima benigno de los destinos de playa.
En las reuniones de Sheinbaum y Carney, el turismo no fue protagónico, aunque represente una oportunidad, sobre todo para México.
Destination Canada, su buró de promoción turística, desde hace años busca a los mexicanos de ingresos medios-altos y altos.
En el invierno, destinos como Whistler se han posicionado en el gusto de los mexicanos que esquían y en el verano y el otoño son populares Toronto, Ottawa, Montreal y Vancouver.
Pero también crece el número de los que pagan para ver la migración de osos polares en Churchill, Manitoba, el desove de los salmones en Columbia Británica o las auroras boreales en Yellowknife.
Hoy el mayor volumen de canadienses que vienen a México lo hace buscando las playas en el invierno y los primeros meses de la primavera, para librarse del frío al menor precio posible.
El clima y la cercanía son factores que han provocado que Canadá sea el segundo mercado emisor de turistas hacia México, pero los destinos de nuestro país son fundamentalmente un commodity, ya que les da lo mismo ir a República Dominicana o a Jamaica, siempre y cuando les salga barato.
Canadá también tiene viajeros sofisticados y de alto poder adquisitivo y muchos desconocen el México de lujo, la cultura y la alta gastronomía.
México hoy tiende a ser menos barato, debido a la relativa solidez de su economía y su moneda.
El Banco de México hizo público el viernes que las reservas internacionales del país están en máximos históricos y en el horizonte no se ven crisis capaces de debilitar fuertemente al peso.
Algunas voces catastrofistas hablaban de que con Donald Trump, el peso se podría ir hasta 25 unidades por dólar; cuando la realidad es que seguramente terminará el año en un promedio abajo de los 19 pesos.
México ha “perdido” las ventajas que le daban al turismo las devaluaciones y hoy sería importante ir en mayor medida por los canadienses adinerados.
El próximo Mundial de Futbol ofrece una oportunidad en ese sentido, pues sería momento de diseñar una estrategia para que los canadienses que vengan con motivo del evento deportivo más importante del planeta descubran que México es más que sol y playa.
En Estados Unidos hubo un cambio por la pandemia, pues muchos encontraron que México ni es un peligro para los turistas y tiene mucho más que ofrecer que sus playas y su fiesta.
Con los canadienses no sucedió lo mismo, pues se encerraron para no contagiarse del virus; así es que sigue siendo un pendiente cambiar la percepción turística que tienen de México. (Carlos Velázquez, Excélsior, Dinero, p. 5)
El más grave y penoso ejemplo de la profunda herida que la violencia ha dejado en México es la sentencia condenatoria a Genaro García Luna, quien fue condenado a 38 años de prisión en EU tras acreditarse su responsabilidad penal como socio y protector del Cártel de Sinaloa durante el gobierno de Felipe Calderón. Este caso representa la evidencia más contundente de la colusión entre el poder político y el crimen organizado a nivel institucional, lo que ha debilitado al Estado mexicano y ha permitido que los grupos delincuenciales se fortalezcan, desatando una espiral de violencia que ha costado cientos de miles de vidas en los últimos 35 años.
Hoy, México ha emprendido una misión de seguridad nacional que busca pacificar el territorio y restituir la confianza ciudadana. Los esfuerzos incluyen el aseguramiento histórico de drogas ilegales, precursores químicos, armas de fuego, explosivos, vehículos y bienes inmuebles que sirven como fuentes de financiamiento para las organizaciones criminales. El trabajo de la SSPC se ha enfocado en la neutralización de generadores de violencia, la detención de líderes criminales y la desarticulación de redes logísticas y financieras. Sin embargo, la violencia en México no se limita al narcotráfico: existe también la violencia simbólica y mediática que se ejerce desde redes sociales, medios alternativos de información, televisión tradicional y prensa escrita. Esta violencia discursiva, muchas veces disfrazada de opinión o análisis, erosiona el tejido social y polariza a la población, alimentando un clima de confrontación ideológica que suele responder más a la disputa por el poder político que a la búsqueda del bien común.
El Día Internacional de la Paz, proclamado por la ONU, no debería ser un simple acto conmemorativo ni un eslogan diplomático para discursos de ocasión. Debe convertirse en un verdadero parteaguas de reflexión colectiva. En el plano internacional, la paz exige posturas claras y acciones contundentes frente a conflictos que atentan contra la humanidad, como la crisis en Palestina, particularmente en Gaza. La omisión o tibieza de ciertos actores globales ante esta tragedia demuestra que la paz no es un valor garantizado, sino un objetivo permanentemente amenazado por intereses geopolíticos, económicos y militares. Así, se debe reivindicar la defensa irrestricta de los migrantes en el mundo, pues ellos son las víctimas directas de la violencia estructural en sus países de origen. Migrar es, en muchos casos, un acto desesperado de búsqueda de paz. La comunidad internacional tiene la obligación jurídica y moral de garantizar que los migrantes no sean revictimizados, que encuentren protección en los países de tránsito y destino, y que sus derechos humanos sean respetados.
Desde la perspectiva del derecho internacional, la paz implica justicia social, respeto a la diversidad cultural, redistribución equitativa de recursos, garantía de acceso a la educación, salud y vivienda, y el pleno respeto de los derechos humanos. En el caso de México, la pacificación del país exige también desmontar las redes de corrupción que, como en el caso de García Luna, han permitido que las organizaciones criminales penetren estructuras gubernamentales y operen con impunidad. El terrorismo, el narcotráfico y el tráfico internacional de armas siguen siendo las principales amenazas a la paz global. Los Estados deben reforzar los mecanismos de cooperación en inteligencia, intercambio de información, control de fronteras y rastreo financiero. La criminalidad organizada es un fenómeno transnacional que no respeta fronteras ni ideologías. La paz debe concebirse como un derecho colectivo de la humanidad y, por tanto, su garantía debería ser vinculante para todos los Estados, no una aspiración simbólica.
La paz es también la búsqueda de la verdad, la defensa de los más vulnerables y el respeto a las distintas idiosincrasias y culturas. Es un proceso permanente que debe ser protegido de la manipulación política, del discurso de odio y de la impunidad. En México y en el mundo, la paz debe ser el proyecto civilizatorio más ambicioso de nuestro tiempo. Tal vez el Día Internacional de la Paz deba convertirse en el Año Internacional de la Paz, con acciones concretas, presupuestos asignados y metas verificables para alcanzar ese bien supremo. (Ricardo Peralta Saucedo, Excélsior, Nacional, p. 16)
La aplicación de una política migratoria represiva le está pasando factura a Donald Trump. La creciente visibilidad de las tácticas violentas que utiliza su policía migratoria encapuchada ha llenado las redes sociales de historias de separación familiar, detenciones arbitrarias e injustas, e incluso asesinatos, como en el caso del migrante mexicano Silverio Villegas en Chicago.
La persecución sistemática de migrantes —fundamentales en una larga lista de industrias primarias en Estados Unidos— ha añadido tensión a la economía (no es casualidad que Trump haya moderado, a regañadientes, las redadas en los campos, por ejemplo). Tampoco le ayuda que varias de las figuras a cargo de esta estrategia punitiva se expresen con una retórica radical.
Por si fuera poco, una investigación periodística reveló el fin de semana que Tom Homan, “zar fronterizo” de Trump y una de las voces más radicales contra la inmigración, fue objeto de una pesquisa bajo sospecha de haber recibido sobornos relacionados con la promesa de supuestos contratos de infraestructura migratoria antes de reincorporarse al gobierno.
Toda esta combinación ya se refleja en las encuestas: los números de Trump han caído de manera significativa en el tema migratorio, a medida que circulan más detalles sobre deportaciones y tácticas agresivas.
El dolor de cabeza ahora se extiende a una de las decisiones más incomprensibles de su presidencia: establecer un requisito oneroso para la obtención de la visa de trabajo H-1B. Hace un par de días, el gobierno anunció que pretende imponer un pago de 100,000 dólares a quien aspire a esa visa.
Es una cifra exorbitante que tiene como finalidad evidente excluir del proceso migratorio a inmigrantes que no sean altamente calificados o que no cuenten con recursos suficientes. Se trata, pues, de una nueva medida restrictiva.
Más allá de su carácter de castigo, la imposición de un cobro de esa naturaleza es un despropósito tanto para la economía estadounidense como para la consolidación del país en la competencia internacional. A corto plazo, las consecuencias serán diversas y graves: los recién graduados internacionales que estudian en Estados Unidos enfrentarán serias dificultades para conseguir empleo, mientras que las famosas “startups” no podrán costear la contratación de talento global. Como consecuencia, muchas de las mentes más brillantes optarán por trasladarse a países con políticas migratorias más amigables para estudiar y desarrollarse profesionalmente.
En el momento en que Estados Unidos más necesita atraer ingenieros, científicos y emprendedores para competir con la capacidad tecnológica y productiva de China, Trump opta por cerrar la puerta. El resultado es claro: mientras China invierte para convertirse en un polo de innovación, Estados Unidos se arriesga a perder la carrera por expulsar al mismo talento que lo ha mantenido a la vanguardia.
En otras palabras, Donald Trump está empujando a Estados Unidos a perder su atractivo como imán de talento global. Es un completo sinsentido, sobre todo si de verdad se asume que la batalla central del país que hoy gobierna Trump es imponerse a China. Restringir de esta manera la llegada de talento internacional (por no hablar de otros tipos de migración) sólo debilita a Estados Unidos.
Una más en la lista de incongruencias del peligroso señor de la Casa Blanca. (León Krauze, El Universal, Nación, p. A9)
Las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos son fracturas sociales, atentan contra la vida familiar y la estabilidad comunitaria, provoca efectos devastadores en la salud emocional de niños, adolescentes y adultos, niega el derecho a la reunificación y afecta la economía de las familias migrantes, revela el informe de la Iniciativa Kino para la Frontera.
Para comprender más los efectos de las políticas del gobierno de Donald Trump, el estudio indica que 44 por ciento de un total de 278 migrantes deportados entre mayo y julio de este año hacia Nogales, Sonora, vivieron más de diez años en Estados Unidos. Tenían prácticamente una vida en ese país. Cuatro de diez de las personas deportadas, fueron separados de algún familiar como sus cónyuges e hijos y en muchos casos eran ciudadanos estadounidenses.
La mayoría de las detenciones ocurrieron en espacios públicos como calles, iglesias, juzgados. Posteriormente, al ser encarcelados, se vulneraron sus derechos humanos al sufrir abuso físicos y verbales, hacinamientos, negligencias médicas y traslados prolongados en condiciones denigrantes.
Según las autoridades estadounidenses han sido deportadas 142 mil personas entre el 20 de enero y 29 de abril de 2025 y en muchos casos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, considerados como presuntos miembros de grupos criminales. De estas deportaciones al menos 245 venezolanos y 30 salvadoreños, se desconoce su paradero.
Provengo de un estado, Zacatecas, con vocación migrante por lo que he atestiguado que gracias a nuestras y nuestros hermanos connacionales, parte del desarrollo, prosperidad y economía, es fruto de su trabajo. Es un error fútil relacionar a la inmigración.
Los sociólogos Steven E. Barkan, de la Universidad de Maine y Michael Rocque de Bates College afirman que la mayoría de los inmigrantes van a Estados Unidos en busca de una mejor vida; suelen tener unidades familiares sólidas y empleos estables; construyen unidades comunidades unidas con instituciones sólidas como iglesias o pequeñas empresas donde trabajan; aportan a la economía de Estados Unidos y sus países de origen.
Los académicos sostienen que algunos inmigrantes cometen delitos; sin embargo, no más que los nacidos en Estados Unidos. Lamentablemente la xenofobia prevalece en los grupos nacionalistas y antagónicos a la cohesión social y a expresiones interculturales que enriquecen nuestra convivencia y solidaridad.
Criminalizar a quienes dejan atrás su lugar de origen en busca de oportunidades es una afrenta a los derechos humanos y a los principios democráticos que deberían guiar a cualquier nación. La política de la expulsión masiva no resuelve los problemas estructurales, únicamente profundiza la herida de miles de familias que hoy viven en la incertidumbre y el desarraigo. (Geovanna Bañuelos, El Sol de México, Análisis, p. 23)