Que la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez, pedirá al Instituto Nacional de Migración, encabezado por Sergio Salomón Céspedes, así como a gobiernos estatales y municipales, un informe sobre el Programa Héroes y Heroínas Paisanos 2025, a fin de garantizar un tránsito seguro, ordenado y digno de connacionales radicados en el extranjero ante las denuncias por extorsión y cohecho por parte de policías y autoridades que, en lugar de abusar, deberían protegerlos. (Redacción, Milenio, Al Frente, p. 2)
México no puede entenderse sin la aportación histórica, cultural, social y económica de nuestros migrantes. Millones de mujeres y hombres se vieron obligados a dejar su tierra por falta de oportunidades ante la ausencia de condiciones que les permitieran construir un proyecto de vida digno en sus comunidades. No obstante, el arraigo por su tierra, sus comunidades, sus familias y sus tradiciones están siempre latentes y definen su esencia mexicana.
Cada fin de año, miles de paisanos regresan para reencontrarse con sus familias, para celebrar tradiciones y para reconectar con su identidad. Este retorno es un acto de amor, identidad y de esperanza. Sin embargo, ese camino de regreso, que debería ser seguro y digno, se ha convertido para muchos en una experiencia de miedo, abuso e injusticia.
En este retorno, nuestros connacionales son víctimas de robos, extorsiones, privaciones ilegales de la libertad por integrantes de grupos delincuenciales, además, actos de corrupción cometidos por autoridades cuando transitan por carreteras federales y estatales. Se trata de hechos graves que vulneran derechos humanos y que en múltiples ocasiones quedan impunes.
Particularmente son alarmantes los casos registrados en entidades como Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas y otras entidades, donde nuestros paisanos han denunciado a personas que se hacen pasar por elementos de seguridad y realizan cobros indebidos que alcanzan montos exorbitantes bajo intimidaciones y amenazas para permitirles continuar su trayecto. Para comprender la magnitud del problema, previo a la Nochebuena del 2024 las autoridades habían documentado 41 quejas por robo y abuso de autoridad.
Pese a la implementación del Programa Bienvenido Héroe Paisano, se deben redoblar esfuerzos interinstitucionales donde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional actúen de manera coordinada con las autoridades estatales en la investigación inmediata de todas las denuncias por robo, extorsión, privación ilegal de la libertad o cualquier otro ilícito cometido en contra de migrantes mexicanos que regresan por carretera, asimismo, implementen medidas efectivas que eviten la repetición de estos actos.
Además, reforzar e incrementar operativos especiales y conjuntos en las zonas carreteras de mayor riesgo con el objetivo de garantizar una respuesta inmediata.
Nuestros Paisanos migrantes son orgullo de México. Garantizar su tránsito seguro a sus comunidades es un acto de justicia, de gratitud y de responsabilidad pública. No podemos fallarles en su reencuentro con sus seres queridos. (Geovanna Bañuelos, El Sol de México, Análisis, p. 15)
LAS NOTICIAS ESTE fin de año aquí llegan a ser tanto inaguantables como absurdas y obscenas. Nada nuevo, nada más peor y sólo nutren la oscuridad. Inaguantables son los cientos, miles, tal vez millones, de niños aterrorizados, perseguidos por ser inmigrantes en Estados Unidos. Los que salen de sus casas para ir a la escuela todos los días sin saber –y de hecho ya preparados para eso– si sus padres los estarán o no esperando al regreso, o si los verán esposados y secuestrados en una camioneta por agentes federales enmascarados y armados que rehúsan informar adónde los llevan. (David Brooks, La Jornada, Mundo, p. 26)
Durante el año que está por terminar ha ido avanzando la propuesta del presidente Trump de modificar la manera de adquirir la ciudadanía estadounidense. Todo comenzó el 20 de enero, mediante una orden ejecutiva que determina poner fin a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de personas migrantes sin estatus legal o con estancias temporales en territorio de EU. Si bien estaba prevista su entrada en vigor 30 días después de ser emitida, su vigencia ha sido bloqueada reiteradamente por tribunales federales.
El debate se centra en la cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, incorporada a la Constitución en 1868 tras la Guerra Civil, que establece que toda persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana. Esta enmienda fue una respuesta que revirtió el fallo de Dred Scott (1857), que negaba la ciudadanía a los afroamericanos descendientes de esclavos. Desde entonces, el principio del ius soli ha sido una base del sistema constitucional estadounidense. Un precedente fundamental es el caso Wong Kim Ark (1898), en el que la Corte Suprema resolvió que un menor nacido en California de padres chinos (no ciudadanos), era ciudadano estadounidense. Durante más de un siglo ese fallo ha sido la interpretación dominante de la Decimocuarta Enmienda. La administración Trump sostiene que ese precedente no es aplicable a hijos de migrantes indocumentados o visitantes temporales, alegando que la enmienda fue pensada exclusivamente para los antiguos esclavos y sus descendientes.
Por la relevancia del tema, era de esperarse que la Corte Suprema conociera de la validez de la orden ejecutiva. Desde el 13 de marzo, la Fiscalía federal solicitó la intervención del máximo tribunal. Demandó un pronunciamiento sobre el alcance de las suspensiones universales y argumentó que esas resoluciones extralimitan las atribuciones de los jueces, pues únicamente deben aplicarse a los casos concretos sometidos a ellos, sin extender sus efectos a los demás afectados. El 27 de junio la Corte Suprema determinó, por mayoría de seis a tres, rechazar el concepto de las suspensiones que prohíben al Gobierno cumplir con los términos de una norma en todo el territorio estadounidense.
Al eliminar las suspensiones universales, el máximo tribunal concedió a la administración Trump la suspensión de las resoluciones de los jueces que habían impedido terminar el derecho a la ciudadanía a cualquier persona nacida en su territorio.
La suspensión no fue absoluta, pues permitió a dichos jueces conceder la no aplicación de la orden ejecutiva únicamente a quienes solicitaron su intervención. Las cortes federales siguieron fallando en contra de la aplicación de la orden ejecutiva, lo que llevó al Gobierno a insistir en la intervención de la Corte Suprema.
Así, el 5 de diciembre, el tribunal máximo aceptó revisarla. Dado que no se prevé un procedimiento acelerado, las audiencias públicas se llevarán a cabo en la primavera de 2026, esperándose una resolución a finales de junio o principios de julio. Seguiremos pendientes de un fallo tan trascendental. (Mauricio Ibarra, La Razón, México, p. 5)
Comprobado. El deporte no sólo es negocio, también permite soñar. (Redacción, La Jornada, Cp.)