México y Estados Unidos registran, desde hace tiempo, en el sector agropecuario, temas que los confrontan y de los cuales han surgido disputas recurrentes por barreras no arancelarias, proteccionismo y diferencias regulatorias.
Sin embargo, en paralelo, la relación comercial, igual que en otros sectores, se ha profundizado y ambos mercados registran un alto grado de complementariedad: México es el principal socio agrícola de Estados Unidos, en muchos rubros y viceversa.
De acuerdo con datos del Grupo de Consultoría de Mercados Agrícolas, encabezado por Juan Carlos Anaya, América del Norte, como bloque, concentra el 10.43% de la producción agropecuaria mundial, cuenta con un índice de autosuficiencia alimentaria superior al 112% y representa cerca de un tercio del PIB global, con más de 500 millones de habitantes, lo que la posiciona como una de las regiones más relevantes del mundo.
Entre Estados Unidos y México, a lo largo del tiempo, se han observado temas conflictivos recurrentes.
El acceso a mercados para productos específicos como tomates, aguacate, papa y carne entre otros.
En el mercado del azúcar y edulcorantes, la disputa es histórica. Desde el año 2024, EU impuso a México aranceles y cuotas a la azúcar mexicana por presunto dumping y sobrecapacidad que afectaba a sus productores.
Desde entonces se aplican acuerdos de suspensión con tensiones recurrentes por acceso al mercado y competencia con jarabe de maíz de alta fructosa, producido en EU.
Hasta los recursos hídricos compartidos entre los ríos Bravo y Grande han sido parte de la crisis de agua que afecta directamente a la agricultura en estados fronterizos: Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, en México y Texas y Nuevo México en Estados Unidos.
Sobre todos los temas, tal vez el más problemático es el del maíz genéticamente modificado o transgénico y el glifosato.
EU lo consideró una barrera comercial injustificada, no basada en ciencia, que viola el T-Mec, ya que México es su principal mercado de maíz, principalmente maíz amarillo transgénico para forraje.
En diciembre del año 2024, un panel de controversias del T-MEC falló a favor de EU y México tuvo que modificar el decreto respectivo en 2025, para eliminar las restricciones impugnadas a las importaciones.
En el contexto de la revisión del T-MEC que realizan los gobiernos de México y Estados Unidos, ¿cuáles son los puntos críticos que hay entre las dos naciones?; ¿cuál es la realidad del mercado agropecuario entre los dos países? y ¿cuál es el escenario ideal que deberían plantearse para alcanzar una mayor complementariedad?
El GCMA identifica las principales preocupaciones para México y para EU.
A México le preocupan: las cuotas compensatorias al tomate mexicano, producto altamente dependiente del mercado estadounidense; las restricciones en exportaciones de azúcar bajo los acuerdos de suspensión; la mayor penetración de jarabe de maíz de alta fructosa, que afecta al sector azucarero nacional; el cierre unilateral de la frontera al ganado en pie por gusano barrenador, sin reconocimiento de regionalización; las asimetrías sanitarias frente a criterios aplicados por México (como en influenza aviar); las propuestas de estacionalidad en frutas y hortalizas, consideradas barreras comerciales y los señalamientos de dumping en productos como la fresa.
A Estados Unidos le preocupan: Las restricciones al maíz genéticamente modificado (OGM); los retrasos en autorizaciones sanitarias (Cofepris) para pesticidas, semillas y biotecnología; las restricciones al ingreso de papa fresca; las condiciones de inversión extranjera y límites a la propiedad; el cumplimiento de estándares laborales y ambientales; las medidas sanitarias específicas (como disposiciones sobre suelo en maíz); y la lentitud en cruces fronterizos y procesos aduaneros.
A pesar de los problemas y las diferencias, México y Estados Unidos tienen una relación complementaria.
México mantiene un superávit agroalimentario con Estados Unidos de 14,207 millones de dólares; es competitivo en hortofrutícola y agroindustria. Estados Unidos domina en granos y proteína animal.
Los productores, empresas, organismos y senadores en EU han solicitado que el T-MEC se mantenga vigente por al menos 16 años más. En México hay conciencia de que el acuerdo es fundamental para el crecimiento del sector agroalimentario.
Sin embargo, hay elementos que no tienen que ver con el sector agropecuario, que elevan el nivel de tensión entre las partes: seguridad, migración, fentanilo, energía y contexto electoral en EU. Frente a tales elementos el GCMA considera que México y Estados Unidos deberían avanzar hacia la constitución de una Unión Aduanera y una integración sanitaria, que faciliten el comercio y reduzcan las fricciones innecesarias.
Sin duda, la complementariedad de los mercados, representa una realidad inobjetable. Sin embargo, los vaivenes de la política, poco ayudan para que impere el pragmatismo. Veremos. (Marco A. Mares, El Economista, Empresas y Negocios, 28)
La semana pasada, la encuestadora Bendixen y Amandi dio a conocer, en el Miami Herald, una muestra en la que 79% de los cubanos de la Florida estaba de acuerdo con una intervención militar en la isla. La alta cifra —tal vez la mayor desde los años 60 y 70— es consistente con un porcentaje similar que se opone a una negociación entre Estados Unidos y Cuba, como la que, a pesar de tan poca transparencia de un lado y el otro, tiene lugar desde hace meses.
Desde el 3 de enero de este año, cuando se produjo la acción militar de Estados Unidos en Caracas, no pasa una semana sin que haya rumores o reclamos de una intervención en Cuba. En las redes sociales se reportan portaviones o drones rodeando la isla y se anuncia una inminente escalada militar que produciría el derrocamiento del gobierno de Miguel Díaz-Canel, la captura de algunos dirigentes históricos y el añorado cambio de régimen.
La inminencia de una invasión no sólo es algo que dan por descontado buena parte de esa comunidad emigrada, sino el propio gobierno cubano y sus aliados en América Latina. En Cuba, desde hace meses, tiene lugar una movilización permanente en espera de la invasión, y en México y otros países latinoamericanos, las campañas de solidaridad se intensifican, con envíos de ayudas y hasta ofrecimiento de voluntarios para ir a combatir al imperialismo en la isla.
Hemos sostenido aquí que una intervención militar en Cuba sería humanamente costosa e históricamente irresponsable. Cubanos y estadounidenses morirían en la confrontación y un nuevo enclave militar de la gran potencia en Cuba devolvería la historia de la isla a 1898 o 1906, años traumáticos del pasado nacional, cuando la hegemonía de Washington en territorio cubano y, en general, en el Gran Caribe, se afirmaba por medio de la fuerza.
Además de una enorme oposición global, una acción armada de Estados Unidos en Cuba tendría muy pocas posibilidades de funcionar como una premisa de consenso para la reconstrucción política en el país. El nuevo régimen nacería con un déficit originario de soberanía, muy parecido al que minó la legitimidad de la primera República cubana (1902-1934), en tiempos de la Enmienda Platt.
La encuesta de Bendixen y Amandi deja claro que la gran mayoría de la diáspora cubana respalda la intervención porque no encuentra otra alternativa para el cambio y aborrece que éste sea producto de una negociación. Pero esta última vía, la negociación, curiosamente también es rechazada por la corriente más inmovilista y soberbia del régimen cubano, y los entusiastas de la solidaridad con la Revolución y la resistencia del “heroico pueblo cubano” en México y América Latina.
De manera que en el deseo de debacle confluyen, involuntariamente, quienes promueven la intervención y quienes apuestan, no a la necesaria reforma y al indispensable entendimiento con Estados Unidos, sino al sacrificio numantino de los cubanos en aras de un antiimperialismo que nadie practica ya en América Latina. (Rafael Rojas, La Razón, México, p. 4)