En México, la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto es de apenas 0.9%. De cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian y, de esos, apenas 14 llegan a resolverse. El resultado es que más del 99% de los delitos quedan impunes. Esto describe un sistema rebasado y abandonado, pero cómodo para administrar la impunidad y, cuando la impunidad es la regla, deja de ser un fracaso del Estado para convertirse en una decisión política.
Una primera explicación es atribuir esta realidad a la debilidad institucional, y en parte es cierta. Las fiscalías operan con déficits crónicos de personal, sin carreras profesionales sólidas, con policías de investigación mal pagados, peritos insuficientes y ministerios públicos saturados. La investigación criminal se improvisa, las carpetas se integran mal y los errores procesales son la norma. En esas condiciones, la impunidad no es una anomalía, es el resultado previsible de instituciones abandonadas.
Sin embargo, esa explicación es insuficiente, el sistema de justicia mexicano no está paralizado, funciona cuando conviene al poder. Se activa para fabricar culpables, enviar mensajes políticos o neutralizar adversarios, y se congela cuando los señalados forman parte del régimen. La persecución penal se ha convertido en un instrumento de control, no de legalidad. Así, la debilidad institucional convive con un uso selectivo de la justicia, castiga al débil, protege al aliado y garantiza que la impunidad no sea generalizada, sino estratégica.
Esta impunidad estructural no podría sostenerse sin la opacidad como elemento clave. El Índice Nacional de Transparencia del Sistema de Justicia 2025, elaborado por Causa en Común en alianza con Impunidad Cero y Perteneces (https://acortar.link/3bGeT6), es una radiografía descrita por las propias instituciones, confirmando que las fiscalías operan con graves déficits de información básica. No existen datos confiables sobre capacidades reales, cargas de trabajo, criterios de actuación ni resultados. En muchos casos, las autoridades simplemente dicen no saber cómo funcionan sus propias instituciones.
La falta de transparencia es el mecanismo que impide evaluar, comparar y exigir. Sin información pública, la ciudadanía no puede saber por qué no se investigan los delitos o por qué ciertos casos avanzan con rapidez. La opacidad vuelve a la impunidad invisible y, por tanto, políticamente rentable.
En ese contexto, los casos concretos dejan de ser excepciones. Por ejemplo, Francisco Garduño, responsable del Instituto Nacional de Migración cuando 42 personas migrantes murieron quemados bajo custodia del Estado en Ciudad Juárez, no enfrentó consecuencias penales, por el contrario, se reasignó a otro puesto en la Secretaría de Educación, como una especie de protección institucional; Alejandro Gertz Manero con el apoyo de Ernestina Godoy, utilizó la Fiscalía General de la República para vendettas personales, aun así fue enviado a la embajada del Reino Unido y la segunda, premiada con la Fiscalía General de la República. La red se completa con figuras como Gonzalo López Beltran, “Bobby”, quien fungió como supervisor honorario de las obras del Tren Interoceánico, pero tras el descarrilamiento Claudia Sheinbaum lo deslindó de responsabilidades o liderazgos como el de Adán Augusto López Hernández, señalado en investigaciones penales y periodísticas, pero que su poder sigue siendo factor en su partido. La conclusión es evidente: la justicia en México no es ciega, es selectiva.
La impunidad en México no es una falla del sistema, es el sistema. Funciona porque protege al poder, castiga selectivamente y se oculta tras la opacidad institucional. Mientras más del 99% de los delitos quedan sin castigo y las víctimas sin justicia, el mensaje es devastador: la ley no aplica por igual. No puede haber Estado de derecho ni paz donde la justicia es excepcional y la impunidad es la norma. Para combatirla se requiere reconstruir instituciones capaces de investigar, transparentar y rendir cuentas. Todo lo demás es administración del cinismo. (María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, El Universal, Opinión, p. 16)
José sale de su casa antes del amanecer, como todos los días. Trabaja en logística aérea en Texas. Conoce bien las reglas y las siglas de la Federal Aviation Administration; forman parte de su rutina laboral.
Lo que no conoce es Davos ni los foros donde se habla de integración global. Aun así, cuando una ruta se cancela, cuando un vuelo se retrasa o cuando una inversión se congela, su jornada cambia, su ingreso se ajusta y la incertidumbre aparece. Sin discursos. Sin paneles. Ahí comienza la contradicción.
Esta semana, México recibió una nueva señal desde Estados Unidos: una alerta de la FAA. No es una declaración política ni un gesto simbólico. Es una decisión técnica con consecuencias económicas reales. Impacta directamente a la aviación, al turismo, a la inversión y a la percepción de confianza hacia el país.
Este tipo de decisiones no se quedan en los comunicados oficiales; se filtran rápidamente a la vida cotidiana de miles de personas que dependen de esta industria, a ambos lados de la frontera.
Seguimiento desde MexicoEnLaPiel
Desde la plataforma de MexicoEnLaPiel hemos dado seguimiento puntual a este proceso, día a día. De acuerdo con los propios tiempos regulatorios, se trata de una evaluación que puede extenderse alrededor de 60 días. En ese lapso, el debate ha comenzado a desbordar el terreno estrictamente técnico. Algunos analistas consideran que la presión implícita ya podría estar reflejándose en gestos políticos concretos, como la reciente entrega de 37 presuntos criminales de alto perfil a Estados Unidos. No como prueba concluyente de una relación directa, sino como parte de un clima en el que decisiones técnicas y señales políticas empiezan a coincidir.
La paradoja es clara. En América del Norte se insiste en que la integración regional es indispensable para competir con Asia y Europa. Se habla de nearshoring, de eficiencia logística y de cadenas de valor compartidas. Sin embargo, esa narrativa convive con desconfianza institucional, advertencias regulatorias y un discurso político que castiga, una y otra vez, aquello mismo que la economía necesita.
El contraste global lo vuelve aún más evidente. En Davos, durante el World Economic Forum, líderes empresariales y políticos celebran la interdependencia. Reconocen que las economías modernas no crecen aisladas, que las cadenas de suministro cruzan fronteras y que la movilidad laboral es parte estructural del crecimiento. Todo eso se aplaude en los paneles internacionales. Pero al regresar al debate interno estadounidense, el tono cambia.
El discurso del “migrante criminal”
Ahí reaparece una narrativa conocida: la idea de que México “envía criminales” a Estados Unidos, un discurso impulsado desde hace años por figuras como Donald Trump. Es una frase eficaz políticamente, pero engañosa económicamente. No describe una realidad productiva; describe una estrategia discursiva. Sirve para endurecer políticas, justificar presiones y desviar la atención de una verdad incómoda.
Esa verdad es sencilla: la economía de Estados Unidos depende hoy, más que nunca, del trabajo de millones de migrantes. No por ideología, sino por estructura. Está en los aeropuertos, en los campos agrícolas, en la construcción, en los servicios, en la logística. Está en personas como José, que conocen las reglas técnicas, pero no participan en los foros donde se define el discurso político.
La relación entre México y Estados Unidos no puede seguir moviéndose entre Davos y la FAA, entre la cooperación que se celebra afuera y la desconfianza que se aplica en casa. Mientras esa incoherencia persista, ambos países pagarán un precio. México, en forma de sanciones veladas y oportunidades perdidas.
Estados Unidos, en forma de una economía que castiga a quienes la sostienen. José entiende las siglas. Lo que no entiende es por qué la política insiste en castigar una integración de la que todos dependen. Ahí está la contradicción. (Juan Hernández, El Sol de México, Análisis, p. 13)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que en su primer año de su segundo gobierno detuvo ocho conflictos armados en el mundo y por eso era merecedor del Premio Nobel de la Paz, solo él sabe cuáles, aunque se le olvida que su política doméstica ha sido más agresiva que la de su primer mandato y eso también cuenta.
Las encuestas de aprobación por el primer año de gestión de Trump oscilan en 40% a favor y 54% la desaprueban. El 64 por ciento de los encuestados opinó que el Presidente no ha hecho lo suficiente para bajar los precios de los bienes básicos, una crítica que también le hacen sus propias huestes.
Los Ángeles, Chicago y ahora Minneapolis han sido testigos de su furia antiinmigrante, con el despliegue no solamente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para realizar redadas que rozan en la ilegalidad, sino que también ha utilizado a la Guardia Nacional para someter las protestas en contra de sus disposiciones.
Si en su primer gobierno, Trump separó a niños migrantes de sus padres y luego ya no los pudo volver a reunir, una barbaridad a todas luces, ahora el tono es más extremo y ha señalado que todo aquel que interfiera en el camino de los agentes del ICE es un potencial terrorista.
Bajo esa lógica fue asesinada en Minneapolis Renee Nicole Good por un agente del ICE, una ciudadana estadounidense de 37 años –madre de tres hijos–, solo por no detener su camioneta. El suceso desató protestas en esta ciudad y una fuerte polémica a nivel nacional de cuestionamiento a las políticas de Trump y su gabinete, que no se detiene ante nada.
No solo eso, amenaza a los gobiernos demócratas, sobre todo a los estados santuario, con quitarles el presupuesto de gobierno. El presidente considera invocar la Ley de Insurrección para desplegar en Minnesota a unos mil 500 soldados de la Guardia Nacional para, según él, frenar los ataques contra los agentes del ICE.
En su retorno al poder, el magnate tiró a la basura la política de inclusión, se esfumó el respeto de las minorías, a los grupos de homosexuales civiles y militares o transexuales. Hoy en muchos estados republicanos está prohibido hablar de temas o leer libros sobre sexualidad en las escuelas.
Hay otro problema que tiene muy molestos a los estadounidenses, se trata de los no revelados archivos de su amigo Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, solo esos documentos podrían hablar, porque su amigo fue encontrado muerto en su celda, en 2019.
Además, no hay que perder de vista que está en puerta la renegociación del tratado comercial trilateral (T-MEC), que genera incertidumbre entre los empresarios de EU, porque una ruptura de ese acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá impactará sus intereses.
Todo ese enojo podría verse reflejado en las elecciones de medio mandato. En noviembre se vota por la renovación del total de la Cámara baja y un tercio del Senado, es la única herramienta a la vista que podría frenar a un desbocado Trump.
El primer año del magnate representó una sacudida mundial, ojalá y lo peor no esté por venir. Faltan tres años. (Israel López Gutiérrez, El Heraldo de México, Orbe, p. 15)
Que aunque tardó unos días para subirse a la comedia de enredos, la alcaldesa Aleida Alavez tachó de “racistas” a los panistas que exigen el traslado de las embajadas de Cuba, Nicaragua y Venezuela a Iztapalapa (gobiernos aliados de la 4T), donde ella manda y donde fue cabeza la hoy jefa de Gobierno, Clara Brugada. Llamó “clasista” al diputado migrante Raúl Torres y planteó que a la demarcación no se le minimiza, se le respeta. Bueno. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)