El debate lo abrió Cecilia Romero.
Desde hace varios sexenios, panistas, priistas, morenistas e inclusive en el estatal jalisciense emecista ha habido delitos masivos.
Masacres, secuestros, asesinatos, desapariciones, campos de entrenamientos para matar, reclutamientos forzosos y varias acciones más del crimen organizado.
Pero son distintas las circunstancias y las responsabilidades del Estado mexicano, acotó la excomisionada de Migración.
En Villas de Salvárcar de Chihuahua, San Fernando en Tamaulipas, Ayotzinapa en Guerrero o Teuchitlán en Jalisco tienen condiciones diferentes.
En todas la constante son las bandas criminales, pero no puede justificarse la impunidad en la estación migratoria de Ciudad Juárez porque ahí hay responsabilidad oficial.
El comisionado del INM era y es Francisco Garduño, contra quien se abrió un proceso de investigación y sigue libre y tan campante en su cargo transexenal.
De su labor dependen decenas o acaso centenas de miles de migrantes rumbo al norte o deportados por Estados Unidos, pero también miles de millones para garantizar sus derechos humanos.
Y mientras, las investigaciones de la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero se dirigen contra funcionarios menores de Jalisco por crímenes federales en el rancho Izaguirre de Teuchitlán. (José Ureña, 24 Horas, México, p. 5)
Si en su primer periodo presidencial, Donald Trump torturó a justos y pecadores con su polémica “prohibición de viajes” (travel ban, en inglés), el próximo viernes difundirá una nueva lista recargada que tendrá implicaciones en los viajes del mundo en general y de México en particular.
Aquella vez, los principales afectados fueron ciudadanos de países donde domina la religión musulmana, lo que provocó una reacción airada de muchos políticos y organizaciones de derechos humanos, denunciando sus actitudes xenófobas y discriminatorias.
Es cierto que en algunas naciones musulmanas se han gestado organizaciones terroristas, cuyas perspectivas radicales han provocado dolor y sufrimiento.
Pero la mayoría de quienes profesan la religión musulmana no comparten esa visión extremista y sus creencias son tan respetables como cualquier otra manifestación de fe.
Lo que se sabe es que la lista recargada, que se publicará el próximo viernes, incluirá alrededor de 40 países y que dos de ellos seguramente serán Venezuela y Cuba.
Allí el criterio ya no es el potencial extremismo religioso, sino la percepción del gobierno estadunidense de que hay muchos ciudadanos de esos países que quieren huir a Estados Unidos.
Así es que, en lugar de mantener el requisito de la visa, Trump y sus colaboradores en materia de seguridad y migración sencillamente quieren “agarrar parejo” y prohibirles la entrada a todos.
Además de los países mayoritariamente musulmanes y los latinoamericanos, cuyos gobiernos son opositores a Estados Unidos, la lista podría incluir a ciudadanos rusos y de otros países satélites de la otrora Unión Soviética.
Una primera pregunta es si Trump, quien ya probó la eficacia de su “mazo” arancelario para que México haga la tarea de cuidarle la frontera con 10 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, ahora pretenderá que el travel ban se ejecute también en territorio nacional.
No hay que olvidar que México está incluido en la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI, en inglés), que fue creado después del ataque a las Torres Gemelas para reforzar la seguridad estadunidense.
Lo que sí ya se está gestando es una especie de paranoia para no ir a Estados Unidos y desde enero proliferan las historias en los medios y en las redes sociales sobre cómo algunas autoridades migratorias de ese país están actuando con prepotencia contra los extranjeros.
En Canadá y Alemania, por mencionar dos casos, crece la decisión de no viajar a Estados Unidos, en rechazo a la prepotencia de Trump y al riesgo de padecer malas experiencias allá.
Vamos a ver qué hace el gobierno de México, cuando, por ejemplo, un venezolano o un cubano nacionalizados mexicanos sufran el rechazo estadunidense.
Resulta que, aunque esas personas presenten pasaportes mexicanos, en los mismos queda el registro de que nacieron en Venezuela o Cuba.
El asunto merece una reflexión de las autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Cancillería, pues una cosa es decir que México no es un país subordinado y otra, entrar a los detalles dentro de una negociación más grande, como es la de los aranceles.
Divisadero
Tulum.— El asesinato de José Roberto Rodríguez Bautista, secretario de Seguridad de Tulum, fue calificado por la Asociación de Hoteles de ese destino como un “atentado contra las instituciones del Estado” y evidenció que el turismo en Quintana Roo sigue sufriendo la amenaza del crimen organizado. (Carlos Velázquez, Excélsior, Dinero, p. 5)
Desempolvan TV Migrante
El Sistema Público de Radiodifusión retomó y lanzó como novedosa la TV Migrante, que ya existía como concepto en redes sociales, ahora con recursos y utilizando el espectro radioeléctrico de la televisión pública; aunque nace en medio de dudas editoriales y de audiencia, no se tiene claro si se le quitó al Canal 11 o al 22 una parte de su multiprogramación, con la finalidad de que se pueda ver en otras ciudades, lo cual es extraño porque para eso se requiere de un permiso especial… ¿O acaso desde el sector público ya se puede hacer lo que sea sin las autorizaciones correspondientes? ¿Le habrán avisado a los directores de esos canales de esa determinación? ¿O se mandan solos? ¿Será? (¿Será?, 24 Horas, PÁG. 2)
Twiteratti
Estados Unidos revocará el estatus migratorio de más de medio millón de inmigrantes. Estas personas están legalmente viviendo en ese país y ahora serán tratadas como indocumentadas. Jesús García @JesusGar
R: Son familias de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Falta que cumpla, no tiene dinero. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p. 6)
Es cierto que dos meses después de tomar posesión, la administración de Donald Trump no ha aumentado el número de deportaciones en comparación con lo que hizo Joseph Biden en el último año de su gobierno.
Ahora, hay que tener cuidado con pensar que estos números señalan un fracaso del gobierno trumpista. El equipo de Trump, encabezado en estos temas por Stephen Miller, tenía claro que para completar la misión de “deportación masiva”, tendría que trabajar en todos los obstáculos existentes y que ya habían “padecido” en los primeros cuatro años. Barreras legales, presupuestarias, burocráticas y políticas. En eso han estado trabajando en estos meses, confrontándose con el poder judicial, utilizando decretos presidenciales, amenazando a gobiernos locales para los “auxilien” en su misión, entre muchas otras cosas.
Ese proceso sigue y en buena parte se decidirá en tribunales y tardará, pero nada indica que hará que el gobierno ceda en su intención ni en su labor.
Al mismo tiempo, lo que sí ha sucedido en estos meses es la implantación del miedo. La táctica de “inundarlo todo”, que logra mantener en la vida cotidiana el terror de ser deportados, tiene a las comunidades migrantes en la incertidumbre. La prensa local estadounidense, a veces la nacional, da cuenta de negocios que ya no tienen clientes porque los agentes estadounidenses fueron algún día a buscar a alguien y ahora ya nadie quiere que ahí los vean. Las escuelas siguen reportando ausencias de niños que se quedan en casa por el temor de sus padres, en barrios de migrantes las calles no son como antes.
En la última de estas tácticas, ahora se informa de un acuerdo entre la autoridad migratoria y la institución que cobra los impuestos ara loclaizar y atrapar indocumentados.
“Según partes de un borrador del acuerdo obtenido por The Washington Post, el acceso de ICE a los datos fiscales se limitaría a confirmar las direcciones de los inmigrantes con órdenes finales de expulsión. Las solicitudes solo pueden ser presentadas por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, o el director interino de ICE, Todd Lyons, dice el memorando, y deben incluir el nombre y la dirección de cada contribuyente, la fecha de su orden de deportación y otra información de identificación que permitiría al IRS verificar la identidad del contribuyente. El acuerdo autorizaría la verificación de datos para personas “sujetas a investigación criminal” por violar la ley de inmigración”.
El asunto es seguir provocando miedo. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p. 2)
El 20 de febrero pasado, justo al cumplir un mes la administración estadounidense que ha prometido la deportación más grande de la historia, Rutilio Escandón, cónsul de México en Miami, cambió de última hora su agenda. Hay prioridades.
Pidió cancelar la visita programada para ese jueves: las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le iban a mostrar el “Centro de Procesamiento Krome”, un lugar en donde hoy aguardan su deportación cientos de mexicanos.
Escandón prefirió plantar a los funcionarios estadounidenses para ir a comer con su hijo, quien es, según lo cuenta el improvisado cónsul a quien quiera oírlo, la razón de que haya pedido ser nombrado en esa posición diplomática.
Antes del retorno de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, el Centro de Procesamiento Krome era considerado un lugar para retener a personas con antecedentes criminales graves. Hoy se ha saturado con todo tipo de migrantes, entre ellos 270 mexicanos.
Osiris Vázquez era uno de esos mexicanos. Fue enviado a Krome, según le dijo a Telemundo, luego de que fuera detenido por no contar con licencia de conducir.
“Estamos prácticamente secuestrados, hay personas que llevan más de 30 días y no han sido procesadas”, dijo Vázquez en un video en el que pedía ayuda.
“Hay personas que llevan más de un mes que no se pueden comunicar, por favor ayúdennos, por favor Claudia Sheinbaum, si ves esto, por favor apóyanos, habemos decenas de mexicanos que estamos durmiendo en el suelo”, imploraba Vázquez, de 45 años.
“En Krome había demasiada gente enferma, están metiendo en las celdas a más de 10 personas por celda”, le explicó el paisano a Telemundo ya desde México, a donde fue deportado, vía Brownsville, el 16 de marzo.
Como una medida de prevención ante la amenaza trumpista de deportar masivamente a indocumentados, el gobierno de México preparó una serie de refugios a lo largo de la frontera. Esa ola no ha ocurrido, pero eso no significa que la amenaza no se vaya a concretar.
Con su discurso xenófobo, y con ayuda de países como México, la Casa Blanca de Trump ha logrado que los números de quienes intentan cruzar ilegalmente a EU caigan a niveles históricos.
Eso no satisface a Trump and Cia. La prensa estadounidense reportó este fin de semana que el IRS (la oficina de recaudación) ayudará a ICE a localizar a migrantes en su domicilio.
El destino original de Rutilio Escandón tras dejar la gubernatura de Chiapas (donde nadie le extraña) era Guatemala. Pero no le gustaba la idea de estar tan cerca, así que la presidenta Sheinbaum le concedió el deseo y en diciembre se mudó a Miami.
Se calcula que en Florida hay unas 280 mil personas nacidas en México. La tarea consular se la dividen Orlando (en donde en su momento premiaron al también chiapaneco y también exgobernador de mala memoria Juan Sabines) y Miami.
Para Trump no basta con que los indocumentados que intenten llegar a Estados Unidos sean detenidos en México, o que incluso desistan de migrar. El republicano quiere pasar a la historia como quien expulsó más indocumentados. Por eso el hacinamiento de Krome.
Los consulados han de defender a los mexicanos sometidos a deportación. O deberían. Pero si caen en Miami, en el saturado Krome, el cónsul no tiene idea de lo que padecerán, porque cuando pudo ir, optó por comer con su hijo, quien por cierto es candidato al comité republicano de esa ciudad y en sus redes sociales apoya a Trump. Hay prioridades. (Salvador Camarena, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 39)
México recibió 78 mil 975 solicitudes de asilo en 2024, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), consolidándose como un destino clave para personas refugiadas, principalmente de Honduras, Cuba y El Salvador. El 91 por ciento de la población atendida por Ayuda en Acción de México son mujeres, de las cuales 53 por ciento viaja sola y 41 por ciento lo hace con hijos, lo que dificulta su acceso al empleo por la falta de espacios de cuidado infantil.
Para responder a esta crisis, Ayuda en Acción de México opera en Monterrey, San Luis Potosí, Ciudad de México y Tenosique, facilitando la inserción laboral de 48 mujeres refugiadas mediante convenios con empresas. Además, ha brindado dos mil 245 atenciones en salud, asesoría legal, educación y empleo. La directora, Tania Rodríguez Zafra, encabeza este esfuerzo con un modelo de acompañamiento prolongado que prioriza autonomía económica e integración social de las beneficiarias. Con un enfoque integral, la organización también ofrece apoyo psicosocial, formación en habilidades laborales y asistencia en trámites bancarios y médicos. Para fortalecer esas acciones, Ayuda en Acción abrió una casa de transición en la CDMX con la que busca brindar un espacio seguro para mujeres refugiadas y niñeces en situación de movilidad humana, facilitando su integración a la vida laboral y social en México.
Este nuevo recurso ofrecerá acompañamiento en empleabilidad, apoyo psicosocial y asistencia en trámites administrativos, reforzando el compromiso de la organización con la inclusión y los derechos humanos.
MUCHO POR TRABAJAR
La celebración del Día Mundial del Agua nos recuerda la urgente necesidad de transformar nuestro modelo de uso del recurso hídrico. En México, el sector agrícola, principal consumidor, con 76 por ciento del agua disponible, enfrenta grandes retos, desperdiciando hasta 40 por ciento por métodos de riego anticuados. En este contexto, el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 se plantea modernizar sistemas en más de 200 mil hectáreas, acción que podría elevar la productividad en 51 por ciento y optimizar el aprovechamiento del agua. Asimismo, la labor de la industria del cuidado de producción agrícola en la asociación de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (Proccyt), al mando de Luis Osorio, resulta clave al reducir malezas y mejorar la retención de humedad. La integración de sensores de humedad, riego automatizado y bioestimulantes demuestra ser una fórmula eficaz para reducir el consumo de agua sin sacrificar la productividad.
BUENA COMBINACIÓN
En el marco de su décimo aniversario en el país, ATT México, al mando de Mónica Aspe, regresa al mundo del entretenimiento en vivo de la mano de OCESA, al renovado Estadio GNP Seguros. La intención es brindarles a sus clientes experiencias inigualables en espacios exclusivos en los mejores eventos. (Jaime Núñez, El Heraldo de México, Merk-2, p. 22)
El mundo tiene diversas capas de pesada incertidumbre encima, y México, de entre todas las naciones, carga con varias capas adicionales. Somos la economía más expuesta a una guerra comercial con Estados Unidos, el país con mayor interrelación cultural y migratoria, y una hipersensibilidad a los vaivenes de los grandes capitales. Dos factores influyen para acrecentar el problema en este sentido: lo mucho que pagamos a los tenedores de nuestros bonos soberanos, y lo expuestos que como plataforma industrial estamos a cualquier declaración de Donald Trump o alguno de sus subalternos.
Hasta el momento, el gobierno de México ha navegado por estas aguas turbulentas con éxito. Sin embargo, cada nuevo ultimátum, cada amenaza de aranceles, tiene un efecto pernicioso sobre los inversionistas. Ante la percepción de riesgo, en el mejor de los casos, frenan decisiones; en el peor, reorientan inversiones de largo plazo, dejando a México en una paradoja que nadie, nunca, podrá explicar a Trump y a sus seguidores: mientras más fuerte sea la economía de México, más empleos generará y menos presión migratoria tendrían en su frontera sur. Que limitar las oportunidades de crecimiento económico para Norteamérica es fortalecer a China como jugador global y perpetuar las causas que llevan a que cientos de miles de personas busquen cruzar el Río Bravo en búsqueda de un mejor destino.
Si la confrontación económica de los Estados Unidos es con China, su apuesta debería ser por Canadá y México como socios y aliados. Pero esto va más allá de lo económico. Esto es político. Tiene que ver con tocar las fibras más sensibles de un país que se siente ultrajado por sus propios socios comerciales, invadido por sus vecinos e insatisfecho con su rol en el mundo. Esa es la gran interrogante de cara al futuro inmediato: ¿la administración Trump privilegiará, como hasta ahora, lo político, o dará cabida a la racionalidad económica que, a todas luces, le llevaría a fortalecer el T-MEC?
Ese criterio político no toma en cuenta la compleja integración comercial forjada entre tres países a lo largo de tres décadas. Ese criterio busca decirle al elector de Pensilvania o Michigan que la inversión que iría a México se reubicó en su estado. Para Trump, hacer a América grande otra vez tiene que ver con reindustrializarla, con hacerla más blanca, anglosajona, conservadora, expansionista y hostil. Cualquier otra interpretación de los meses que hemos atestiguado es un optimismo estéril. Trump quiere regresar al siglo XIX en lo cultural, y a los años 50 de la centuria pasada en lo económico. En el terreno político su apuesta es aún más audaz y amenazante, pues no hay registro moderno de un presidente estadunidense con ese apoyo popular, lo radical de su agenda y el nulo contrapeso institucional.
No quiero autos construidos en México, dijo apenas el viernes el presidente de Estados Unidos. Cómo explicar que esos autos son los que permiten a su industria nacional competir con China en precio, tiempo, calidad, tecnología y un largo etcétera. Cómo explicar que la industria de autopartes, la pujante Aguascalientes, la emblemática Puebla, o la decena de plantas de tractocamiones en México, no le robaron empleos a Detroit. Cómo explicar que no somos el enemigo ni el problema, sino el aliado estratégico ante la verdadera interrogante del futuro norteamericano. Cómo frenar la implosión sociocultural de la que su elección es sólo un síntoma. Cómo detener el resquebrajamiento de los valores de Occidente, desde la xenofobia y el chovinismo.
Los éxitos de México en materia económica, asumo, no estarán en el convencimiento ni el triunfo de la razón, sino en la pragmática negociación en otros dos flancos: seguridad y migración. Nuestro vecino se ha puesto en un modo bastante transaccional –véase el penoso caso de Ucrania o Groenlandia– y no queda más que negociar. Negociar sin otro límite que la soberanía, y con la esperanza de sobrevivir estos cuatro años bajo asedio. (David Penchyna Grub, La Jornada, Política, p. 12)
EL GOBIERNO DE Estados Unidos dio el primer golpe contra el lavado de dinero del narcotráfico a las remesas enviadas a México.
Se fiscalizarán todos los envíos al país de 200 hasta 10 mil dólares que pasan por los intermediarios financieros privados, pero también por la Financiera para el Bienestar (Finaben) y el Banco del Bienestar.
El Departamento de Estado de Marco Rubio y del Tesoro de Scott Bessent, por instrucciones del Presidente Donald Trump, unieron fuerzas para combatir el lavado de dinero del narcotráfico.
Por ello, desde el 11 de marzo, las empresas de servicios monetarios ubicadas en 30 códigos postales en California y Texas, que gobiernan Gavin Newsom y Greg Abbott, respectivamente, con cercanía a la frontera con México, deben presentar Informes de transacciones de divisas a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) de EU.
La medida aplicó a compañías como Western Union, que preside Devin McGranahan; MoneyGram, al mando de Anthony Soohoo, y Wise Bank, de Kristo Käärmann, entre otras, las que más remesas envían a México.
Bessent dijo que esas órdenes de restricción “destacan nuestra profunda preocupación por el riesgo que representan para el sistema financiero estadounidense los cárteles a lo largo de la frontera suroeste”.
En este espacio hemos dado a conocer que existe una estrategia en tres frentes: frenar la migración ilegal, combatir y entregar a los capos de la droga y desarticular el blanqueo de dinero del narcotráfico.
Este último objetivo pretende cerrar los caminos del lavado de dinero de los cárteles de la droga mexicanos, y uno de los canales es el envío de las remesas de los migrantes por 65 mil millones de dólares al año.
Los paisanos emplean esos transmisores de dinero, Western Union, MoneyGram o Wise, principalmente, que a su vez ocupan a la mencionada Finaben, que dirige Rocío Mejía, o a Bancoppel de Agustín Coppel, entre otros bancos, como dispensadores de recursos.
Un estudio del think tank Signos Vitales estima que unos 4 mil 400 millones de dólares, 7.6% de los más de 58 mil millones que los mexicanos recibieron de remesas en 2022, están relacionados con el narcotráfico.
El Departamento de Estado y otras dependencias del gobierno de Trump buscan con estas medidas regulatorias en materia financiera combatir el envío de dinero. Pero también cazar a los agentes bancarios y no bancarios considerados delincuentes de cuello blanco.
Otro rubro relacionado es la compra venta de inmuebles en EU, consideradas también focos rojos por el llamado FinCen, que comanda Andrea Gacki, encargada de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. (Darío Celis Estrada, El Heraldo de México, País, p. 7)
Enemigos
Pues resulta que cada día se alarga la lista de enemigos del nuevo régimen estadunidense, y su diversidad e inclusión ofrecen un registro valioso si se le da un giro al viejo dicho: dime quiénes son tus amigos y te diré quien eres; ahora sería: dime quiénes son tus enemigos para saber quién eres y qué quieres.
Ahora, esa lista incluye periodistas no alineados, artistas, académicos, científicos –sobre todo de clima y salud–, abogados, jueces, estudiantes, maestros, defensores de libertad de expresión y los derechos de mujeres, gays y minorías y casi todo inmigrante indocumentado o legal. La lista también incluye disidentes y los que se atrevieron a cuestionar al actual ocupante de la Casa Blanca desde hace años, entre ellos fiscales, agentes de la FBI y hasta ex jefes del Estado Mayor.
Los mensajes oficiales son explícitos: en cada ocasión que un medio, juez, abogado, manifestante, estudiante y defensores de derechos y libertades civiles, entre otros, se atreva a criticar o denunciar algo de su gobierno, es declarado no sólo falso, sino parte de un complot de la izquierda radical.
Y esa izquierda radical aparentemente está en todas partes, desde el ex presidente Biden hasta académicos y estudiantes que protestan por la complicidad estadunidense en la guerra de Israel contra el pueblo palestino, así como dentro de agencias y dependencias del gobierno, las fuerzas armadas y agencias de inteligencia, entre otras.
No sólo son izquierdosos, sino delincuentes. Trump acusa que algunos medios de noticias están cometiendo actos ilegales, sin precisar cuáles, y pide que sean investigados. Ni cesa de atacar a todo juez que se atreva a enjuiciarlo o cuestionarlo –en el caso de la deportación de venezolanos donde un juez federal investiga si el Ejecutivo desobedeció su orden para frenar el traslado de los acusados, Trump acusó que ese juez es un izquierdista radical lunático que debería de ser destituido. Y ahora acaba de ordenar que el Departamento de Justicia sancione a abogados y sus bufetes que presenten litigios no razonables contra el gobierno y que también se investigue el comportamiento de abogados defensores de inmigrantes. Ante acusaciones de que su gobierno está violando leyes, respondió con la frase de Napoleón: aquel que salva a su país no viola ninguna ley.
Algunos especulan que Trump y su equipo están realizando redadas y arrestando a estudiantes y activistas inmigrantes –el estudiante palestino Mahmoud Khalil ahora se declaró prisionero político– despidiendo a fiscales y agentes, ordenando el cierre de agencias federales y atacando a universidad como parte de un show bien producido casi diario, todo para preparar el terreno de actos aún más severos para desmantelar el estado de bienestar, dinamitar las conquistas políticas y sociales de décadas en el terreno de derechos civiles de minorías, mujeres, la comunidad gay y educación y también preparar la maquinaria de represión política contra posibles manifestaciones y otros actos anti Trump.
“No existe precedente… Es un ataque multifrente sobre virtualmente cada aspecto de la sociedad civil… No creo que este país haya visto antes un asalto total contra los principios básicos de libertades civiles y los principios fundamentales de gobernanza constitucional”, resume el profesor de leyes y ex director legal de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU) David Cole entrevistado por el New York Review of Books. La historiadora Heather Cox Richardson afirma que ya estamos en un golpe de Estado en el cual busca imponerse un caudillo.
No hay día que no se libre un ataque contra un enemigo de este régimen. Ahora mucho depende de si los enemigos son capaces de juntarse para enfrentar lo que todos coinciden es una amenaza a esta democracia. Como comentó un abogado de inmigración en torno a que gente como él están en la lista de enemigos del régimen: a mucha honra. (David Brooks, La Jornada, Mundo, p. 21)
El gobierno de Estados Unidos está en medio de un frenesí autoritario cada vez más ominoso. Donald Trump comienza a acostumbrarse a responder a todas las decisiones judiciales que le resultan adversas exigiendo la destitución de los jueces. A la voz del presidente se suman, como merolicos, las de su gabinete y sus asesores. Estados Unidos parece haber perdido el respeto elemental por el Estado de derecho, la división de poderes y el orden constitucional que han sido el corazón de sus más de 200 años de historia.
Las consecuencias pueden ser muy graves para la democracia estadounidense, pero ya lo son para los individuos que han tenido la desgracia de ser objeto de los atropellos de la Casa Blanca. Pocos casos son tan dramáticos como el del numeroso grupo de venezolanos expulsados de Estados Unidos en las últimas semanas.
La lista de atropellos es larga.
Primero, las expulsiones se han llevado a cabo, en muchos casos, basándose solo en los tatuajes que portan los migrantes. Según una investigación de The Guardian, las autoridades migratorias habrían vinculado ciertos diseños —como rosas, navajas de barbero o incluso logotipos deportivos— con la pandilla criminal Tren de Aragua, sin contar con evidencia concreta de actividad delictiva. Los deportados y sus familias insisten en que esos tatuajes tienen significados personales, y rechazan cualquier vinculación delictiva.
El escándalo de los tatuajes es, en cierto sentido, lo de menos. Los venezolanos fueron expulsados sin respeto alguno por el debido proceso al que está obligado el gobierno de Estados Unidos. La administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a más de 200 venezolanos, alegando que eran miembros de pandillas, pero sin presentar pruebas de esas afiliaciones criminales. No se les dio la oportunidad de impugnar estas acusaciones ni de defenderse en los tribunales. Varios de ellos no tienen ningún antecedente penal. Fueron expulsados simplemente porque así lo decidió el gobierno de Estados Unidos, y sanseacabó.
Esto ha derivado en historias para las que, francamente, faltan adjetivos.
Uno de los casos más notorios es el de Franco José Caraballo, un barbero de 26 años, deportado a pesar de no tener antecedentes penales. Su familia insiste en que tatuó una navaja por su oficio y no tiene ninguna relación con el crimen organizado. En un caso similar, Jerce Reyes, exfutbolista profesional, fue expulsado después de que su tatuaje del Real Madrid fuera interpretado como símbolo de pandilla.
La historia más alarmante es la de Andrys, un venezolano gay de 23 años que fue expulsado tras la errónea interpretación de sus tatuajes como signos de pandillas. A pesar de no tener orden de deportación ni haber tenido audiencia judicial, fue expulsado sin miramientos.
La tragedia se agrava cuando se considera el destino de muchachos como Andrys. Estados Unidos envió a estos jóvenes a la cárcel de máxima seguridad construida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para recluir a pandilleros. Por diseño, la cárcel de Bukele es un infierno en la tierra. Los periodistas que han logrado documentar los abusos cometidos en el llamado CECOT describen un horror abrumador. Que ese sea el destino final de pandilleros despiadados es una cosa. Que lo sea de jóvenes obligados a purgar allí una cadena perpetua injustificable y espeluznante es otra completamente distinta.
¿Qué será de un joven como Andrys en la cárcel de Bukele? Un periodista publicó una crónica sobre la llegada del grupo de venezolanos expulsados por Estados Unidos. Sin saberlo, narró los primeros momentos de Andrys. Humillado y golpeado, suplicaba que lo escucharan: “Soy gay. Soy peluquero. No soy pandillero”, decía entre sollozos.
Al gobierno de Donald Trump no le importa el destino de Andrys ni de ninguna otra persona que haya caído por error en las redes punitivas de la maquinaria de deportación estadounidense. La crueldad es el punto. La crueldad es la estrategia. Y es una vergüenza histórica. (León Krauze, El Universal, Nación, p. A9)