Persecución contra migrantes, ahora en los aeropuertos. (Rayuela, La Jornada, Contraportada)
El muro inició en 1990, cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) instaló 22 kms de barreras para frenar a migrantes y drogas en la zona de San Diego. Continuó la edificación en 2005, 2006 y 2011. Se destinaron 2 mil 500 millones de dólares para ampliar el muro en 1,367 kms.
En la primera administración Trump el muro se convirtió en una premisa central de la seguridad fronteriza. Se destinaron cerca de 11,1 mil millones de dólares para construir 442 kms adicionales y sustituir viejas vallas. Al final, los kilómetros construidos fueron menores, debido a las demandas legales en EU en contra del muro, tanto por propietarios de terrenos -en particular en Texas, donde la mayor parte de las tierras fronterizas son propiedad privada- como por organizaciones de la sociedad civil y del propio gobierno de México a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
El segundo gobierno de Trump cuenta con más recursos para continuar el muro, sin importarle los impactos ambientales, económicos, sociales, culturales y de la relación con México.
La ley OBBBA (One Big Beautiful Bill Act) de 2025 autorizó 46,5 mil millones de dólares a la construcción del muro, 4 veces más de lo destinado anteriormente. En las últimas semanas se ha registrado actividad frenética en zonas fronterizas particularmente frágiles y relevantes.
Por un lado, en la frontera Sonora-Arizona (el Valle de San Rafael en el área del parque Memorial de Coronado en Arizona), entre Nogales y Agua Prieta, cerca de la zona habitada por los Tohono O’odham o pápagos. La construcción del muro pintado de negro de más de 3 metros de alto está destruyendo montañas, cuencas medioambientales frágiles, impidiendo la circulación de fauna como jaguares. En la zona NO se registran índices de cruces irregulares, por lo que el muro no sería necesario. Los contratos se han otorgado a compañías que han financiado campañas de republicanos y de la propia Kristi Noem, ex secretaria de Seguridad Interior.
Por otra parte, se observa intensa construcción documentada por medios de EU, en la frontera de Texas con Chihuahua y Coahuila, tanto en el parque estatal de Big Bend como en el parque nacional Big Bend de EU. Nunca ha habido un muro en la zona por la propia geografía: el Río Bravo, cañones, montañas, que la hace casi intransitable para cruzarla. Del lado mexicano está el parque Ocampo. En Texas hay protestas tanto de demócratas como republicanos por violación a sus derechos de propiedad privada, daño medioambiental, afectación a los recursos acuíferos, a la biodiversidad. En la zona hay dos cruces fronterizos: el de Presidio-Ojinaga y el peatonal de Boquillas del Carmen en Coahuila conectado con el Parque Big Bend.
El gobierno de México debe protestar enérgicamente por la reanudación de la construcción al atentar contra la buena vecindad y la cooperación fronteriza, por violar tratados internacionales y afectar económica, social, cultural y medioambientalmente a las poblaciones fronterizas. (Martha Bárcena Coqui, El Heraldo de México, Online)
En días recientes desde la llamada mañanera, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que con el programa México te Abraza, creado para apoyar a los (¿y las?) deportados(as) de Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2025, han ofrecido apoyo a 189 mil 830 mexicanos hasta el 18 de marzo pasado. No dudamos de la veracidad de las cifras ofrecidas, pero sí llama la atención el énfasis institucional “para reincorporarlos a la vida pública del país”. Carta de repatriación, cuando regresan como si ellos y ellas lo hubieren decidido. Actas de nacimiento, cuando no sólo este sector carece de ella en el país; la CURP, una suerte de habilitación como mexicanos, un apoyo ciertamente simbólico; se entregaron 114 mil tarjetas del Bienestar Paisano con 2 mil pesos cada una para ayudarlos en su reintegración a México y retornar a sus lugares de origen; 42 mil 400 connacionales se incorporaron a programas del Bienestar; y entramos a las hipótesis no confirmadas: “se les ofrecen asesorías, regularización de tierras y acceso a vivienda”; se repartieron 39 mil tarjetas de la Financiera para el Bienestar (Finabien), con las cuales pueden recibir dinero de sus familiares en Estados Unidos. El apoyo otorgado a los paisanos repatriados (sic) incluye la posibilidad de afiliarse al IMSS y obtener seguridad social, y al Infonavit para tener acceso a créditos para casas. Además, 14 mil 228 personas han logrado conseguir un empleo formal en empresas privadas y más de 42 mil 400 connacionales se incorporaron a programas públicos.
Resulta indispensable conocer la información básica, como lugares de origen de los y las deportados(as), pues no se precisa si no se incluye en las cifras a quienes provienen de un tercer país. En el caso de integrantes de pueblos indígenas, tampoco se dice cuántos de ellos y ellas han retornado a sus comunidades. Cuál es el impacto en ellas de la ausencia de remesas. Toda esta problemática no se observa presente en el informe denominado México te Abraza, pues el Estado mexicano, por décadas, se ha convertido en mero observador, e incluso se ha visto favorecido en su economía por las remesas que han enviado nuestros paisanos.
Habría que incorporar en informes oficiales cuando se trata de las personas de origen indígena cuyas condiciones socioeconómicas las han llevado a emprender el camino de la migración, pero no sólo eso: hay regiones en el país donde ese camino ha sido la salida para la sobrevivencia ante el desplazamiento forzoso promovido por la delincuencia que, por distintas vías y en diversos ámbitos, se ha instalado, y mediante violencia y despojo, ha impuesto proyectos extractivos, por ejemplo, pasando por encima de la voluntad individual y colectiva de las comunidades. Por todo ello, es vital el aporte de las remesas para las familias que se quedan en las comunidades, y eso no exime a sus integrantes de las obligaciones comunitarias aun desde fuera. Todo ello, a muchas de las personas deportadas les impedirá plantearse el retorno a sus comunidades de origen.
En contraste, justamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, en días recientes, informó que en Estados Unidos residen al menos 491 mil 575 indígenas mexicanos y 63 mil 491 afromexicanos, quienes a consecuencia de la política migratoria del presidente Donald Trump, experimentan incremento en el temor o desconfianza hacia las autoridades, así como arrestos, deportaciones y faltas al debido proceso en centros de detención, entre ellas la ausencia de intérpretes y traductores.
El diagnóstico, titulado Primer informe de actividades de la mesa institucional “Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, elaborado con información de 49 de los 53 consulados de México en ese país, advierte que estas comunidades enfrentan obstáculos persistentes para tener acceso a servicios y ejercer plenamente sus derechos debido a barreras lingüísticas, falta de documentación personal y desconocimiento de los mecanismos de protección consular. El informe advierte que estas carencias afectan el acceso a la justicia y a servicios básicos, especialmente en contextos de detención migratoria.
La cancillería subrayó que la población indígena y afromexicana tiene “presencia activa y significativa” en aquel país y requiere atención institucional con enfoque intercultural.
El reporte indica que se identificó la presencia de comunidades indígenas y afromexicanas pertenecientes al menos a 29 pueblos originarios, entre ellos mixtecos, nahuas, zapotecos, tsotsiles y purépechas. California concentra la mayor población, con más de 211 mil personas, seguida de Nueva York, Florida, Texas y Nueva Jersey. Urge respaldo al trabajo consular y que se logre detener el incremento de las deportaciones a nuestros paisanos, que de suyo son arbitrarias.
En síntesis, resulta indispensable la mirada crítica y, más allá de las cifras genéricas, que se acerque el espejo al programa México te Abraza. (Magdalena Gómez, La Jornada, Opinión, p. 12)
GAP vuela alto en Occidente
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), bajo la dirección de Raúl Revuelta, invertirá 22 mil 377 millones de pesos en el Aeropuerto de Guadalajara entre 2025 y 2029. Tan solo para 2026, la terminal tapatía recibirá 4 mil 917 millones de pesos, consolidándose como el principal activo de crecimiento del grupo. El plan maestro contempla un Nuevo Edificio Terminal de 87 mil metros cuadrados, lo que representa un incremento del 91% en infraestructura, además de un nuevo sistema vial de 17 kilómetros y un segundo acceso por la Avenida Adolf B. Horn para mitigar la saturación de la carretera a Chapala.
La estrategia de Revuelta integra la modernización tecnológica con un aumento del 67 por ciento en filtros migratorios autónomos y la adquisición de 285 hectáreas para expansión futura. Esta apuesta se complementa con una inversión de 3 mil 662 millones de pesos en Puerto Vallarta, donde la capacidad operativa prácticamente se duplicará con una nueva terminal de 74 mil metros cuadrados. En conjunto, Jalisco articula un corredor aéreo estratégico que potencia la manufactura y el turismo, posicionando al Occidente como la región con la infraestructura más competitiva de México para el cierre de la década. (De Jefes, El Financiero, Empresas, p. 17)
La semana pasada el MoReNa y sus líderes entonaron de nuevo la emotiva alabanza a “nuestros migrantes”, mientras que el zócalo era nuevamente expropiado por el ritual “campamento” de la CNTE, la Coordinadora Nacional (es un decir) de Trabajadores (otro decir) de la Educación (el máximo decir). Si el zócalo es “el corazón de la Patria”, la CNTE lleva sexenios recetándole trombosis coronarias.
¿Cuál es la relación? La CNTE acampa en el zócalo porque exige plazas magisteriales automáticas vitalicias, legalmente heredables o subastables, a cambio de educar a los niñitos en el odio al “sistema neoliberal”. Los “héroes vivientes” emigran para ganarse la vida en el sistema neoliberal y educar a sus hijos sin que la CNTE les diga cómo y, de pasada, subsidiar al país con sus remesas.
Para el MoReNa, que “nuestros migrantes” lo subsidien es un logro antineoliberal. Dudo que sean “nuestros”, un posesivo que pelecharon al verse obligados a emigrar: los migrantes son de sí mismos, me parece. Y más que solidarios con México lo son con sus familias. Y más que héroes, son trabajadores.
Los “héroes vivientes” viven sin más garantías vitalicias o plazas automáticas que las impuestas por el neoliberalismo de EU, al que abomina el gobierno del país que abandonaron y al que, con su “recurso” mantienen a flote. El Supremo AMLO presumió que el 33% del pueblo mexicano vive gracias a los 60 mil millones de dólares anuales que envían los 10 millones de migrantes subyugados por el neoliberalismo yanqui. Es “la principal fuente de ingresos que tiene el país”, blasonó, y hasta los vitoreó en “El Grito”. Nunca comparó esas remesas con las pérdidas de PEMEX ni con los trenecitos del Pueblo. Sólo le faltó decir que los migrantes son nuestro mejor producto de exportación.
En los estados sureños que domina la CNTE, las remesas alcanzan el 11% del PIB: es decir que hasta la CNTE vive de ellos. ¿Qué opinarán los migrantes? El sociólogo Benjamin T. Smith explica en la revista Dissent que el 36% de los maestros de la CNTE “heredan” su plaza a sus familiares, que tienen el derecho a subastarlas a inversionistas que compran así una renta vitalicia. Pero al mismo tiempo, sus alumnos tienen 25% menos clases que en el resto del país. Que la CNTE haga paros y bloqueos contra las escuelas privadas es, claro, la paradoja final: su inversión en la industria del migrante.
La CNTE, agrega Smith, ha creado “una aristocracia laboral” que desprecia cualquier atisbo de meritocracia y, al mismo tiempo ha creado un gran “mercado negro” de venta de plazas. Esto ha convertido a la CNTE en una gran fuerza política de “empresarios de izquierda” que invierten en paros y huelgas para lograr cada vez mayores rendimientos políticos. El resultado es que sus alumnos (sus víctimas) se pasan en promedio uno de sus seis años de su educación primaria mirando las huelgas, marchas y bloqueos de sus maestros que jamás serán vencidos.
¿Qué hace el Pueblo bueno? Una “migración masiva” que conduce a familias enteras a los estados del norte de México en busca de trabajo para pagar escuelas privadas para sus niños o, de ser posible, a California para inscribirlos en las escuelas públicas (explica otro investigador, Jeffrey Cohen) y donde aprenderán a ganar “recurso” que enviar a México para graduarse a “héroes vivientes” en el combate contra el neoliberalismo. ¿Podría haber algo más neoliberal?
Y mientras tanto, la CNTE, que en el zócalo declaró sumariamente “fascista” a Sheinbaum, grita “¡Adelante, adelante, que la lucha es constante!”. Error pedagógico: no es constante, es interminable. (Guillermo Sheridan, El Universal, Cultura, p. A23)