El procedimiento de revisión migratoria que prevén los artículos 97 y 98 de la Ley Federal de Migración, que se efectúa en lugares distintos a los de tránsito internacional, es inconstitucional, por aplicarse a personas nacionales y extranjeras sin distinción, así como por discriminación, al generar impactos diferenciados en connacionales originarios de comunidades indígenas y afromexicanas. Así lo estimó la 1ª. Sala de la Corte al resolver, el pasado 19 de abril, el AR 275/2019.
En este caso, un grupo de personas, padre, hermanos y hermana menor originarias de una comunidad indígena Tzeltal del municipio de Ocosingo, Chiapas, con conocimiento limitado del español, viajaban a Guaymas, Sonora, para trabajar como jornaleras agrícolas en la cosecha de frutas y verduras.
La Delegación de Querétaro del Instituto Nacional de Migración realizó una revisión en el autobús donde viajaban. Pidieron sus identificaciones y las bajaron junto con otros pasajeros. Acto en el que presentaron su credencial para votar, con excepción de la menor, quien presentó copia de su acta de nacimiento. No obstante, los agentes migratorios consideraron que eran guatemaltecos y que los documentos entregados eran falsos. Fueron detenidos en calidad de extranjeros y puestos a disposición de la Estación Migratoria de Querétaro.
Ante tales circunstancias, promovieron un amparo indirecto por comparecencia, en el que se les otorgó 10 días para acreditar su legal estancia en el país, para lo cual exhibieron: Constancia de origen firmada por el Agente Municipal de la Ranchería “El Jordán”, municipio de Ocosingo, Chis., que pertenecen a la etnia Maya Tzeltal, actas de nacimiento, Registro de población y oficio del Encargado Estatal de libros de Tuxtla Gutiérrez, Chis. que hace constar las respectivas actas de nacimiento.
Siete días después, el Subdirector de Control de Verificación Migratoria emitió resolución definitiva, en el sentido de ordenar su salida de la estación migratoria, al haber acreditado la nacionalidad mexicana.
Esto originó que el Juez de Distrito sobreseyera en el juicio por estimar que habían cesado los efectos de los actos reclamados, consistentes en la detención. Después de diferentes actos procesales, el asunto llegó a la 1ª. Sala de la Suprema Corte, en recurso de revisión.
La Corte levantó el sobreseimiento y consideró que los artículos impugnados, al facultar a la autoridad migratoria a realizar revisiones dentro del territorio nacional, fuera de los destinados al tránsito internacional, para comprobar la situación migratoria de personas, permite la utilización de criterios arbitrarios para distinguir entre mexicanos y extranjeros, al utilizar perfiles subjetivos como: color de piel, raza, idioma, forma de hablar, origen étnico, etc., lo que es contrario al derecho a la igualdad y no discriminación. Además de que el artículo 11 Constitucional no exige obligación de portar documentos identificatorios en el territorio nacional, pues preserva el derecho a la libertad de tránsito.
La Corte estimó que la Ley de la Materia cuenta con 2 medidas de revisión migratoria menos intrusivas al derecho a la libre circulación: el procedimiento de control migratorio, al momento de ingreso al país; y una vez dentro del territorio nacional, la visita de verificación, que debe cumplir con las formalidades del procedimiento. Lo cual, permite a las autoridades migratorias cumplir con sus atribuciones, sin violentar a algún sector en particular. (Margarita Luna Ramos, El Universal, Opinión, p. 21)
Ken Salazar confiesa planes // Mi foco, el Transoceánico // Istmo: nueva frontera // Integración económica
Más claro no podría ser el embajador-interventor de Estados Unidos en México, Ken Salazar: la frontera norte de México se trasladará virtualmente a la cintura del país, el istmo de Tehuantepec, para desde ahí frenar el paso de migrantes hacia el país de la bandera con barras y estrellas.
Sabido es que al prefecto enviado por Joe Biden no se le da la prudencia a la hora de hablar ante el Presidente de la República, gobernadores, empresarios o periodistas, así que en recientes declaraciones de prensa hizo saber: “El gobierno de México tiene un plan, una agenda muy buena para la seguridad por ahí por el Istmo (…) Allí en el Istmo, por 300 kilómetros, 180 millas… es más fácil ver lo que está pasando en la frontera de 180 millas y no de 2 mil millas en el desierto; entonces, es parte de la solución de migración. También es parte de la solución de la seguridad”.
Entusiasmado, el diplomático de texano sombrero no tuvo empacho en revelar las aguileñas garras y mirada del imperio: En el sur, por el Istmo, es importante que pongamos la vista allí (…) ahí están las llaves para resolver los problemas que tenemos ahora sobre el flujo de la migración al norte (…) Mi foco ha sido en el Transoceánico, porque ese ferrocarril y ese lugar se soñaba como un lugar muy estratégico desde los días de Juárez y Lincoln.
Ya en anteriores entregas de esta columna, que mantiene recelos fundados en la historia, se ha dicho que resulta grave convertir esa franja estratégica en un espacio de inversión económica de capitales extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, y de interés específico de este país en materia de seguridad nacional (a cuyo amparo Washington ha decidido invasiones y operaciones similares), en las áreas delicadas de migración proveniente de Centroamérica y de tráfico de drogas también con rumbo al norte.
El desatado activismo del embajador Salazar delata sin ambages la visión de control que se pretende establecer en esa zona estratégica, que une a los océanos Pacífico y Atlántico, este mediante la región marítima del Golfo de México.
El corredor transoceánico, que se construye como obra estratégica del sexenio obradorista, busca consolidar la integración económica (y política) de México y Estados Unidos, con un caudal de inversiones extranjeras que en cualquier momento podrán invocar malos tratos e incumplimientos para pedir acciones de la Casa Blanca contra el anfitrión castigable.
El vecino expansivo ha puesto la vista en esa franja siempre preservada en aras del legítimo interés nacional mexicano. Ahí anida una eventual defensa imperiosa del interés estadunidense en materia de su seguridad nacional. Por ello el embajador hiperactivo se reúne oficialmente con gobernadores, secretarios del gabinete federal y empresarios nacionales y extranjeros para supervisar el avance del proyecto conjunto.
Otro capítulo potencialmente peligroso se escribe en cuanto al financiamiento de tramos del Tren Maya, además de otros programas millonarios en dólares a cargo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, la misma USAID a la que el presidente López Obrador ha criticado duramente en conferencias mañaneras por sus ánimos intervencionistas, sobre todo al financiar a asociaciones civiles antagónicas del actual gobierno federal.
Con Trump, México aceptó dar un giro lamentable a su política hacia los migrantes provenientes de Centroamérica e instaló a la Guardia Nacional y los agentes del Instituto Nacional de Migración como frontera sur provisional de Estados Unidos. Ahora, con el corredor transoceánico, la migra 4T establecerá en definitiva una barrera física militarizada para cumplir con los objetivos migratorios de Washington.
Y, mientras el presidente de Estados Unidos invita a España a la Cumbre de las Américas, al tiempo que pretende cerrar las puertas a países americanos como Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¡hasta mañana! (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)
Tras la pandemia, el fenómeno migratorio requiere nuevas herramientas globales que permitan rencauzar el curso que fue prácticamente bloqueado ante las necesidades, válidas o no, de evitar los contagios por el covid-19. De los 277 millones de personas que viven en un lugar distinto al suyo, 192 millones provienen de países de bajos y medianos ingresos. Lo que quiere decir que el componente destacado de la economía global ha sido la migración laboral internacional.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que 800 millones de personas en el mundo dependen de las remesas para complementar su ingreso o es más que parte total del mismo. Se trata de flujos financieros que en la mayoría de los casos se vieron reducidos lo que afectó a los países receptores. No así en México, cuyos montos se incrementaron y recibió 51 mil millones de dólares en 2021.
El total mundial de las remesas se situó en 541 mil millones de dólares, es decir, el triple de la asistencia oficial para el desarrollo y 80 por ciento más que la inversión extranjera directa. Y, como puede suponerse, se mantuvieron las leoninas comisiones cobradas por los diferentes instrumentos financieros, sin importar las lastimosas condiciones que se estaban viviendo.
Los retornos voluntarios, las deportaciones, las forzadas cuarentenas, las personas atrapadas en países de destino, los hacinamientos contrarios a lo que se exigía para evitar contagios, los migrantes enfrentaron la llamada gobernanza de seguridad fronteriza aplicada desde los ataques del 11 de septiembre para detener supuestos terroristas, es decir, controles, contención y aislamiento cuyas consecuencias fueron incalculables.
Ante estos escenarios, la recuperación requiere, y de forma rápida, elaborar una nueva estrategia que tenga como eje articulador la eliminación de los controles, de la securitización que enfatice la cooperación, la solidaridad, que permita la fluidez de los movimientos. La diversidad de factores que han dado lugar a la movilidad humana son urgencias de vida que requieren protección ante el jaque a la sobrevivencia. Si bien es imperativo ir a las causas, como la pobreza, la inseguridad, violencia, desastres naturales, conflagraciones, es urgente en estos graves momentos ampliar los caminos de la migración y paralelamente consensuar instrumentos globales que eviten vulnerar a tantos seres humanos.
México tiene que recuperar la propuesta migratoria inicial del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de no criminalizar a la migración, respeto a sus derechos humanos, visas humanitarias, asilo, refugio, visas de trabajo, no centros de detención, especial atención para los niños viajando solos y permitir el tránsito por el país. Es preciso sensibilizar a la población en el sentido de que todos los migrantes tienen el derecho a solicitar asilo y la condición de refugiado que garantice su integridad y el respeto de sus derechos humanos. Sería muy eficiente ampliar programas de política pública dirigidos a eliminar de la convivencia cotidiana los lesivos conceptos del racismo, discriminación y xenofobia.
En este marco, resulta muy preocupante que el embajador de Estados Unidos en México el señor Ken Salazar –según un reportaje del periódico Milenio– afirme que tiene información de que el plan del gobierno mexicano, apoyado por su país [es] blindar la franja del Istmo de Tehuantepec, para desde allí frenar a los migrantes y el contrabando de droga que intentan llegar hasta la frontera norte.
¿Será posible que AMLO esté de acuerdo con lo que señala este personaje?
Sería totalmente contrario a las necesidades de recuperación del país y de los mexicanos, sobre todo para una política migratoria de derechos humanos. Sería muy preocupante que las obras del Istmo se desvíen de sus objetivos en relación con el desarrollo de la región para ahora resolver los problemas del vecino del norte para lo cual requiere mover la frontera sur del país hacia el Istmo de Tehuantepec, y así dominar militarmente los movimientos migratorios y supuestamente disminuir la drogadicción en Estados Unidos.
Habría que revisar con mucho cuidado las confesiones de Ken Salazar cuando señala que “mi foco ha sido en el Transoceánico… ahí están las llaves para resolver los problemas que tenemos ahora sobre el flujo de la migración al norte” ( Milenio). Es momento de recordar lo señalado por AMLO al quejarse de que el país vecino financia a varias organizaciones de la sociedad civil que se han dedicado a cuestionar a su gobierno, por lo que lo considera una intromisión en los asuntos internos del país.
Este es un momento clave si se quiere evitar que Estados Unidos a través de las inversiones trasnacionales desvíe nuevamente el camino del país en su búsqueda de desarrollo independiente y soberano que le permita superar las históricas asimetrías económicas.
AMLO tiene claro que el futuro del país pasa por mantener incólume la soberanía en todas las decisiones, cueste lo que cueste. Ojalá que se unieran todas las fuerzas políticas y económicas y entendieran el momento clave que vive el país y dejaran a un lado tanta inquina y odio. (Ana María Aragonés, La Jornada, Opinión, p. 14)
En la discusión pública hay pocos temas con la complejidad de los flujos migratorios. La agenda migratoria representa un reto fundamental para México, para las Américas y también para otras regiones del mundo, como el Mediterráneo y Oriente Medio. Es por ello que las recomendaciones basadas en evidencia desde la academia y centros de pensamiento son imprescindibles, más aún en un área con la complejidad propia de las distintas migraciones.
En ese sentido, el canciller Marcelo Ebrard encabezó la presentación del Reporte del Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración. Para ello, la semana pasada recibimos a un grupo de investigadores e investigadoras formado por algunos de los mejores centros de investigación en la materia. En la Cancillería llevamos a cabo la presentación de un documento que incluye recomendaciones concretas para mejorar las respuestas regionales en materia migratoria.
El grupo está compuesto por el Centro para los Estudios de México-Estados Unidos de la Universidad de California, en San Diego; El Colegio de México; el Migration Policy Institute; el Diálogo Interamericano y el World Refugee & Migration Council. La presentación se llevó a cabo en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, en seguimiento a los compromisos que los jefes de gobierno de México, Estados Unidos y Canadá alcanzaron en Washington D.C., en noviembre pasado. Por ello, contamos con la participación de los embajadores Graeme Clark y Ken Salazar, junto con la embajadora de El Salvador, Delmy Cañas.
Destaco y agradezco enormemente la presencia de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, junto con Silvia Giorguli, presidenta de El Colegio de México y experta en la materia, así como de Lloyd Axworthy, presidente de World Refugee & Migration Council y excanciller de Canadá.
Contamos también con el gusto de estar acompañados por congresistas, las y los embajadores de las Américas, académicos y académicas, además de los representantes tanto de la OIM, Dana Graber, como de Acnur, Giovanni Lepri, y miembros de la sociedad civil. De modo tal que el evento de la semana pasada fue una oportunidad para resaltar los compromisos de trabajo conjunto de Norteamérica, así como para llevar a cabo un diálogo amplio y atender las recomendaciones del reporte. Comparto algunas conclusiones al respecto.
En buena medida, las recomendaciones van en la misma dirección de las políticas que México proyecta en la región.
Destacaría los esfuerzos para incrementar la movilidad laboral y para fortalecer el desarrollo económico en las comunidades de origen. México ha insistido en ampliar las vías de trabajo regular, así como en llevar más inversiones directas, crear más empleos en las comunidades de origen de las y los migrantes para brindar alternativas, como ha insistido el presidente López Obrador.
El reporte, citando textualmente, señala: “Todos los actores regionales —desde los gobiernos centroamericanos hasta los donantes, las ONG internacionales y las instituciones financieras— deben encontrar formas de apoyar la participación activa de la sociedad civil para atender los factores que impulsan la migración, apoyar a los migrantes retornados y abogar por los cambios de política necesarios”.
Ésa es precisamente la visión de México. Por eso trabajamos junto con Estados Unidos y Canadá para organizar una próxima reunión en Centroamérica con el objetivo de presentar los proyectos de México, los programas sociales que tenemos en las comunidades de origen y explorar nuevas vías para ampliar la cooperación en la región, desde una visión norteamericana. (Roberto Velasco Álvarez, Excélsior, Nacional, p. 16)
Un problema de la falta de calidad de información del presidente Andrés Manuel López Obrador ha contribuido a su muina de las últimas semanas, al tomar conciencia de que probablemente el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le pudo haber visto la cara. López Obrador y Bukele se parecen mucho, pese a la diferencia generacional, entorno y formación. Uno nació con la televisión en blanco y negro y el otro con un mundo digital en su cabeza; el primero es un baby boomer con educación limitada, y el segundo un millennial multifacético. Pero al mismo tiempo son igual de autoritarios, pactan con criminales y quieren cambiar el rumbo de su país. El mexicano ve el futuro con fórmulas de los 70, y el segundo quiere entrar a la maduración del siglo 21 con apuestas de alto riesgo. Pero en esta dialéctica, Bukele quizá sacó la mejor parte.
López Obrador visitó El Salvador el pasado 6 de mayo, y con un timbre de orgullo hizo una relación de lo que se había alcanzado en esa nación con la aplicación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. En una conferencia conjunta en el Palacio Presidencial en San Salvador, López Obrador anunció que duplicaría el monto de los recursos de los programas a 30 millones de dólares. Estaba feliz de recibir en El Salvador el reconocimiento que no encuentran sus programas en México, que son criticados por estar empapados en clientelismo electoral y que no sirven para nada más.
Las alertas en Palacio Nacional se prendieron cuando, tres días después, Bukele anunció que compraría poco más de 15 millones de dólares en criptomonedas, como parte de su estrategia de llevar toda la economía salvadoreña al sistema monetario digital, cuyo mercado había tenido un fuerte revés en las bolsas en los días previos. Entre el fin de semana de la visita y la nueva compra de bitcoins, perdieron 50% del valor de su activo digital. Las alertas, sin embargo, fueron posteriores a los hechos, lo que subraya el hecho de que la falta de información del Presidente es compartida por el resto de su equipo dentro y fuera de la Presidencia.
Quien primero prendió el semáforo rojo fue el coordinador de asesores de López Obrador, Lázaro Cárdenas, quien le hizo notar la coincidencia del incremento de los recursos con la compra de las criptomonedas. El Presidente no tenía idea de lo que le estaba hablando y pensó, según lo explicaron funcionarios, que Cárdenas tenía información confidencial. Nada más lejano, pues como se lo explicó, su conocimiento había salido de la prensa. El Presidente, en una reacción que ya es común en Palacio Nacional, se molestó y pidió que se aclararan las cosas.
En ese momento involucraron al canciller Marcelo Ebrard, quien fue relegado en la logística y la preparación de los mensajes para la gira por Centroamérica y Cuba –el Ejército y la Dirección de Comunicación Social fueron las responsables del viaje–, para que explicara la operación de los programas sociales y los sistemas de verificación de su aplicación. La respuesta fue descorazonadora, y nuevamente exhibió las deficiencias de información con las que toma decisiones el Presidente.
La ayuda a Centroamérica carece de manuales de operaciones, regulaciones y candados, como sucede en México. Aquí se entregan de acuerdo con un padrón de beneficiarios del cual no se conocen detalles, y al no existir seguimiento del uso y destino, nadie sabe cómo se emplean y qué propósito sirven. En el caso del modelo de exportación de programas sociales, es igual, salvo que se entrega al gobierno de cada país y no a particulares. Es decir, Bukele no tiene ningún impedimento para hacer del dinero mexicano lo que le plazca, incluso, comprar criptomonedas.
La exportación de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro comenzó en 2019, cuando ante la presión del entonces presidente Donald Trump, se planteó como una de las medidas para contener la migración centroamericana a Estados Unidos. Bukele asumió la Presidencia a mediados de ese año, pero fue hasta mediados del siguiente cuando anunció su plan para llevar a El Salvador a ser la primera nación donde las criptomonedas fueran de curso legal.
Sin ningún apoyo de organizaciones multilaterales para llevar a cabo su implementación por falta de transparencia y probables daños ecológicos por la minería de bitcoins, que requieren altos consumos de electricidad, Bukele continuó de manera unilateral y empezó a comprar monedas digitales, pese a que cada acción coincidía con una turbulencia en ese mercado digital.
El mundo de las criptomonedas sigue siendo complejo, y su futuro, aunque hay versiones encontradas sobre su eventual éxito, está lleno de incertidumbres. Sin embargo, es una realidad. Bukele ha mantenido en secreto el rendimiento de sus criptomonedas, aunque se presume que tiene reservas por unas 2 mil 300 monedas digitales, valuadas en ese momento en poco más de 30 mil dólares cada una (unos 69 millones de dólares). Ya anunció la construcción de una Ciudad Bitcoin, en la ciudad costera de Conchagua, que será la primera financiada totalmente con criptomonedas, una billetera electrónica llamada “Chivo” y cajeros automáticos.
¿Qué tanto del sueño digital de Bukele está financiado por los programas sociales de López Obrador? Imposible saberlo en estos momentos. Ni siquiera la Cancillería podría obtener esa información, porque es un secreto de Estado en El Salvador. Todos los millones de dólares que ha inyectado López Obrador en programas sociales en esa nación tienen un destino desconocido, por lo que México depende únicamente de lo que les quiera decir ese gobierno sobre su uso y control.
La falta de manuales de operación no son inexistentes únicamente en El Salvador, sino en todas las naciones a donde se han exportado. La diferencia es que en ningún otro país beneficiario hay sospechas por un mal uso, como en el caso de Bukele, que recibió millones de dólares de López Obrador sin que le pidiera cuentas. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 36)
Ayer Juanita Alonzo Santizo volvió a casa. A San Mateo Ixtatán, en Guatemala, de donde salió en agosto de 2014 con destino a Estados Unidos, viaje que terminó en una cárcel de Reynosa, acusada de secuestro y de vínculos con los polleros que a ella habían trasladado.
El viaje, o pesadilla, de Juanita duró casi ocho años. Las violaciones en su contra fueron documentadas por la ONU, el Centro Prodh, el Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero nadie en la fiscalía de Tamaulipas hacía algo para liberarla.
Por años, el caso avanzó muy lento. El proceso se repuso, pero la autoridad que la acusaba, la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, evitó desestimar los cargos.
A Juanita la detuvieron policías ministeriales de Tamaulipas; los golpes, tortura y demás maltratos en su contra fueron plenamente acreditados. No hablaba español al momento de su detención y no le proporcionaron un traductor. Ante el juez, el caso tuvo múltiples dilaciones injustificadas. Un sin fin de irregularidades que Juanita tuvo que aguantar.
Este 2022 el caso se hizo más visible. En MILENIO logramos entrevistarla en prisión, su familia vino a México, se organizó una conferencia de prensa y finalmente se conoció en Palacio Nacional, gracias a la reportera de La Lista Joselaine Gutiérrez, que preguntó al Presidente sobre el caso.
Al día siguiente, López Obrador reconoció que era una injusticia y aseguró que pronto sería liberada.
Hasta entonces, la fiscalía de Tamaulipas volteó a ver el caso. Hasta que el Presidente de México y el gobernador de Tamaulipas se lo pidieron.
¿Cuántas Juanitas más habrá en México sin posibilidad de que sus casos sean visibilizados como el de esta migrante de origen chuj?
El reto para evitarlo ya lo asumió el Instituto Federal de Defensoría Pública, que revisará casos de personas vulnerables que puedan estar injustamente encarceladas, sin importar si el delito del que las acusan es del fuero federal, como con Juanita.
Ojalá esos esfuerzos, promovidos por el ministro Arturo Zaldívar y ejecutados por Netzaí Sandoval, se traduzcan en más Juanitas libres. (Alejandro Domínguez, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Si alguien cree que la virtual guerra civil política que se desarrolla hace ya años en Estados Unidos está cerca de terminar, está equivocado.
Cierto: a largo plazo la demografía trabaja para los demócratas, ya que la base de los republicanos –blancos, anglosajones protestantes– parece disminuir cada generación. Pero eso no quiere decir que sus componentes, como un amplio sector de los evangélicos, vayan simplemente a renunciar a sus creencias, o que los demócratas puedan por contra conquistar la simpatía del resto, minorías incluidas.
Por lo pronto, todo hace pensar como probable que los republicanos aumenten sus números en el Congreso, en las próximas elecciones legislativas de noviembre, en lo que marcaría virtualmente el inicio de dos años de batallas y el práctico final de la Presidencia de Joe Biden.
Los republicanos, que hoy son 208 frente a 221 demócratas en la Cámara baja y se dividen el senado 50-50 con el partido del presidente Biden, han hecho saber desde ya su oposición a la mayoría, sino todas, las promesas del actual gobierno, de una reforma migratoria a planes de economía y rescate del medio ambiente.
Nada nuevo bajo el sol. Los dos partidos han desarrollado posiciones y propuestas ideológicas opuestas al tiempo que han perdido capacidades de comunicarse y negociar entre ellos. La oposición era cerrada durante el gobierno del demócrata Bill Clinton y lo fue durante el régimen del republicano George W. Bush; la liberal Presidencia del demócrata Barack Obama dió entrada al revanchismo de derecha del republicano Donald Trump, que perdió la reelección ante el demócrata Joe Biden.
Pero Estados Unidos enfrenta una situación sin precedentes, con un Trump que no aceptó su derrota y aunque dos años después de los comicios no ha podido aportar prueba alguna, mantiene la lealtad de gran parte de los republicanos. Tanto que es visto como el más probable candidato presidencial de ese partido en 2024.
Algunos de los más febriles partidarios de Trump asaltaron el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, en un esfuerzo por obligar a los legisladores a revocar el resultado de las elecciones. Y de acuerdo con un comité investigador, tuvieron aliento desde el gobierno Trump, pero no hay certidumbre de que los principales promotores de la asonada sean acusados y enjuiciados. El problema de extremos no es único de los republicanos, aunque en el caso demócrata se refleja más en las demandas políticas de sectores de izquierda que parecen indiferentes a la reacción de votantes centristas.
Por lo pronto, 70 por ciento de los republicanos favorece que su posible futura mayoría legislativa busque la impugnación constitucional de Biden, en un remedo de los dos intentos demócratas de buscar la destitución legal de Trump. Fracasarán como aquellas, pero subrayarán la incapacidad de un gobierno dividido en un país polarizado, y obligará a Biden a gobernar por decreto, como sus predecesores. (José Carreño, El Heraldo de México, Orbe, p. 31)
No cabe la ingenuidad. La diplomacia cultiva la prudencia y, cuando ésta se pierde, nadie piensa que el exabrupto es producto de inexperiencia o irreflexión. De dientes para fuera Estados Unidos podrá aceptar explicaciones y no escalar el diferendo, incluso buscar alguna salida a la petición si consideran que eso representa el mal menor, pero tomarán nota, sacarán sus conclusiones y actuarán en consecuencia con el tiento de salvaguardar sus intereses en una relación que les es estratégica.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quedó en una situación incómoda. Por fuera de los canales diplomáticos, su contraparte mexicana lo emplazó públicamente a convocar a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles el mes que entra, cuando ya había trascendido que Cuba, Venezuela y Nicaragua no estaban en la lista de invitados por tratarse de dictaduras que violan sistemáticamente derechos humanos.
Peor aún, amagó con desairar el evento y mandar al canciller en su representación, si no se atiende favorablemente la demanda; posición que ha sido replicada por otros gobiernos ideológicamente afines a los regímenes excluidos.
El chantaje explícito de realizar un boicot suave que desangelaría la cumbre si no se acepta la condición que, de cumplirse, traería consecuencias electorales desfavorables para el Partido Demócrata, sobre todo en Florida, estado clave no sólo para la elección de representantes a fines de este año, sino también en la presidencial de 2024. Biden está en una encrucijada de la que no puede salir indemne.
Pase lo que pase, sea que ceda, así sea parcialmente o realice el evento con ausencias significativas, su liderazgo será cuestionado por los republicanos.
No pasará desapercibido que el principal beneficiario interno del episodio es Donald Trump, quien piensa regresar a la Casa Blanca y cuya buena relación con el presidente mexicano –no obstante su elocuente hostilidad racista hacia la comunidad hispana y los migrantes que ingresan por el sur del río Bravo– es más que conocida, al grado que éste realizó su primer viaje internacional para apoyarlo en su campaña reeleccionista, fue de los últimos mandatarios en reconocer el triunfo de su contrincante en 2020 y minimizó que se jactara de haberlo doblado “como nunca antes había visto”, al poner militares a perseguir la migración indocumentada y recibir a decenas de miles de solicitantes de asilo. Y en el mismo sentido apunta la renuencia a asistir de Jair Bolsonaro, el populista de derecha brasileño que abiertamente se identifica con Trump.
Tampoco creerán que fue casualidad que el presidente López Obrador haya anunciado su decisión de ausentarse de la cumbre, en caso de no cumplirse su petición y que otros países del mismo bloque ideológico lo hayan secundado después de regresar de su viaje a Cuba, donde fue condecorado con la misma presea que recibieron Hugo Chávez y Vladimir Putin. Y es que, además, el lance se da a favor de quienes han reiterado su simpatía por Rusia aun después de la invasión a Ucrania. Por cierto, mucho se ha escrito del apoyo que recibió Trump del régimen ruso para ser electo presidente y son conocidas sus afinidades con Putin. (Fernando Belaunzarán, Excélsior, Nacional, p. 12)
La República de Chipre ocupa el primer lugar de la Unión Europea (UE) en flujos migratorios. Esta pequeña república, con menos de un millón de habitantes, tiene el mayor número de solicitudes de asilo per cápita entre los 27 miembros de la UE.
El pasado 16 de mayo, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) reportó que en los primeros cuatro meses de 2022 hubo alrededor de 57,800 entradas irregulares a la UE; de estos, más de 9,000 personas en la ruta migratoria del Mediterráneo oriental. La razón primordial fue el aumento en el número de llegadas a Chipre; 86% mayor contra el mismo período de 2021.
El número de migrantes que han recibido o han solicitado protección en Chipre representa poco más del 4% de la población, por lo que el gobierno del presidente Nikos Anastasiadis está considerando no aceptar nuevas solicitudes de asilo, a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos.
Por su parte, los servicios para los refugiados son insuficientes: en Pournara, Nicosia, los migrantes hacen filas a la espera de ser admitidos en las instalaciones; no hay suficiente agua corriente, los sistemas de alcantarillado funcionan mal debido al hacinamiento y no hay las áreas de cuarentena necesarias para las personas contagiadas de COVID-19. Al mes de abril, Pournara albergaba alrededor de 2,680 personas cuando su capacidad máxima es de 1,000.
El 85% de los migrantes irregulares que ingresan a la isla, en su mayoría provenientes de la República Democrática del Congo, Siria y Nigeria, llegan al norte separatista desde el aeropuerto turco de Estambul o sus puertos del sur, para luego cruzar la zona de amortiguación controlada por las Naciones Unidas y, buscando entrar y tener libre circulación en la Unión Europea, ahí presentar su solicitud. A principios de mayo, el gobierno chipriota presentó una propuesta para que se pudieran contratar a 300 oficiales de policía especiales durante 18 meses para detener el aumento de los flujos migratorios desde el norte separatista. Este proyecto de ley se espera sea aprobado por la Cámara en las próximas semanas.
A pesar de los acuerdos entre el gobierno chipriota y las autoridades en materia de gestión migratoria de la UE; y de los esfuerzos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Chipre, Katja Saha, de mejorar la gestión de campamentos, infraestructura y la eficiencia en el procesamiento de las solicitudes de asilo, la afluencia de ilegales está rebasando los procesos.
Adicionalmente, Chipre atendió el llamado de la Unión Europea para apoyar al pueblo de Ucrania. Al mes de abril, había alrededor de 15,000 ucranianos en Chipre: 5,000 que ya residían en la isla y el resto que llegó a partir de la invasión rusa. A estos últimos, se les otorga un derecho de residencia, alimentación, educación, atención médica y empleo de 12 meses.
Los datos sugieren que, con la crisis migratoria, Chipre se enfrenta a un cambio demográfico importante, con efectos socioeconómicos agudos. Con sus recursos limitados, es de primordial importancia que Chipre encuentre soluciones infraestructurales y de financiamiento en coordinación con la UE para hacer frente a estos desafíos. (María Luisa Calero, El Sol de México, Mundo, p. 25)
La tragedia de los migrantes, la de los desaparecidos, la de los que han fallecido en la guerra contra el narco la de las mujeres asesinadas son, con la debida proporción guardada, un holocausto.
¿Debemos dimensionar la muerte para que resalte o cobre importancia o se vuelva mediática? Una vida perdida o miles son en sí mismas una tragedia, uno y mil lamentos, uno y mil terrores.
Lo que ha sucedido y está sucediendo en México es y será el estigma de este gobierno y de los anteriores, hasta llegar al de Calderón. (José Óscar Martínez García, Reforma, Opinión, p. 10)