En la Secretaría de Relaciones Exteriores hay un compromiso palpable en favor de la inclusión y la igualdad. La meta es la de ampliar la esfera de derechos y libertades de las y los ciudadanos de México en el mundo. En ese sentido, la semana pasada dimos un paso significativo en la dirección correcta cuando entregamos las primeras actas de nacimiento con reconocimiento a la identidad de género. Es decir, no es el Estado quien determina la identidad de la o el ciudadano mexicano, sino que es el Estado quien reconoce y protege su libre albedrío e identidad.
Durante varios meses trabajamos en un ejercicio de armonización jurídica que permitió la actualización de la normativa de la red consular para que sea acorde con los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México. A través de un nuevo instructivo emitido por la cancillería, nuestras 80 embajadas y 67 consulados pueden ya expedir actas de nacimiento a personas transgénero.
Con el liderazgo del canciller Ebrard, en la Secretaría de Relaciones Exteriores trabajamos para contribuir a la construcción de una sociedad más libre, igualitaria, próspera y pacífica en la que se rechace tajantemente la exclusión, la discriminación y la persecución de cualquier persona o grupo. Este cambio no sólo avanza una agenda de inclusión. Es doblemente positivo en tanto que va en contra de adversidades acumuladas, pues hablamos de personas mexicanas migrantes que, además, no podían acceder al reconocimiento de su identidad. La medida es de gran relevancia para proteger a un sector especialmente vulnerable.
El trabajo realizado por la dirección general de Servicios Consulares, a cargo de Jaime Vázquez Bracho Torres, cumple con la instrucción del presidente López Obrador de mejorar los servicios de nuestra red consular de manera continua y velar por los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas.
Quiero aprovechar estas líneas para hacer un reconocimiento a todas las personas que trabajaron para materializar este importante cambio institucional. Además del trabajo de diversos equipos de la cancillería, incluyendo nuestras áreas jurídicas y de Coordinación Política, subrayo a dos importantes aliadas en el Poder Legislativo, Malú Micher y Salma Luévano. También, a la cónsul Alicia Kerber, los cónsules Rafael Laveaga y Juan Sabines, y el equipo de la Embajada de México en Washington. De manera muy destacada, reconozco y agradezco a las organizaciones y personas aliadas en nuestra visión por la inclusión y la diversidad como Amicus, la Red de Juventudes Trans, así como a nuestro compañero de batallas, Genaro Lozano.
Tengo la certeza de que estas acciones cambiarán la vida de muchas personas mexicanas que radican en el exterior. Lejos de ser un papel, es el reconocimiento de su libertad. Tengo también la esperanza de que nuestras acciones generarán un efecto multiplicador, un eco de tolerancia que haga frente a los recientes discursos de odio y agresiones en contra de la comunidad LGBTQ+ que, desgraciadamente, siguen ocurriendo.
Por otra parte, la semana pasada acompañé al presidente López Obrador y al canciller Ebrard en sus reuniones con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. La secretaria compartió con nosotros su visión acerca de las oportunidades en México para impulsar el desarrollo de energías limpias. Electromovilidad, transición energética y combate al cambio climático son parte del horizonte energético de Norteamérica. Y en los retos de la relación bilateral prevalecerá siempre el diálogo respetuoso. (Roberto Velasco, Excélsior, Nacional, p. 16)
La necesidad de alcanzar tasas de crecimiento económico adecuadas ha sido durante muchos años motivo de preocupación en México. De 1990 a 2020, el PIB registró una expansión promedio anual de solo 2.2 por ciento y el problema se ha agudizado con los años. El crecimiento del PIB se redujo de una cifra anual de 3.5 por ciento en los noventas a alrededor de 2.0 por ciento en las dos primeras décadas de este siglo, sin considerar el colapso de la producción derivado de la pandemia.
¿Cuáles son las razones de este desempeño? A raíz de las contribuciones seminales de Robert Solow y Trevor W. Swan, la desagregación de los determinantes del crecimiento económico en los factores de producción (capital, mano de obra y otros materiales) y la eficiencia con la que son usados (es decir, la productividad total de los factores) se ha convertido en una práctica estándar.
Obviamente, la evolución de la mano de obra no ha representado una limitante en el caso de México. Por el contrario, el país ha disfrutado de un dividendo demográfico cuyos beneficios, desafortunadamente, han sido absorbidos en buena medida, a través de flujos migratorios, por Estados Unidos.
Así, el bajo crecimiento económico es explicado, en parte, por una inversión insuficiente. La tendencia descendente que había mostrado durante varios años el cociente de inversión a PIB empeoró en 2019, disminuyendo a solo 19.3 por ciento (y a 17.3 por ciento en 2020, aunque como resultado de la pandemia). Dicha cifra se compara desfavorablemente con las observadas en las economías emergentes de rápido crecimiento e incluso en muchos países de bajos ingresos.
Además, en un contexto de preocupación por aspectos tales como la inseguridad, el Estado de derecho, incertidumbre política, corrupción y la disponibilidad de fuentes de energía limpias y de precios competitivos, las perspectivas para la inversión privada no son alentadoras. Por su parte, la inversión pública está acotada por una baja base de ingresos gubernamentales y por los retos que enfrentan las finanzas públicas, entre otros motivos por la situación financiera de Pemex.
El desempeño de la productividad total de los factores (PTF) ha sido aún peor. Según estimaciones recientes del INEGI, en tanto que la inversión hizo una contribución promedio anual al crecimiento del PIB de alrededor de 1.3 por ciento durante el periodo 1991-2020, la cifra para la PTF fue negativa (-0.5 por ciento). Frente a esta evidencia, la famosa frase del premio nobel estadounidense Paul Krugman de que “…la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo”, pareciera una broma cruel en el caso de México.
Es difícil ser optimista respecto de la evolución futura de la productividad en nuestro país. Más allá de las oportunidades abiertas a raíz de la renegociación del acuerdo comercial de Norteamérica, especialmente después de la pandemia, en los últimos años no se han puesto en marcha acciones de relevancia para impulsar el crecimiento de la productividad.
De hecho, persisten los problemas observados desde hace mucho tiempo, varios de los esfuerzos realizados para impulsar la productividad han sido revertidos o debilitados (como en los sectores educativo y energético, y en el marco institucional), y la asignación del gasto público discrecional es incompatible con una mayor productividad. El problema puede verse agravado si, como es de esperarse, la pandemia tiene un efecto neto negativo en la productividad.
En presencia de tendencias preocupantes tanto para la inversión como para la productividad, el ya bajo crecimiento potencial de la economía seguramente se está contrayendo.
Este entorno tiene implicaciones de relevancia para la política monetaria. Por ejemplo, la estimación del grado de holgura en la economía, es decir la brecha del producto, se complica aún más bajo condiciones de disminución del crecimiento potencial. En otras palabras, la brecha puede ser menor y cerrarse más rápidamente de lo previsto. Al respecto, se ha argumentado que el episodio inflacionario de los setenta y los ochenta en Estados Unidos resultó de no tomar en cuenta que la disminución de la productividad estaba reduciendo el crecimiento potencial. Esto llevó a la sobreestimación de la capacidad ociosa y a errores en el manejo de la política monetaria.
Los agresivos incrementos al salario mínimo observados en los últimos años en México proporcionan un segundo ejemplo. Durante el periodo 2019-2022, los salarios mínimos registraron un aumento acumulado de 95 por ciento. Aunque el impacto de ajustes al salario mínimo sobre otros salarios no es totalmente claro, es importante considerar que los costos laborales unitarios (es decir, los salarios ajustados por la productividad) para el total de la economía se han incrementado fuertemente en los últimos 3 años. Por tanto, no se deben subestimar los riesgos para la inflación y el empleo de una evolución de los salarios mínimos incompatible con la trayectoria de la productividad.
De las anteriores reflexiones resulta evidente que, además del impacto adverso de la pandemia en la inflación y el crecimiento, y del panorama de alzas de las tasas de interés internacionales en los próximos meses, la política monetaria en México deberá considerar los retos derivados de la preocupante evolución de la inversión y la productividad. Las perspectivas de largo plazo para el crecimiento son sombrías, y el riesgo de una inflación relativamente elevada inclusive después de que la crisis sanitaria se disipe es considerable. Sin embargo, el tema central es de una naturaleza más amplia: en ausencia de medidas fundamentales para fortalecer la inversión y la productividad, los costos económicos y sociales para México serán elevados. (Javier Guzmán Calafell, subgobernador del Banco de México, El Financiero, p. 10)
Este domingo nos enteramos del trágico asesinato en Tijuana de la periodista Lourdes Maldonado. Hace apenas unos días, el 17 de enero, fue asesinado también en Tijuana el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel. José Luis Gamboa, comunicador en redes sociales y crítico de la situación de inseguridad en Veracruz, fue víctima de homicidio el pasado 10 de enero en esa entidad. Estas noticias resuenan en las redes sociales, en medios de comunicación, en el medio periodístico y en las organizaciones dedicadas a la protección de quienes practican este oficio.
Maldonado era considerada una de las periodistas más prominentes de Baja California. Trabajó para varios medios, manteniendo una línea crítica en temas políticos y de corrupción; y tras haber recibido amenazas, se encontraba bajo la protección del Mecanismo de Protección a Periodistas.
Estas son, sin duda, unas de las noticias más estremecedoras de lo que va del año y una de las razones por las que como sociedad debemos unir fuerzas para evitar que continúen cometiéndose este tipo de crímenes que no solo buscan callar a quienes producen, sino a quienes consumen información periodística. Mediante el miedo, buscan silenciar todas esas voces que son obstáculos para algunos.
Ante estas tragedias, lo primero es recordar: ¿Quiénes son las y los periodistas? Además de sus nombres –que no debemos olvidar–, hay que recordar que son ellas y ellos quienes, en su gran mayoría, buscan generar cambios, encontrando y difundiendo la verdad y desenmascarando al poder.
Así, el periodismo se muestra como una de las profesiones más nobles y, sin embargo, de las más peligrosas de ejercer en nuestro país. Según señala Article-19, en los últimos 10 años ha habido 82 asesinatos de periodistas en todo el país, siendo los estados más peligrosos Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca y Chihuahua. Esta realidad se extiende por toda la República y nos debe obligar a reflexionar sobre qué debe cambiar para proteger a quienes cumplen la vital labor de mantener informada a la sociedad.
Y así como nuestro primer deber como sociedad es demandar justicia para las víctimas, es importante tener en mente que es obligación del gobierno protegerles, aplicando con mayor ímpetu y mejorando sustancialmente los mecanismos existentes para la protección de periodistas, pero también tomando acciones que por fin logren acabar con la crisis de violencia que azota al país en general.
Ante la desesperanza que surge por estos casos lamentablemente recurrentes, es urgente sumar fuerzas, crear espacios seguros para el ejercicio de contar la verdad de las realidades tan complejas de las que se integra nuestro país. Con ello no solo me refiero a la labor del periodismo, sino a todas las luchas que se libran desde cada trinchera: la de la comunidad LGBTIQA+, la migratoria, la laboral y las diversas luchas feministas. Todas tienen un espacio común: México, y todas parten de la misma búsqueda, la de defender su vida y sus libertades, y por ende, la de todas las demás personas. Esto es lo que sucede cuando el intento de silencio hace eco en otras luchas. (Pedro Kumamoto, El Financiero, p. 23)
Ahora que Joe Biden ha cumplido su primer año en la presidencia de Estados Unidos los resultados en sus niveles de aprobación son desfavorables, rondan en un 40%. Hace unas semanas AMLO cumplió tres años y llegó a la mitad de su sexenio con un promedio de aprobación del 65%. ¿Cuáles son las razones de este contraste entre los dos presidentes?
La llegada al poder de los dos políticos tiene diferencias importantes, mientras AMLO ganó con un resultado muy amplio y en medio de un realineamiento electoral que dejó a la oposición muy atrás, Biden venció a Trump por margen más estrecho y, además, el perdedor desconoció el resultado y denunció un fraude que nunca existió. En México el gobierno de Morena tuvo en su primera parte una composición mayoritaria, producto de una distorsión en la representación. En EU la mayoría demócrata en el senado fue precaria, casi un empate que se rompe con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris.
Uno de los argumentos que más se discute en México es la existencia de un clima político altamente polarizado; sin embargo, la presidencia de AMLO goza de un amplio apoyo popular. En EU también hay división y una polarización que se agudizó durante el gobierno trumpista: las grietas entre los dos principales partidos son cada vez más hondas; el racismo y el movimiento Black Lives Matter tensionan fuertemente una realidad histórica que sigue vigente. Sin duda, la guerra cultural entre el progresismo y la extrema derecha es un factor que todos los días estruja dos visiones radicalmente opuestas del país.
En condiciones de alta polarización AMLO y la 4T han sido más exitosos para construir su discurso de nación, lo cual se puede ver no sólo en el apoyo a la presidencia, sino en la narrativa gubernamental dominante en la agenda pública. Esta dominancia está sustentada en proyectos de infraestructura y en políticas sociales que tienen enormes márgenes de maniobra, desde la austeridad, hasta la aprobación de los presupuestos.
En cambio, Joe Biden ha hecho políticas progresistas muy importantes, pero no ha tenido apoyo mayoritario. Hay muchas dificultades para sacar adelante sus principales proyectos. En la comparación hay que tomar en cuenta que la presidencia de EU es una posición de poder infinitamente más compleja que la nuestra. Biden se ha topado con obstáculos importantes para sacar adelante proyectos estratégicos de su administración, como el plan de renovación de infraestructuras, que un senador de su partido detuvo.
Lo que hace un año parecía un regreso a la “normalidad” democrática después de las aberraciones del trumpismo, se ha ido desinflando un poco. Durante varios meses Biden practicó la política de la convivencia civilizada con los republicanos, hasta que se hizo evidente que esa ruta no generó resultados. La decisión de salir de Afganistán fue positiva, pero se hizo mediante operativos caóticos que dejaron una pésima impresión, casi un reconocimiento implícito de fracaso frente a los talibanes.
Una diferencia clave entre las dos presidencias es que los errores y desaciertos afectan de diferente manera a las dos administraciones. En México, AMLO no tiene buenos resultados en seguridad, la presencia del crimen organizado se mantiene en muchos territorios del país, en el año van tres periodistas asesinados; la inflación en 2021 llegó a niveles de hace 20 años; la pobreza ha crecido, los fallecimientos de la pandemia pasan los 300 mil casos y la recuperación económica se ha vuelto lenta e incierta. Biden ha tenido un manejo de la pandemia mucho más eficaz que Trump; sus programas sociales son muy potentes, sin embargo, la inflación alta, la derrota electoral en Virginia, el problema de la migración y el alargamiento para una recuperación más acelerada de la crisis económica, han golpeado la aceptación presidencial.
Quizá una explicación, entre muchas otras sea que las diferencias en la aprobación entre AMLO y Biden se deben a que: mientras el primero ha adoptado una estrategia de combate permanente contra sus adversarios, el segundo trató de establecer una posición de diálogo. Confrontación mata diálogo… (Alberto Aziz Nassif, El Universal, Opinión, p. 21)