En distintos momentos, Andrés Manuel López Obrador ha presumido a su equipo de trabajo recordando que don Benito Juárez tuvo el mejor gabinete de la historia. Gigantes como Melchor Ocampo, Francisco Zarco, Sebastián Lerdo de Tejada, Ignacio L. Vallarta, Guillermo Prieto y Matías Romero acompañaron a Juárez en su defensa de la patria. Pero su desapego a la realidad parece convencer al presidente de que la colección de funcionarios que ocupan posiciones clave de su gobierno —muchos de ellos con largas colas y oscuras trayectorias— son algo para cacarear.
Un simple repaso de algunos integrantes de la clase gobernante del obradorismo resulta perturbador: Manuel Bartlett, el duro secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, responsable central del fraude electoral de 1988, ocupa la titularidad de la Comisión Federal de Electricidad; Ignacio Ovalle, directivo de la Conasupo en los días en que quien mangoneaba la empresa era Raúl Salinas de Gortari, fue designado al frente de Segalmex, la empresa señalada por un fraude superior al de la Estafa Maestra.
Sanjuana Martínez, la reportera a modo, fue designada directora de Notimex, la agencia de noticias del gobierno mexicano, desde donde ejerció una dirección arbitraria, dispendiosa e inepta, que llevó a la huelga de los trabajadores y, finalmente, a la desaparición de la agencia, disque porque no hace falta, para eso están las conferencias mañaneras del Presidente.
Elena Álvarez Buylla, la dogmática que denuncia la existencia de una ciencia neoliberal, fue puesta al frente del Conacyt, desde donde ha emprendido proyectos fracasados, como el de la vacuna Patria, una campaña de persecución judicial hacia académicos y la grosera intervención de instituciones de excelencia como el CIDE.
Francisco Garduño, viejo militante del obradorismo y experto en sistemas carcelarios, llevado a dirigir al Instituto Nacional de Migración, donde aplica su propia versión del “humanismo mexicano” que costó la vida de 40 migrantes en el centro de detenciones de Ciudad Juárez, y sigue libre.
Hugo López Gatell, el Doctor Muerte, responsable de la estrategia anti Covid-19 que ha costado más de 700 mil vidas, nombrado subsecretario de la Secretaría de Salud y quien se ha convertido en el verdadero poder mientras el doctor Jorge Alcocer, cumple el deshonroso papel de florero.
Ana Gabriela Guevara, la corrupta e incompetente titular de la Comisión Nacional del Deporte hace y deshace sin que a nadie le importen las denuncias sobre su desempeño. David León, operador de Manuel Velasco que grababa la entrega de sobres repletos de dinero a los hermanos Pío y Martín López Obrador, recibió a cambio la Coordinación Nacional de Protección Civil. Ricardo Rodríguez Vargas está al frente del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado que más parece encargado de robarle al instituto lo robado.
Estos son solo algunos de los funcionarios que ocupan posiciones relevantes, una camarilla de arribistas, incondicionales, sectarios y mediocres; una clase política sin clase. El poder en las peores manos. (Alfonso Zárate, El Universal, Opinión, p. 17)
Tras la muerte de 40 personas en una estación migratoria del Gobierno Federal decíamos que no debería ser otra tragedia que impacta unos cuantos días. Que en México no debía ganar la indiferencia ante una descomposición severa en el Estado y la sociedad. No pasó demasiado para que nos enterásemos del secuestro de 50 migrantes en Matehuala, que afortunadamente han sido encontrados. En esa zona, en abril se había rescatado a unos 100, cautivos en hoteles y “casas de seguridad” de la delincuencia.
Ante un problema así, se esperarían anuncios de medidas extraordinarias. A un mes, el titular del Instituto Nacional de Migración más bien llamó la atención porque anunció que duerme tranquilo, pues él estaba a mil 800 kilómetros del incendio en Ciudad Juárez. Como si fuese un ejercicio alternativo de rendición de cuentas. En este Gobierno no hay consecuencias.
Todo ello son signos de una erosión acelerada del Estado de derecho, que incluye la persistente corrupción e ineficiencia en las instituciones del Estado mexicano. Al grado que hay señalamientos de fraudes hasta en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Sobre todo, encima de ello se falla en la que se entendería como la razón elemental por la que existe el Estado y un gobierno: proteger la vida de los ciudadanos. Porque si no, como dijo hace ya 15 años el empresario Alejandro Martí, con amplia resonancia en su momento, se esperarían renuncias, más las acciones legales correspondientes. Eso es lo que ocurre en otros países cuando hay tales tragedias y muestras de negligencia.
Efectivamente, esta situación no inició ahora. Pero eso es lo peor, porque en todos estos años no ha no dejado de agravarse y el Gobierno Federal que tenemos ahora lleva más de cuatro años.
Más de 151 mil homicidios dolosos en estos años (99 mil de los que iba del sexenio anterior en ese tiempo). Un escándalo de corrupción, abuso o incompetencia tras otro, a los que, cada vez más, se contesta con un “¿Y? No pasa nada”. Procuración de justicia politizada, militarización, en tanto amplias zonas del país son, para fines prácticos, “co-gobernadas” por la delincuencia. Los discursos y la indiferencia no pueden tapar la realidad, que en todo el mundo puede verse.
Por ejemplo, el Gobierno del Reino Unido pide a sus ciudadanos, sin ambages, evitar ir a los estados de Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Colima, salvo que se llegue a ciertos lugares por avión o por contadas autopistas de cuota. Piden no ir a una ciudad como Tijuana si no es por vía aérea o por el puente internacional Xpress, que conecta con su aeropuerto, o la vía rápida de cuota desde la frontera. Este fin de semana hubo otra masacre en Baja California, con al menos 10 muertos, y los medios reportan que en 2022 se contabilizaran 170.
Llama a no ir a toda el área al sudoeste de la carretera 45D en Guanajuato, y en Jalisco, al suroeste del Lago de Chapala y la frontera con Colima. Para ir por tierra a Tamaulipas, sólo por el cruce a Nuevo Laredo de la autopista federal que va a Monterrey. A un puerto turístico como Zihuatanejo, sólo por avión.
A ese nivel el detalle. El mundo sabe dónde están los delincuentes y aquí no hay acciones. Si está claro dónde, nuestras autoridades, además de prevenirnos de igual forma, tendrían que actuar ya.
Lo que vemos, como en el caso del secuestro de migrantes, son autoridades que discuten sobre quién es responsable. Mientras, las principales ONG del mundo de activismo por los derechos humanos han alertado por la crisis, con focos rojos como asesinatos de periodistas, migrantes y desapariciones.
En el mismo sentido, el diario Reforma ha dado cuenta de la explosión de la extorsión a comerciantes, prestadores de servicios y pequeñas y medianas empresas. La media nacional anual por 100 mil habitantes pasó de 5.36 en 2018 a 7.95 en 2023. Son datos reportados: imaginemos la “cifra negra”.
Es en todos los rincones del país. En mi estado, Oaxaca, comerciantes y hasta escuelas del Istmo señalan que bandas les exigen pago de derecho de piso bajo amenaza de ejecución. En Sonora, han quemado comercios, disparado a comensales y fachadas de bares para aterrorizar, junto con la práctica de golpear a taxistas públicamente con tablas como escarmiento. En Michoacán paga “piso” la cadena productiva de limón, aguacate, carne de cerdo: desde la recolección al empaque y el transporte.
Debe estar claro a estas alturas que en la base de la tragedia de delincuencia y violencia hay una tragedia de 95% de impunidad. Difícilmente vamos a avanzar si desde el propio Estado, en vez de actuar ante ello, se tuerce la ley. Si en lugar de usar las fuerzas de seguridad y procuración de justicia para combatirla, se les ocupa, como cada vez más con las Fuerzas Armadas, para fines políticos y económicos.
Hace unos días comentábamos de la gran oportunidad del proyecto de polos de desarrollo en el corredor del Istmo de Tehuantepec, con licitaciones en teoría listas para atraer inversiones. ¿Cómo se espera que lleguen si, una semana después, se toma ahí mismo a instalaciones ferroviarias de un grupo privado con el Ejército, sin justificación razonable, y en el contexto de la venta de un banco al mismo grupo?
Sea cual sea lo que haya detrás, prepotencia o extorsión, el precedente para la inversión y la legalidad en México es pésimo. Lo mismo que cuando la Corte desecha un decreto para mantener en opacidad obras gubernamentales multimillonarias y unas horas después se emite otro. Tenemos que reaccionar: las cosas siempre pueden ponerse peor. (Gerardo Gutiérrez Candiani, El Sol de México, Análisis, p. 12)
El lunes 15 de mayo arribó a León, Guanajuato, un autobús con migrantes haitianos. Muchos de ellos, como Odney y sus dos hijos, tenían tres días sin comer, nos dijeron. Después de tomar agua, Odney nos contó con nostalgia que Haití es un país maravilloso, en el que logró emprender su propio negocio. No obstante, la crisis de gobernabilidad que explotó en su nación no sólo le quitó la empresa que construyó con muchos años de esfuerzo, también le arrebató la vida a varios amigos con los que había iniciado su negocio. “Las balas pasaban cada vez más cerca de mi cabeza y el hambre ya acechaba a mi familia, por eso decidimos escapar”, nos compartió Odney, al narrarnos la travesía que ya tenían de meses atrás por varios países y estados de la república mexicana. Al enterarse de la finalización del Título 42 en Estados Unidos, el grupo de migrantes haitianos redobló el paso con la esperanza de encontrar abiertas las puertas al “sueño americano” sin saber que, quizás, sea el inicio de una nueva pesadilla.
Si bien la marea de migrantes que se esperaba en la frontera entre Estados Unidos y México al concluir el Título 42 no llegó en las cantidades que se estimaban, sí comienza a presentarse en olas que se pueden convertir en tempestades si no se hace algo al respecto. Las expectativas creadas entre los migrantes ante la finalización de esta restricción fueron muchas, sobre todo por la esperanza de que la frontera por fin se abriría. Sin embargo, la realidad es otra y si bien se puso fin al Título 42, en su lugar entró en vigor el Título 8, el cual, para muchos especialistas, es, incluso, más duro para los migrantes.
Pero, ¿qué es el Título 8 y qué implicaciones tiene? En un tuit publicado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) lo dice en sólo 280 caracteres: “Bajo el Título 8, las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser deportadas y los no ciudadanos pueden ser deportados a su país de origen. No ponga su vida en riesgo emprendiendo un viaje tan peligroso sólo para ser deportado”. Las principales diferencias entre ambas restricciones es que, después de la deportación, el Título 42 no creaba mayores consecuencias para los migrantes, mientras que al ser deportados por el Título 8 conlleva mayores castigos como ser arrestados y procesados. Además de que la expulsión de indocumentados será de manera inmediata y podrán ser vetados por cinco años para realizar una solicitud de asilo.
Aunado a lo anterior, el gobierno de Joe Biden ha implementado acciones complementarias para tratar de contener las caravanas de migrantes que vayan arribando a la frontera como el despliegue de 24 mil agentes y funcionarios de la Patrulla Fronteriza. Pero este tipo de estrategias más que generar confianza en los gobiernos estatales de la Unión Americana, sobre todo en los fronterizos, han provocado incertidumbre sobre los días venideros. Por ejemplo, la gobernadora de Arizona, la también demócrata (por cierto) Katie Hobbs, ha mostrado su desesperación ante la poca coordinación que existe para resolver el tema de la migración, a lo que califica de “poco preparada la estrategia por parte del gobierno federal”. Así mismo, la APP (aplicación informática para dispositivos móviles y tabletas) CBP One que implementó la administración de Biden para que las personas soliciten cita antes de ingresar a los Estados Unidos, ha complicado aún más las cosas, al grado que la APP se ha saturado y se ha convertido en un cuello de botella.
¿Y qué significa esto para México? La eliminación del Título 42 es un imán llamado “sueño americano” que se ha vuelto más poderoso. En este sentido, México se ha convertido en los últimos meses en un refugio para los miles de migrantes extranjeros que a diario cruzan por nuestro país para llegar a los Estados Unidos. Tan sólo en lo que llevamos del 2023, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reporta más de 48 mil solicitudes para condición de refugiados, siendo este año el que mayor demanda ha tenido. Esto ha generado que las oficinas estatales de atención a migrantes estemos alertas para apoyar en la medida de lo posible. Tal fue el caso del camión que llegó a León y a estados como Aguascalientes, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Zacatecas, según difundieron medios de comunicación.
Ante esta situación, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo nos instruyó a brindar apoyo humanitario a nuestros hermanos haitianos, por lo que en Guanajuato activamos el protocolo de atención e iniciar trabajos transversales con las distintas dependencias del Gobierno del Estado. (En cinco años que lleva de creada la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, hemos dado estos apoyos y muy pocos migrantes en transito han decidido quedarse en Guanajuato). Por lo pronto, Odney y sus hijos descansan seguros en un albergue de León con alimentos y lo indispensable para, cuando les sea posible, retomar su camino y llegar a la frontera. La duda que quizás ahora no le permita conciliar el sueño a Odney, después de ver las noticias sobre lo que ocurre ahora mismo en la frontera, es: ¿Les abrirán la puerta o tendrán que volver a subir al camión y seguir su camino sin saber cuál será su suerte? (Juan Hernández, Secretario del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato, El Sol de México, Análisis, p. 13)
Baja
El problema de los migrantes sigue creciendo: ya se volvió a desbordar la Plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, y lo que ofrecen las autoridades es llevarlos a un albergue… que ya cerró. (La Crónica de Hoy, La dos, p. 2)
La migración se ha agudizado en el mundo debido a crisis políticas, desesperación social, problemas económicos, guerras y otras calamidades como es el Cambio Climático. Las emigraciones africanas van hacia Europa y el gobierno turco hace el operativo de la regularización.
Con la invasión rusa a Ucrania han salido tres millones de personas hacia las naciones vecinas.
La emigración latinoamericana va hacia Estados Unidos y Canadá. Las fronteras del sur y del norte de México concentran los flujos de personas que vienen de Centroamérica, Haití, Cuba, Venezuela, principalmente y la propia migración mexicana.
La migración latinoamericana hacia Estados Unidos y Canadá tiene dos caras, por un lado el rechazo xenofóbico tóxico de la población y autoridades fronterizas de Estados Unidos, por otro lado, la conveniencia económica debido a que los salarios que se pagan a los migrantes son sustancialmente menores que los recibidos por su población. Por tanto, para Estados Unidos y para Canadá, la migración latinoamericana es necesaria por lo que la responsabilidad debe ser compartida por los actores regionales.
Para México, el problema migratorio se ha agudizado. En 2022 fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos 800,000 personas de origen mexicano.
Cuatro factores explican el crecimiento de la migración mexicana:1) la pandemia, 2) la falta de empleos, 3) la violencia, 4) el incremento de la demanda de trabajadores en Estados Unidos.
La disponibilidad de la población que emigra tiene su explicación en que la población en edad de trabajar de los países expulsores es mayor a la de los niños y adultos mayores. A esto se le llama “bono demográfico”. Según recientes estimaciones de la Comisión Económica para América Latina, a México sólo le quedan ocho años de bono demográfico que llegará a su fin en el 2031.
El bono demográfico mexicano se inició en 1970 y tendrá una duración de 61 años hasta el 2031. Los países con mayor bono demográfico y que por tanto engrosarán las filas de la migración en el futuro son Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Guyana francesa y Granada.
La cercanía de las elecciones en Estados Unidos ha motivado el resurgimiento de una actitud antimexicana de gobernantes del sur de EU que ven el antecedente del triunfo pasado de Trump, caracterizado por el racismo. De nuevo se plantea la creación del muro en toda la frontera. Ante estas posiciones de extrema animadversión el gobierno de México ha dado contundentes respuestas de rechazo.
El Partido Demócrata no ha podido articular junto con el Partido Republicano una política migratoria eficaz y de consenso.
A nivel global existe el argumento de que la población que emigra puede retenerse en los países que la expulsan si se realiza una política de inversiones para la creación de empleos. Pero esta idea ha resultado más bien un conjunto de buenas intenciones porque no hay recursos internos para llevar a cabo esas inversiones. (Sergio Mota, El Economista, El Foro, p. 47)
Ron DeSantis anunció formalmente su entrada en la carrera presidencial de 2024 de una manera única y arriesgada: en Twitter Spaces con el propietario de Twitter, Elon Musk. DeSantis está siendo respaldado por miembros de Silicon Valley como David Sacks y Elon Musk, lo que indica un cambio drástico en el mundo de la tecnología y de los medios de comunicación.
Vale la pena considerar el evento de anoche en el contexto del futuro de Twitter y lo que esto significa para Elon Musk. Él ha declarado que el espacio no es un respaldo a DeSantis, sino un respaldo para que Twitter vuelva a ser relevante. Musk se ha pronunciado en favor de DeSantis en el pasado, pero este movimiento trata más sobre lo que Musk pretende que sea Twitter en el futuro, y menos sobre Ron DeSantis. Musk tiene la intención de que Twitter se convierta en una plataforma de transmisión de medios de larga duración, con programación en vivo y original, comenzando con Tucker Carlson.
Pero independientemente del anuncio y su estrategia de salida, el gobernador de Florida comienza su campaña para ganar la nominación republicana con los números de las encuestas tambaleándose y con el expresidente Donald Trump como claro favorito en las primarias del partido.
El expresidente Trump estaba por delante de DeSantis por unos 10 puntos a nivel nacional a finales del año pasado. Trump estaba en las encuestas en los 40 bajos, mientras que DeSantis estaba en los 30 bajos. Hoy, Trump tiene un promedio de más del 50 por ciento a nivel nacional entre los votantes republicanos. DeSantis ha vuelto a caer a los 20 bajos. Nadie más en el Partido Republicano está siquiera en la marca de los dos dígitos.
La historia de la política estadounidense muestra que es posible revertir ese tipo de ventajas en las contiendas internas una vez que los aspirantes hacen oficial sus aspiraciones y arrancan las campañas primarias. En 2007, el entonces senador de Illinois Barack Obama tenía un promedio de 20 puntos a nivel nacional antes de la temporada de primarias demócratas de 2008. La entonces senadora de Nueva York, Hillary Clinton, dominaba las encuestas nacionales para la nominación demócrata con casi el 40 por ciento de los votos. Y, sin embargo, Obama terminó derrotando a Clinton.
Durante esa misma elección, el senador de Arizona, John McCain, se quedó atascado en los 20 bajos en las primeras encuestas nacionales de las primarias republicanas. Después de volver a caer en la segunda mitad del año, McCain también tuvo un regreso que lo llevó a ocupar la candidatura del partido Republicano. El factor clave para que DeSantis pueda tener una buena oportunidad ante el posicionamiento favorable de Trump es sumar la mayor cantidad de apoyos de los líderes al interior del partido. De otra manera, la complicada tarea se hace aún más difícil.
Más allá de los números y las encuestas, DeSantis se presenta como una renovación del Trumpismo sin la carga de escándalos y errores que suma el expresidente republicano. En su candidatura buscará a los votantes de las primarias promocionando políticas socialmente conservadoras, pero también tiene otra historia que contar: su administración de la economía de Florida durante los últimos cuatro años y medio en los que ha tenido un buen desempeño económico.
Florida es el estado de más rápido crecimiento en la nación, y desde que DeSantis asumió el cargo en 2019, ha superado al resto del país en crecimiento de empleo e ingresos, especialmente durante la pandemia de covid. Los economistas dicen que DeSantis tiene crédito por su decisión de reabrir la economía de Florida antes de tiempo. Pero Florida tuvo un buen comienzo mucho antes de que asumiera el cargo. El estado ha visto aumentos constantes en el empleo durante las últimas tres décadas, con los gobernadores de ambos partidos.
Ron DeSantis ha abrazado por completo su posición con respecto a las guerras culturales que mantiene dividido a Estados Unidos. Ha ganado un nombre a nivel nacional entre los votantes republicanos al enfrentarse a grandes empresas como Disney y limitar la forma en que se discuten y enseñan la orientación sexual, la identidad de género y la raza en los salones de clases de Florida.
Con respecto a México y a los temas de migración y seguridad, DeSantis ha tomado posiciones similares a las que Donald Trump introdujo en el 2015, sin la novatez ni el discurso de odio. En reiteradas ocasiones se ha pronunciado en favor de la construcción de un muro entre México y los Estados Unidos y el envío de la Guardia Nacional para evitar el cruce de migrantes, así como la deportación inmediata de las personas sin documentos que logren llegar al país. En tiempos recientes, también ha expresado su preocupación sobre el narcotráfico y fentanilo que han estado llegando a Estados Unidos.
Un paraíso soleado sin impuestos estatales sobre la renta, Florida ha incorporado un atractivo para muchas empresas y trabajadores. DeSantis está aplicando una especie de capitalismo de mano dura en el que el estado emite pautas culturales que espera que sigan las empresas como condición para disfrutar de Florida. Como un lanzamiento para los republicanos en un intento por ganar la nominación presidencial, podría funcionar. Sin embargo, estaría por verse si los votantes de las elecciones generales desean ser parte del Estados Unidos de DeSantis como sí ha ocurrido en Florida. (Juan Pablo de Leo, El Economista, Política y Sociedad, p. 41)
Busquen pistas en una plática pública de ayer que casi tira Twitter por la cantidad de participantes. La protagonizó un individuo desconocido en México quiere ser presidente de su país, Estados Unidos.
Entre sus ideas principales está: “cerrar la frontera” porque quiere detener a millones de inmigrantes ilegales y la entrada de fentanilo. También defiende la cancelación del aborto después de las seis semanas de embarazo, pelea con Walt Disney Company y con universidades públicas y sindicatos por iniciativas de diversidad sexual…
No es Donald Trump; parece faltarle creatividad para ser un personaje semejante. No, Ron Desantis es el gobernador de Florida que quiere vencer al exmandatario para tener la candidatura republicana rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.
Él y Trump representan las precandidaturas más fuertes. También representan a un partido limitado en su visión.
Es un partido que juega contra los demócratas el juego de la gallina, para ver quién se dobla primero en la discusión sobre el techo de endeudamiento del país vecino. Ambos, demócratas y republicanos, exhiben un chiste.
Una conocida película estadounidense de Adam Sandler ofrece un buen título para el escenario actual del otro lado de la frontera: “Grown Ups”, o mejor como se le conoce en México: “Son Como Niños”.
Para colmo. ¿Quién presentó ayer la candidatura de Desantis en Twitter? Elon Musk, el dueño de esa red social, de Tesla y otras compañías y el más poderoso millonario estadounidense. Los vecinos parecen obsesionados con debilitarse.
Lean lo que advirtió ayer la influyente agencia calificadora Fitch Ratings:
Podrían bajar la calificación crediticia de Estados Unidos
La agencia con sede en Nueva York quiere reflejar el empeoramiento del enfrentamiento político que impide un acuerdo para resolver la referida crisis del techo de deuda.
¿Cómo lo hizo Fitch? Cambiando la perspectiva de la calificación perfecta AAA que tienen los pagarés que firma el gobierno de Estados Unidos, piensen en esos bonos.
Hoy todos esperamos que los estadounidenses paguen sus deudas. Lo que dice Fitch es que esos pagos se asoman a la incertidumbre.
“Un mayor partidismo político impide llegar a una resolución para aumentar o suspender el límite de deuda a pesar de que la fecha X se acerca rápidamente”, dijo la calificadora en un comunicado, refiriéndose al punto en el que el gobierno se queda sin dinero en efectivo.
El dólar pierde valor
Quizás esto no guste a los actuales habitantes del Palacio Nacional, pero aquí hay una verdad: no es que el peso se haya fortalecido, necesariamente.
Es cierto que ayuda que el presidente Andrés Manuel López Obrador defienda unas finanzas públicas sanas. También aporta el Banco de México cuyos dirigentes están parados sobre el freno desde hace meses, subiendo las tasas para detener la inflación.
Pero si es un asunto de México ese peso fortachón… ¿Por qué en lo que va del año se ha fortalecido más la rupia de Sri Lanka?
¿Por qué el dinar de Irak, el real brasileño, el peso colombiano, el forinto húngaro y el colón de Costa Rica han ganado más valor que la moneda nacional hasta ayer, de acuerdo con cifras recopiladas por Bloomberg?
Pueden decir que “tienen otros datos”, pero estos son los que ven los inversionistas de verdad. En efecto, el peso mexicano ganó valor, ayer el dólar cotizó en 17.82.
El metal del águila y el sol es el séptimo en el mundo en plusvalía este año. Pero no es el único ni es el primero que gana en 2023 en detrimento del billete verde.
México está unido y atado a los Estados Unidos por familias, cultura y geografía. Conviene que arreglen juntos sus problemas.
Que los políticos de un lado o del otro tiren huevazos para ganar votos habla de una política pobre. Tarde o temprano eso golpea las monedas, luego a la economía. (Jonathan Ruiz, El Financiero, Empresas, p. 18)
¿Recuerda usted cuando se hablaba de las posibilidades de transformación que podría generar en materia de derechos humanos el nuevo gobierno? La idiosincrasia de la sociedad en 2018 respecto a lo que significaba materializar compromisos de atención y reparación a víctimas, búsqueda, generación de verdad y memoria no se agotaba solamente en las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, sino que había entre su gabinete legal y ampliado algunos líderes políticos y sociales que avivaban, ya sea por congruencia o trayectoria la esperanza de que las cosas serían radicalmente diferentes. Uno de esos personajes era Alejandro Encinas Rodríguez.
Un político del tamaño de su jefe, que no necesitaba pedirle permiso a Olga Sánchez Cordero para hablar con él; no precisamente por saltarse la investidura de la entonces secretaria de Gobernación, sino porque su trayectoria como amigo y compañero de Andrés Manuel le daban la legitimidad para hacerlo. Tan es así, que la operación y materialización del primer acto de gobierno del presidente –la firma del compromiso de resolver el caso Ayotzinapa– así como toda la política de derechos humanos se le encargó directamente a Encinas, sin intermediarios.
Por eso el espionaje del cual fue víctima es sumamente grave, no sólo porque las fuerzas armadas incurran en el delito de espiar a un funcionario público de ese nivel, sino por la débil reacción que el presidente mostró, en la mañanera del pasado martes, ante el hecho: “Le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie”.
En varios momentos del sexenio parecía que Alejandro Encinas tenía margen de maniobra en lo que respecta a la política de derechos humanos, por ejemplo, en la creación de la Comisión de Amnistía, la política del Registro Nacional de Población y el funcionamiento (es un decir) del Mecanismo de Protección a Periodistas. Pero con la respuesta del presidente sobre el espionaje de las fuerzas armadas de quien él es el Jefe Supremo, queda en evidencia que las decisiones se han tomado en Palacio Nacional tienen una sola prioridad: cuidar la imagen del Ejército. Por eso, ni en el caso Ayotzinapa, ni en la política de derechos humanos se han invertido recursos y estrategias serias para dar con la verdad.
No conocemos de forma exacta la conversación entre Encinas y López Obrador, pero si el presidente respondió minimizando públicamente la intromisión del Ejército en la vida privada del subsecretario es porque la aprueba. Entonces no resulta descabellado entender que las conversaciones sobre la participación del Ejército en Iguala, sobre las ejecuciones en Nuevo Laredo, sobre el propio espionaje a personas defensoras y periodistas, o sobre las consecuencias de la militarización en el respeto a los derechos humanos a estas alturas sean un asunto menor para el Presidente.
Encinas podría ser una víctima en todo este entuerto, pero sus decisiones también lo evidencian, no son tropezones de improvisación. Más parecen acciones de cumplimiento a una instrucción: como irle a ofrecer impunidad a Tomás Zerón hasta Israel, reconocer que las evidencias del Informe del caso presentado en septiembre pasado estaban invalidadas, su silencio frente a la cancelación de órdenes de aprehensión de decenas de militares o la poca incidencia para detener la militarización en la política migratoria. Todo, para no tocar a los intocables.
Sumado a la postura casi testimonial que tiene hoy; si antes no necesitaba ni informar a Olga Sánchez Cordero para ver al presidente, ahora no puede ni acordar con Adán Augusto, el secretario de Gobernación, lo que anteriormente era una demostración de poder de decisión en posiciones estratégicas. Sin irnos más lejos, ni siquiera fue señalado como responsable de lo sucedido con los migrantes en Ciudad Juárez, simplemente porque nadie se acordó que él es subsecretario de Migración y Derechos Humanos.
Con la impunidad cantada al espionaje de un funcionario de alto nivel queda reafirmada la impunidad en los casos donde está involucrado el Ejército mexicano. Porque si el caso del funcionario que se encuentra en el escalón más alto no es atajado, los escalones inferiores tampoco se pueden barrer; siguiendo las propias palabras del presidente de que las escaleras se barren de arriba para abajo.
La esperanza que en 2018 tenían las víctimas de violaciones de derechos humanos y las organizaciones que se dedican al tema ha quedado sepultada con un subsecretario de Derechos Humanos que ha pasado a formar parte de esas víctimas no escuchadas y silenciadas. Ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se ha pronunciado sobre la violación a derechos humanos de la que ahora él mismo es víctima. ¿Qué lo motiva a permanecer ahí? ¿Hasta dónde alcanza la unidad de medida de su dignidad para presentar una renuncia?
Lo que representa su caso es suficiente para resquebrajar cualquier argumento de que en materia de derechos humanos con “ellos” vendrían tiempos mejores. (Maité Azuela, El Universal, Nación, p. 16)

(Gregorio, Excélsior, Nacional, p. 10)

(Palomo, Excélsior, Expresiones, p. 22)