Danny Iniestra llegó a México a los seis años. Pasó las siguientes dos décadas en Estados Unidos, construyó una vida y fue deportado al país del que no guardaba recuerdo alguno, aunque su cuerpo fuera una cartografía tatuada con el Ángel de la Independencia y la leyenda “Made in Mexico”. Cuando llegó, le cobraban de más en los mercados; sus vecinos lo llamaban pocho, gringo, güero. La bienvenida que recibió de su propio país, según relató, fue la de alguien que llega al lugar equivocado.
Hay un barrio en la colonia Tabacalera, junto al Monumento a la Revolución, que existe porque esa experiencia, así como a Iniestra, le pertenece a la mayoría de los 203,685 mexicanos repatriados desde Estados Unidos que registró la Secretaría de Gobernación entre enero de 2025 y abril de 2026. Lo llaman Little LA porque las palmeras de Reforma recuerdan a Los Ángeles, donde la mayoría de sus habitantes creció, estudió y formó familia. New Comienzos, la organización civil que opera ahí desde 2015, ofrece apoyo legal, psicológico y de empleo a quienes llegan. En palabras de su directora de voluntarios, Shunaxy Estrada, el barrio es un lugar donde vincularse y sentirse identificados.
Muchos construyeron ese limbo (Little LA) porque al llegar a México no encontraron raíz. Raíz que sostuvieron en la lejanía y, al volver, quedaba de ella sólo nostalgia. Iván Porras, fotógrafo de 33 años que vivió dos tercios de su vida en Nevada y California, lo formula así: “Nací en México, pero he crecido la mayor parte de mi vida en Estados Unidos. Al ser deportado de vuelta, siento que no soy ni de aquí ni de allá”.
La sociología migratoria la denomina generación 1.5, concepto desarrollado por el sociólogo Rubén Rumbaut para describir a personas que migraron de niños y se socializaron por completo en otro país. Para quienes la barrera más difícil no es laboral, sino identitaria. Saber inglés mejor que español, tener la red afectiva al otro lado de la frontera, sentir que el lugar al que perteneces es el mismo que te expulsó. Valdría detenerse un momento en esto, pues hablamos, en principio, de connacionales, ciudadanos mexicanos; México lleva décadas celebrando a su diáspora como fuente de remesas y embajada cultural informal en el norte o en cualquier país del extranjero, pero construyó prácticamente cero infraestructura para cuando esa diáspora regresa. Hablamos de ciudadanos mexicanos a quienes damos la espalda por ser, a su vez, migrantes. Y aunque siempre quedó clara la falta de políticas migratorias dignas en este país, la omisión no deja de sorprender, como si se hubiera asumido que al cruzar la frontera norte, el único vínculo que queda con México es el que a México le convenga.
El problema no está sólo en la política migratoria de Trump, sino, hay que decirlo, tristemente también está en la forma en que México recibe a los suyos. Un análisis longitudinal con 93 deportados en León, Guanajuato, encontró que con el tiempo las trayectorias laborales de deportados y no deportados tienden a converger, pero que el estigma social persiste mucho más allá de la reintegración económica. El rechazo llega de varios frentes: de instituciones, de empleadores que desconfían del perfil, de los vecinos que escuchan el acento. Lo que construyeron en Little LA es el intento de crear una comunidad que funja como trinchera frente a esa omisión o exclusión deliberada y las consecuencias de esa no-integración merecen tomarse en serio, pues cuando el estigma bloquea el empleo formal y la red institucional es inexistente, la vulnerabilidad se acumula pudiendo derivar en un problema que, al postergarse, se alimenta.
México tiene obligaciones legales con esta población. Un estudio de Columbia Law School documentó que 87% de los deportados no recibió en los puntos de repatriación los servicios que la ley les garantiza, y son pocas las respuestas ofrecidas a un fenómeno que, por escala, exigiría otra cosa.
Danny Iniestra lo dice con más precisión que cualquier política pública: “La palabra ‘odiar’ es muy fuerte, pero me dolía mucho porque yo no era mexicano para el mexicano […] Entonces, si México es el país más amigable para el extranjero y el turista, ¿por qué no estamos ayudando a nuestra propia gente?”. (Marcela Vázquez Garza, Excélsior, Nacional, p. 5)
La mayor vulnerabilidad de Donald Trump no está en México. Está en Estados Unidos. Ese dato, más que cualquier arrebato verbal desde Washington, debería ordenar la estrategia mexicana. La encuesta del New York Times y Siena publicada la semana pasada colocó su aprobación en 37%. Reuters/Ipsos la ubicó en 35%. El retrato es claro: Trump conserva poder, controla buena parte de la conversación pública y mantiene una base dura, pero gobierna con una legitimidad debilitada. La economía no le ayuda, la inflación y el costo de vida ya pesa sobre los hogares, y su política exterior ya no proyecta fuerza, sino arrebato y riesgo.
El contraste con Claudia Sheinbaum es evidente. La Presidenta mantiene una aprobación superior a 70%. Esa diferencia de dos a uno sobre Trump no elimina las asimetrías entre México y EU, pero sí cambia el punto de partida. México negocia frente a un dirigente con enorme poder institucional y una fragilidad política creciente. El error sería leer esta coyuntura desde la euforia mexicana por las acusaciones que llegan de EU. La pregunta relevante no es cómo usar cada señalamiento para ganar una pelea doméstica y fratricida. La pregunta es qué quiere Trump y cómo puede México reducir costos, ganar margen y evitar que la relación bilateral quede secuestrada por los sectores más duros de su gobierno. Trump parece gobernar movido por tres incentivos. El primero es la revancha: ajustar cuentas con quienes cree que lo persiguieron. El segundo es el legado: producir gestos, decisiones y símbolos que lo presenten como un presidente histórico. El tercero es el beneficio personal: convertir la presidencia en una plataforma de influencia, acceso y poder económico.
México no encaja de manera natural en ninguno de esos. No es el centro emocional de sus venganzas. No le ofrece, por sí solo, un monumento comparable con sus obsesiones de grandeza. Y tampoco es el espacio más sencillo para transformar poder político en ganancia personal. Ahí yace el riesgo: cuando Trump no encuentra un incentivo directo, delega. Y cuando delega, la relación con México tiende a quedar en manos de quienes miran la frontera sólo como problema. Stephen Miller empuja esa agenda desde la migración, la identidad y la amenaza. Marco Rubio la procesa desde la seguridad nacional, el crimen organizado, el fentanilo y la presión diplomática. Son miradas distintas, pero ambas reducen a México a expediente, no a contraparte estratégica. A eso se suma un dato político relevante: Sheinbaum todavía no ha construido una relación personal directa con Trump. Y a Trump le importan los gestos, las llamadas, la televisión, la cortesía pública y la sensación de que el otro líder reconoce su lugar en la historia. No es diplomacia clásica. Es una diplomacia de ego, poder y espectáculo.
México puede hablar ese lenguaje sin someterse a él. Con Trump, los argumentos funcionan mejor cuando vienen acompañados de incentivos claros. La oportunidad está precisamente en su debilidad. Un presidente con aprobación baja necesita victorias presentables ante su electorado. México puede ofrecer cooperación en seguridad sin aceptar subordinación; resultados contra armas, fentanilo y lavado de dinero; inversión industrial que refuerce a Norteamérica frente a China; acuerdos fronterizos que reduzcan tensión sin criminalizar al país; y una narrativa de orden compartido. La diferencia entre ceder y negociar está en quién fija los términos. México no debe ceder soberanía a cambio de nada. Debe construir una oferta que permita a Trump decir que obtuvo resultados, mientras Sheinbaum conserva control, dignidad y margen de maniobra.
La Presidenta tiene una ventaja: su fortaleza interna. Su aprobación le permite negociar sin parecer acorralada. Pero esa fortaleza debe administrarse con inteligencia. No sirve para provocar a Trump ni para sobreactuar autonomía. Sirve para abrir una relación política directa que reduzca el margen de quienes quisieran convertir a México en enemigo útil. Trump está débil y Sheinbaum, fuerte. Esa asimetría puede ser una oportunidad si México empieza a mirar la relación bilateral como lo que es: una negociación con un presidente poderoso, vulnerable y necesitado de victorias. No se trata de creer en la mitología de Trump, sino de entender sus incentivos reales y usarlos en favor de México. (Gustavo Rivera, Excélsior, Nacional, p. 12)
Aunque no se conoce la fecha exacta de su emisión, este 21 de mayo la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó, en su mañanera, que existían “fichas rojas” derivadas de las órdenes de aprehensión emitidas por autoridades estadunidenses contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses. La secuencia de hechos en este caso es importante. Primero, el 29 de abril de 2026, fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York hicieron pública la acusación criminal (indictment) contra Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa. Segundo, EU solicitó a México su detención provisional con fines de extradición. Por último, y como consecuencia de una orden judicial internacional, se activaron alertas rojas de Interpol, cuya existencia fue reconocida públicamente por Sheinbaum.
Es cierto que el gobierno mexicano no está obligado a detener a Rocha Moya sólo porque exista una ficha roja en su contra. Sheinbaum declaró que “no hay nada legal que obligue” al gobierno a mantener vigilancia especial sobre los acusados mientras la Fiscalía desarrolla sus investigaciones. Se equivoca la Presidenta. La ficha roja sí implica que el gobierno tiene obligaciones que debe respetar. La obligación legal inmediata recae principalmente en la FGR y en las autoridades migratorias y policiales para ubicar a la persona o personas, vigilar sus posibles movimientos internacionales, valorar si procede una detención provisional con fines de extradición y, finalmente, abrir o continuar con sus investigaciones propias.
Evidentemente, las autoridades mexicanas migratorias y policiales no actuaron conforme a derecho, al no tener ubicados o vigilados a Gerardo Mérida y a Enrique Díaz, quienes, por rutas diferentes, se entregaron a las autoridades estadunidenses. Uno en Arizona y el otro, aparentemente, en Irlanda. Sus entregas respectivas son jurídicamente relevantes porque pueden aportar las pruebas que les permitan a las autoridades de EU obviar las peticiones formales de extradición y actuar directamente para lograr la captura y extracción de los imputados restantes.
Se producen efectos prácticos importantes al existir las fichas rojas. Sí Rocha Moya saliera de México, cualquier país miembro de Interpol podría detenerlo provisionalmente. También, México queda bajo presión política, diplomática y judicial para cooperar con la solicitud estadunidense. Y las instituciones financieras mexicanas pueden aplicar medidas preventivas, como ocurrió con el congelamiento reportado en mayo de las cuentas de los imputados. En términos políticos, la ficha roja no condena ni es prueba de culpabilidad. Sin embargo, significa que existe una acusación penal formal internacional.
La reunión del secretario de Seguridad Interior de EU, Markwayne Mullin, y el embajador Ronald Johnson con la presidenta Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, este 21 de mayo, se dio en el contexto del reconocimiento público de la existencia de la ficha roja contra los imputados por la corte de EU. Mullin habría exigido ya no la detención de Rocha para fines de extradición, sino su entrega inmediata a las autoridades judiciales de Nueva York. Afirmó que la información aportada por Mérida y por Díaz Vega fue amplia y suficiente para determinar la culpabilidad de los otros imputados. La Presidenta reiteró que México no tenía obligación legal alguna para entregar a Rocha e imputados. Mullin señaló que vendrían acusaciones similares en contra de otros cuatro gobernadores en funciones, por sus vínculos con el narcotráfico. Es innecesario decir que la reunión terminó abruptamente y no en buenos términos. (Ricardo Pascoe Pierce, Excélsior, Comunidad, p. 30)
En cada ocasión que Donald Trump trata de compensar sus tropiezos y su pérdida de popularidad, cabe esperar que lo haga mediante ocurrencias, decretos o declaraciones estrepitosas e incluso arbitrarias.
En la semana que pasó, su declaración en torno a la “exitosa y bella” visita que realizó a China, sorprendió a más de uno por la escasa información sobre algún acuerdo entre él y el presidente chino Xi Jinping. En todo caso, lo destacado fue la llamada de atención que este último esbozó en torno a la inconveniencia de que los Estados Unidos envíen armamento a Taiwán, al que consideran como inalienable de su territorio.
Un disparate monumental fue el acuerdo del presidente para perdonar e indemnizar a integrantes de la banda de forajidos que asaltó el Capitolio para obstaculizar la ceremonia en la que se declaraba a Biden como presidente. Consideró que fueron injustamente juzgados y declarados culpables, por lo que había que indemnizarlos. Quienes expusieron su vida y los familiares de quienes murieron en el cumplimiento de su deber en el hecho defendiendo el Capitolio interpusieron una demanda por la atrocidad que significa premiar a los culpables de esa monstruosa agresión.
En este mismo contexto descansa el desistimiento de Trump en torno a la demanda que interpuso en contra de su propio gobierno debido a que la oficina de impuestos, IRS, por descuido ocasionó que información de los impuestos de l magnate se dieran a conocer públicamente. El procurador acordó el desistimiento de cualquier demanda en contra del propio presidente y su familia por las transacciones que hubiese realizado en el pasado. La declaración causó escozor e indignación entre los propios miembros del partido del presidente.
La semana no podía concluir sin otra declaración. Decidió que todas aquellas personas (inmigrantes) que viven temporalmente en la Unión Americana deberán salir del país y continuar el trámite de su situación migratoria, en las oficinas de los Estados Unidos situadas en sus respectivos países de origen. La disposición, afectará a cientos de miles de familias que se verán fracturadas cuando alguno de sus miembros deba abandonar el país, y otros tantos trabajadores perderán sus empleos. Abogados y organizaciones defensoras de migrantes han considerado interponer demandas para invalidarlo. (Arturo Balderas Rodríguez, La Jornada, Política, p. 14)
La cúpula estadunidense tiene una larga historia de fomentar paranoia sobre “enemigos” internos, en sus inicios con indígenas y mexicanos, después fueron inmigrantes, sindicalistas, opositores a guerras, anarquistas, socialistas, comunistas, cristianos de izquierda y más, hasta hoy contra, para variar, connacionales y otros extranjeros no blancos y sus defensores, los calificados de “no cristianos” (aunque los sionistas están exentos) y los solidarios con Palestina y ahora, una vez más, con Cuba.
Ese “enemigo”, frecuentemente calificado de “antiestadunidense”, siempre ha servido para justificar medidas de represión, control e intimidación. A veces esas políticas han llegado a ser extremas, incluyendo ejecuciones (por ejemplo Sacco y Vanzetti, así como los Rosenberg), encarcelamiento, detención masiva en campos de concentración (el caso de japoneses-estadunidenses durante la Segunda Guerra Mundial y ahora en los centros de detención de inmigrantes indocumentados), listas negras, expulsión del país (Emma Goldman, estudiantes solidarios con Palestina actualmente) o exilio (víctimas del macartismo en los 50), amenazas de violencia y acción penal contra izquierdistas y opositores al régimen actual.
La campaña contra el “enemigo interno” por el régimen actual está empapada de nostalgia. A estas alturas de la historia, sorprende que el macartismo anticomunista que enmarcó parte de la guerra fría dentro de este país ahora se vuelva a emplear: eso de que, ¡ay nanita!, aguas con los “comunistas” ligados a gobiernos extranjeros, está de vuelta.
Este pasado fin de semana, Fox News –el medio conservador más grande del país– reportó que funcionarios en los departamentos de Justicia y Tesoro investigan a activistas y agrupaciones por sospechas de coordinación con el gobierno cubano para influir la política dentro de Estados Unidos. La cadena, aparentemente ayudando a la supuesta investigación, informó que ha identificado a 145 organizaciones no gubernamentales, sindicatos, grupos políticos y más que se “están movilizando en apoyo del gobierno cubano y el Partido Comunista” de la isla. Nombra a varios de los grupos y activistas, incluyendo a Código Rosa, partidos de izquierda, Pastores por la Paz, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y “organizadores” de la central obrera AFL-CIO, Socialistas Democráticos de Estados Unidos y el gremio nacional de abogados, entre otros. Citan a un experto de la derechista Heritage Foundation que califica a Cuba de epicentro de “organización revolucionaria antiestadunidense en el hemisferio occidental” y una “preparatoria para revolucionarios”, que ha buscado crear “redes” de influencia dentro de sectores sociales estadunidenses durante décadas. Es plagio de la propaganda de hace seis décadas.
En septiembre del año pasado, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia anunciaron que aquellos con perspectivas de “antiestadunidense”, “anticapitalismo” y “anticristianos”, como los que se oponen a medidas de control migratorio, serían señalados como posibles sospechosos de “terrorismo” de izquierda y sujetos a ser investigados.
Estos “enemigos” internos identificados desde el primer día de este gobierno incluyen, primero, a los mexicanos indocumentados, la resistencia contra la ofensiva antimigrante, “antifa” y lo que el mandatario y sus aliados llaman la “izquierda radical”, que incluye socialistas, comunistas y anarquistas, los “antisemitas” solidarios con el pueblo palestino y ahora opositores a la política hacia Cuba. Igual como en el pasado, el enfoque sobre un enemigo interno a veces se intensifica cuando está fracasando la política interna –como ahora con la economía y el desplome en las tasas de aprobación del gobierno– para echarle la culpa de casi todo problema a los inmigrantes y los “izquierdistas” (término que incluye todo el Partido Demócrata y cualquier opositor).
Muchos “enemigos” nutriendo una gran y muy útil paranoia. Esta película es muy vieja, pero la estrenaron de nuevo. Ojalá esta nueva versión tenga un final sorprendente. (David Brooks, La Jornada, Mundo, p. 27)
Donald Trump ordenó endurecer la vigilancia sobre el sistema financiero estadounidense con una lectura que pega de lleno a México. El decreto “Restoring Integrity to America’s Financial System”, firmado el 19 de mayo de 2026, advierte que transferencias transfronterizas de bajo monto han sido usadas para financiar terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilegales, y afirma que análisis financieros detectaron “focos de operaciones financieras relacionadas con redes de fentanilo letal” en Estados Unidos vinculados con cárteles con base en México.
La orden instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en 60 días, una alerta formal a instituciones financieras sobre riesgos asociados con poblaciones sin autorización laboral y sus empleadores, incluyendo evasión de impuestos sobre nómina, uso de documentos extranjeros, empresas fachada, estructuras para ocultar beneficiarios finales, pagos fuera del sistema bancario y uso del ITIN (Individual Taxpayer Identification Number o Número de Identificación Personal del Contribuyente, es un número fiscal emitido por el Internal Revenue Service para personas que necesitan cumplir obligaciones tributarias en Estados Unidos, pero no son elegibles para obtener un número de Seguro Social, Social Security Number o SSN) para abrir cuentas u obtener crédito sin estatus migratorio legal verificado. En resumen, que le van a pegar a las remesas. (Redacción, El Sol de México, Republica, p. 2)
Las remesas no son el problema, son la solución
Cada mes, millones de familias mexicanas abren una aplicación, revisan su saldo y respiran. El dinero llegó. Ese momento silencioso, que ocurre en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, etc. es el resultado de un esfuerzo titánico: el de un padre que trabaja doble turno en Carolina del Norte, el de una madre que limpia casas en Los Ángeles, el de un joven que dejó su pueblo para construir algo mejor para los que se quedaron.
Eso son las remesas. No una abstracción macroeconómica. Una promesa cumplida, semana a semana. Por eso, cuando la administración Trump emitió hace unos días una nueva orden ejecutiva para restringir el acceso a servicios financieros de migrantes sin documentos, sumada al impuesto del 1% que ya entró en vigor el 1 de enero de este año, el tema volvió a los titulares con ese tono de alarma que tan bien conocemos. Y aunque la preocupación es legítima, creo que este momento también nos exige claridad, serenidad y propuesta.
Empecemos por los datos. En el primer trimestre de 2026, México recibió 14,457 millones de dólares por remesas, un aumento de 1.4% frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con BBVA Research y datos del Banco de México. Es decir: el flujo aguanta. No porque las amenazas sean menores, sino porque la comunidad migrante ha demostrado, una y otra vez, una resiliencia que debería darnos lecciones a todos.
¿Y el impuesto del 1%? Según el reporte mensual de Banxico, el 99.1% de las remesas fueron realizadas por transferencias electrónicas. El impuesto no aplica a remesas enviadas a través de medios digitales o bancarios, como tarjetas de débito o crédito expedidas en Estados Unidos, billeteras digitales o tarjetas prepagadas. Eso significa que la gran mayoría de nuestros migrantes ya está usando los canales correctos y, por tanto, no se ve afectada por esa carga fiscal. Aquí hay una buena noticia que pocas veces se cuenta con suficiente volumen.
El reto real es otro, y como sector financiero tenemos que decirlo con honestidad: la nueva normativa podría obligar a algunos migrantes a tramitar pasaporte u otros documentos para seguir usando servicios financieros, lo que implica más costos, más tiempo y menor practicidad. Eso sí nos preocupa. No porque sea el fin de las remesas, sino porque golpea a los más vulnerables dentro de una comunidad que ya carga con demasiado.
Desde la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX), nuestra posición es constructiva, creemos en la formalización financiera como el mejor escudo frente a cualquier política restrictiva, venga de donde venga. Un migrante con cuenta bancaria, con historial crediticio, con acceso a productos financieros formales, es infinitamente menos vulnerable a este tipo de medidas. La bancarización no es un lujo: es una armadura.
Al mismo tiempo, tendemos la mano al diálogo bilateral. México y Estados Unidos son economías profundamente entrelazadas. El impuesto va en contra de la recomendación internacional de reducir los costos de envío de remesas a nivel global, como se sugiere en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Los argumentos técnicos están de nuestro lado, y debemos usarlos en los espacios correctos, sin confrontación estéril, con datos y con propuesta.
Las remesas son el puente más honesto entre dos países. No tienen ideología, no distinguen partidos, solo conectan a una familia con otra. Y mientras ese momento de alivio al ver el saldo actualizado siga siendo real, tenemos algo que vale la pena defender con inteligencia, con unidad y con la cabeza fría.
El sistema financiero mexicano tiene un rol protagónico en esta historia. ¡Y estamos listos para jugarlo! (Soraya Pérez, El Economista, Empresas y Negocios, p. 32)
Los hechos están a la vista de todos. El 14 de abril de 2022, la señora Campos firmó un acuerdo de colaboración y seguridad fronteriza con el gobernador de Texas –enemigo acérrimo de la migración mexicana, principalmente–, Greg Abbot, para dificultar, aún más, el cruce de nuestros connacionales al estado de la estrella solitaria y a espaldas del gobierno federal y las leyes. (Miguel Ángel Velázquez, La Jornada, Capital, p. 34)
Mientras localmente nos peleamos por los ajolotes y el color morado que maquillan la capital, Estados Unidos abrió una nueva puerta de presión sobre México en la antesala del Mundial.
En una regla provisional emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que, ante el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo en República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, podría suspender el ingreso de personas procedentes de países o lugares designados, incluso residentes permanentes legales, si representan un riesgo para la salud pública.
El documento sostiene que la medida forma parte del diálogo de Washington con los países afectados y con “potenciales socios implementadores México y Canadá”, una frase que coloca al país no sólo como vecino, sino como parte del dispositivo regional para contener amenazas sanitarias antes de que lleguen a la frontera estadounidense.
La medida entró en vigor el 22 de mayo. La autoridad sanitaria estadounidense argumenta que la amenaza no radica sólo en el brote en sí, sino en la velocidad del transporte global. “Los viajes internacionales y la migración juegan un papel significativo en la transmisión global de agentes infecciosos”, señala el documento, al advertir que viajeros pueden actuar como “vectores involuntarios” y acelerar la propagación de enfermedades.
Según el CDC, el virus Bundibugyo representa un desafío particular porque su periodo de incubación puede extenderse hasta 21 días. Durante ese lapso, una persona puede viajar sin síntomas visibles. “La introducción del virus a Estados Unidos se agrava por el periodo de incubación, que puede extenderse hasta 21 días, permitiendo que personas infectadas viajen internacionalmente mientras permanecen asintomáticas”, advierte el texto.
El reporte describe una red aérea global que conecta las zonas de brote con Estados Unidos mediante escalas internacionales en ciudades como Addis Abeba, Nairobi, Doha, Dubái o Estambul, con conexiones directas hacia aeropuertos estratégicos como Nueva York, Atlanta, Chicago o Los Ángeles. El CDC sostiene que las complejas rutas de múltiples escalas y el ritmo acelerado de los viajes internacionales generan desafíos sustanciales para identificar viajeros potencialmente infectados antes de su llegada.
La Organización Mundial de la Salud declaró el 18 de mayo el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Ese mismo día, el CDC emitió una orden inicial para suspender el ingreso de determinados extranjeros.
La nueva regulación también abre un cambio relevante: permite aplicar restricciones incluso a residentes permanentes legales. El CDC sostiene que limitar el ingreso de estos viajeros permitiría reducir “la carga operativa” sobre estaciones de cuarentena, laboratorios, hospitales y sistemas de rastreo epidemiológico. “Priorizar los esfuerzos de vigilancia hacia una población más pequeña y trazable fortalecería la efectividad de las operaciones de contención”, sostiene el documento.
Para México, el contexto es especialmente delicado. El país será sede mundialista junto con Estados Unidos y Canadá, con Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como plazas anfitrionas.
La República Democrática del Congo, país señalado en la regla sanitaria de Estados Unidos por el brote, tiene programado jugar en Guadalajara el 23 de junio de 2026 contra Colombia. Antes enfrentará a Portugal en Houston, el 17 de junio, y después a Uzbekistán en Atlanta, el 27 de junio. Así, una alerta sanitaria que Washington plantea como asunto de seguridad fronteriza y control epidemiológico cruza de lleno con una de las sedes mexicanas del torneo. (Hiroshi Takahashi, El Sol de México, República, p. 5)