El ultimátum de Donald Trump al presidente Andrés Manuel López Obrador fue binario: aranceles hasta de un 25 por ciento a todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos o colaboración total en el problema de la migración.
Y el gobierno de López Obrador se fue por el mal menor: contener la migración.
El primer paso fue cambiar la política migratoria de bienvenida a contención, utilizando toda la fuerza pública encabezada por la Guardia Nacional, que se estrenó con este enorme reto, la Policía Federal y las estatales y municipales que se convirtieron en agentes migratorios por encima de la ley y haciendo lo que los mismos estadunidenses han vetado: que sus policías intervengan en temas migratorios, y tienen prohibido solicitar documentación a particulares, a menos que delincan.
Aquí, repito, por encima de la ley, todos esos escalones de la fuerza pública hacen funciones migratorias e ilegalmente piden documentación, por igual, a mexicanos y extranjeros. (Joaquín López Dóriga, Milenio, Opinión, p.3)
El presidente Donald Trump amenazó a Guatemala con imponer aranceles a sus exportaciones y aplicar comisiones a las remesas por el bloqueo constitucional de un acuerdo de tercer país seguro, que la hubiera obligado a retener a los migrantes que atraviesan su territorio.
Animado por el éxito que tuvo con México, que aceptó militarizar sus fronteras sur y norte, la pinza constrictora de Trump ahora aprieta a un país mucho más débil.
“Guatemala, que ha estado formando caravanas y ha enviado a Estados Unidos a un gran número de personas, algunas con antecedentes penales, ha decidido romper el trato que tenía con nosotros para firmar un necesario Acuerdo de Tercer País Seguro”, escribió Trump en Twitter. (Agustín Gutiérrez Canet, Milenio, Opinión, p.12)
Ya usó la fórmula contra México y ahora la repite contra Guatemala. El presidente de Estados Unidos ha descubierto que el comercio es una herramienta de presión a los países latinoamericanos para que apliquen medidas de contención migratoria. Lograr que Guatemala acepte la condición de “tercer país seguro” es el objetivo y una amenaza de subida de aranceles puede funcionar.
“Vetos, aranceles e impuestos a las remesas” ha dicho Trump, en una formulación más contundente aún que la amenaza contra México. Gravar las remesas de los emigrantes en Estados Unidos, para un país como Guatemala o cualquier otro de Centroamérica y el Caribe, puede implicar una catástrofe económica y la forma más perversa de restar incentivos a la emigración. Si los migrantes no pueden ayudar a sus familias en su país de origen qué sentido tiene emigrar.
Algo parece haber aprendido el mandatario de la crisis con México y es que la mayor parte del flujo migratorio no proviene del gran país fronterizo sino del triángulo norte de Centroamérica. Sin embargo, repite la misma gramática inamistosa y racista para culpar a Guatemala por una emigración que se origina también en Honduras y El Salvador. Ahora dice el presidente que no es México sino “Guatemala quien ha estado formando caravanas y enviando grandes cantidades de gente a Estados Unidos, algunos con antecedentes criminales”. (Rafael Rojas, La Razón, Opinión, p.4)
En los últimos días, la presencia en los temas nacionales del diputado y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, ha sido muy precisa y ha marcado distancia de políticas públicas del nuevo Gobierno, del que él es parte fundamental. El experimentado político, a través de sus más de 60 años de trayectoria, ha destacado en la administración pública, el Poder Legislativo y en la diplomacia, y confirma que “más sabe el diablo por viejo que por diablo”.
Ha declarado que la política migratoria de contención que está implementando el presidente Andrés Manuel López Obrador está ayudando al presidente Trump a reelegirse. Y sin pelos en la lengua, se ha confrontado con Marcelo Ebrard, acusándolo de invadir facultades con el uso de la Guardia Nacional para contener a los migrantes centroamericanos y de ser socios de la migra. Todo esto lo retrata como un hombre libre y con gran solidez político-administrativa. Se ha desempeñado como secretario de Educación, secretario del Trabajo, presidente del PRI y del PRD, consejero cultural de la Embajada de México en Francia, representante permanente de México ante la ONU, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, embajador ante la UNESCO, embajador de México ante la Unión Europea, además de ser diputado o senador en varias ocasiones. (Dolores Colín, 24 Horas, Opinión, p.6)
Señales ominosas están llegando desde Estados Unidos a Palacio Nacional, y el presidente Andrés Manuel López Obrador no las está entendiendo. Así sucedió en la cena con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y asesor especial en la Casa Blanca, cuando le advirtió que si no frenaba la migración habría sanciones comerciales, que produjeron un arrodillamiento para evitar nuevos aranceles. Y así está pasando en estos momentos. En aquella ocasión, la tormenta tuvo dos avisos, en forma de llamadas de la Casa Blanca y del Departamento de Estado a la embajadora en Washington, Martha Bárcena, para presionarla sobre la contención migratoria. En los últimos días, la embajadora recibió dos nuevas llamadas alertando sobre un mismo tema: el arbitraje mediante el cual la Comisión Federal de Electricidad quiere anular contratos con IEnova, filial de la gasera estadounidense Sempra, que puso en el limbo compromisos adquiridos. La molestia radica en la violación mexicana del Estado de derecho.
El tema de la suspensión de los compromisos es mucho más grave de lo que se imagina López Obrador. Incluso, es lo más delicado y peligroso que ha enfrentado desde que asumió la Presidencia y puede tener enormes consecuencias económicas, comerciales, legales y reputacionales. Lo que detonó el director de la CFE, Manuel Bartlett, respaldado por el Presidente, es el incumplimiento de contratos a partir de la lectura errónea del mismo –si se llega al arbitraje internacional va a perder–, así como una violación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al incorporar la suspensión del servicio de gas a través de un nuevo gasoducto del Sur de Texas a Tuxpan, dinamitando los compromisos legales y comerciales de México con sus socios norteamericanos. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Opinión, p.42)
El presidente López Obrador decidió que sea Veracruz (otra vez) el centro de la República Mexicana, y no nada más porque lo considere su segunda tierra, (después de Tabasco), sino porque busca no perder terreno en el tercer o cuarto estado con mayor presencia de votantes.
AMLO recibirá este fin de semana al Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Minatitlán, cuando pudo hacerlo también en los estados de Oaxaca o Tabasco. Sin embargo, si bien es cierto todos los estados del sur-sureste son relevantes en el tema migratorio, ninguno tiene la importancia electoral de Veracruz.
En una reunión que sostuve con uno de los personajes cercanos al Presidente en Palacio Nacional, hace un par de semanas, me adelantaron que López Obrador se reuniría con otro mandatario centroamericano en nuestro país, pero ahora ocurriría en Veracruz. (Alejandro Aguirre Guerrero, El Universal, Opinión, p.13)
La semana pasada, con importante aportación de México, se registró un avance hacia la gestión multilateral de las migraciones: la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 73/326 que prevé convocar, a partir de 2022 y después cuatrienalmente, foros multilaterales en la materia, quizá la más enconada y compleja de la agenda global del actual decenio y los venideros. Por contraste, casi al mismo tiempo se registró una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos que, en contradicción abierta con el derecho y la práctica internacionales en materia de asilo y refugio, establece un virtual régimen de excepción en esta materia que intenta legitimar el chovinismo, la discriminación y el racismo que caracterizan las actitudes de la administración Trump en el tema migratorio. Estos dos enfoques –el de cooperación multilateral y el de nacionalismo excluyente, que por desgracia no sólo se manifiesta en Estados Unidos– se mantendrán en pugna en los años venideros. Quizás en algo más de un decenio las ventajas del primero resulten evidentes, al consolidarse su primacía de manera ascendente y también progresivamente se abandone el segundo, ante la evidencia de sus costos crecientes y de los riesgos que entraña, materializados en frecuentes episodios de violencia. Sé que expongo una perspectiva quizas optimista en demasía, cuya actualización dista de estar garantizada. Reclama, más bien, el esfuerzo constante y organizado de la mayor parte de la comunidad internacional. (Jorge Eduardo Navarrete, La Jornada, Opinión, p.20)
México enfrenta una crisis humanitaria sin precedente histórico. Mientras los medios tradicionales se enfocan en la frontera norte, la realidad es que el límite con Guatemala se ha convertido en la frontera entre los países del sur global, México y Estados Unidos. En Tapachula, se encuentran inmigrantes de la mayoría de las naciones de África, del sur de Asia, de toda Centroamérica, de Haití y de Cuba. Desde junio de 2019, cuando México acordó con el gobierno de Donald Trump, para evitar la imposición de aranceles, la situación para los migrantes ha empeorado dramáticamente, agudizándose la crisis en la frontera sur. Como respuesta, México ha militarizado su frontera, con la presencia de la Guardia Nacional, la Policía Federal y oficiales del servicio del Instituto Nacional de Inmigración que detienen a cualquiera que intenta entrar al país.
Lamentablemente, la situación en la frontera sur es paralela a lo que Estados Unidos impulsó en su propia frontera con México. A partir de la década de los años 80, Washington comenzó a militarizar la frontera con México de forma decisiva. La administración de Bill Clinton optó por construir murallas entre ciudades fronterizas como Tijuana y San Diego, obligando a los migrantes a buscar rutas alternas a través del desierto o a contratar con coyotes en el empleo del crimen organizado para poder cruzar a Estados Unidos. Estos dos resultados aumentaron la vulnerabilidad de los migrantes y ocasionaron la muerte de cientos de personas en el desierto entre Sonora y Arizona. (Miguel Tinker Salas y April Mayes*, La Jornada, Opinión, p.20)