A mediados del pasado mes de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó la restauración del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), lo que permitirá reabrir para muchos jóvenes la posibilidad de seguir sus sueños y frenar, al menos temporalmente, los temores de una amenazante política antiinmigrante del presidente Donald Trump.
Más allá de la discusión sobre si el presidente estadounidense no siguió los procedimientos de Ley para cancelar el programa, y por lo que los jueces de la Corte la consideraron como una acción caprichosa y arbitraria, la determinación representa un alivio momentáneo y un triunfo en la defensa de los derechos humanos de quienes estudian y trabajan gracias a este esquema de protección jurídica, que desde su inició generó beneficios tripartitas: los jóvenes, en su mayoría mexicanos, obtuvieron certeza de no ser deportados y continuar con sus proyectos de vida; el gobierno de Estados Unidos atendía así una problemática de grandes implicaciones políticas, sociales y económicas, y el gobierno de México, podría concentrar esfuerzos y recursos para atender otras prioridades y situaciones de su vida nacional interna.
En 2012, el ahora expresidente Barack Obama, mediante esta acción ejecutiva presidencial llamada DACA, implementó un mecanismo para que los jóvenes dreamers (personas que fueron llevadas a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños) no fueran deportados y poder obtener un permiso temporal para estudiar y trabajar, sin embargo, este programa no solucionó de manera definitiva el problema de estos jóvenes, estando sujeto, en cualquier momento, a ser revocado por decisión presidencial, tal como sucedió el 5 de septiembre de 2017, cuando el presidente Trump anunció que daba por terminado el DACA. (Ulises Lara López , La Crónica de Hoy, Opinión, p.6)
Ya no quiso seguir al frente. “El motivo es el diferendo por su decisión de política pública al trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina, las funciones eminentemente civiles de los puertos, de la Marina Mercante, y de la formación de marinos mercantes, que han estado a cargo de la SCT desde 1970”, expuso en su carta renuncia.
El mandatario suma las dimisiones de tres secretarios de Estado en el corto tiempo que lleva de su mandato, aunque en los casos del ahora extitular de la SCT y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, fueron por desacuerdos con las decisiones presidenciales.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco, optó por marcar la retirada en mayo del año pasado. Seis meses le bastaron para darse cuenta que el sector público no era lo suyo, aunque el pretexto fue una presunta orden para retrasar un vuelo para que pudiera abordar, que le generó nutridas críticas.
Días antes, la renuncia de Germán Martínez como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la primera del equipo cercano a Palacio Nacional, y quien que en una carta acusó de “injerencia perniciosa” por parte de algunos funcionarios de Hacienda. No quiero ser un florero, replicó el funcionario, quien prefirió retomar su escaño en el Senado.
Asa Cristina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud de la SSA y cercana colaboradora del presidente López Obrador desde tiempo atrás, optó por separarse del cargo por diferencias con el secretario Jorge Alcocer. Sin polémica alguna, también el subsecretario de Turismo, Simón Levy, y la subsecretaria de la Seguridad y protección Ciudadana, Patricia Bugarín, decidieron separarse de sus cargos.
Otras controversiales salidas fueron las de Mónica Maccise, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); Candelaria Ochoa, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y Mara Robles, de la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas, así como de Tonatiuh Guillén, del Instituto Nacional de Migración. (Héctor Muñoz, El Sol de México, Opinión, p.11)