Opinión Migración 250825
San Fernando, a 15 años de la masacre
Se han cumplido 15 años de la ominosa masacre de San Fernando, una acción criminal que enlutó e indignó al país, y que representa un permanente llamado a la solidaridad con los migrantes y a la protección de sus derechos humanos.
Recuerdo la suma de emociones que experimenté la mañana del 25 de agosto de 2010, cuando leí la nota periodística que daba cuenta del hallazgo de 72 cadáveres de migrantes en un rancho de San Fernando.
Un año antes, había terminado mi periodo como quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, responsabilidad que incluía la conducción del Programa de Protección a Migrantes.
Por la experiencia acumulada en el cumplimiento de esa tarea, tenía muy presentes las rutas, carreteras y vías férreas por las que se desplazaban, los caminos de extravío que recorrían para evitar ser vistos y las casas de migrantes que les ofrecían alimento y techo por dos o tres días, así como las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración. Guardaba una memoria muy vívida, sobre todo, del valor y la persistencia de los migrantes, de sus testimonios y sus padecimientos.
Además de recabar y resolver un gran número de quejas, elaboramos diversos documentos dirigidos a las autoridades y a la sociedad en general, como el Informe Especial del Estado que Guardan los Derechos Humanos en las Estaciones Migratorias y el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México, que dimos a conocer en junio de 2009.
La autoridad había reaccionado minimizando los hechos. Decía que sí había secuestros, pero en escala menor, y que era preocupante, pero infrecuente. Insistimos hasta que concluyó nuestra responsabilidad en aquella administración de la CNDH. Habíamos logrado visibilizar el delito de secuestro de migrantes, incluido el secuestro masivo, pero no se apreciaban las acciones contundentes de protección y prevención que habíamos demandado.
Por eso aquel 25 de agosto fue tan doloroso enfrentarse a una noticia tan devastadora: para entonces había interiorizado que detrás de cada migrante había una historia y una esperanza; que el secuestro de migrantes era práctica recurrente; y que además del sufrimiento que esa perversa práctica imponía, de alguna manera el delito llevaba consigo el riesgo latente de una tragedia.
Han pasado 15 años, y aunque se han registrado algunos avances, el camino del migrante sigue siendo de riesgo, tanto el de los migrantes de otros países en México, como el de los mexicanos que quieren llegar a Estados Unidos.
En nuestro país y en el mundo, el objetivo de trasladar la migración de la agenda de la seguridad a la agenda de la economía, el trabajo y los derechos humanos sigue pendiente. Estoy convencido de que es una aspiración válida, posible y necesaria. (Mauricio Farah, El Heraldo de México, Editorial el Heraldo, p.19)
Dinero
No es el muro, es el terror
Son más los inmigrantes que están abandonando Estados Unidos que los que están llegando, por primera vez en décadas. No es que el muro de Trump los detenga, es el terror que inspira la migra, y las vejaciones que sufren en el proceso. Según el diario The New York Times, esta inversión en la tendencia constituye otro indicio de que la estrategia de línea dura contra la migración del presidente de Estados Unidos está haciendo que la gente se marche, ya sea por deportación o por elección propia.
Un análisis de los nuevos datos del censo publicado el jueves por el Centro de Investigaciones Pew, una organización no partidista, reveló que entre enero y junio, la población de personas nacidas en el extranjero que viven en Estados Unidos –tanto residentes con permiso legal como quienes no son inmigrantes autorizados– disminuyó en casi 1.5 millones.
Este dato también sirve para explicar la disminución de las remesas, que por años han constituido la primera fuente de dólares de nuestro país. En junio, Estados Unidos albergaba a 51.9 millones de migrantes, frente a los 53.3 de seis meses antes. El número de personas deportadas, sin embargo, está muy lejos de la meta del gobierno de Trump.
Al cierre del año, probablemente llegarán a medio millón, la mitad del objetivo. Los funcionarios del gobierno de Trump han aplaudido la salida neta, afirmando que las presiones sobre los servicios gubernamentales han disminuido y que los mercados de trabajo se han recuperado. La presidenta Sheinbaum ha tendido una red de apoyo a los paisanos deportados. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p. 6)
Duda razonable / La furia trumpiana y nuestro silencio
Los más recientes datos muestran que la furia de Donald Trump contra los migrantes en Estados Unidos está siendo lo que el presidente estadunidense quiere. Según el último reporte de The New York Times, para la primera semana de agosto las deportaciones alcanzaron a casi mil 500 personas por día desde que tomó posesión, un ritmo no visto desde la administración Obama.
Las cosas solo se pondrán peor en la medida en que los 76 mil millones de dólares adicionales que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tendrá en los próximos cuatro años comiencen a traducirse en agentes por todo el país. A este ritmo, las deportaciones podrían sumar 400 mil personas un año, casi el doble que las del último año de Biden.
El éxito que esto provoca políticamente para Trump y los republicanos va agregando un factor más al embate antimigrante: cada vez más, gobernadores republicanos dirigen a sus fuerzas policiacas locales a funcionar como agentes migratorios. Más la bronca que el gobierno federal tiene con las ciudades llamadas “santuario”, en las que los alcaldes prohíben a sus policías actuar como agentes migratorios o siquiera averiguar la situación migratoria de los habitantes.
Al país siguen llegando aviones con deportados, pero en las últimas semanas, después del escandaloso espectáculo de las detenciones en las calles de Los Ángeles, el tema parece haber desaparecido de la discusión pública mexicana más allá de nuestras típicas cursilerías de cuánto los queremos y hasta billetes de lotería les dedicamos, pero las cosas solo se han puesto peor; cada vez más detenciones, más arrestos, más deportaciones, más cárceles construidas o ampliadas para llenarlas de migrantes.
El gobierno se la ha pasado, repito, haciendo las lógicas económicas y humanitarias desde la mañanera para criticar las medidas trumpianas. Pero es un absurdo pensar que eso lo detendrá.
Lo que no hemos visto es una acción diplomática, un plan para plantear al gobierno estadunidense para al menos regularizar a algunos de los mexicanos que están allá. A cambio de seguir haciendo lo que ya hacemos: los operativos en nuestras fronteras del sur y del norte para impedir más migrantes. Nada indica que eso esté en ninguna mesa. Nada indica que sea parte del tan prometido “acuerdo de seguridad”, que nomás no firma el canciller.
Lo que hay es silencio. Y sí, persecución de migrantes extranjeros en México. Este asunto es de negociación diplomática. No de billetes de lotería. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p. 2)
Sube y Baja
Donald Trump Presidente de EU
Amenazó con desplegar a la Guardia Nacional ahora en la ciudad de Baltimore, en Maryland, un reconocido bastión demócrata. Esto con la finalidad de ampliar su oefensiva en contra de la migración y la delincuencia “fuera de control” (La Crónica de Hoy, La Dos, p. 2)
Estrictamente Personal / Qué busca Trump en Pemex
Los procesos, en distinto grado, del gobierno de Estados Unidos en contra de dos personas largamente asociadas a Pemex, Carlos Treviño, director de la empresa en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, y Mario Ávila, subdirector en Pemex Exploración y Producción en el sexenio de Felipe Calderón, son piezas de un engranaje profundo que se echaron a andar en Washington como parte de una amplia investigación en distintos campos sobre lo que piensan que es un andamiaje criminal construido por años en este país y consolidado durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El 11 de agosto, la Corte del Distrito Sur de Texas desclasificó una acusación contra Ávila, involucrado en el sector privado, y contra otro empresario, Alexandro Rovirosa Martínez, por haber pagado sobornos a funcionarios de Pemex Exploración y Producción para obtener contratos con la paraestatal. Días después, la Oficina de Migración y Aduanas detuvo, en el mismo estado, a Treviño, por encontrar irregularidades en su estatus migratorio.
Treviño está detenido y en breve tendrá su día en la Corte para definir su situación y determinar si es extraditado o no. Ávila regresó a México antes de que fuera acusado, mientras que no se sabe nada de Rovirosa Martínez, quien, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa, estaba vinculado a Los Zetas y por quien Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, ofreció 10 millones de dólares por información sobre su paradero. Treviño y Ávila, a quienes el Departamento de Estado les canceló la visa junto con su familia, aseguran que son inocentes de las acusaciones que les imputan.
Ambos casos tienen una enorme relevancia para México, pero no por las razones por las cuales han sido señalados –que son de interés prioritario de Treviño y Ávila–, sino por lo que asoma detrás de las imputaciones, que revelan lo que están hurgando las autoridades estadounidenses.
Ávila recordó la semana pasada, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que cuatro años antes de la acusación, al llegar a Estados Unidos, lo llevaron a una pequeña oficina en el aeropuerto de Houston, donde agentes de la Secretaría de Seguridad Nacional y del FBI le preguntaron si sabía o estaba enterado de que el gobierno de López Obrador y Pemex estaban metidos en actos de corrupción en la adjudicación de contratos o en el pago de deudas.
Ávila dijo que le dieron nombres de algunas empresas, varias que son públicas en Estados Unidos, pero que negó saber si estaban o no metidas en la corrupción. Por petición de los agentes y de manera voluntaria, les entregó su teléfono móvil y el iPad, y cuando pensó que, dos días después, citado en las oficinas de Seguridad Nacional en Houston, se los entregarían, le repitieron las mismas preguntas y les respondió lo mismo. Tiempo después regresó a México.
No volvió a saber nada de ellos hasta el año pasado, dijo, cuando sus abogados en Texas fueron citados en las mismas oficinas, donde les pidieron que le transmitieran las preguntas a su cliente para conocer de actos de corrupción de directivos de Pemex de alto nivel, así como de empresas “grandes” que trabajaban para la empresa. Ávila, según contó, volvió a repetir lo que les había dicho. “Querían negociar”, dijo en la entrevista radial. “El tema de la visa pudiera ser un dulce para que yo incriminara a personas que ni siquiera conozco o no he visto desde que salí de Pemex”.
En el caso de Treviño, cuando agentes de Migración y Aduanas lo interceptaron al dirigirse al banco en Frisco, un suburbio de Dallas donde trabajaba, le dijeron que necesitaban que les hablara sobre la corrupción en Pemex y los nexos de sus funcionarios y empleados con el crimen organizado. Los agentes, según trascendió en Texas, comenzaron preguntándole sobre su “relación” con el Cártel de Sinaloa. Treviño, por lo que se sabe, les respondió que ninguna.
Le insistieron en que les proporcionara toda la información que tuviera sobre el narcotráfico en México, y cuando les dijo que no tenía nada sobre ese tema, le dijeron que era imposible que se pudiera trabajar en el gobierno mexicano –como él en Pemex, durante casi dos décadas– y no tener relación con los cárteles de las drogas.
En los dos casos, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tomada por sorpresa y tuvo salidas fallidas en la mañanera por mantener en automático la narrativa sobre la corrupción del pasado. En los primeros días de la acusación contra Ávila, fue insistente en que había trabajado en el gobierno de Calderón y que había sido candidato del PAN al gobierno de Campeche, aunque no existe ninguna acusación contra él en México. En el de Treviño, dijo que lo habían detenido como resultado de una solicitud de extradición y que sería regresado a México para ser juzgado por presuntos actos de corrupción en el caso Odebrecht.
Misteriosamente, los temas dejaron de estar en su agenda, porque empezó a fluir información a la Presidencia sobre la debilidad de las acusaciones en México en el caso de Treviño y de las relaciones que habían forjado Ávila y Rovirosa Martínez durante el sexenio de López Obrador. Uno de los nombres que brincaron fue el de José Ramón López Beltrán, primogénito del expresidente, y otro fue el del exdirector de Pemex, actual titular de Infonavit, Octavio Romero Oropeza. No hay información de negocios de López Beltrán con Ávila y Rovirosa Martínez, pero en cuanto a Romero Oropeza, las autoridades están indagando la corrupción durante su gestión en Pemex.
Existen otros vínculos de personajes del régimen y la familia presidencial que están presuntamente involucradas en negocios ilegales con Pemex –en particular el robo de combustible en los estados del Golfo–, y con el crimen organizado, por la información que ha trascendido en Texas en estas y otras investigaciones realizadas por el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI. Una de ellas, quizás la prioritaria para Estados Unidos en este momento, es el robo de combustible en el sureste, que involucra a La Barredora y salpica al senador Adán Augusto López. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 44)
Ruiz-Healy Times / Remesas desplomadas, evasión disparada, finanzas públicas precarias
“La evasión fiscal es inaceptable y vamos a acabar con las factureras”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera del viernes pasado. La declaración no es menor porque coincide con un panorama complicado en el que las remesas que los migrantes mexicanos envían desde Estados Unidos se han desplomado 5% en lo que va del año. La combinación de ambos hechos muestra la fragilidad de la economía mexicana y la urgencia de fortalecer las finanzas públicas.
En 2024 entraron al país 64,745 millones de dólares en remesas, la cifra más alta en la historia. Este año, por las políticas migratorias de EU, el flujo cayó y ya faltan 3,237 millones de dólares. Miles de millones que no llegaron a las familias más pobres, las que dependen de ese dinero para comer, pagar la renta o mandar a los hijos a la escuela. Basta una decisión tomada al otro lado de la frontera por para golpear de lleno a millones de mexicanos que, sin protección interna, quedan a merced de factores externos que no controlan.
La evasión fiscal, mientras tanto, es un boquete aún mayor. En 2019 el SAT detectó 354,512 millones de pesos en evasión. Ese mismo año, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente estimó que entre 2014 y 2018 se habrían lavado 2 billones de pesos con facturas falsas.
En mayo de 2019, el entonces Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, estimó que la evasión alcanzaba 500,000 millones de pesos anuales. Si se toma como referencia ese rango y se proyecta para el periodo 2019-2024, la pérdida fiscal acumulada rondaría entre 2.9 y 3.0 billones de pesos, una cifra que muestra la magnitud del saqueo: un fraude masivo que erosiona al Estado y evidencia la incapacidad gubernamental para frenarlo.
La combinación de menos remesas y más evasión fiscal muestra la precariedad de las finanzas públicas. Si no llegan dólares del extranjero, el gobierno necesita recuperar los miles de millones que hoy se escapan por corrupción y complicidad. Esa es la lógica de la presidenta: o se combate a las factureras, o el país no tendrá más recursos para sostener programas sociales e infraestructura.
Lo que anunció la presidenta el viernes confirma que la fiscalización seguirá siendo una prioridad de su gobierno. No se trata solo de recaudar más, sino de blindar la soberanía financiera de México. Un país que depende de lo que envían sus migrantes y permite que empresas fantasma drenen medio billón de pesos anuales es un país débil. Claudia Sheinbaum apuesta a combatir la evasión, pero su apuesta es arriesgada porque enfrenta intereses poderosos que durante años se beneficiaron del desorden fiscal.
Aquí hay un detalle que no se puede olvidar: Andrés Manuel López Obrador también prometió acabar con las factureras y fracasó. Pese a sus discursos contra la corrupción, la evasión siguió costándole al país cientos de miles de millones de pesos cada año.El reto de la presidenta no es anunciar lo que ya se anunció antes, sino lograr lo que su antecesor no pudo: cerrar de verdad el boquete de 500,000 millones de pesos anuales que drenan las finanzas públicas. Si cumple, marcará una diferencia histórica; si no, su promesa se convertirá en otra más de una larga lista de compromisos incumplidos por sus antecesores en el cargo. (Eduardo Ruiz-Healy, El Economista, Política y Sociedad, p. 41)
Cartones
Mano dura
(Gregorio, Excélsior, Nacional, p. 12)
Indocumentados para pintar el muro
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 24/08/2025