En los últimos días, los gobiernos de México y Estados Unidos acordamos nuevas medidas para hacer frente a los retos migratorios de una manera distinta. He escrito previamente sobre la importancia de expandir las vías de movilidad laboral en nuestra región para hacer frente a las presiones inflacionarias, detonar un mayor crecimiento económico y ordenar los flujos migratorios —al tiempo que es fundamental robustecer los derechos laborales de las personas trabajadoras—. En ese sentido, anunciamos la mayor expansión de visas H-2B para trabajadores no agrícolas en beneficio de más de 130 mil personas y cientos o miles de empresas.
También he abordado en estas páginas los compromisos de México en la Declaración sobre Migración y Protección que suscribimos junto con más de veinte países de las Américas. Bajo el espíritu de abrir nuevas vías que disminuyan los riesgos y protejan a las personas migrantes y refugiadas, México y Estados Unidos anunciamos un nuevo programa de permisos humanitarios para personas venezolanas, basado en la experiencia previa del programa Uniting for Ukraine. Al respecto, destaco tres puntos.
En primer lugar, el fin de semana llegaron las primeras cuatro personas a Estados Unidos a través de este programa. Cientos de vuelos han sido ya autorizados, al tiempo que se procesan más de 7 mil solicitudes. En la frontera entre México y Estados Unidos observamos una reducción de hasta 90% de los encuentros irregulares, mientras que en la selva del Darién presenciamos también una disminución de hasta el 80% del flujo. Es decir, observamos que los flujos irregulares, que ponen en riesgo a las personas, caen significativamente, mientras que una nueva vía de acceso —ordenada, segura y regular— a Estados Unidos es ya una realidad.
Un segundo punto clave es el lanzamiento del nuevo grupo para la respuesta humanitaria de personas venezolanas entre el gobierno de México y organismos internacionales. El viernes pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores convocó a un diálogo con organizaciones internacionales, autoridades locales, estatales y federales para fortalecer la respuesta humanitaria para personas migrantes y refugiadas, particularmente de Venezuela, en territorio nacional.
A partir de dicha reunión, la Cancillería creó un grupo de trabajo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Por parte del gobierno de México, está presente la Secretaría de Gobernación, el INM y la Comar, además del Servicio Nacional de Empleo y los Centros Integradores del Migrante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Trabajamos para implementar coordinadamente medidas inmediatas para las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, particularmente aquellas provenientes de Venezuela, en territorio nacional.
Además del funcionamiento de esta nueva vía migratoria y las medidas de protección y asistencia humanitaria, subrayo el final de la implementación del artículo 235(b)(2)(C) de la Ley de Migración y Nacionalidad de Estados Unidos, conocido como MPP. Hemos dejado de recibir personas que aguardan sus procesos migratorios estadunidenses en México. Menos de cien casos permanecen activos, mismos que esperan sus citatorios en las cortes de dicho país y que continuarán allá su procedimiento.
Además del trabajo en materia de migración, seguimos construyendo una frontera más moderna para el comercio entre los países de América del Norte. Ayer recibimos una delegación californiana encabezada por la vicegobernadora Eleni Kounalakis y el alcalde de San Diego, Todd Gloria. Junto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, firmamos un acuerdo sobre el funcionamiento y cobro de peajes del próximo cruce fronterizo Otay Mesa II. Se trata de un paso concreto para hacer realidad un proyecto de vanguardia que marcará el estándar para los siguientes puertos de entrada de la frontera entre México y Estados Unidos. (Roberto Velasco Álvarez, Excélsior, Nacional, p. 18)
La migración vuelve a ser centro de preocupaciones. Hay cambios en la composición de los flujos migratorios, politización del tema, decisiones poco explicadas y de corto plazo, negociadas por inexpertos. Una radiografía preocupante.
México país de origen. Durante años, factores de expulsión y atracción caracterizaron la migración mexicana a Estados Unidos. México tuvo una válvula de escape ante la incapacidad de crear los empleos necesarios y EU una mano de obra trabajadora, confiable, barata, casi siempre indocumentada y, por tanto, vulnerable, para satisfacer la demanda de trabajadores.
Los migrantes mexicanos eran hombres solos que dejaban a sus familias atrás. Las mujeres se incorporaron a esa migración facilitada por las redes sociales existentes en EU. El endurecimiento de las políticas migratorias de EU cambió las rutas migratorias hacia lugares más inhóspitos, al desierto. Las muertes aumentaron, los trabajadores fueron más vulnerables. Se volvieron presa fácil del crimen organizado. Las remesas de los trabajadores mexicanos contribuyeron siempre a la sobrevivencia diaria de sus familias en México.
A partir del año 2000, varios factores se combinaron para llegar a la llamada “migración cero”. Cada año regresaban más mexicanos al país de los que salían. La tendencia comenzó a cambiar durante la pandemia y la instrumentación por parte de EU de medidas como el Título 42 por razones sanitarias, que permite a EU devolver a territorio mexicano a todo el que cruce irregularmente. Una medida de corto plazo se convirtió en un instrumento de contención.
La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP) dio a conocer apenas la cifra de dos millones de “encuentros” (eufemismo de detenciones) en la frontera México-EU desde el 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022.
El porcentaje de mexicanos detenidos ha crecido en los últimos años. En el año fiscal 2019 hubo 237 mil detenciones de migrantes mexicanos; en 2021, 655 mil 594, y en 2022, un total de 808 mil 339. Muchos fueron detenidos varias veces, por lo que la cifra real debe ser entre 22 y 30% inferior.
Por la confidencialidad del proceso, no hay cifras exactas sobre el número de mexicanos que solicitan asilo, casi siempre denegado, pero la información disponible indica que el mayor número de mexicanos solicitantes de asilo en EU provienen de los estados de Guerrero y Michoacán, por amenazas del crimen organizado.
México vuelve a ser un país de origen de migrantes. Hay que preguntarse el porqué. Factores como el COVID-19, la necesidad de mano de obra en EU y el diferencial de salarios, la falta de trabajos bien pagados en el país, la inseguridad y la violencia en algunos estados, son parte de la explicación.
Ello debería ser una llamada de atención para el gobierno mexicano. Sus programas no parecen contribuir a la disminución de la migración. Ésta aumenta y las remesas también. Quizás eso es lo único que les importa. (Martha Bárcenas Coqui, El Heraldo de México, País, p. 7)
La frontera entre Estados Unidos y México “no es segura”, afirmó Henry Cuellar –diputado–, que representa un distrito de Texas que va de las ciudades limítrofes de McAllen y Laredo hasta San Antonio.
“Cuando tienes 1.7 millones de personas (el año pasado), y ahora otros 2.7, eso es más de 4.5 millones de personas que se encuentran en la frontera, además, si agregas las (que pudieron) escapar, serán más de 5 millones en sólo dos años”, comentó Cuellar.
Para el demócrata conservador, la intercepción de migrantes de Venezuela y otros países debería ocurrir en la frontera de México y Guatemala.
Los señalamientos de Cuellar son más duros, porque reflejan lo que bien podría considerarse como una tendencia negativa hacia indocumentados entre los estadounidenses, incluso de origen latino o mexicano, que habitan en la frontera con México y muy especialmente en el estado de Texas, que abarca más de 40 por ciento de los límites entre las dos naciones.
Refleja también una brutal realidad política. A querer o no, el gobierno del presidente Joe Biden combate, por un lado, disposiciones del régimen de Donald Trump, a las que denunció en su momento como inhumanas, como el Título 42, que permite el rechazo de migrantes o solicitantes de asilo por razones sanitarias, y por otro, las usa para expulsar peticionarios, como los venezolanos recién deportados.
En ese sentido, activistas promigrantes afirman que Biden “no está ni cerca” de cumplir sus promesas de campaña de construir un sistema de inmigración moderno, “justo y humano”.
Peor aún, de acuerdo con el ciberdiario especializado Politico.com, creen que su administración no ha dado la prioridad necesaria a la reforma migratoria, y que incluso, ha rehuido el tema en el actual periodo previo a las elecciones intermedias que se llevarán a cabo el próximo 8 de noviembre, por temor a la forma en que los republicanos podrían influir en cualquier acción.
Los demócratas pueden haberse portado con precaución, o con miedo, según el punto de vista, pero el hecho también es que los republicanos han usado con éxito las cortes judiciales para detener la ejecución de medidas migratorias como la protección a los soñadores, hijos de inmigrantes indocumentados que fueron criados en el país y son estadounidenses en todo menos los documentos.
La creciente preocupación causada por el incremento de arrestos de inmigrantes en la frontera se une al también cada vez mayor interés en el incremento de muertes por fentanilo: en 2021, casi 108 mil personas murieron por sobredosis de drogas, incluso, 71 mil por fentanilo o sustancias relacionadas con ese opioide sintético, que es la causa principal de decesos entre adultos de 18 a 45 años.
Y si se añaden las presuntas intenciones del gobierno mexicano para comprar tecnología china para usar en la frontera con Estados Unidos, las cosas y la relación bilateral se tornan un tanto más complicadas. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 29)
A lo largo de más de medio siglo de reportero he escuchado recurrentemente voces que aseguran que el gobierno de Estados Unidos en turno no permitiría un giro a la izquierda del gobierno de México, lo que es un deseo, no un axioma.
En el correr de todos estos años, y hasta el día de hoy, los gobiernos de ese país se han ocupado de México solo en la medida de que lo que pase aquí, hechos consumados, no futuros, afecte su seguridad, migración o salud. Y alguna vez la crisis económica, cuando en 1995 Bill Clinton tomó la decisión de respaldar a Ernesto Zedillo.
De ahí en fuera, Washington no tiene ojos ni preocupación por México. He registrado también en este largo lapso que por momentos allá son monotemáticos. Es decir, no tienen la capacidad de atender varios frentes de crisis en forma simultánea.
Hoy son China y Rusia. Y no dan para Irán, Medio Oriente, Cuba, Venezuela, Nicaragua, no al menos con la misma intensidad y prioridad.
En el caso México, la administración Biden solo tiene una preocupación: la migración, incluso por encima del narcotráfico, que, ante la gravedad de la avalancha humana, ha pasado a un segundo término de su agenda de prioridades.
En estas condiciones, mientras el presidente López Obrador reduzca las corrientes humanas que por millones quieren cruzar su frontera desde la nuestra, no habrá ninguna objeción a lo que aquí suceda, ni siquiera la del T-MEC.
Así que cuando ante la creciente radicalización de López Obrador hay quienes repiten como mantra que Estados Unidos no lo permitiría, les debe quedar claro que sí.
Y que no se trata de un asunto de respeto, sino de conveniencia.
RETALES