Revive política de Trump
Nos cuentan que el programa Quédate en México, iniciado en EU durante la presidencia de Donald Trump para mantener a los migrantes en territorio mexicano, será reactivado por el gobierno de Joe Biden. Por una orden judicial, la próxima semana se reanuda este plan. Aunque va contra las promesas de campaña del demócrata, lo avalará. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
El mismo día que Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden se reunieron en la Casa Blanca entró en vigor una enmienda que refrenda el derecho de Estados Unidos de enjuiciar a quienes hayan cometido delitos en el extranjero contra funcionarios de este país.
Aunque la ley extraterritorial es de aplicación mundial, tiene especial dedicatoria a México, pues el título de la iniciativa lleva el nombre de dos agentes estadunidenses, uno asesinado y otro lesionado en San Luis Potosí, por miembros del grupo criminal Los Zetas.
Se trata de la Ley de Protección de Funcionarios y Empleados Federales Jaime Zapata y Víctor Ávila, aprobada con el número de Ley Pública 117-59 por el Congreso estadunidense de manera bipartidista y firmada por Biden el 18 de noviembre, minutos antes de recibir en la Sala Oval al presidente mexicano.
Zapata y Ávila, acreditados como diplomáticos en México, eran agentes especiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
El 15 de febrero de 2011, miembros del cártel atentaron contra un vehículo blindado modelo Chevrolet Suburban, el cual portaba placas diplomáticas de la Embajada de Estados Unidos, y era conducido por dichos agentes en la autopista al sur de San Luis Potosí. Durante la emboscada, los miembros del cartel dispararon hacia el vehículo con armas semiautomáticas, incluyendo rifles de asalto AK-47 y AR-15. El agente Zapata murió a tiros, mientras que el agente Ávila fue herido.
Dos de los responsables del atentado fueron extraditados, juzgados y condenados a cadena perpetua por un tribunal federal de distrito en Washington.
Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones posteriormente sostuvo que la sección 1114 del título 18 del Código de Estados Unidos (referente a la protección jurisdiccional fuera del territorio de Estados Unidos de agentes diplomáticos) no se aplica extraterritorialmente, lo que creó un conflicto de interpretación de la ley entre tribunales que dictaminaban lo contrario. Con esta enmienda se confirmó la validez de la aplicación extraterritorial de dicha ley, que viola el derecho internacional.
Está el antecedente de la ley Helms-Burton, en vigor desde 1996, que refuerza el embargo estadunidense a Cuba al sancionar a empresas inversionistas de terceros países en la isla.
Para contrarrestar los efectos extraterritoriales de la Ley Helms-Burton, México aprobó en 1996 la Ley que Protege el Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional.
Si hubiera coherencia, el actual gobierno de México debería promover una ley antídoto contra la Ley Pública 117-59 que declare ilegal la aplicación en México de leyes estadunidenses.
Minutos después de firmar con su puño y letra la entrada en vigor de la nueva ley extraterritorial, Biden estrechó la mano del mandatario mexicano en la Sala Oval para manifestarle que México y Estados Unidos son “naciones iguales” y ofreció respeto mutuo.
En respuesta, López Obrador agradeció que ahora ya no se considera a México como “patio trasero”.
Un Estado mexicano que no está en condiciones de proteger la vida y la seguridad de nacionales y de diplomáticos extranjeros, y que abdica en su deber de castigar a los delincuentes de acuerdo con las leyes del país, facilita de facto el intervencionismo de otros Estados, aunque invoque de jure la soberanía. (Agustín Gutiérrez Canet, Milenio Diario, Política, p. 10)
Existe una bipolaridad en la política exterior de México.
Se le ofrece apoyo a China para formar parte del CPTPP, brindando el estrado a su líder en la CELAC, y se propone una fortaleza para contener a China a nivel continental. Se recibe con honores al Presidente cubano para que dé un discurso frente al Ejército mexicano y se ofrece a los pares de Norteamérica un discurso conciliador.
No está claro si la 4T está con Estados Unidos o con sus rivales China y Rusia, patrocinadores de los gobiernos bolivarianos.
En la 4T parece haber la convicción de que está en curso un cambio geopolítico radical que favorece a China, que en breve será la potencia dominante, con Xi Jinping consolidado como autócrata todopoderoso. A su vez Rusia, convertida en dictadura, se esfuerza por debilitar a las instituciones democráticas en la Unión Europea y en Estados Unidos, influyendo en sus procesos internos como hizo con el Brexit y con la elección de Donald Trump.
Parece apostarse que a nivel global se impondrá el autoritarismo frente a la democracia.
Andrés Manuel López Obrador utiliza la no intervención de manera antojadiza, rechazando condenar a las dictaduras bolivarianas, pero interfiriendo en las elecciones americanas, como cuando visitó a Trump en medio del proceso electoral que dio la victoria a Biden. Apoya una reforma migratoria en Estados Unidos que le traería votos y remesas, amenazando a legisladores americanos con denunciarlos en caso de que voten en contrario.
China tiene una visión de largo plazo, mientras AMLO busca perpetuar su proyecto restaurador del pasado. El verdadero AMLO no oculta su desprecio contra lo neoliberal y la libre empresa, buscando regresar a México a los años 70 de autoritarismo y petrolización, debilitando a las instituciones liberales como hace China en Hong Kong.
Hablar de integración continental es demagógico cuando fue la izquierda bolivariana la que acabó con la negociación del Acuerdo de Libre Comercio de la Américas (ALCA), y cuando un acuerdo tipo Unión Europea sería inaceptable para EU, puesto que incluye la movilidad laboral.
México debe cumplir con el T-MEC en materia de energía, si quiere que Estados Unidos cumpla en el tema automotriz y que no utilice el programa “compra estadounidense” (Buy American) como herramienta proteccionista.
Mientras tanto, la violencia del narcotráfico se magnifica, con más de 100 mil muertes por sobredosis de fentanilo en la Unión Americana, el año pasado, y más de 30 mil asesinatos en México anualmente.
La cooperación con México en seguridad y migración se vuelve indispensable para EU, mientras AMLO utiliza sus fichas ganando tiempo para imponer sus intereses.
Posiblemente, en el corto plazo, el presidente López Obrador tenga que postergar su contrarreforma energética y fortalecer su esfuerzo contra los capos de la droga, pero en el largo plazo apuesta a su proyecto transexenal. (Gerardo Traslosheros, El Heraldo de México, Orbe, p. 33)
En la última cumbre trilateral celebrada en Washington, el Presidente López Obrador señaló que el nuevo T-MEC es un camino para la integración de Norteamérica. El problema es que al igual que el TLC, aunque impulsa la integración comercial e industrial, también se genera una “gran corrupción” por la existencia de asimetrías jurídicas, sociales y económicas entre los países, como lo afirma Jorge Malen en su obra Globalización, comercio internacional y corrupción. Además, se origina un terreno fértil para que se desarrolle la delincuencia organizada internacional. El acuerdo no solo debe referirse a temas económicos y comerciales, sino debe incluir cuestiones de seguridad, justicia y migración.
Estos temas se han discutido en otros acuerdos lo que ha sido un error porque ha provocado la celebración del TLC Plus o la Iniciativa Mérida, los cuales nos impusieron reglas norteamericanas y una política prohibicionista en contra de las drogas, tratando de someter y subordinar a las instituciones mexicanas de persecución del delito.
El TLC contenía un espacio de solución para los conflictos legales con motivo de las operaciones económicas entre los distintos actores de los tres países, inclusive con validez institucional y reconocimiento judicial, sin embargo, en materia de seguridad y justicia no se previeron instancias de solución.
En la década de los 90 el TLC detonó el intercambio comercial e industrial entre México y EU. Generó nuevos espacios de desarrollo en ambos lados de la frontera, siendo aprovechados por los cárteles criminales mexicanos, que se vieron favorecidos por el debilitamiento de los cárteles colombianos. También facilitó el blanqueo de capitales. La inversión y el desarrollo económico eran la prioridad.
La lucha por el control territorial de los puertos y rutas a las fronteras y por el mercado norteamericano detonó la violencia homicida en el país. Las muertes en México, en su gran mayoría han sido por la disputa territorial que mantienen entre sí las organizaciones criminales y no por la lucha que emprendió el gobierno en contra del narcotráfico.
Debemos pugnar por que el nuevo tratado se complemente con nuevas instituciones policiacas y de persecución del delito, que sean conformadas por las tres naciones. Como ya se observó, no son suficientes las instancias de coordinación e intercambio de información, porque nuestros sistemas jurídicos son diferentes y nuestras corporaciones policiacas y ministeriales son asimétricas.
Un cuerpo policiaco integrado por agentes de los tres países, capacitado y especializado en combatir el crimen transfronterizo y una fiscalía especializada, con facultades y competencia regional, pueden realmente enfrentar a la delincuencia transnacional que se aprovecha de los espacios y oportunidades que estos grandes acuerdos generan. La integración de órganos jurisdiccionales trasnacionales puede ser un siguiente paso después de la consolidación de la policía y la fiscalía. La Unión Europea creó la Europol, su propio espacio judicial y una Fiscalía Europea para atender ese tipo de casos.
Los problemas que genera la extensa frontera con EU, que es la más transitada y con el mayor flujo de mercancías del mundo, debe ser atendida por los dos países, como un proceso progresivo de integración y no como un simple intercambio de mercancías. (Daniel Cabeza de Vaca, El Universal, Opinión, p. 16)
El Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar el paquete de inversión más grande de su historia, destinando un billón de dólares (un millón de millones) al desarrollo y reconstrucción de infraestructura. Es una oportunidad inédita para que México se enganche en ese enorme proyecto y así garantizar, como lo expuso el Presidente López Obrador, que América del Norte continúe siendo la región más competitiva del mundo.
El gobierno de Joe Biden pretende modernizar y construir puertos, aeropuertos, líneas ferroviarias, redes de internet de alta velocidad, así como maximizar el uso del agua, tanto para fines de consumo humano como para riego agrícola y generación de electricidad.
Para desarrollar esa América del Norte mejor integrada y capaz de competir con China y otras economías en ascenso, es necesario que México se concentre en crear una especie de espejo logístico con nuestro vecino, mejorando el tránsito fronterizo, ampliando las carreteras, aeropuertos y conexiones ferrocarrileras que conducen nuestros productos hacia el norte. Pero, ante todo, sería altamente recomendable que se aproveche el espíritu generado en Washington la semana pasada, para mirar este tipo de megaproyectos con una óptica genuinamente trilateral, a nivel de la región norteamericana.
Un ejemplo: los principales puertos del Pacífico estadounidense, Long Beach y Los Ángeles, están saturados a tal punto que ya les resulta imposible manejar y desembarcar los contenedores que provienen del Asia. Construir un puerto alternativo en la costa de Baja California podría ser un proyecto capaz de aliviar estas condiciones y capaz de crear un polo de desarrollo de importancia capital para México y para la región en su conjunto.
La construcción de una obra de esta naturaleza podría, además, servir de trampolín para crear instituciones comunes (aduaneras en este caso) y protocolos sobre el tratamiento que queremos dar en Norteamérica a terceras naciones.
El año que viene la reunión entre los mandatarios de México, Canadá y Estados Unidos tendrá lugar en la capital de nuestro país. Sin que exista esa formulación (por la reticencia histórica en la región a crear instituciones y una burocracia supranacional) en los hechos México tendrá todo este año el papel de “secretario pro-témpore” de América del Norte. Corresponderá a nuestro país, como anfitrión del encuentro, coordinar los esfuerzos de cara a la cumbre y confeccionar la agenda que habrán de desahogar los tres líderes.
Existen problemas, algunos muy serios, en las relaciones entre los tres países. La migración, la seguridad, la epidemia de drogas sintéticas, el flujo descontrolado de armas, el clima para la inversión, diferendos comerciales y visiones distintas sobre la matriz energética y las acciones para combatir el calentamiento global. La mayoría puede y debe canalizarse a través de consultas y acciones bilaterales. No tiene mucho caso que México y Canadá dialoguen sobre un tráfico de armas inexistente entre ambas naciones, por ejemplo.
La esencia de América del Norte y del diálogo trilateral debe concentrarse en explotar las oportunidades que tenemos como región, más que en dedicar estas reuniones a la atención de problemas puntuales que caen bajo la sombrilla de las relaciones bilaterales. El programa de infraestructura que está por iniciar Estados Unidos contiene los elementos clave para integrar de manera más eficiente las cadenas productivas y el flujo de personas, ideas y productos entre los tres países. Si nos embarcamos en proyectos comunes y de alcance regional, será mucho más sólido y tangible el buen entendimiento político y se dará un paso concreto y sin precedente en la proyección de nuestra región y de una buena vecindad respaldada por los hechos. (Enrique Berruga Filloy, El Universal, Opinión, p. 17)