Hace un mes AMLO cumplió la mitad de su sexenio en el poder. Desde su elección en 2018, el presidente no ha hecho mayor esfuerzo por responder ante la grave situación de derechos humanos que heredó, pero sí se ha esforzado por revertir importantes logros estratégicos en transparencia y protección del Estado de derecho que tienen su origen en el fin del sistema de partido único en el 2000.
AMLO es el tipo de líder populista-autoritario cada vez más común en América Latina. Logró una victoria electoral aplastante con la promesa que transformaría radicalmente la vida pública, desplazando a las élites del control del país, cuyas políticas, según él, son responsables por la desigualdad económica, “descomposición social” y creciente violencia.
Durante los 12 años previos a la llegada de AMLO al poder, la “guerra contra las drogas” generó abusos horrendos por parte de los cárteles así como por agentes del estado. Los índices de homicidio se dispararon. Miles de personas desaparecieron año tras año. Un escenario desolador que aparentemente no le preocupa mayormente a este gobierno. Soldados y policías siguen matando a civiles y ni hablar de las atrocidades de los narcos. Los homicidios continúan a niveles sin precedentes. Y más de 25 mil personas han desaparecido durante el gobierno de AMLO.
Aun así, AMLO sigue gozando de una inmensa popularidad. Y por ello cree contar con la autoridad moral para concentrar el poder e intentar controlar cada espacio de la sociedad y el Estado, con el fin de ejecutar la transformación que ha prometido.
A aquellos que lo critican, los acusa de hacer parte de “los conservadores” -un grupo amorfo de supuestos “adversarios” a quienes tacha de “corruptos” y “moralmente derrotados”. Así, ha evitado responder a las legítimas críticas de periodistas que lo cuestionan, líderes feministas indignadas por su inacción ante la violencia de género, comunidades indígenas opuestas a sus megaproyectos, ambientalistas que se oponen a su política energética basada en combustibles fósiles y defensores de la libertad de prensa preocupados por el uso de troles en las redes sociales para amedrentar a periodistas independientes.
Ha eliminado o propuesto eliminar importantes organismos públicos que no dependen directamente de él, como las entidades reguladoras de energía y telecomunicaciones, los fideicomisos para proteger a periodistas y responder al cambio climático y los desastres naturales y los órganos autónomos que garantizan acceso a información de interés público y elecciones libres e imparciales.
Hace poco ordenó por decreto que los proyectos de construcción e infraestructura impulsados por su gobierno recibieran permisos automáticos, sin cumplir con los estudios requeridos, y que fueran considerados como de “seguridad nacional”, calificación que los podría eximir de cumplir con las normas sobre transparencia.
Las atribuciones que no ha podido concentrar bajo su control personal han sido asignadas a las Fuerzas Armadas. Ahora los militares están encargados de construir y operar trenes, aeropuertos, carreteras, hospitales, puertos, canales de riego, puestos de control de migración y aduanas (a veces con fines de lucro); almacenar y repartir libros escolares, fertilizantes, medicamentos y dinero a través de programas sociales; sembrar árboles; vacunar; y administrar la aviación civil, las Islas Marías y 19 delegaciones estatales del Instituto Nacional de Migración. Y el secretario de la Defensa se ha involucrado abiertamente en política partidista, anunciando públicamente su apoyo al proyecto político de AMLO.
El presidente también ha tratado de manipular al poder judicial y ejercer presión para perseguir a sus opositores políticos. AMLO ha intentado presionar e intimidar a los jueces, denunciando públicamente a aquellos cuyas posiciones no comparte, e incluso ha pedido que se investigue a un juez que falló en contra de una iniciativa gubernamental.
Su coalición en el Congreso incluso aprobó una ley -que luego fue anulada por la Corte Suprema- para extender el mandato de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y del presidente de la Corte, quien en el pasado ha fallado en su favor. AMLO también organizó un referéndum para consultar si el gobierno debía enjuiciar a expresidentes por presuntos delitos como “neoliberalismo” y la “privatización de los bienes públicos”.
A López Obrador le quedan otros tres años en el poder. Su coalición sigue controlando ambas cámaras del Congreso, y el presidente ha dejado claro que está dispuesto a modificar la Constitución de ser necesario para eliminar los obstáculos que se interpongan a su misión. A menos que haya un cambio fundamental de circunstancias, no hay señales que AMLO tenga previsto respetar el Estado de derecho y las instituciones de control democrático. (José Miguel Vivanco, Reforma, Opinión, p. 10)
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No sólo fueron los duros reclamos públicos de Gerardo Fernández Noroña, del PT, desde la tribuna virtual porque la presidenta de la CNDH “no ha dicho nada sobre” (según él) “querer obligar al ciudadano a usar el cubrebocas o a vacunarse” contra el Covid. También el diputado de Morena Pablo Amílcar Sandoval le reprochó que “en estos órganos autónomos –que se creen a veces islas del Estado– hay funcionarios de alto nivel que… pues no son tan de confianza y que hay que cambiar”. Y ni se diga ya siquiera lo que criticaron los del PAN, PRI, MC y PRD, de que la CNDH ha estado ausente en el caso de los periodistas asesinados, de migrantes desaparecidos o pacientes Covid no atendidos. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 29)
En el artículo introductorio del Informe 2022, de Human Rights Watch su director ejecutivo se pregunta si con los autócratas a la defensiva, ¿estarán los líderes democráticos a la altura de las circunstancias?
Coincido con él en la apreciación de que “si las democracias pretenden ganar la puja global con la autocracia, sus líderes tendrán que hacer algo más que limitarse a señalar las inevitables falencias de los autócratas. Deben plantear una defensa más enérgica y positiva de los sistemas de gobierno democráticos.
Eso implica hacer un mejor trabajo en la respuesta a los desafíos nacionales y globales, y asegurarse de que la democracia efectivamente ofrezca los beneficios prometidos. Significa defender las instituciones democráticas, como tribunales independientes, medios de comunicación libres, legislaturas sólidas y un sector de la sociedad civil dinámico, incluso cuando eso conlleva un escrutinio incómodo de las políticas ejecutivas o incluso su cuestionamiento a temas como el cambio climático, la pandemia de covid-19, la pobreza y la desigualdad, la injusticia racial o las amenazas que plantea la tecnología moderna”.
Sin situar a México como una autocracia, el informe 2022 apunta a rasgos muy preocupantes por la tendencia a la que apuntan. Cada uno de ellos debería ser materia de debate público para darle una buena enderezada al rumbo que ha escogido este gobierno con sus políticas francamente ineficaces o, de plano, con la desaparición o debilitamiento deliberado de las instituciones encargadas de atender la inseguridad, la procuración y administración de justicia y el respeto a los derechos humanos. Este es el diagnóstico que ofrece HRW.
La persistencia e impunidad de violaciones de derechos humanos incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos. Esto junto con los limitados esfuerzos por investigar desapariciones o identificar a los responsables.
La considerable ampliación de los ámbitos en los que actúan las Fuerzas Armadas, al disponer su movilización para tareas de orden público, el control de aduanas y la migración irregular, la gestión de programas sociales y el desarrollo y la operación de megaproyectos.
El aumento de los delitos que merecen prisión preventiva y el uso del arraigo, que permite tener a una persona detenida hasta 40 días sin presentar cargos.
La peligrosidad para los gremios de periodistas y defensores de derechos humanos.
La participación activa en políticas de migración abusivas que siguen sin recibir la atención del gobierno y sus órganos especializados.
La abierta oposición a la producción de energías limpias y el impulso a las centrales eléctricas estatales que dependen de combustibles fósiles por encima de fuentes de energía renovable. Junto con ello, Sembrando Vida, que se publicita como un componente central de su estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ha provocado la pérdida de 72 mil hectáreas de bosques.
No falta en el informe el manejo de la pandemia del covid-19 que ha provocado diversas demandas ante la Fiscalía y autoridades administrativas por parte de ciudadanos y juicios de legisladores por minimizar la contingencia sanitaria, negligencia, la política de aplicación de pruebas de detección y posible homicidio culposo por omisión de responsabilidades del subsecretario López-Gatell.
Al respecto, HRW señala que la gestión de México frente a la pandemia de coronavirus ha sido una de las peores por haberle restado importancia, darle la espalda a la evidencia científica y difundir información falsa. Como resultado, “México tiene una de las tasas más bajas de pruebas de covid-19 —y una de las tasas más altas de resultados positivos— en el mundo.
El informe no se adentra en los otros problemas que enfrenta la democracia en México y otras partes del mundo, pero los académicos, investigadores y periodistas se ha encargado de hacerlo. Ellos son como dije antes: “la defensa de las instituciones democráticas, como tribunales independientes, medios de comunicación libres, legislaturas sólidas y un sector de la sociedad civil dinámico, incluso cuando eso conlleva un escrutinio incómodo de las políticas ejecutivas”. (María Amparo Casar, Excélsior, Nacional, p. 6)
El primer año el más complejo. Se coloca lo que serán los temas de la agenda más importantes durantre su administración, también donde debe revertir los efectos negativos de la administración anterior, con elecciones intermedias en el Congreso que permitirán o frenarán su agenda y define su estilo de gobernar para los siguientes años.
El presidente Joe Biden, llegó al despacho Oval, en medio de enormes retos, envuelto en medio de una polarización entre ambas cámaras del Congreso y la sociedad, la pandemia, la migración y la economía como los asuntos más urgentes a tratar durante su llegada a la administración.
El mandatario estadounidense se encuentra actualmente con una aprobación del 40% en lo que lleva de su administración, en comparación con otros mandatarios durante el primer año que llevan históricamente una aprobación del 53%, excepto el ex presidente Donald Trump, cuya aprobación fue del 38%, siendo el menos calificado en más de 5 décadas.
El mandatario ha firmado 77 decretos ejecutivos entre los que destacan: La ley del plan de rescate estadounidense y la extensión de los programas para Covid-19, Ley de inversión en infraestructura y empleos, Proyectos de ley para evitar el cierre del gobierno federal, decretos clave para revertir las políticas de su predecesor, entre otros.
La pandemia, uno de los grandes retos de su administración se ha manejado de manera adecuada, con su paquete de ayuda Covid-19 con un presupuesto de 1.9 billones de dólares, con más de 210 millones de vacunados con esquema completo al día de hoy, de los cuales, 65% son adultos. Las pruebas para Covid-19, pasaron de cero el año pasado a 375 millones que incluye un reembolso para el consumidor por parte del seguro, sumado a 1000 millones de pruebas para los hogares.
En materia económica, el presidente estadounidense a través de la aprobación de su Plan de Rescate Estadounidense, un paquete económico el cual ha reducido 3.9% la tasa de desempleo y ha generado 6.4 millones de empleos en un año, es un plan que apenas comienza y pretende mejorar la economía estadounidense, envuelta en una inflación no vista en los últimos 40 años, atacado por factores como la escasez de trabajadores, crisis en las líneas de suministro han derivado en mayores costos lo que genera el aumento de los precios para el consumidor.
En migración, podemos destacar sus cambios en las políticas que rigen su aplicación interna como arrestos, detenciones y remociones dentro de los EEUU. Agregó cierta flexibilidad al instruir a los funcionarios de migración para que tomen decisiones de aplicación individualizadas. Evitando así la deportación de manera automática de 11 millones de indocumentados actualmente. Estas acciones combinadas de ejecución interna han tenido efectos perceptibles. El número de arrestos de ICE ha disminuido. En detenciones por mes en promedio ese número se redujo a 3.000 durante los primeros 11 meses de la administración.
En el combate al cambio climático, el presidente Biden, logró reincorporar a los EEUU, en el Acuerdo de París y restableció el liderazgo de su país durante la conferencia mundial sobre el cambio climático. Se encuentra impulsando un futuro eléctrico, duplicando las ventas de vehículos eléctricos en un año, ascendiendo a 5 mil autos vendidos.
En materia de política exterior, la estrepitosa salida de las tropas estadounidenses de Afghanistán recibió muchas críticas. Tras la toma del poder por los talibanes en aquel país, puso a las tropas estadounidenses la tarea de proteger el puente aéreo para miles de afganos, estadounidenses y personas de cualquier índole que buscaban salir del país, con una marcada crisis internacional en materia de derechos humanos y colapso del gobierno.
La creciente tensión entre los EEUU y Rusia por el territorio de Ucrania, han demostrado una política suave y de no enfrentamiento bélico. Se han sostenido platicas al respecto, pero sin resultados tangibles.
La administración se ha visto con avances pero también con muchos retos en su primer año. Para este 2022, el presidente deberá continuar luchando contra la pandemia, el empuje en el Congreso de su plan económico “Build Back Better”, Los proyectos de ley de votación, la Ley de Libertad para Votar y la Ley de Avance de los Derechos Electorales de John Lewis, mitigar la inflación y los desafíos en política exterior, serán su prioridad para este año. (Juan Alberto Villalobos Oropeza. Asociado COMEXI, El Sol de México, Análisis, p. 14)
Afirmar que hay preocupación en Estados Unidos respecto a lo que pasa en México parecería ya un lugar común.
La angustia estadounidense tiene motivaciones propias, como la vecindad y los millones de mexicanos y sus descendientes que viven en ese país.
Muchos creen que es simplemente el neonacionalismo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su impacto sobre las inversiones estadounidenses en México.
Una parte importante es la economía, que “entre angas y mangas”, incluso la pandemia de COVID-19, resultó en el cierre de empresas, pérdida de empleos y un aumento en la pobreza.
Otros ponen énfasis en el problema de migración, sobre todo, el paso incontrolado de centroamericanos rumbo a la frontera norte. Igualmente, hay que hablar ahora del incremento en el número de mexicanos que tratan de pasar al otro lado, empujados por la economía o la violencia.
Podrían citarse problemas como seguridad, ilustrada por los asesinatos de periodistas, que al igual que en regímenes anteriores, parecen reflejar las manos de autoridades o delincuentes locales. La impunidad es parte.
La continua violencia, sobre todo, en los estados considerados como “corredores de la droga”, donde grupos delincuenciales disputan el control gubernamental, sería por sí sola un motivo de preocupación, dentro y fuera del país.
Es posible citar complicaciones en la visión de cumplimiento de tratados, convenios y contratos internacionales, que el gobierno parece condicionara dos criterios: ¿Están de acuerdo con las ideas de AMLO? ¿se hicieron bajo administraciones anteriores?
Además de un retroceso político: El retorno del presidencialismo deshecho en recuerdo de aquello que convirtió a México en monarquías sexenales. La impresionante cortesanía desatada en torno a la figura presidencial se compara fácilmente con la que rodeó a mandatarios de mediados del siglo XX: ¿recuerdan aquello de “¿qué hora es?”, “la que usted quiera, señor Presidente”?
Tal vez lo más sorprendente sea que los cortesanos sean militantes de la coalición gobernante, especialmente desde su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que antes proclamaban la importancia de un pensamiento crítico.
Una de sus vertientes es el interés por controlar organismos independientes, sean académicos, como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), o políticos, como el Instituto Nacional Electoral (INE). Ambos, en especial el segundo, son señalados desde afuera entre las razones por las que el país estaba en camino de desarrollo democrático.
La preocupación de Estados Unidos es otra. No son los vínculos con Cuba ni el afán de liderar la “marea rosa” latinoamericana hasta que llegue Luiz Inácio Lula da Silva.
Es la combinación de factores, su integración y la posibilidad de que se transformen en una oleada incontrolable de mexicanos hacia el norte. Y esa situación nos debe preocupar también a nosotros. (José Carreño, El Heraldo de México, Orbe, 27)
En el contexto del Congreso Nacional sobre Trata de Personas que organizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada, resulta primordial la trascendencia de crear espacios de reflexión que contribuyan a una mayor comprensión de ese fenómeno, así como de la forma de articular las distintas acciones encaminadas a prevenir, erradicar, combatir y sancionar esta práctica que genera daño profundo en la integridad y dignidad de las personas, como señaló la ministra Ortiz Ahlf en la clausura del evento.
Se parte del reconocimiento que la trata de personas es un problema complejo de entender por su vínculo con una amplia gama de conductas delictivas, entre ellas el tráfico de personas, de órganos, la pornografía infantil y la explotación de la prostitución ajena, entre otras, así como por las limitadas e ineficaces medidas de prevención en los lugares de mayor enganche y tránsito en el país; las fases de sometimiento, el desarraigo de las víctimas y las finalidades de explotación. Pero si a lo anterior, añadimos la relación imprescindible con la corrupción que protege a estas redes de explotación, el problema se vuelve interminable. Sin embargo, tengamos presente que la trata de personas es uno de los delitos más rentables a nivel internacional. Lo que lo mueve, principalmente, es el dinero.
Por lo anterior, resulta fundamental instaurar la investigación de los flujos de dinero de los grupos criminales a la estrategia integral en el combate a la trata de personas. Así, uno de los insumos más valiosos para la prevención y combate de ese delito es la información de inteligencia que se genera en los sistemas financiero y no financiero, así como la que proporcionan las agencias de seguridad y procuración de justicia del país y del extranjero, a fin de iniciar el rastreo de los movimientos de recursos que puedan provenir de cualquiera de las modalidades de la trata. La coordinación entre las diversas instituciones competentes del Estado es clave para culminar en investigaciones exitosas. Al respecto, se requiere generar políticas públicas encaminadas a la prevención e investigación de delitos de trata de personas con énfasis en información de inteligencia de manera permanente.
Un aspecto importante es la incorpo-ración de una perspectiva de género co-mo método de análisis para el desarro-llo de estas investigaciones, pues contribuye a que se reconozca la diversidad de género, al momento de distinguir factores culturalmente arraigados que impactan a las personas, especialmente de mujeres y niñas, en temas de desigualdad, discriminación y violencia que las afectan a lo largo de su vida.
En ese contexto, un hallazgo que resulta relevante por parte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México es la identificación de una mayor participación de las mujeres en la base operativa de las redes dedicadas al delito ya citado. Entonces, la perspectiva de género se aplica por igual a cualquiera persona, principalmente a mujeres, ya sea en su calidad de víctimas o victimarias de un delito. (Santiago Nieto Castillo, La Jornada, Opinión, p. 12)