Tren
El Consejo Ciudadano del INM se manifestó sobre la omisión en la expedición de tarjetas de visitante por razones humanitarias, dijeron que la mencionada omisión está provocando un entorpecimiento burocrático para acceder a los derechos de los migrantes. Por esto, se llamó a que el Instituto agilice el proceso de entrega. Además, se señaló la preocupación por la falta de implementación del Programa Temporal de Regulación Migratoria que es una propuesta para personas que han estado en México durante un periodo de tiempo y quieren permanecer de manera definitiva en el país. (La Gran Carpa, El Economista, El Foro, p. 46)
El mismo día que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, propuso desaparecer el órgano a su cargo y sustituirlo con una “defensoría del pueblo”, el Estado mexicano compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, para enfrentar una revisión por parte de sus pares, denominada Examen Periódico Universal (EPU).
El nuestro fue uno de los 14 países sometidos a revisión en el actual periodo de sesiones del Consejo –que comenzó el 22 de enero y terminará el 2 de febrero– y tuvo como relatores a China, Bulgaria y Paraguay. En representación de México acudieron dos funcionarios de la cancillería: Joel Hernández García, subsecretario de Asuntos Multilaterales, y Roberto de León, director general de Derechos Humanos y Democracia.
Es la cuarta vez que nuestro país enfrenta este tipo de revisión periódica desde que el Consejo de Derechos Humanos fue creado en 2006. Las anteriores fueron en 2009, 2013 y 2018.
El EPU de México fue precedido por la presentación de una larga lista de informes, elaborados por organismos multilaterales y no gubernamentales, así como por el gobierno mexicano, los mismos que sirvieron de base para la relatoría.
Aunque el grupo de trabajo del EPU está formado por 47 naciones, en este tipo de sesiones tienen derecho de participar en la discusión los 193 miembros de Naciones Unidas. El miércoles tomaron parte 105 países, cuyos representantes formularon observaciones y recomendaciones a México.
Dichos puntos de vista resultan interesantes, pues constituyen la imagen que tiene México a nivel internacional en materia de derechos humanos.
De acuerdo con una revisión que realicé de las intervenciones de 20 de los 105 países, los temas señalados con mayor frecuencia fueron las desapariciones de personas, los actos de hostigamiento contra periodistas, la situación de los migrantes y la violencia contra las mujeres. También hubo menciones a la impunidad, la militarización de la seguridad pública, los ataques a la libertad religiosa, las limitaciones a la educación, la prisión preventiva oficiosa y la corrupción, entre otros temas.
Las desapariciones fueron señaladas como un reto para México por parte de las delegaciones de Canadá, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, India, Noruega, Paraguay, Rusia y Venezuela. “Nos preocupan los reportes sobre el incremento de personas desaparecidas como consecuencia de la violencia y el crimen organizado”, apuntó la delegación de Paraguay, uno de los países relatores.
Las amenazas y agresiones contra periodistas fueron señaladas por Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Irán, Noruega, Reino Unido y Rusia.
La representación de EU recomendó a México fortalecer la protección a los comunicadores mediante “la mejoría de la respuesta de emergencia, estableciendo canales seguros para reportar amenazas y una fuerza de tarea independiente para investigar y procesar crímenes contra periodistas”.
Sobre el trato a los migrantes se pronunciaron Brasil, Colombia, Ecuador y El Salvador,
“Considerar la revisión de la ley de migración, especialmente la detención administrativa de migrantes, garantizando su aplicación como último recurso”, exhortaron los brasileños.
La violencia contra las mujeres fue un tema señalado por Chile, España, Francia, India e Irán. “Intensificar los esfuerzos para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, especialmente en materia de desapariciones forzadas, feminicidios y violencia sexual”, fue el planteamiento chileno.
Chile también pidió derogar de la legislación la prisión preventiva oficiosa; Rusia, mejorar las condiciones de la población carcelaria; Irán, proteger la libertad religiosa; Reino Unido, asegurar que el uso de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad no impida la rendición de cuentas, la transparencia y los derechos humanos, y Costa Rica, atender los casos de vigilancia de la población civil, por medios digitales, por parte de las fuerzas del orden.
En Ginebra, México tuvo que verse al espejo. En este caso no hay forma de alegar que estas observaciones son maquinadas por los intereses políticos de los “adversarios”. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nación, p. 2)
Como nunca antes, el caso del secuestro de cuatro integrantes de la combativa familia LeBarón en Chihuahua desató la furia de la gobernadora panista, Maru Campos. En específico contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que con palabras “peculiares” acusó de omiso (“pendejo”) ante los crecientes problemas de violencia e inseguridad en el país, sobre todo en la franja norte. Aunque dijo la mandataria que no podían seguir haciendo la tarea a la Federación, la verdad es que en la Fiscalía local de esa entidad se trabaja a marchas forzadas para inhibir precisamente delitos como el secuestro, ésta una problemática que, por la ubicación geográfica, es cada vez más constante en ese territorio.
Este reportero tuvo acceso a un informe de inteligencia sobre lo que en ese estado denominan “Unidad Modelo en Atención al Delito de Secuestro”, un programa que encabeza el fiscal especializado en Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General de Justicia de Cihuahua, Arturo Velasco Ponce, y que ha identificado 13 grupos criminales que operan en la zona y se dedican al plagio de personas, incluidos los miles de migrantes que llegan cada semana. Según los reportes del fiscal Velasco Ponce, en los últimos años los grupos delictivos dedicados al secuestro se han organizado y sofisticado, ahora cuentan con personal para labores de vigilancia de las víctimas, centros telefónicos, inmuebles para el cautiverio y hasta cuentas bancarias.
Específicamente sobre los raptos de migrantes, hay 11 organizaciones delictivas monitoreadas. El año pasado capturaron al menos 160 víctimas. De esas personas, 150 fueron ya liberadas por acción de esta Unidad y, en cinco de esos operativos, 66 criminales han sido capturados. El “modus operandi” detectado consiste en que integrantes de bandas identificadas como “Los Carnales” I y II, “Banda del Chichis”, “Banda los Comerciantes”, “Banda del Bravo”, “Banda de Anapra”, “Banda Nuevo Casas Grandes”, “Banda las Gordas”, “Banda del Fénix”, “Banda del Fat Flow”, “Banda San Miguel”, “Banda TJ” o “Banda Crisolito”, hacen un primer contacto por redes sociales con las víctimas, también operan en terminales de autobuses, aeropuerto o directamente en domicilios particulares.
Hasta el momento, la Fiscalía chihuahuense ha logrado ya contra los delincuentes 46 vinculaciones a proceso y 17 sentencias condenatorias, además de que se han solicitado ante las instancias judiciales 15 órdenes de aprehensión nuevas que podrían alcanzar a unos 30 criminales más. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la plaza de Ciudad Juárez se registra el mayor número de delitos de esta categoría; pues hasta el 80 por ciento de los plagios ocurren en esa zona. Se entiende por qué el órgano de procuración de justicia local tuvo que diseñar una unidad especializada. Lo mismo se esperaría para otros estados o para el resto del país, pues la frecuencia de este mismo delito está por desbordarse, según el SESNSP, en la localidad de Uruapan, Michoacán, donde gobierna el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, y Huitzilac, Morelos, de Cuauhtémoc Blanco. (Hiroshi Takahashi, El Sol de México, República, p. 6)
Según las encuestas de salida de la elección primaria en New Hampshire del pasado martes, el tema que más le preocupa a quienes votaron por Trump es la migración, cerca de 50%.
Efectivamente, los récords de migrantes llegando a la frontera sur en los últimos meses –casi 300 mil en diciembre pasado– son kriptonita pura para las intensiones de reelección de Joe Biden. Esta semana, el influyente semanario The Economist dedica su portada a un artículo que titula Cómo la frontera le puede costar la reelección a Biden.
En las últimas semanas, la política de seguridad nacional de Biden ha estado secuestrada por la crisis en la frontera con México. Los líderes republicanos del Congreso se montaron en su macho –no te autorizamos los fondos para apoyar a Ucrania e Israel si no tomas medidas para detener el flujo de migrantes en la frontera sur. Exigimos medidas más estrictas para disminuir drásticamente el número de migrantes y peticionarios de asilo que ingresan al país–.
Aparentemente, los republicanos han cambiado la estrategia. Un importante grupo de seguidores de Trump en el Congreso quiere desistir en vincular las dos guerras –Ucrania y Gaza– con la frontera con México. En el fondo, prefieren no resolver el tema. Entre más caos y gente llegue a la frontera sur, mayores las probabilidades de Trump. La narrativa republicana machacada día con día en Fox News: necesitamos que regrese el señor de la bella y hermosa pared para poner orden en la frontera.
La acusación a los migrantes como quienes venían a quitarles su tranquilidad a los estadounidenses ya le pavimentó el camino de Trump a la Oficina Oval en 2016. Y en ese momento, los flujos migratorios estaban a la baja cuando las detenciones por la Patrulla Fronteriza fueron 408 mil 870. Con los números de detenciones por la Patrulla Fronteriza en 2022 (2′766,582) y 2023 (3′201,144), el caso para que regrese Trump está más que justificado.
Por otro lado, el tema que podría conservar al demócrata Biden en la Casa Blanca es el aborto. Paradójicamente, el tema más importante del legado conservador de Trump es también su mayor debilidad.
Gracias a los tres jueces que nombró Trump a la Corte Suprema, ésta, a mediados de 2022, eliminó el derecho al aborto a nivel federal, echando para atrás el famoso laudo de 1973 Roe vs. Wade. Mientras la prohibición del aborto a nivel federal es el mayor regalo de Trump a sus bases evangélicas, un gran número de mujeres, demócratas, republicanas y, desde luego, las independientes, lo repudian. Y han emprendido una cruzada para renovar ese derecho.
El consenso de esta cruzada proaborto fue el mejor aliado de los demócratas para evitar que la elección de medio término de 2022 fuera la catástrofe que se esperaba. Los demócratas lograron conservar la mayoría de la Cámara alta y perdieron la baja por escasos 10 curules.
La disputa sobre el aborto se ha centrado en el lapso de las seis semanas. En algunos estados archiconservadores, como Florida y Georgia, se ha legislado para que después de las seis semanas se prohíba el aborto.
Trump, quien no tiene empacho con realizar contorciones ideológicas y faltar a los principios más elementales, ha buscado distanciarse del tema de las seis semanas. Declaró en el programa televisivo Meet the Press, que la decisión de Florida de las seis semanas “es una cosa terrible”.
Hay mucho en juego en la elección del próximo noviembre en Estados Unidos. Los temas como el aborto y la migración son del ámbito estrictamente de política interna. Sin embargo, si el gobierno de AMLO se lo propusiera, pudiera ser el mejor aliado de los demócratas, si dejamos de arrastrar los pies y prevenimos efectivamente que se profundice la crisis en la frontera conjunta. (Rafael Fernández de Castro M., El Financiero, Mundo, p. 27)
Donald Trump es un peligro para México, una pesadilla recurrente. Pensamos, ingenuos, que nos habíamos librado de él, pero no. Al ex presidente de Estados Unidos se le puede aplicar el dicho popular de que “hierba mala nunca muere”.
Cualquier hubiera pensado que después del asalto violento al Capitolio por parte de seguidores de Trump, una horda violenta que estuvo punto de provocar una catástrofe, el ex presidente estaría hoy en prisión o por lo menos lejos de la política. De hecho, tiene un costal de acusaciones en su contra, desde fraudes hasta asaltos sexuales, pero para un muy amplio sector de la población de ese país, eso en lugar de descalificarlo para el puesto, lo catapulta. Eso quieren. Es el líder que la basura blanca está esperando.
Donald, octogenario, se prepara para regresar a la Casa Blanca. Es el mismo mega patán que era en el pasado sólo que ahora es mucho más peligroso porque viene por la revancha. Sigue siendo racista y misógino, pero hoy esos deplorables rasgos de su personalidad tienen el riesgo tangible de convertirse en políticas públicas en el país más poderoso del planeta en contra de México.
No en balde entre los grupos de simpatizantes que festejaron su primera victoria y entre los que se encuentra lo que queda del KKK, lo quieren de vuelta en la Casa Blanca. Tienen sed de venganza. De seguro podrá reclutar nuevos miembros de la derecha supremacista. Arrancó ya en EU un nuevo esfuerzo por regresar al oscurantismo. Estados Unidos es un país profundamente dividido. Las heridas que se abrieron durante la primera campaña no cerraron y volverán sangrar.
El hecho real es que la seguridad de la frontera con México es el eje de la campaña norteamericana. Se puede culpar a los migrantes de todos los problemas al interior de Estados Unidos que es una sociedad adicta, violenta, maniquea, y entonces todos los candidatos compiten por ver quién de ellos plantea la solución más estridente, no la más eficaz, sino aquella que llene las expectativas de los votantes que quieren alguien con mano dura.
Se ha llegado a extremos patéticos como sugerir invasiones y bombardeos, seguro no se llegará a eso, pero sí se concluirá el muro, se redoblará la Patrulla Fronteriza y se obligará a nuestro país a hacer el trabajo sucio, de aguantar a los migrantes en nuestro territorio sin ganarle nada. López Obrador se dobló ante Trump. Marcelo Ebrard también lo hizo. Son dos políticos curtidos en mil batallas y no pudieron con el paquete. Si Trump triunfa otra vez, ya no se las verá con AMLO, sino con Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez. ¿Están estas señoras preparadas para semejante desafío? La verdad no se tiene la respuesta. El tema de Estados Unidos ha estado fuera de la agenda de ambas, que se refieren con generalidades a problemas muy complejos de la agenda bilateral. La doctora Sheinbaum tiene cerca al Juan Ramón de la Fuente, ex embajador en la ONU, que la puede ayudar, pero si Claudia se empeña es hacer lo mismo que hizo AMLO la verdad es que nos aguardan tiempos muy difíciles.
Con respecto a la ingeniera Gálvez, la noticia es que piensa viajar a Estados Unidos la semana que entra. No tendrá más remedio que entrarle al asunto porque los reporteros de medios norteamericanos le preguntarán sobre Trump, Biden, armas, fentanilo, migrantes, comercio. Habrá que seguir con atención su desempeño para calibrar si está lista para jugar en las grandes ligas, o de plano todavía le falta. Del candidato presidencial de MC, cuyo nombre apenas comienza a posicionarse, no se conoce su opinión sobre estos temas, está concentrado en el partido naranja sobreviva. (Juan Manuel Asaí, La Crónica de Hoy, La Dos, p. 2)
La frase de campaña utilizada por Donald Trump en su primer campaña en 2016, “Make America great again” solo quedó en eso, en una frase, pues durante su periodo presidencial no logró lo prometido, solo metió a Estados Unidos en una burbuja aislacionista y confrontada con el mundo.
Sus señalamientos en contra de la inmigración, sobre todo con las y los mexicanos, los “bad hombres” “violadores y delincuentes” fue otro de sus distintivos de su paso por la Casa Blanca. Creer y decir que la pandemia era una artimaña de China para debilitar su presidencia fue otra “perla” que nos regaló.
En su segunda campaña a la presidencia, en busca de su reelección en 2020, el mundo se quedó perplejo por la irrupción violenta al Capitolio por parte de sus más férreos partidarios y que él mismo azuzó. Posterior a esto dos juicios políticos, cuatro acusaciones penales, una demanda en Nueva York y señalamientos formales en Georgia, Manhattan, Florida y Washington, además de investigaciones en todo el territorio estadounidense es lo que carga Trump en este tiempo que lleva de expresidente.
También está implicado en “los papeles” de J. Epstein como frecuente compañero de viaje para asistir a su isla, todo el mundo sabe con qué fines.
Aún con todo esto, Donald Trump está de vuelta y hoy lidera las primarias para ser nuevamente el candidato por el Partido Republicano para competir por la presidencia en noviembre próximo. Los tres ejes de Donald Trump no distan mucho de lo que hecho y dicho en su corta carrera política: el fraude electoral sufrido, colapso económico (en el periodo de Biden) y la inmigración ilegal.
La misma fórmula, solo con el añadido de su señalamiento al supuesto fraude perpetrado por el Colegio Electoral. Por increíble que parezca sigue conectando con los partidarios republicanos, basta ver lo sucedido en Iowa y New Hampshire donde arrasó las votaciones e incluso De Santis abandonó la contienda después de los resultados obtenidos en Iowa.
Durante esta nueva travesía por ser el candidato republicano, Trump está muy arriba en las encuestas de su contrincante Nikki Haley, quien fuera embajadora ante la ONU en el periodo trumpista, aunque todavía falta mucho por recorrer, sin embargo la próxima cita es en Carolina del Sur, donde Haley fue gobernadora, y que si pierde lo más probable es que también deje la contienda y Trump vuelva a ser el candidato para enfrentarse al actual presidente Joe Biden, a quien también adelanta en las encuestas. Es decir, parece que todo está alineado para que los últimos dos presidentes estadounidenses se vuelvan a enfrentar en las urnas.
Sin embargo no todo está perdido, analistas estadounidenses señalan que Trump tiene sus bases más fuertes en el espectro republicano, pero que incluso la parte independiente o moderada no iría con él en las elecciones de noviembre, aunado a que durante el proceso electoral Trump puede volver a ser enjuiciado e incluso sentenciado.
Lo malo es que Biden no emociona a nadie y ahora ambos pueden ser comparados como presidentes y cómo llevaron las riendas del país en cada uno de sus mandatos, arena en la cual tampoco le va bien a Biden. Se espera que sean unos comicios de pronóstico reservado y con un margen de distancia muy pequeño. Solo queda apelar a que los votantes tomen conciencia de que lo que se juega es la democracia. (Adriana Sarur, El Heraldo de México, Opinión, p. 14)
Tenemos una crisis seria en nuestra frontera con los Estados Unidos. Por motivos electorales, los demócratas quieren suavizarla, mientras que los republicanos quieren agravarla para esgrimirla como la principal prueba de que Joe Biden es un presidente débil y que su partido aboga por una política de fronteras abiertas.
Biden es un presidente mal calificado y sus peores notas en la opinión pública las obtiene en la materia de migración. Durante toda la precampaña, Ron DeSantis, Nikki Haley y desde luego Donald Trump han hablado con rudeza de cerrar la frontera, en un concurso que pareciera dar el premio a la propuesta más radical.
Atraer la atención sobre los problemas de la frontera no es exclusivo de quienes buscan la presidencia, es un discurso común en los medios de comunicación del ecosistema conservador, los líderes del Partido Republicano y la gran mayoría de sus legisladores.
Entre estos personajes destacan las cada día más agresivas medidas tomadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que han incluido colocar boyas en el Río Bravo o incluso alambre de púas (el cual desgarra la carne de quien intenta pasar) en la zona de Eagle Pass, medida que esta misma semana ha sido rechazada por la Suprema Corte de Justicia por una votación de 5 a 4, lo que ha implicado que dos de los jueces conservadores (Roberts y Barret) se hayan inclinado contra la medida.
El Congreso es otro lugar donde la frontera es un tema central y más complicado se ha puesto porque los republicanos están metiendo otros asuntos en la misma olla de negociación.
Como lo ha señalado Dan Pfeiffer, “el otro problema que aqueja al Congreso es la solicitud del presidente Biden de fondos para Ucrania, Israel, Taiwán y los desastres naturales. Los republicanos más extremistas de la Cámara de Representantes, incluido el presidente de la Cámara, Mike Johnson, se oponen al dinero para Ucrania y declararon que no aprobarán la solicitud de Biden sin “lidiar con la crisis en la frontera”.
Mientras tanto, en el Senado, los propios republicanos no quieren comprometer la ayuda a Ucrania a causa de la frontera y están haciendo malabarismos para seguir machacando a Biden con el tema migratorio, al mismo tiempo que tratan de impedir el daño a las posiciones geopolíticas en Europa.
Para ello están cocinando un acuerdo con senadores demócratas donde se limitaría el número de personas a las que se les otorga “libertad bajo palabra” durante el tiempo que se llevan a cabo sus juicios, al término de los cuales se definirá si pueden o no permanecer legalmente en los Estados Unidos.
Sobre el asunto de la “libertad bajo palabra”, coloquialmente conocida como “el permiso” entre los migrantes que con ella pueden vivir y trabajar en los Estados Unidos, las posiciones entre partidos son muy diferenciadas, sin embargo, la balanza se está cargando hacia la postura republicana al condicionar recursos para proyectos geopolíticos prioritarios.
El New York Times explica con claridad las diferencias: “el Partido Republicano considera que la libertad condicional es un vacío legal peligroso que alimenta la inmigración ilegal y debe cerrarse estrictamente. Para muchos demócratas, es una herramienta crucial que permite a la administración tratar a los migrantes desesperados con humanidad, algo que debe preservarse, en particular para las poblaciones vulnerables que huyen de estados fallidos y de la guerra”.
A final de cuentas, no olvidemos que en estos jueguitos políticos en medio quedan personas reales de carne y hueso, llenas de dolor, incertidumbre y a la vez esperanzadas de cambiar el destino propio y de sus familias. Es indignante el uso de estas personas como peones de un ajedrez frío y distante, donde todos los jugadores políticos de ambos lados de la frontera hacen jugadas para sacar raja a costa del sufrimiento de la gente.
El uso cínico y desalmado de la crisis migratoria también ha sido de gran utilidad para el actual gobierno mexicano, que ha usado como moneda de cambio y palanca de presión abrir o cerrar el flujo migratorio. Útil para los intereses particulares del gobierno en turno, inhumano con las personas y a la vez poco constructivo para los intereses de México como nación.
Lamentablemente, la agenda de la relación bilateral se carga hacia temas de seguridad interior y tráfico de drogas, especialmente el asunto del fentanilo, mientras que se dejan en un segundo plano materias tan importantes y necesarias para el desarrollo del país como los asuntos de inversión, comercio, cooperación económica e incluso la situación de tantos millones de mexicanos que viven a la sombra en espera de una reforma migratoria que les permita abandonar su situación de ciudadanos de segunda.
Pobres de los migrantes, tan lejos de una reforma migratoria y tan cerca de los intereses mezquinos de las clases políticas de México y Estados Unidos. (Guido Lara, El Financiero, Opinión, p. 30)
Nadie puede negar la forma en la que se ha extendido el crimen organizado por todo el país, llegando a territorios que ni ellos soñaron ni el gobierno previó.
Poco a poco, pero en forma inexorable, la delincuencia organizada se ha desarrollado territorialmente ante la debilidad del Estado mexicano, que ha dejado esos espacios, y metro que retrocede el gobierno, metro que ocupan esas organizaciones.
Hoy hemos pasado de ser un país de producción y tráfico a otro al que hay que añadir el consumo y agregar la diversificación del crimen organizado, que ha dejado al narcotráfico como única actividad y se ha expandido a la venta de protección, cobro de piso, tráfico de personas, migración, secuestro, toma de gobiernos municipales, desde donde controlan la obra pública, el empleo, los materiales y permisos de construcción, su mano de obra, el cobro de deudas, una cuota para vivir y un porcentaje de lo que produzcan: aguacate, limón, verduras, frutas, pollo, reses. No hay actividad productiva en la que no intervenga el crimen, que ha ido, impunemente, a más y por más.
Así han tomado territorios antes no tocados como Aguascalientes, Morelos, Puebla, Estado de México, las goteras de la capital del país desde las que ha iniciado una invasión calle por calle, y las fronteras. Ya no solo dominan la norte, sino que pelean la del sur, y han llegado a Chiapas y a Tabasco, además de los territorios que han dominado tradicionalmente: Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Coahuila, Baja California, Jalisco, Nayarit, Colima, Guanajuato, Zacatecas, San Luís Potosí, Guerrero, Durango, ya para no recorrer toda la geografía nacional.
El punto es por qué han conquistado todo este territorio, y solo hay una respuesta: por la indolencia de los gobiernos y el natural temor de la población.
De seguir así, un día avanzarán sobre Ciudad de México, en lo que ya están y a la que entrarán caminando.
RETALES
Escucho con sorpresa las palabras de Rosario Piedra, presidenta de la CNDH, al proclamar que “en este tiempo de definiciones” el organismo autónomo a su cargo está con la Cuarta Transformación. Igual sorpresa se hubiera producido en mí si en tiempos de gobiernos priiistas o panistas el titular de esa institución hubiera dicho que apoyaba al partido en el gobierno. Esta declaración se produjo al rendir su informe de labores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace unos cuantos días. Desconcertante de menos.
Lo dicho por Piedra contradice la esencia de la Institución. Justo la CNDH nace en 1990 para promover y vigilar a las instituciones gubernamentales para que cumplan con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos. Entonces, me pregunto: ¿se puede ser juez y parte? Una institución cuya dirigencia se ostenta como “de acuerdo” con el partido oficial ¿puede tener la ética, solvencia y objetividad para cumplir con sus propósitos en caso de existir abuso de poder por parte de la autoridad? Ante tal realidad, ¿quién vendrá a defendernos?
De acuerdo a sus obligaciones específicas, la CNDH debe atender, dar seguimiento, velar y vigilar quejas relacionadas con atención médica, incapacidad del Estado para proporcionar medicamentos, negligencias médicas, inseguridad o falta de medidas de protección para los ciudadanos. No solo eso, este organismo autónomo —palabra no muy popular en estos tiempos— debe brindar apoyo jurídico a las víctimas y ofendidos por abusos de poder o presuntas violaciones por parte de la autoridad a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos.
Esta institución, comandada por la Sra. Piedra, debe defender (entre otros) los derechos humanos de niñas y niños, a las víctimas de la trata de personas; los agravios y ataques a periodistas y por supuesto la desaparición de personas. Más aún, debe cuidar que se respeten los derechos de los migrantes y refugiados; combatir la discriminación y defender los derechos humanos de adultos mayores y comunidades indígenas. La realidad nos muestra que la dificultad implícita en estas tareas requiere de un liderazgo independiente, autónomo (por supuesto) para poder ser cumplidas.
Resulta evidente que no puede haber ideología, simpatía o acercamiento con ninguna fuerza, autoridad o partido en el gobierno que limite o impida cumplir con estas obligaciones, precisamente definidas por la ley, para defender los derechos humanos de toda la ciudadanía.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, nace justo para evitar que se sigan cometiendo brutalidades como las que se sucedieron durante este conflicto. El espíritu de esta declaración de 1946 era (y es) garantizar los derechos humanos de todas las personas en cualquier momento y en cualquier parte del mundo.
En el siglo XXI los gobiernos están muy lejos de cumplir con estos objetivos y México no es la excepción. El respeto a los derechos humanos hay que exigirlo, hay que luchar por ello día tras día. Bastante complicado está todo, no necesitamos más piedras en el camino. (Tere Vale, El Heraldo de México, País, p. 8)
El presidente de la República se entrampó. El primer día de su mandato formuló una promesa cuyo cumplimiento exigía y exige enorme determinación y, ahora, tan sólo restan ocho meses para decidir qué hacer y hacerlo.
Sea cual sea la suerte de ese compromiso adquirido por voluntad propia, el mandatario está impelido a resolver si reivindica a plenitud la vigencia y el respeto a los derechos humanos o si sostiene con un elevado costo político y social la alianza entablada por él con las fuerzas armadas. Menuda disyuntiva.
Presumiendo ser un político sin zigzagueos ni titubeos, de Andrés Manuel López Obrador se espera una respuesta firme y definitiva, así sea repudiar el compromiso. No recurrir a pretextos cuyo fondo revela el ejercicio del no poder. ¿Qué pasó el 26 de septiembre de 2014, aquella noche de Iguala, en la cual desaparecieron los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa?
Más de nueve años han transcurrido de entonces a la fecha y, hoy como ayer, un manto de impunidad extiende la oscuridad de aquella noche terrible. Y, por si algo faltara, a cuatro días de concluir este sexenio, se cumplirán diez años de aquella barbarie. ¿Qué cuentas se van a rendir, al bajar el telón del sexenio?
Si bien y con cuanto supone, a nombre del Estado, el mandatario pudo pedir perdón a los familiares de los jóvenes desaparecidos, adoptar la política de punto final y cerrar con dolor ese capítulo negro, Andrés Manuel López Obrador hizo lo contrario: prometió ir al fondo de lo sucedido.
El compromiso 89 de los cien que el mandatario asumió el primero de diciembre de 2018, decía y dice a la letra: “Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables.” Y, dos años después, en el reporte sobre el estado de ese compromiso se consignó: “en proceso”. Si hoy se actualizará ese reporte, se consignaría: “en retroceso”.
Podrá argüir el Ejecutivo, como ha empezado a hacerlo, que fue y es víctima de un complot por parte de múltiples actores involucrados en el esclarecimiento de lo sucedido aquel 26 de septiembre, a fin de desprestigiar al Ejército y hacerlo quedar mal a él. Lo cierto, sin embargo, es que él solo se entrampó. No se puede resolver una situación antagónica y salir bien librado de ella: apoyarse en las fuerzas armadas y responsabilizarla de importantes tareas, obras y funciones correspondientes a la administración civil y, en paralelo, investigar si están involucradas en la desaparición forzosa de personas.
Si el poder civil se finca y apoya en el poder militar no es de extrañar que, al tiempo, el primero dependa del segundo.
Del apoyo de las fuerzas armadas, la administración hizo un pilar.
Cuando antes de asumir el poder, el Ejecutivo decidió no regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles y recargar en ellas la responsabilidad de la seguridad pública limitando su actuación, se entendió que la fuerza y actividad criminal lo exigía. La contradicción se justificaba. Luego, cuando les encargó emprender y realizar obras públicas, emblemáticas del sexenio, se entendió que el mandatario estaba resuelto a impedir que el elefante blanco de la burocracia las ejecutara a paso lento o, de plano, las frustrara. Qué mejor que contar con una fuerza de tarea disciplinada, con claras líneas de mando y sin sindicato.
Sin embargo, cuando entregó a las fuerzas armadas tareas logísticas, administrativas e, incluso, empresariales incurrió en un exceso, quizá, a fin de evitar que más adelante éstas pudieran ir al sector privado. Cruzó la raya. Desde luego, el beneficiario de ese rol otorgado a las fuerzas armadas es el actual mandatario, la perjudicada será quien ocupe Palacio. Civilizar la administración y acotar el papel de las fuerzas armadas no será nada sencillo, si la idea es recuperar el espacio público y civil que ahora ocupan el Ejército y la Marina.
En tal circunstancia, someter a investigación la actuación de los militares destacados en Iguala aquella noche es, dicho con suavidad, muy difícil.
Lo delicado de incumplir con la promesa de investigar lo sucedido a los jóvenes normalistas, y no sólo a ellos, sino también a los más de 111 mil desaparecidos en el país es que siembra la duda del compromiso presidencial con los derechos humanos.
Un compromiso que, conforme se acerca el fin de sexenio, se diluye dejando ver la mar de impunidad y, aun cuando se niega, la adopción de posturas iguales a las del pasado. Aquellas donde se revictimiza a las víctimas, se acusa a la prensa de hacer “la apología de la violencia”, se tienden cordones de seguridad tras ocurrida la tragedia en turno, se manejan las cifras del crimen a gusto o se dice hacer lo que se puede, siendo bien poco lo que se puede.
Ejemplo de ese desdén por los derechos humanos lo encarna justamente la titular de la Comisión responsable de ellos, Rosario Piedra. Asistió antier al Congreso a rendir un informe sin pies ni cabeza, anunciando la intención de desaparecer la Comisión y crear la Defensoría del Pueblo e inasistió en Ginebra, Suiza, al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que revisó la situación en México.
En ese foro se cuestionó la militarización y la situación de los desaparecidos, los periodistas, los migrantes, los refugiados, los defensores de derechos humanos… pero la responsable de velar por ellos… no fue.
Menudo detalle.
…
¿Qué va a hacer el presidente de la República con el compromiso 89? ¿Lo cumplirá o incumplirá? ¿Saldrá del entrampamiento?
En breve
¡A qué presunta ministra! Interpuso un nuevo recurso contra la posibilidad de que la Universidad divulgue si es o no licenciada. Frenar esa posibilidad despide un tufo a confesión de parte. (René Delgado, El Financiero, Enfoques p. 25)
La diversidad cultural de México incluye a las comunidades menonitas, las cuales ya tienen un siglo asentadas en el país, y cuyos distantes orígenes, costumbres y religión han sido retos para integrarse como población mexicana. Se trata de una destacada facción religiosa de trabajadores que al migrar perpetúa sus pautas culturales y formas de vida. Los menonitas tienen sus orígenes ideológicos en la movilización pacifista del anabaptismo (Zurich, Suiza, 1524), una hermandad que se separó de las movilizaciones luteranas por diferencias ideológicas: separación entre la Iglesia y el Estado, aceptación del bautismo únicamente por consentimiento y exención del servicio militar.
Las grandes migraciones menonitas abarcaron Prusia, Ucrania, Canadá y México. Su diáspora responde a la persecución que sufrieron por proteger su identidad religiosa, sus propias escuelas, costumbres y lengua plattdeuscht, mezcla de flamenco y alemán. En 1922 fueron recibidos con privilegios especiales por el gobierno de Álvaro Obregón (viajes solventados por el Estado mexicano, precios accesibles para adquirir las tierras, préstamos), toda vez que en el periodo posrevolucionario había urgencia por recuperar la economía y poblar los territorios de norte. Decisiones que no estaban excluidas de prejuicios racistas, a diferencia de los inmigrantes chinos y negros de esos tiempos, la bienvenida a menonitas respondía a su tez blanca, cabello rubio y ojos claros (Lawrence Douglas Taylor Hansen, Migraciones Internacionales, vol 3. núm 1, enero-junio/ 2005).
En la actualidad hay cerca de 50 mil menonitas en México, la mayoría vive en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Conservan su identidad, costumbres, lengua y religión, formas de organización social y económica; su endogamia responde a la necesidad de mantener la consanguineidad, el rechazo a unirse con miembros ajenos es también una estrategia de reproducción cultural y apropiación territorial.
La vida en familia reproduce la vida rural aldeana, pautas patriarcales y feudales que son expresión de sus tradiciones. Las regulaciones religiosas de su iglesia contempla normas, prohibiciones y pautas restrictivas. El bautismo es el rito de paso que da la bienvenida a la comunidad menonita al alcanzar la adultez, debe ser avalada por la iglesia y la familia, con base en la Biblia se da entrada al pueblo de Dios. Está prohibido beber alcohol, fumar tabaco, las fiestas nocturnas, practicar deportes y entablar relaciones sentimentales con los mexicanos. Las mujeres no pueden vestir con pantalón ni usar anticonceptivos, y no es bien visto que establezcan relaciones de amistad con otros hombres. Las sanciones sociales para quienes incurren en faltas son la reprobación social, se les señala y juzga, junto con la familia. La socialización de niños y niñas impone roles sexuales y estereotipos de género: la madre enseña a las hijas las labores del hogar, la maternidad y crianza, la cocina, limpieza y costura; el padre transmite su oficio a los hijos, quienes comienzan a trabajar fuera de casa en la adolescencia. Son visibles los estratos sociales, diferenciaciones de clase que no llevan a romper con la colectividad.
El intercambio cultural se impone con los años, aunque lentamente. No ha sido posible evitar el contacto interétnico, cada vez son más frecuentes los matrimonios mixtos y el acceso a educación superior fuera de la comunidad. En ciudad Cuauhtémoc ya se habla español e inglés, especialmente entre mestizos y menonitas-rarámuris. El alemán moderno se enseña en las escuelas menonitas liberales, el plattdeutsch es el idioma cotidiano. Desde la década de los 90 se observa una transformación del paisaje rural menonita, se han levantado negocios, industrias y empresas, además del sector agropecuario proliferan restaurantes, tiendas de autoservicio hoteles, bancos, farmacias, laboratorios y librerías (Ruhama Abigail Pedroza García, Revista Mexicana de Sociología, 82, núm. 2, abril-junio, 2020).
Hoy se habla de dos corrientes menonitas: los conservadores y los modernos. Los primeros mantienen relaciones endogámicas y la vestimenta tradicional; los modernos se relacionan con personas fuera de los campos. En las bodas tradicionales la novia viste de negro y no hay luna de miel, entre modernos se permite el divorcio.
Una reciente visita turística a ciudad Cuauhtémoc me permitió asomarme a la comunidad menonita, fue como entrar en una atmósfera del siglo XIX, en el Museo Menonita aprecian vestimentas, fotografías, muebles, maquinarias de costura. Lo más interesante fue la conversación con la joven guía, quien tras definirse como moderna nos reveló que fue abandonada a los seis años por su madre, quien se había divorciado; no sin ser repudiada, por ser hija de divorciados, la comunidad menonita le dio trabajo desde entonces. Entre los juguetes que nos mostró, había unas muñecas de trapo sin cara, para enseñar a las niñas a rechazar todo tipo de maquillaje y pintura en el rostro. Conseguí una de estas muñecas en la tienda del museo, una muñeca sin rostro, una muñeca sin sonrisa. (Gabriela Rodríguez, La Jornada, Opinión, p. 14)
“¿Qué estoy haciendo en Berlín?”, se preguntó Carlos Pérez Ricart angustiado, en 2011, a casi 10 mil kilómetros de la casa en la que creció, en el norte de la Ciudad de México. No daba crédito de lo que leía en la prensa mexicana: 72 migrantes muertos en San Fernando, Tamaulipas. Las preguntas se sucedían: ¿qué podía aportar con sus estudios en Historia de las Ideas de Finales del Siglo XIX? Su abuelo le decía que en la vida bastaba con ser justo y feliz. Pero además de eso, él quería hacer algo por su país, algo trascendente. Y estuvo a punto de volverse. No lo hizo y, en cambio, postuló de nuevo a su beca para investigar la feroz violencia en México.
“Cambié radicalmente mis intereses y empecé a escribir una tesis doctoral sobre la presencia de la DEA en México, de la que no se sabía nada; muchos artículos periodísticos, pero ninguno académico. Desde entonces me parece increíble que sepamos tan poco sobre dinámicas de violencia sobre el crimen”.
-¿No sabemos lo suficiente?
-Estoy completamente cierto de ello. Lo comparo con otros países. Los huecos están en la relación entre autoridades y academia. Los datos con los que trabajan los académicos son datos públicos, en la mayoría de los casos; no se comunican en absoluto con policías, son muy pocos los casos en los que hay una relación simbiótica entre conocimiento académico y datos oficiales.
-¿A qué lo atribuyes?
-A la desconfianza de los dos lados; desconfianza de la policía y también desconfianza inversa. Prácticamente no hay relación y cuando la ha habido, han habido muy malas experiencias, como cooptación del académico. No fluye la relación. En España sí la hay; en Chile la hay; en Argentina también; en México no existe esa interdependencia que es positiva.
-¿Y cómo lo hicieron ellos?
-Hay una experiencia, 40 o 50 años de redes de investigación mucho más amplias. En México, el continuo cambio de instituciones no ha permitido generarlo. La otra razón tiene que ver con la enseñanza del derecho en México, y que aquellos que se dedican a la criminología y las instituciones que se dedican a esto, tienen una perspectiva muy formalista.
Para escribir su libro Cien años de espías y drogas: La historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México, Pérez Ricart pasó meses en Washington, Londres y México investigando. Trabajó en Berlín hasta que le ofrecieron una plaza de posdoctorado en Oxford, como docente de Política Pública y de Historia Contemporánea de México. “Les interesa la perspectiva histórica con la que estudio el tema de la violencia y la seguridad, y también para dar clases de historia de México, pero siempre tuve el gusanillo de volver. Sobre todo, no sentía que lo que hacía ahí era relevante para la discusión en mi país ni para mi crecimiento. Perdía mi tiempo”.
Carlos Pérez Ricart es fanático del Atlético de Madrid: “El Atlético es el underdog, es como yo: no se rinde y tiene más coraje y corazón que calidad. Es un reflejo: yo tengo menos atributos que ganas de tener atributos y disciplina”.
Pérez Ricart estudió en el Colegio Alemán porque a su padre le gustaban Alemania y los alemanes, “sin demasiada racionalidad”. Y porque estaba en Lomas Verdes, cerca de su casa y la de su abuelo, una figura importante. “Desde niño jugaba ajedrez con el abuelo y veía futbol con mi papá. Leía periódicos a los siete, primero deportes, después lo demás. La política siempre fue un interés, no una vocación”.
En 2005, estalló una protesta vecinal en Lomas Verdes por la construcción de un Walmart. Se unió a la resistencia, que atestiguó la destrucción de una zona destinada al uso ecológico. “Fue el primer movimiento en el que participé y por primera vez vi la política de cerca; también la crudeza del Estado y del dinero. Nos persiguieron y sufrimos violencia policial. Ese evento me politizó completamente”.
Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y algunos semestres de Literatura en la UNAM. Aficionado también a la literatura y la música clásica, Pérez Ricart consiguió una posición de profesor investigador en el CIDE. En 2021, fue seleccionado como integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia, un proyecto del Estado para esclarecer graves violaciones a los derechos humanos. “Era lo que yo estaba buscando esa tarde en Oxford, mientras daba clase de Historia Contemporánea de México y me sentía completamente inútil en la mejor universidad del mundo, pero incapaz de hacer algo por México”.
“Este esfuerzo, que no será ni el último ni el primero, abre la posibilidad de que se generen círculos virtuosos. Es una comisión que va a durar dos años y medio, pero ni mucho menos es el final de la cosa. Hay una historia de lucha que nos toca liderar, pero que luego continuará. Y me interesa que se genere institución; es parte de ese proceso. Confío en que esta comisión va a desembocar en la creación de un centro nacional de memoria, que seguirá investigando lo sucedido en ese periodo, pero más importante: que desemboque también en procesos de justicia, porque la impunidad del pasado habilita la impunidad del presente. Las redes de macrocriminalidad, las redes de corrupción, los orígenes de la cooptación del Estado se dan en esa época, y nadie lo había investigado en su totalidad. Esta comisión, sí”.
En breve, Pérez Ricart publicará La violencia vino del norte, un libro sobre el tráfico de armas en la frontera. “Las armas son el factor que termina de desencadenar la violencia en febrero de 2007, hasta entonces el momento más pacífico de la historia contemporánea de México. En marzo comenzó la escalada de violencia, ancladísima al negocio y a la venta de armas en Estados Unidos. Sin quitarle responsabilidad a Felipe Calderón por la estrategia, algo ya muy duro se estaba cultivando en México desde los primeros dosmiles, pero cuyos orígenes son anteriores. La estrategia fue mala, pero esto iba a suceder sí o sí” (María Scherer Ibarra, El Financiero, Enfoques, p. 21)