“Les pedimos que no nos maten”, dijo desde el alma una mujer indígena guatemalteca cuando le preguntaron ¿qué le piden ustedes a México?
Este intercambio, por inverosímil que parezca, tuvo lugar en Marrakech, Marruecos, en diciembre de 2018, durante la adopción del Pacto Mundial para la Migración segura, ordenada y regular, promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e impulsado por el actual Gobierno de México en sus primeros días.
La mujer señalaba lo que todo mundo sabe: atravesar México para llegar a EU es una apuesta que te puede costar la vida.
El 22 de enero de 2021 fueron hallados en el poblado Santa Anita, del municipio de Camargo, Tamaulipas —que al norte colinda con Texas y al sur con el estado de Nuevo León— 19 cuerpos calcinados, la mayoría presuntamente de migrantes guatemaltecos del departamento de San Marcos.
El lucrativo negocio de la trata y el tráfico de migrantes pobres sin papeles ocurre a la luz del día. Su impunidad está garantizada por una intrincada red de complicidades entre funcionarios y bandas del crimen organizado: una de las camionetas usadas en la masacre había sido asegurada por agentes del Instituto Nacional de Migración durante un operativo en diciembre.
Al enterarse del asesinato masivo, Héctor López Ramírez, alcalde de Comitancillo, San Marcos, se reunió con familiares de las personas ejecutadas. El diario guatemalteco Prensa Libre recogió sus palabras: “Algo tiene que hacer el gobierno de México. ¿Qué hubiera pasado si en Comitancillo hubieran quemado a un grupo de mexicanos y cómo hubiera reaccionado ese país en contra de los pobladores de Comitancillo?” (https://bit.ly/3qMjtoZ).
Hace unos días visitó México una delegación guatemalteca buscando respuestas sobre la masacre de Camargo. Justo cuando se encontraban aquí, nos enteramos de que en 2019 la Estrategia de Cooperación Financiera con Centroamérica no destinó recursos para apoyo internacional. La Auditoría Superior de la Federación detectó que el dinero fue para centros de detención de migrantes. (http://bit.ly/2MpGaAs)
Durante los primeros dos años de este gobierno escuchamos reiteradamente la frase: “es que Trump presiona, Trump nos obliga…”. Ya se fue Trump, pero seguimos combatiendo migrantes mientras los muertos se acumulan. El Plan de Desarrollo Integral de la CEPAL entregado en mayo de 2019 (https://bit.ly/3pWqv9q) sigue en espera. Biden ya empezó a desmantelar las políticas de Trump, pero el compromiso tiene que venir también de Guatemala, El Salvador y Honduras —¿y nosotros cuándo?
La banalización y normalización de las cifras trágicas estremece. Detrás de cada muerte hay historias personales y familiares: el hijo que se va a EU para juntar dinero para la cirugía de su mamá, el hombre que entregó las escrituras de su casa para pagarle al coyote. Vidas segadas, el sueño americano trunco por la tragedia mexicana: aquí la vida de los migrantes centroamericanos pobres y sin papeles no vale nada.
Como escribió Sergio Ocampo Madrid en el diario El Tiempo, de Bogotá (https://bit.ly/3dHkbQW): “Algún día, por humanidad, por justicia, por verdad, los mexicanos deberán explicarle al mundo sobre esas fosas comunes donde terminaron quién sabe cuántos latinoamericanos”. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-heredia-zubieta/cuanto-vale-la-vida-de-un-migrante
Interjet, ¿quién paga? Es ineludible la desaparición de Interjet, que ahora encabeza Alejandro Del Valle. Pero su desaparición dejará una deuda con el servicio aeroportuario público —a la que contribuyó la gestión de Miguel Alemán— superior a los 3 mil millones de pesos: unos 400 millones al Seneam, unos 1,500 millones al AICM, 1,200 millones en combustibles a ASA más lo que se emborucó del Instituto Nacional de Migración. Por cierto, ¿y los funcionarios que permitieron que esas deudas se multiplicasen?
Agilizan servicios migratorios. Interesante la reunión en la que participaron tres secretarios de Estado, Olga Sánchez Cordero, de Gobernación; Jorge Arganis Díaz-Leal, de Comunicaciones y Transportes y Miguel Torruco, de Turismo, además del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, en la que revisaron el proyecto para atender un reclamo añejo del sector turístico que puede ayudar a acelerar los procesos de ingreso al país de visitantes extranjeros: la digitalización de los servicios migratorios.
Así que todo camina para que, al fin, se acaben las largas filas en los aeropuertos con un proceso ágil y cómodo para la entrada del turismo internacional. Por lo pronto, *habrá un trabajo coordinado entre el INM, la Unidad de Gobierno Digital de la Presidencia y la Policía Cibernética para sacar adelante el proyecto que se le encargó al Conacyt y a la empresa Infotecc, la cual ya está diseñando un sistema tecnológico para la digitalización que, dicen, deberá estar listo en quince días. Otro punto es que habrá agentes de migración en turnos de 24 horas para que nunca se quede sin una autoridad los puntos de entrada (La Razón, Mauricio Flores, Opinión, p.22)
Tamaulipas — particularmente sus ciudades fronterizas Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros- han sido históricamente plazas muy calientes del narcotráfico. Ejecuciones, masacres de migrantes, ajustes de cuentas, sobornos y compra de protección son hasta la fecha moneda corriente. Y detrás de esas calamidades, la complicidad entre autoridades y delincuentes.
Después de la detención y procesamiento de los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores, del homicidio del candidato Rodolfo Torre Cantú y de las acusaciones sin desenlace de los exmandatarios Manuel Cavazos Lerma y Egidio Torre Cantú, cuesta trabajo creer que las actuales autoridades estatales hayan roto ese pacto mafioso y sean inmaculadas gobernantes.
Cierto es que el actual mandatario, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, llegó al poder postulado por el PAN y que todos los antecesores fueron priistas. Pero las cosas no parecen haber cambiado mucho. La FGR presentó evidencia el martes pasado a la Cámara de Diputados para que le inicie proceso de desafuero y, si es el caso, poder juzgarlo por los delitos que se le imputan: delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
La carpeta de investigación FED/SEIDO7UEIORPIFAM-CDMX/0000392/2020, resumida en el documento de 90 páginas que le fue entregado a los diputados, relaciona a García Cabeza de Vaca con el Cártel del Golfo, organización criminal que habría financiado sus campañas a la presidencia municipal de Reynosa (2004) y a la gubernatura (2015), según el testimonio del empresario Antonio Peña Argüelles, hoy preso en Houston y confeso lavador de dinero del exgobernador Yarrington. Este le habría pedido que consiguiera recursos del Cártel del Golfo para la campaña de García Cabeza de Vaca (¿medio millón de dólares?), ya que tenía especial interés en que él fuera el alcalde de la fronteriza ciudad. (Raúl Rodríguez Cortés, El Universal, Opinión, p.9)
La semana pasada el gobierno estadounidense empezó a procesar a los migrantes latinoamericanos que estaban en el programa del Protocolo de Protección Migratoria, a veces llamado el programa “Quédate en México”. No arrancó especialmente bien, con muchas fallas técnicas, pero al fin arrancó, con el compromiso del gobierno estadounidense de recibir a estos migrantes que muchas veces habían estado uno o dos años en la incertidumbre en la frontera norte de México y el apoyo logístico del gobierno mexicano para que se realizara.
Lo que existía antes era la “no-responsabilidad” de ambos gobiernos. El gobierno estadounidense se lavó las manos de los que fueron enviados a México, y el gobierno mexicano tampoco quiso asumir responsabilidad por su bienestar, ya que argumentaba que eran parte de un programa estadounidense. Se quedaron varados sin mucha claridad de su situación y poco esfuerzo de los dos gobiernos de velar por su seguridad y mucho menos supervivencia. En algunos casos, el gobierno mexicano ofreció visas o el CURP, más no en todos, y el gobierno de Estados Unidos nada.
Ahora, al deshacer el programa, los dos gobiernos están asumiendo responsabilidad por ellos de nuevo. El gobierno mexicano ofreció coadyuvar en cerrar el programa, dándole permiso a los organismos internacionales para que operen en territorio mexicano para identificar, procesar y hacer pruebas de Covid a los participantes, y el gobierno estadounidense los está dejando pasar y asistir a sus audiencias judiciales. No hay garantía que ellos van a poder quedarse en Estados Unidos —es probable que muchos no ganarán sus casos de asilo y serán regresados tarde o temprano a sus países de origen, pero por lo menos hay un proceso claro por delante, no la ambigüedad desesperante que antes enfrentaban. (Andrew Selee, El Universal, Opinión, p.10)
Las relaciones entre vecinos son frecuentemente difíciles y la de los Estados Unidos con México no es la excepción. Sin embargo, en época reciente se han ido deteriorando y con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca las señales enviadas marcan una clara sana distancia en las formas, pero en el fondo la administración de López Obrador no tarda en descubrir el signado pragmatismo que caracterizará el primer año de los demócratas en el poder. La imagen del encuentro virtual bilateral entre el presidente Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau hace unos días enmarcó las palabras de elogio mutuo, colaboración y “fuertes lazos de amistad” poniendo énfasis en el trabajo en equipo para enfrentar la pandemia y los retos que está generando el cambio climático en ambos países.
Sin mencionar a México acordaron formar un frente común para acelerar la lucha contra los estragos de la crisis climática, reforzar la cooperación y “solidaridad” a nivel trilateral. Mientras Biden expresaba que Estados Unidos no tiene amigo más cercano que Canadá, aquí en México la Cámara de Diputados se batía en el debate alrededor de la iniciativa eléctrica de López Obrador aprobada sin cambio alguno. La misma que será abordada en el encuentro virtual el día de hoy entre el canciller Marcelo Ebrard y el titular del Departamento de Estado, Anthony Blinken. Los temas del T-MEC —y el incumplimiento de México en temas laborales—, migración, cambio climático y la crisis sanitaria por el Covid-19 estarán sobre la mesa.
A nadie deberá sorprender que habrá presión estadounidense, la lectura de las palabras de Biden al sentenciar que “Canadá y Estados Unidos van a trabajar de la mano para dejar clara la seriedad de nuestros compromisos en casa y fuera de nuestras fronteras” rematando con que van a “espolear a otros países para que eleven sus propias ambiciones” en el terreno del cambio climático no deja demasiado espacio a la especulación. (Marcela Gómez Zalce, El Universal, Opinión, p.2)
Lo que está en juego en la reforma migratoria que el presidente Biden envió al Congreso es el futuro del alma social de Estados Unidos. Un segmento del electorado, mayormente demócrata, quiere un país plural en que las minorías étnicas y sexuales tengan plena cabida en el tejido social. La otra parte del electorado, mayoritariamente republicano, quiere conservar una sociedad en que los blancos sigan siendo los privilegiados y mantengan el control político.
Doris Missner, quien fue la directora del Servicio de Naturalización y Migración durante los ocho años de presidencia de Bill Clinton (1993-2001), lo pone en estos términos: cuando los estadounidenses estamos debatiendo una reforma migratoria, estamos decidiendo sobre el futuro de nuestra alma social. Por eso puede ser tan divisivo el debate y por eso no nos gusta que otros países participen.
Biden está apostando a fortalecer la llamada coalición Obama. Es decir, esa síntesis de blancos urbanos con educación universitaria y las minorías étnicas y sexuales que los llevaron a la presidencia. La semana pasada, presentó al Congreso la llamada Acta de ciudadanía de Estados Unidos, la cual contiene provisiones para que las 11 millones de personas que se encuentran sin documentos puedan, en ocho años, regularizarse. Es decir, lejos de expulsarlos, se trata de integrarlos plenamente a la sociedad.
Hay que recordar que la mitad de estos indocumentados son mexicanos, y si sumamos a los centroamericanos estamos cerca del 75 por ciento del total. Es decir, de ser exitosa la reforma migratoria, el impacto sobre la comunidad migrante mexicana y centroamericana sería altamente positivo.
Trump apostó, y sus seguidores lo siguen haciendo, por justamente lo contrario. Según el centro de investigaciones Migration Policy Institute, hubo más de 400 cambios regulatorios para cerrar la llave a los migrantes y a los peticionarios de asilo justamente como los mexicanos y centroamericanos. Más aún, se intentó realizar una reforma migratoria para cambiar la esencia del sistema que ha prevalecido durante todo el siglo pasado y lo que va del presente: dejar atrás el principio humanista de la reunificación familiar y reemplazarlo por uno basado en el mérito y los grados de educación. Es decir, las fuentes de inmigración serían países del norte, gente educada y generalmente blanca.
Biden apuesta al futuro cercano demográfico de Estados Unidos: a partir del año 2040, las minorías serán mayoría. Lo que ya sucede en California sucederá en todo el país. En el estado, los latinos, afroamericanos, asiáticos e indios autóctonos ya representan el 52% de la población. Los blancos son minoría. (Rafael Fernández de Castro M., El Financiero, Opinión, p.35)
Pareciera que los de la 4T se quedaron embelesados con el ex Presidente Trump y ahora están empeñados en enemistarse con el Gobierno de Biden: pasaron de la absoluta sumisión a una rebeldía irredenta (e insensata). Nomás entró Biden y salió a relucir la “soberanía”, que no mencionaron para nada cuando Trump los obligó a quedarse con los migrantes y hacerle el trabajo sucio xenofóbico, cuando nos insultaba y denigraba con el tema del muro, esto para mantener del otro lado a los asesinos y violadores, según afirmó Trump no en pocas ocasiones.
Se supone que el nuevo Secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, se reunirá con la flamante Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier de Martínez. No se puede esperar mucho (o nada) de tal reunión, pues la dama no se aprecia metida en este juego del cierre a la IP en el sector eléctrico. Con quien necesita hablar el Secretario es con el PRESIDENTE MISMO, de preferencia acompañado de Marcelo Ebrard y de la titular de la SENER, Rocío Nahle, uno de los principales enemigos en este Gobierno tanto de las energías limpias como de la inversión privada (y del empresariado en general). (Manuel Jáuregui, Reforma, Opinión, p. 9)