Opinión Migración 260525
Albergues migrantes vacíos
La semana pasada tuve la oportunidad de visitar Ciudad Juárez, Chihuahua. Me interesaba saber cómo se estaba viviendo la era Trump en la frontera. Me sorprendió mucho ver que los albergues que se prepararon para recibir a los millares de mexicanos que supuestamente iba a deportar Trump estaban muy desolados, casi abandonados. No había señales de mucho movimiento. Según la gente de la ciudad, habían deportado a muy pocas personas en lo que va del año y la mayor parte de ellos se retiraban a sus lugares de origen casi de inmediato, lo cual explicaba el aparente estado de desolación de los albergues.
Intrigado por esta situación, decidí buscar cifras de deportación y me encontré con algunos detalles interesantes. Primero, la página del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security) que está encargada de reportar mensualmente las cifras sobre deportaciones no ha sido actualizada desde noviembre de 2024.
Segundo, otras potenciales fuentes de información, como la página del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (o ICE, por sus siglas en inglés), tampoco han sido actualizadas y su última información publicada corresponde a diciembre de 2024.
Según especulaciones de algunos medios (como Newsweek, por ejemplo) esta ausencia de información se debe a que las cifras no corresponden con la retórica antinmigrante del presidente Trump y le afectarían a su imagen. Por otro lado, un análisis reciente de la organización TRAC cita cifras oficiales de ICE que muestran que el ritmo diario de deportaciones (a cualquier país, no sólo a México) en la era Trump es uno por ciento inferior a las realizadas durante la administración Biden.
En resumen, no hay cifras oficiales de Estados Unidos que nos permitan saber qué está ocurriendo con las deportaciones de mexicanos aunque, en general, no hay evidencia oficial de que Trump esté deportando a más personas que Biden.
Agotadas las posibles fuentes oficiales estadunidenses de deportaciones, busqué la contraparte de estas cifras en México. Afortunadamente, aquí las estadísticas han seguido fluyendo y nos permiten apreciar mejor lo que está ocurriendo en esta materia: no sólo no están deportando a más mexicanos, sino que afortunadamente las deportaciones han disminuido.
Según los boletines estadísticos de la Unidad de Política Migratoria, el número de mexicanos que han sido devueltos (o repatriados) desde Estados Unidos en el periodo enero-marzo de 2025 asciende a 32 mil 537. Esta cifra se compara favorablemente con las 47 mil 659 personas que fueron regresadas en el mismo periodo de 2024 e implica una reducción de más de 30 por ciento.
Las mayores reducciones se observaron en Baja California, en donde bajaron de 15 mil 508 a 5 mil 467 (una reducción de 65 por ciento) y en Sonora, donde pasaron de 11 mil 558 a 6 mil 58, es decir, una reducción de 47 por ciento.
El número de deportados aumentó en cambio hacia Tamaulipas, el AIFA y Chiapas. En general, sin embargo, estamos hablando de una reducción de 524 personas deportadas diarias en 2024 a solo 362 personas diarias en 2025, una reducción de 31 por ciento.
Esto es sin duda una buena noticia para los migrantes mexicanos y eso explica el porqué de los albergues vacíos. Una vez más, la retórica de Trump es una y los hechos son otros. (Gerardo Esquivel, Milenio, Política, p. 12)
El México que viene
En septiembre de 2023, en una “mañanera”, el general Luis Rodríguez Bucio, entonces subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, acusó a ocho jueces de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas y Aguascalientes de beneficiar de manera inexplicable a imputados por delitos previstos por la ley.
En la lista de Bucio apareció la juez de Aguascalientes, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez.
El general señaló que en 23 resoluciones dictadas por ella, en 13 casos no hubo vinculación a proceso, en seis más se decretó la absolución, y solo en cuatro se declaró la detención de los acusados.
Según Bucio, la juez Álvarez había beneficiado de manera inexplicable, por ejemplo, a imputados por delitos previstos en la ley federal de armas de fuego y explosivos, a quienes redujo las penas de prisión preventiva ya aceptadas por ellos mismos.
Uno de los involucrados había aceptado una sentencia de siete años y seis meses; otro, de ocho años y siete meses. La juez, sin embargo, “les impuso 5 años y 4 años de prisión respectivamente” en “una resolución contraria a la ley” que “fue impugnada en el tribunal de alzada”.
Para entonces, la juez arrastraba un escándalo mayor: el de la desaparición forzada, en diciembre de 2018, de un pepenador de Aguascalientes, José Francisco Espinosa Huerta, atropellado y privado de la libertad por los tripulantes de una Nissan Titán.
Las investigaciones mostraron que Espinosa Huerta había participado en el robo a la casa del entonces gobernador Martín Orozco, en el que, entre otras cosas, desapareció un juego de plumas de oro. Las pesquisas llevaron a los investigadores hasta a un grupo de agentes ministeriales que a la sazón eran escoltas de Orozco. Entre ellos figuraba Jaime Tejada, conocido como El Comandante Rojo. Todos ellos fueron acusados de la desaparición de Espinosa.
Tejada se suicidó en los baños del reclusorio, 20 minutos después de ser vinculado a proceso: pidió permiso para ir al baño y en menos de cuatro minutos se colgó con un cable extraído de las instalaciones eléctricas.
La Fiscalía General de la República presentó más de 80 elementos que probaban la responsabilidad de los agentes involucrados en la desaparición forzada, entre los que se incluyeron escuchas telefónicas. La juzgadora, sin embargo, fue desechando cada uno de ellos y al cabo fue acusada ante la Judicatura de sostener criterios parciales y una actitud sesgada que podría llevar a los procesados a su absolución.
Álvarez se excusó del caso alegando que había recibido amenazas de muerte y logró que la reubicaran como magistrada en Zacatecas. La Judicatura desechó las acusaciones en su contra bajo el argumento de que no se habían presentado elementos probatorios suficientes.
Al cabo, los inculpados fueron absueltos por insuficiencia probatoria. El caso de Espinosa Huerta sigue sin ser resuelto.
El 13 de enero de 2023, un hombre fue detenido en Aguascalientes, en un camino desolado y con nula iluminación. Conducía un vehículo en el que viajaban seis personas con situación migratoria irregular, procedentes de Guatemala y Honduras. Los agentes que lo detuvieron probaron que el sujeto había acordado un pago con los pasajeros una vez que llegaran a los Estados Unidos y lo acusaron de evadir un punto migratorio establecido en la carretera 45.
La juez Álvarez sostuvo que probablemente el hombre aquel se había desviado al camino solitario para cargar gasolina y no para evadir el punto migratorio y le decretó sentencia absolutoria en el delito de tráfico de migrantes en la variante de transporte de indocumentados.
Catorce días más tarde, Álvarez liberó a un hombre que transportaba a cinco personas de origen guatemalteco, a quienes cobraría una vez que llegaran a Aguascalientes y que había sido detenido en un punto de revisión militar. La juez alegó que el acusado solo estaba prestando un servicio de transporte público (aunque este no contaba con registro alguno que demostrara esa actividad), y que los militares no estaban facultados para realizar revisiones migratorias. El sujeto también fue liberado.
Ya en enero de 2023, a Álvarez no le había quedado clara la maniobra que otro individuo hizo para evadir un punto de control militar, y alegó que los migrantes que este individuo transportaba no venían escondidos, sino cómodamente sentados en un automóvil, y que sentenciar al responsable solo lograría que la gente se negara a prestar ayuda a personas con situación migratoria irregular.
En mayo de ese año liberó a una mujer detenida en posesión de metanfetaminas “con fines de comercio en la variante de venta”, porque en la orden de cateo el número del domicilio de esta tenía un error de dedo.
Un mes antes liberó a un hombre que viajaba en una moto sin placas, que intentó escapar de las autoridades, y que ocultaba en un bolsillo del pantalón un bulto que contenía metanfetaminas. Álvarez acusó que los agentes habían procedido “con el simple lenguaje corporal” del acusado y lo dejó libre.
Integrantes del Poder Judicial de Aguascalientes han documentado una larga lista de resoluciones sospechosas y cuestionables, dictadas por Álvarez Rodríguez. La juez nunca explicó la naturaleza de las amenazas que dijo haber recibido en 2023 y que la obligaron, no solo a excusarse del caso de El Pepenador, como se conoce al de José Francisco Espinosa Huerta, sino incluso a salir del estado.
Hoy, dos años después de ser denunciada en la “mañanera” por Bucio, está de vuelta en Aguascalientes pidiendo el voto bajo el lema “La ciudadanía necesita jueces que no se quiebren y no se vendan”, y compitiendo para Magistrada de Circuito.
¿El México que viene? (Héctor de Mauleón, El Universal, Nación, p. A8)
Trump traiciona a los venezolanos
De las muchas piezas del rompecabezas que conforman el electorado hispano en Estados Unidos, pocas resultan tan interesantes como la comunidad venezolana. Después de años de zozobra, persecución y miseria bajo el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cientos de miles de venezolanos se han asentado en Estados Unidos, sobre todo en el sur de Florida. En los últimos años, durante la presidencia de Joe Biden, alrededor de medio millón de venezolanos escaparon de su país e ingresaron a Estados Unidos; la gran mayoría fue acogida gracias a un programa de protección temporal que los ampara de la deportación y les otorga beneficios como la posibilidad de trabajar legalmente.
Para el primer trimestre de 2025, la comunidad venezolana en Estados Unidos alcanza, según algunos cálculos, el millón de personas.
La gran migración venezolana fue protagonista del proceso electoral de 2024. Donald Trump colocó a los venezolanos en el mismo lugar en el que había puesto a los mexicanos en 2016: criminales, protagonistas de una supuesta invasión. La presencia de la pandilla Tren de Aragua —un problema real, pero claramente minoritario en el conjunto general de la migración venezolana— le dio a Trump el pretexto perfecto para hostilizar a todos los venezolanos en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, Trump y varios de sus asesores —hoy miembros de su gabinete, como el secretario de Estado Marco Rubio— aseguraron a la oposición venezolana que, de ganar la presidencia, abrirían un nuevo frente de confrontación, quizá definitivo, con el régimen de Maduro.
De alguna manera, esa combinación singular de amedrentamiento sistemático y promesas de intervención frente a un régimen autoritario dio como resultado un apoyo claramente mayoritario para Trump y los suyos en la elección del año pasado. Según algunos cálculos, casi siete de cada diez venezolanos en el sur de Florida votaron por Trump.
Lo hicieron, vale la pena subrayar, bajo dos entendidos: que el gobierno de Trump se concentraría en perseguir a otros inmigrantes y protegería a los venezolanos, y que desplegaría nuevas herramientas para comenzar una batalla final contra el chavismo.
Lo que ha ocurrido es una lección no solo para la comunidad venezolana, sino para el electorado en general en Estados Unidos y en otros lugares. Resulta que Trump ha hecho exactamente lo contrario de lo que prometió.
En sus primeros 100 días, eliminó todas las protecciones contra la deportación y el amparo migratorio para la comunidad venezolana, colocando a cientos de miles de personas en riesgo inmediato de expulsión. Lejos de protegerlos, los colocó en el centro exacto de la mirilla migratoria.
La famosa confrontación con Maduro que esperaba la oposición venezolana tampoco ha llegado, al menos no en los términos que muchos de sus líderes suponían. Aunque el gobierno ha tomado algunos pasos en política energética, la realidad es que la supuesta estrategia de confrontación suena más a negociación en varios frentes, incluido el migratorio, gran prioridad de Trump.
Para una comunidad que huyó de la persecución y apostó por un liderazgo firme contra la dictadura, esta realidad es una lección amarga: las promesas de campaña no siempre se traducen en acciones coherentes. Ojalá sirva de advertencia para futuras decisiones electorales. (León Krauze, El Universal, Nación, p. A9)
Trump y la decimocuarta enmienda (II)
Este espacio dio cuenta en febrero de la orden ejecutiva del presidente Trump que busca redefinir los términos para ser ciudadano estadounidense. La propuesta reinterpreta la decimocuarta enmienda constitucional de manera que la ciudadanía sea negada a las personas nacidas en territorio de Estados Unidos si son hijos de madres sin residencia legal. Firmada el 20 de enero, su aplicación ha sido impedida en todo el territorio por suspensiones universales dictadas por jueces de distrito de los estados de Washington, Maryland y Massachusetts quienes determinaron bloquearla al considerarla notoriamente inconstitucional.
Por la relevancia del tema, particularmente al tratarse de un país de inmigrantes, era previsible que fuera la Corte Suprema quien determinara la validez de la orden ejecutiva. Y, en efecto, el 13 de marzo la Fiscalía General federal solicitó la intervención del máximo tribunal.
Astutamente, la petición no demandaba un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva propiamente, sino del alcance de las suspensiones universales. La Fiscalía argumentó que ese tipo de resoluciones extralimitan las atribuciones de los jueces, pues únicamente deben aplicarse a los casos concretos sometidos a ellos, sin extender sus efectos a los demás afectados. Poco más de un mes después, el 17 de abril, la Corte anunció que celebraría una audiencia para escuchar los alegatos de las partes.
Dicha audiencia se celebró el 15 de mayo y en ella participaron John Sauer, fiscal General federal, Jeremy Feigenbaum, fiscal General de Nueva Jersey y Kelsey Cochran, representante de los demandantes privados. Sauer argumentó que la orden ejecutiva refleja el significado original de la decimocuarta enmienda cuyo propósito era el de ser aplicada únicamente a los descendientes de los exesclavos y no a cualquier persona nacida en territorio nacional. Luego procedió a descalificar las suspensiones universales considerándolas patológicas, pues impiden que los tribunales inferiores discutan cuestiones novedosas, obligándoles a actuar con excesiva prontitud y creando el riesgo de sentencias contradictorias. Feigenbaum, quien habló en nombre de los 22 gobiernos estatales que se opusieron a la orden ejecutiva, señaló que la suspensión universal del juez de Massachusetts representaba una solución para las entidades federativas, pues les permite reconocer la ciudadanía tanto por lugar de nacimiento como si después de nacer la persona cruzó los límites estatales. También mencionó que las cortes inferiores no necesitan discutir el derecho a la ciudadanía, pues es una cuestión claramente establecida desde hace más de un siglo. Cochran subrayó que los juzgados que emitieron las suspensiones universales coincidieron en que la orden ejecutiva es ilegal y advirtió sobre las consecuencias catastróficas si el Gobierno la llevaba a la práctica. Aun cuando la solicitud versa sobre la posibilidad de bloquear las suspensiones universales, no acerca de la constitucionalidad de la orden ejecutiva, las intervenciones de los Justices, conservadores y liberales, hicieron evidente la dificultad de separar ambas cuestiones. Se espera que la Corte emita una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva en junio o julio. Mantengámonos pendientes. (Mauricio Ibarra, La Razón, México, p. 6)
Sacapuntas
LLEGA MARCO RUBIO
Por cierto, hablando de seguridad, y como lo había anticipado, vendrá a México el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para evaluar el contexto en el que se encuentra el país y charlar con el Gabinete de Seguridad acerca de las estrategias contra la violencia, los cárteles y la inseguridad que afecta a ambas naciones. (Redacción, El Heraldo de México, LA 2, p. 2)
Confidencial
Solícito en defensa de remesas
Quien aprovechó la visita de la presidenta Sheinbaum a su estado fue el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien ofreció su apoyo a la mandataria en la defensa de las remesas que llegan a México. Y cómo no, si su entidad es la segunda receptora de estos recursos provenientes de Estados Unidos. El mandatario emecista anunció que apoyará las movilizaciones para evitar la imposición de mayores impuestos a nuestros connacionales. Sólo hay un detalle: aún no sabemos en qué consisten tales movilizaciones. Pero, por lo pronto, Lemus ya se apuntó.
Buscan endosar a los bancos el tema de remesas
Ante el fracaso que significó el diálogo de la comisión de senadores para impedir el impuesto a las remesas en Estados Unidos, la senadora Geovanna Bañuelos, quien fue parte de la misma, apelará a que los bancos mexicanos bajen el cobro de comisiones por el envío de recursos por parte de migrantes, mediante un punto de acuerdo presentado en la Comisión Permanente. Sería buena opción que la banca cobrara menos comisiones, pero, ¿de verdad cree que eso será la solución? (Redacción, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 41)
Rozones
› Lemus va con Claudia contra remesas
Y fue en Jalisco donde la Presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo respaldo en la intención que tiene su Gobierno de buscar que Estados Unidos no aplique un impuesto a las remesas a los paisanos que viven allá. Fue el gobernador emecista, Pablo Lemus, quien ayer le dijo a la mandataria: “Jalisco es el segundo estado de la República en recibir remesas, sobre todo, de nuestros paisanos que viven en Estados Unidos… Esos mexicanos, esos jaliscienses en nuestro caso, trabajan muchísimo, muchísimo, y lo hacen de una manera honorable, una manera que verdaderamente es ejemplar… Ellos pagan sus impuestos y no se vale que ahora les quieran poner un doble impuesto por su trabajo”. Celebró que Sheinbaum ha defendido muy bien a los mexicanos que viven del otro lado y le pidió que “cuente con las y los jaliscienses” para defenderlos también. La mandataria expresó el sábado que de ser necesario ante esa amenaza, “nos vamos a movilizar”. Ahí el dato. (Redacción, La Razón, LA DOS, p. 2)
Remesas: no al gravamen, sí a la lucha para desactivarlo
Nunca como ahora se había precisado tanto de la unidad nacional para enfrentar las amenazas del exterior, en un tiempo azaroso, de cambios involutivos, de empoderamiento de la derecha internacional y de ataques a los sectores más vulnerables de la comunidad mundial, como los migrantes y sus familias.
Unidad nacional que no se observa en sectores de oposición –no todos– y de grupos conservadores de opinión, que minimizan y socavan la tenaz lucha librada para amortiguar el impacto de medidas del exterior que, de no ser enfrentadas diplomática y enérgicamente como se ha estado haciendo, estarían generando un daño inmensamente mayor a las finanzas públicas, la economía nacional y al proyecto de desarrollo en marcha.
Apenas vinimos de la difícil tarea del gobierno mexicano de frenar en unos casos, y de disminuir en otros, los aranceles a la importación de productos de nuestro país, para ser menos afectados que el resto de los exportadores al mercado norteamericano, ganando incluso competitividad en ese proceso de negociación, cuando el país ha tenido que enfrentar la embestida contra los migrantes, en uno de sus flancos más dolorosos: gravar las remesas que hacen a sus familias y sus comunidades de origen.
Es un duro golpe a México, y un impacto mayor, letal, a varios países latinoamericanos, donde las remesas representan casi 10 puntos porcentuales del PIB, y que agudizarán el bajo poder adquisitivo y la pobreza extrema en amplias franjas sociales de esos países, sobre todo en Centroamérica.
Los fríos datos así lo revelan: la región de América Latina y el Caribe recibió más de 160 mil 900 millones de dólares en remesas el año pasado. Aunque México es el segundo receptor de remesas (sólo detrás de India), para el país como un todo el monto no es tan grande, ya que sólo representa 3.5 por ciento del PIB, lo cual significa, en porcentaje, el lugar número 69 del mundo.
No es un logro menor el conseguido por el gobierno mexicano y un grupo plural de legisladores al reducir en la Cámara de Representantes el gravamen de las remesas de 5 a 3.5 por ciento, pues la diferencia representa mil millones de dólares, 20 mil millones de pesos que ya no serán extraídos de los bolsillos de los trabajadores migrantes.
Tengamos presente que las remesas con destino a México han alcanzado un record histórico de 65.1 mil millones de dólares anuales, por lo que 1.5 por ciento de esa cifra representa casi el presupuesto de algunos estados del país en un volumen tan grande de base gravada.
Pero la lucha ahora debe continuar en el Senado estadunidense, porque el objetivo debe ser frenar un gravamen a todas luces injusto, pues castiga a uno de los sectores ya de por sí muy vulnerabilizados, y además es un impuesto especial e ilegal, que en los hechos es una doble tributación: los trabajadores migrantes ya pagan el impuesto al ingreso y al consumo en un país que, además, se beneficia de la plusvalía extraída de su fuerza de trabajo.
Específicamente, los trabajadores mexicanos pagan en EU impuestos a tasas que van de 10 a 37 por ciento; esto significa que se trata de ingresos que ya fueron gravados con el equivalente al ISR de ese país, por lo que imponerles otro 3.5 implicaría una doble tributación que incumpliría con tratados tributarios internacionales.
Visto en términos cuantitativos, con datos duros oficiales, la comunidad inmigrante ya contribuye con decenas de miles de millones de dólares al año en impuestos. En 2022, los inmigrantes pagaron aproximadamente 96.7 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.
Por otra parte, el argumento de la derecha estadunidense de que por la vía de las remesas se lava dinero del narcotráfico es falaz e insostenible, pues como expresó el secretario de Hacienda, Edgar Amador, 99.1 por ciento de las remesas del año pasado se recibieron a través de transferencias electrónicas. Es decir, se trata de un mercado absolutamente regulado, legal, transparente y completamente escrutado y validado por las autoridades de los dos países.
Gravar las remesas de los migrantes es una iniciativa tan impopular, irracional y regresiva, que en la Cámara de Representantes luego del cabildeo y la diplomacia parlamentaria de los legisladores mexicanos, la iniciativa apenas pudo ser aprobada por un voto: con 215 a favor y 214 en contra.
Para el congresista demócrata Adriano Espaillant, presidente de la organización Caucus Hispano, el impuesto a las remesas es discriminatorio y punitivo, pues se plantea aplicar incluso a trabajadores con residencia permanente y titulares de visas de no inmigrante, mientras eximiría a los ciudadanos estadunidenses. Compartimos totalmente ese diagnóstico.
Queda la lucha en el Senado estadunidense, donde esperemos prive la sensatez, racionalidad y el sentido de justicia, valores trastocados, vilipendiados, por una derecha mercantilista que agotada en la visión de corto plazo no dimensiona que es mucho más lo que Estados Unidos pierde en imagen internacional, liderazgo mundial y, sobre todo, como imperio construido con el trabajo, el consumo y los impuestos ordinarios de los trabajadores migrantes.
En México, defender a los trabajadores migrantes y familias debe estar por encima de credos, partidos e ideologías. (José Murat, La Jornada, Política, p. 16)
Los migrantes sostienen México
Las remesas son mucho más que dinero: son tiempo y esfuerzo transformado en sustento. Son el puente invisible que une a millones de familias separadas por una frontera.
El anuncio de Donald Trump de imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos, representa un atentado directo contra millones de familias mexicanas que dependen de estos recursos para subsistir. Esta medida no solo es injusta y discriminatoria, es inhumana y económicamente contraproducente, tanto para México como para Estados Unidos.
En representación de quienes trabajan jornadas extenuantes, muchas veces en condiciones precarias, acudí como integrante de la delegación mexicana que viajó a Washington D.C. a defender los intereses y la dignidad de los migrantes y sus familias. Como parte de esta delegación legislativa, alcé la voz por nuestras y nuestros connacionales. Nos reunimos con legisladores Demócratas y Republicanos, funcionarios del Departamento de Estado y defensores de derechos civiles.
En los últimos días, he sido testigo de las profundas preocupaciones compartidas por estadounidenses ante una política que castiga a quienes más contribuyen, no solo a sus comunidades de origen, sino también a la economía estadounidense. También expusimos lo obvio: un impuesto así no solo ahoga a las familias mexicanas, también representa una forma de discriminación.
Las remesas no son dádivas, son fruto del trabajo arduo y honesto de nuestros connacionales. Gravar con un impuesto adicional estos envíos representa una forma de doble tributación, pues los migrantes ya pagan impuestos al consumo y al ingreso en Estados Unidos. Además, refuerza una narrativa de exclusión, prejuicio y castigo al migrante por ayudar a su familia.
Durante nuestras reuniones, planteamos con firmeza los impactos negativos de esta medida, no sólo en términos económicos, sino también en lo social y humano. En 2024, México tuvo una captación histórica de 64 mil 745 millones de dólares equivalente al 3.5% del PIB. Zacatecas, mi tierra, el envío de dólares representa casi la misma suma del presupuesto de ingresos de este año. A través del diálogo y el esfuerzo conjunto, se logró que la Cámara de Representantes de EU redujera el impuesto del 5% al 3.5%. Es un avance, sí. No una victoria.
Nuestra lucha continúa. Seguiremos realizando un último esfuerzo de cabildeo en el Senado estadounidense con la esperanza de lograr la eliminación total del gravamen. Este es un acto de justicia para con la comunidad migrante que, lejos de ser un problema, es un vínculo fundamental entre nuestras naciones. Reconocer su esfuerzo es un deber moral. Y quien manda remesas no evade su patria, la abraza desde lejos. Ustedes no abandonaron su país, lo sostienen. (Geovanna Bañuelos, El Sol de México, Análisis, p. 22)
Las remesas llevan nombre: familias y sacrificios
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una iniciativa para imponer un impuesto del 3.5 por ciento a las remesas, una cifra que, aunque menor al 5 por ciento originalmente planteado, sigue representando una amenaza directa a millones de familias mexicanas.
Una remesa es más que una transferencia, es el dinero que una persona envía a su familia desde Estados Unidos a México. Detrás de cada envío hay un rostro, un sacrificio, una historia de lucha.
Nuestro país depende en gran medida de las remesas, siendo uno de los más dependientes de estos ingresos a nivel mundial. De acuerdo con el Banco de México (Banxico), en 2024 México alcanzó un récord histórico con 64 mil 745 millones de dólares recibidos, superando los 63 mil 319 millones de 2023. Esto representa un crecimiento anual de 2.3 por ciento, consolidando a México como el segundo receptor global de estas divisas.
Somos también uno de los principales exportadores de mano de obra, trabajadores migrantes que, ante la falta de oportunidades en sus comunidades de origen, cruzan la frontera con la esperanza de construir un futuro y apoyar a quienes se quedan.
Muchos de ellos se organizan en clubes, federaciones y asociaciones con el mismo objetivo de ayudar a sus comunidades de origen. No se puede entender el progreso de muchos estados y municipios sin la llegada de estas divisas. Las remesas no solo alimentan, visten y educan, sino que también construyen caminos, traen luz y agua, rehabilitan escuelas, levantan iglesias. Lo hacen en coordinación con programas federales y estatales, pero son ellas, las remesas, las que marcan la diferencia.
No basta un programa de becas para sostener a una familia. Las remesas vienen del esfuerzo real, del trabajo duro de quien se fue con el anhelo de ayudar, asumiendo todos los riesgos. No se trata de clientelismo, se trata de dignidad.
No son dádivas, son aportes reales a la economía y al bienestar de millones de familias mexicanas.
Por eso, exigimos a las autoridades y a nuestras y nuestros legisladores actuar de manera inmediata ante esta amenaza. No queremos declaraciones simbólicas ni condenas mediáticas. Mucho menos viajes turísticos. Lo que se necesita es acción decidida y eficaz, con el respaldo de expertos en análisis financiero que expliquen con claridad la gravedad de la medida y su impacto en millones de hogares.
Todas y todos conocemos a alguien del otro lado. Un amigo, una hermana, un primo, un paisano. Están allá, trabajando sin descanso, pensando siempre en su tierra, en su gente. Las remesas llevan nombre, rostro y esperanza de mexicanas y mexicanos. Por eso, debemos estar atentos, informados y alzar la voz contra esta injusticia. (Julieta del Rio, El Heraldo de México, País, p. 10)
CriptoTrump y la paradoja de las remesas
Donald Trump encontró la fórmula perfecta para lucrar desde la Casa Blanca sin mostrar pudor alguno.
Lo que comenzó como un experimento digital para desafiar el control financiero de los poderosos, las criptomonedas o blockchain, se ha transformado hoy en un lucrativo negocio al servicio de un presidente estadounidense que no distingue entre los fondos públicos y su fortuna familiar.
Al principio, las criptomonedas se pensaron como una revolución económica que permitirían romper con el monopolio de los bancos centrales, facilitando transferencias internacionales libres del yugo de las instituciones financieras tradicionales. Esta promesa resultó especialmente atractiva en economías frágiles, como las de América Latina, donde mover dinero de un país a otro significa enfrentar controles cambiarios, restricciones y, más recientemente, impuestos prohibitivos como los que Estados Unidos intenta imponer sobre las remesas mexicanas, que sólo en 2024 alcanzaron una cifra récord de más de 63 mil millones de dólares.
La amarga paradoja es que aquello que pudo ser liberador ahora alimenta la codicia presidencial. Trump, en un alarde de descaro, ha capitalizado políticamente la debilidad regulatoria de las criptomonedas para lanzar su propia divisa digital, bautizada con su apellido: $TRUMP. Este memecoin, originalmente concebido como una sátira especulativa, ha terminado por ser el vehículo perfecto para que inversionistas nacionales y extranjeros, en busca de favores o influencia política, llenen generosamente las arcas personales del mandatario y su círculo más cercano.
El descaro alcanzó nuevos niveles con una exclusiva cena el jueves de la semana pasada en su club privado de golf en Virginia, una gala que reunió a 220 de los mayores compradores de su criptomoneda. Bajo el pretexto de discutir el futuro de la industria digital, este evento fue en realidad una ostentosa forma de enriquecimiento directo para Trump y su familia, cuyas ganancias por este único mecanismo se estiman ya en 320 millones de dólares. No fue una recaudación clásica para su campaña electoral, sino un esquema directo para convertir la política en beneficio económico personal. Con invitados internacionales volando para reunirse en secreto con el presidente y asegurar así su posición en un ranking de inversionistas, la presidencia se transformó en un casino especulativo.
Algo similar se observó con Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina, quienes bajo el supuesto beneficio nacional adoptaron y promovieron las criptomonedas con resultados cuestionables y poca transparencia. Ahora es Trump quien abiertamente promete favores regulatorios desde el podio presidencial, mientras sus hijos administran un flujo constante de dinero generado cada vez que las criptomonedas cambian de manos.
Para México, el golpe es doblemente duro. Si bien las criptomonedas representan hoy uno de los pocos caminos efectivos para que los migrantes eviten el gravamen de 3.5% sobre las remesas impuesto por Estados Unidos, esta nueva obsesión presidencial también amenaza con arrebatarle a las familias mexicanas parte del dinero del que dependen. Con la misma facilidad con la que Trump levantó un muro retórico para estigmatizar a los migrantes y afectar los flujos de remesas, ahora construye otro, esta vez digital, para aprovecharse económicamente de ellos. Esta situación, tan contradictoria como indignante, debería servir de lección: cuando los líderes pierden cualquier pudor en el ejercicio del poder, incluso las herramientas creadas para democratizar el poder económico y financiero pueden ser convertidas en mecanismos perversos para la acumulación personal. (Leonardo Núñez González, La Razón, Mundo, p. 22)
Remesas bajo ataque: ¿impuesto o injusticia transnacional?
La reciente aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un impuesto de 3.5 por ciento sobre las remesas enviadas por migrantes sin ciudadanía o residencia legal permanente ha encendido una alarma binacional. Este gravamen no es solo un golpe económico —más de 2 mil 200 millones de dólares anuales que dejarían de llegar a millones de familias mexicanas—, es un mensaje político que transforma al migrante de héroe económico en blanco fiscal.
Pero debemos partir de una verdad: las remesas no son un lujo, son sustento. En 2024 México recibió más de 65 mil millones de dólares por esta vía, equivalentes al 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional. Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Zacatecas, principales receptores, no solo verán afectada su economía local, sino también su estabilidad social. Un impuesto de este tipo afecta el consumo, la educación, la salud y hasta la paz de comunidades enteras.
En México el marco fiscal también requiere atención. Actualmente las remesas están exentas de ISR si provienen de familiares directos (padres, hijos, cónyuge), pero si vienen de otros orígenes, o generan intereses en el sistema financiero, pueden ser gravadas. Además, aunque hasta cierto monto de ingresos no están obligados a declarar, se recomienda justificar origen y conservar comprobantes.
Esto deja una pregunta esencial: ¿estamos incentivando la transparencia o estamos empujando a millones hacia la informalidad?
La coyuntura exige una postura clara y articulada del sector empresarial mexicano, especialmente de las organizaciones que representan al comercio, las microempresas y los negocios familiares. La economía real no se sostiene en Wall Street, sino en remesas que compran tortillas, pagan colegiaturas y activan mercados locales.
El discurso empresarial ya no puede limitarse a cifras. Tiene que hablar también de justicia económica y de corresponsabilidad transnacional. Hoy, esa causa también incluye a quienes envían remesas desde el extranjero.
No se trata de confrontar por confrontar. Se trata de asumir liderazgo con propósito. Defender a quienes construyen puentes económicos entre naciones es, también, defender el futuro económico de México. (Octavio de la Torre, Milenio, Negocios, p. 22)
Impuesto a remesas, Baillères, Exxon
Entre abril de 2024 y marzo de 2025 ingresaron al país 64 mil 933 millones de dólares en remesas, según el Banco de México. La aplicación de un impuesto en Estados Unidos de 3.5 por ciento representará pagar 2 mil 272 millones de dólares, cifra que no es significativa para el Tesoro estadunidense, pero que afectará en México a 9 millones 833 mil adultos que reciben ese tipo de recursos, según datos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla).
Al cierre del primer trimestre de 2025 trabajaron en EU 7 millones 416 mil 727 mexicanos, según registros del Cemla, de los cuales 2 millones 669 mil 784 fueron mujeres. Otros datos importantes: los trabajadores inmigrantes mexicanos ciudadanos en EU sumaron 2 millones 546 mil 643 y los no ciudadanos 4 millones 881 mil 997.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón al estar en desacuerdo con la propuesta legislativa de 3.5 por ciento del gravamen porque el efecto social es muy negativo; es de esperarse que los trabajadores inmigrantes mexicanos ciudadanos y no envíen cartas de protesta, correos electrónicos y mensajes en redes sociales contra esa iniciativa a senadores estadunidenses que tienen la última palabra.
El análisis del Cemla identificó en México a 4 millones 495 mil 526 hogares receptores de esos fondos, y un millón 549 mil 618 residían en localidades con menos de 2 mil 500 habitantes, 34.5 por ciento de esos hogares. Banco de México destacó que en el primer trimestre los estados con mayor ingreso porcentual de remesas fueron: Michoacán (8.9), Jalisco (8.8), Guanajuato (8.5), Chiapas (6.8), CdMx (6.6), Estado de México (6.2), Oaxaca (5.7) Guerrero (5.6) y Puebla (5.5).
Cuarto de junto
La semana pasada en la asamblea general de la minera Fresnillo celebrada en Londres, su presidente Alejandro Baillères calificó de “actitud alentadora hacia el sector privado” por la nueva administración de la presidenta Sheinbaum. “Hemos apreciado el mayor diálogo con la nueva administración y esto es un buen augurio para el futuro. Creemos que podemos esperar un entorno de negocios más favorable, uno que brinde mayor certidumbre a la industria minera en México, al mismo tiempo que nos ayude a alcanzar nuestros ambiciosos objetivos en torno al uso de energía renovable. De cara al futuro, sigue habiendo mucha inestabilidad geopolítica, pero me siento alentado por un entorno más favorable para los negocios en México. En general, las perspectivas a largo plazo parecen positivas”… El que no tendrá una asamblea tranquila el próximo miércoles será Darren Woods, CEO de ExxonMobil; hay una fuerte corriente que pide su destitución por favorecer políticas petroleras con baja emisión de gases de efecto invernadero. Utilizan como pretexto la posición del presidente Donald Trump contra el cambio climático. (J. Jesús Rangel M., Milenio, Negocios, p. 22)
Remesas
El problema del impuesto de 5% a las remesas que están impulsando en el Congreso de Estados Unidos revela uno de los rasgos más perniciosos de la economía mexicana.
Las remesas, que hoy significan más de 3% del PIB, son una muestra de la incapacidad de los gobiernos locales para generar condiciones adecuadas para quienes tienen que marcharse a vivir a otro lugar en búsqueda de una mejor vida.
Mucho antes que pensar en estrategias de política y de cabildeo para que no avance esta iniciativa que sólo corresponde a la soberanía de Estados Unidos, los mexicanos deberían trabajar en hacer que estos compatriotas pudieran producir en México y no generar riqueza e impuestos en otros países.
REMATE FALLIDO
Uno de los pilares del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es dotar a los mexicanos de un servicio de salud digno y al alcance de todos; sin embargo, se han encontrado que la lucha más grande se tiene que dar en contra de la corrupción. De ahí que la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, y el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, estén dando una lucha denodada en contra de los actos de corrupción que no sólo están en las empresas del sector, sino también entre algunos funcionarios quienes operan al servicio de sus propios intereses.
Un ejemplo está en Oaxaca, gobernado por Salomón Jara, donde el responsable del IMSS-Bienestar en la localidad, Adán Pacheco, está deteniendo pagos a quienes ya cumplieron con los requisitos y hay quienes sospechan que lo está haciendo “para ver si lo salpican” mediante tácticas dilatorias. Este hombre no sólo estaría manchando el buen trabajo del director del IMSS-Bienestar, que dirige Alejandro Svarch, sino que además está poniendo a los oaxaqueños en graves condiciones de vulnerabilidad.
REMATE EQUIVOCADO
Es fácil entender las razones de la gobernadora Rocío Nahle para hacer muy público que hizo “una muy productiva visita de supervisión” a algunas plantas de Pemex en el estado de Veracruz, lo que es difícil es comprender cuáles fueron los motivos de Víctor Rodríguez para prestarse a ese desplante. Entre las razones puede estar que sigue viendo a la exsecretaria de Energía y responsable de Dos Bocas como una figura de autoridad con la que tiene que realizar actos de supervisión de los trabajos del órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía.
Lo malo de esta posibilidad es que se trata de un mensaje que políticamente se puede interpretar de dos maneras muy malas: Nahle sigue siendo el poder en el sector energético y que Rodríguez está a sus órdenes y no como su cabeza de sector. No debe olvidarse que tanto Pemex como CFE, que dirige Emilia Calleja, no son más empresas estatales, sino órganos desconcentrados de la Secretaría de Energía. Desde el primer momento de su administración, la presidenta, Claudia Sheinbaum, dejó claro que así serían las cosas y que la secretaria de Energía es Luz Elena González: sólo ella y nadie más.
REMATE RECOMENDADO
Para Víctor Rodríguez sería mucho mejor estrategia que en lugar de andar en giras de supervisión a Pemex con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dedicara más tiempo a atender los problemas urgentes de ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, que encabeza Luz Elena González. No sólo está la lucha que tiene que dar Pemex en contra del robo y venta de combustible robado que, contrariamente a lo que decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, creció durante el sexenio pasado, como lo demuestra el informe anual de la petrolera del gobierno.
Una recomendación: que atendiera urgentemente problemas como el que denuncia la sección 44 del STPRM. En una carta firmada por José de Jesús Zamudio, secretario general, y Aidé Álvarez, secretaria del interior y acuerdos, puede leerse que “es imprescindible e impostergable una revisión general de las condiciones del Complejo (Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex) para evitar una catástrofe”.
REMATE TRADICIONAL
Como ya se está volviendo una larga tradición del Padre del Análisis Superior, volvió no sólo a anticipar la decisión de política monetaria del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, sino el sentido del comunicado de la Junta de Gobierno integrada por Jonathan Heath, Galia Borja, Omar Mejía y Javier Cuadra. Para los miembros de esta junta es claro que deben seguir en el combate a la inflación para que su crecimiento sea de 3% anual y seguirán disminuyendo la tasa de referencia a este mismo ritmo mientas se mantenga en terreno restrictivo. A muchos llamó la atención que en el comunicado se hable de calibración de la baja en las tasas, puesto que podría interpretarse como que se mantendrá el ciclo de bajas en la tasa de referencia, pero que podría haber una disminución en el ritmo; sin embargo, parecería que se equivocan quienes tienen esta interpretación. (David Páramo, Excélsior, Dinero, p. 3)
IED entra con reinversión; Sheinbaum y remesas, movilización
En un contexto complicado, originado por Donald Trump con su política arancelaria y proteccionismo a ultranza, es positivo ver llegar Inversión Extranjera Directa a México, durante el primer trimestre de 2025.
La IED, en el primer trimestre del 2025, fue de 21 mil 373 millones de dólares. Es una señal positiva. No hay duda. Pero no toda la IED es nueva inversión.
REINVERSIÓN DE EMPRESAS YA INSTALADAS EN MÉXICO
Sigue ocurriendo el fenómeno del año pasado, cuando gran parte de la inversión foránea fue mediante la reinversión de utilidades. Son empresas extranjeras, ya instaladas en México, que reinvierten sus utilidades, lo cual sigue siendo una situación favorable para nuestro país, pues las mismas empresas extranjeras quieren mantenerse y posicionarse mejor en México. Sin embargo, esa reinversión de utilidades no significa tener nuevas empresas.
La llegada de nueva inversión se ha frenado.
Es normal. Tenemos a un presidente estadunidense que diariamente amaga a los inversionistas con amenazas de prohibirles vender en su país si no se instalan en Estados Unidos, y sí lo hacen, por ejemplo, en México.
El mejor ejemplo es la industria automotriz.
Trump ha amenazado a las armadoras con no comprarles vehículos o cerrarles todos los apoyos, si se instalan en México y no en Estados Unidos.
16 MIL 647 MDD POR REINVERSIÓN
Claro que esto se ha topado con la realidad. Claramente está aceptando la entrada de autopartes producidas en México sin arancel (si cumplen reglas del T-MEC) y los vehículos fabricados en México pueden entrar con un menor arancel de 25%, de alrededor de 15%. Pero no deja de ser un clima hostil para las inversiones.
Aun así, México registró 21 mil 373 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa en el primer trimestre.
Al analizar las cifras de Balanza de Pagos del Banco de México, se ve que 16 mil 647 millones de dólares fueron reinversión de utilidades, es decir más de 77% fue inversión proveniente de empresas ya instaladas en el país.
Las nuevas inversiones todavía no están llegando como se desearía. El dato de IED es positivo, pues las inversiones ya instaladas en México vuelven a reinvertir en nuestra economía, aunque las nuevas inversiones parecen haberse visto afectadas por Trump y su hostilidad.
SHEINBAUM LLAMA A MOVILIZARSE POR REMESAS
La presidenta Sheinbaum ha decidido no dejar pasar el impuesto de 3.5% sobre las remesas enviadas por los migrantes mexicanos a nuestro país.
El impuesto viene en el paquete fiscal de Trump, donde hay muchas deducibilidades y costos que han puesto nerviosos a los congresistas, sobre todo a sabiendas que la economía estadunidense ya perdió el grado de inversión de triple A, precisamente por los costos que elevan su deuda y su déficit público. El paquete fiscal fue aprobado por la Cámara de Representantes. Falta el Senado. Y ahí, confía la presidenta Sheinbaum, se podría frenar.
LEMUS APOYA A SHEINBAUM EN REMESAS
La Presidenta se basa en las cifras de lo que su antecesor llamó “las benditas remesas”. Hablamos de 64 mil millones de dólares de ingreso anual por remesas. Ya es la entrada de divisas mayor, sólo después de exportaciones no petroleras. Las remesas superan al doble la entrada por Inversión Extranjera Directa o los ingresos por turismo. Y para estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, representan un ingreso clave para la población de menores ingresos, donde cada familia recibe cerca de 400 dólares mensuales (casi 8 mil pesos mensuales).
No en balde Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, siendo de Movimiento Ciudadano, se acaba de aliar y felicitar a la Presidenta para ir en lo que llamó movilizaciones para apoyar las remesas y quitar el impuesto.
La Presidenta sabe lo que está en juego, pues además de los ingresos cuantiosos por remesas, son 40 millones de mexicanos y descendientes, ligados a México. Por eso, dijo, nos vamos a movilizar, para seguir presionando a congresistas de no pasar el impuesto de 3.5% a las remesas, que de por sí es un doble gravamen a quienes ya pagan impuestos federales y locales. (José Yuste, Excélsior, Dinero, p. 2)
CARTONES
Tal Cual
(Alarcón, El Heraldo de México, LA2, p. 2)
Confusión
(Gregorio, Excélsior, Nacional, p. 14)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 25/05/2025